El hombre de 61 años y de 1.78 metros llegó a primera hora de la mañana al Ministerio de Hacienda. Era miércoles, 11 de enero de 2006 y, a pesar de su edad avanzada, aún no estaba registrado en el sistema de contribuyentes de El Salvador como persona natural. Por eso iba a pedir que le extendieran su número de identificación tributaria (NIT). A las 9:27 de la mañana terminó el trámite, después de pagar los 23 centavos de dólar correspondientes. Aparentemente nadie ahí sabía que iba sobre su tercer año como prófugo de la justicia peruana y que la Interpol lo perseguía.
Víctor Enrique Caso Lay había presentado en Hacienda su pasaporte peruano número 0241575, cuando ya tenía en sus espaldas la acusación en su país de actuar en complicidad con el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y con el jefe de inteligencia de éste, Vladimiro Montesinos, ambos acusados de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Hace un mes y medio, la policía salvadoreña logró localizarlo y el hombre logró evadir de nuevo la justicia.
Caso Lay fue contralor peruano entre 1994 y 2000 y, entre otras imputaciones que le hacen, sobresale la de no haber fiscalizado el mal uso de 999 millones de dólares. Cuando en 2003 se vio acorralado y sintió que el guante de la justicia lo atrapaba, escapó. En ese momento, la Policía Internacional (Interpol) comenzó a buscarlo. El 18 de junio de 2004, el FBI lo ubicó en Miami, Estados Unidos, según registra un portal en internet que se especializa en seguridad y que explica que no pudo ser capturado por falta de una orden de captura preventiva.
En El Salvador, las autoridades policiales no parecen tener información de cuándo ingresó, aunque hay quien dice recordarlo dando una capacitación entre 2004 y 2005. En el período indeterminado en que encontró refugio en este país de Centroamérica, Caso Lay logró vender sus servicios al menos a tres compañías salvadoreñas distintas, incluida una subsidiaria de la CEL, que no solo le pagaron los honorarios, sino que también le retuvieron el impuesto de renta. Eso explica por qué el fugitivo necesitaba su NIT.
El Ministerio de Hacienda reporta datos de renta, de impuesto retenido y de devoluciones de renta para Caso Lay en los años 2006 y 2007. Y un informe policial al que tuvo acceso El Faro asegura que el ex contralor trabajó incluso para el Ministerio de Educación salvadoreño y para la Corte de Cuentas de la República. Llega incluso a dar por hecho que hay un relevante funcionario y dirigente partidario que le da protección.
Las autoridades peruanas buscan a Caso Lay porque creen que el ex funcionario premeditadamente volvió la vista hacia otro lado cuando debió haber estado vigilando el manejo del erario público de Perú. A partir de eso, lo consideran parte de la red de corrupción por la que en estos momentos Fujimori está siendo enjuiciado en su país, con Montesinos como uno de los testigos clave.
Según el expediente de la comisión investigadora de Perú que determinó que había elementos para enjuciar a Caso Lay por los delitos de asociación para delinquir, abuso de autoridad por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia en agravio del Estado peruano, está clara la relación del prófugo con la mafia que creó la administración fujimorista: “Es de puntualizar que lo señalado, líneas arriba, evidencia la relación existente entre el inculpado Caso Lay y la organización criminal de Vladimiro Montesinos Torres, ya que el primero de los nombrados no cumplió con investigar al ex asesor del SIN (Servicios de Inteligencia Nacional), argumentando que Montesinos Torres era una persona particular”.
Protección azul
Una vez instalado en El Salvador, el primer registro de domicilio que le aparece es la dirección que dio a Hacienda en su declaración de impuesto de renta de 2006. Registró su oficina y vivienda en el Condomio Flor Blanca, local número 38. Con el tiempo, sin embargo, se mudó, pues en la orden de captura que hace mes y medio se giró en su contra, aparece como dirección de residencia el Pasaje Gendance, Casa 1, en la misma colonia Flor Blanca.
Esa orden, sin embargo, nunca pudo cumplirse. Al parecer, llegó demasiado tarde. El 28 de mayo de este año, el periódico El Comercio, de Perú, publicó declaraciones del procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, Carlos Briceño. Este aseguró a la prensa peruana que Caso Lay había sido capturado en El Salvador y que en aproximadamente dos meses podría ser extraditado.
Ese mismo día el minitro de Seguridad salvadoreño, René Figueroa, respondió a las declaraciones publicadas en El Comercio, criticando sin disimulo las palabras de Briceño: “Preocupa cuando un funcionario de alto nivel de otro país da información aseverando que alguien se encuenta acá, porque antes de corroborar esa información alertan a las personas.”
Figueroa hacía referencia a que la información que brindaba Briceño no era cierta. Caso Lay no había sido capturado, aunque, eso sí, la policía lo tenía localizado, por la “notificación roja” que había hecho la Interpol. Esa condición permite localizar a un prófugo para, mediante orden de captura, proceder luego a la detención. Ese mismo día, el jefe de Interpol en El Salvador, Jacobo Flores, reveló que ya habían hecho contacto con autoridades peruanas para desmentir la captura. Ese mismo día fue el último que los ojos de la policía vieron a Caso Lay.
La “notificación roja”, contó Flores, tenía más de dos años de estar vigente, aunque no sabe precisar si cuando Caso Lay obtuvo su NIT en Hacienda ya tenía esa prioridad de búsqueda. “Y no sabría decir si antes había tenido notificación azul”, dijo, en referencia a una prioridad menor a la roja.
Según el expediente policial obtenido por este periódico, el prófugo trabajó para el Ministerio de Educación y para la Corte de Cuentas, aunque no especifica en qué áreas. El documento también consigna que Caso Lay tiene quién le sirve de escudo en El Salvador. “Actualmente es protegido por el señor presidente de la Corte de Cuentas, doctor Rafael Hernán Contreras.”
Hernán Contreras es un veterano dirigente del Partido de Conciliación Nacional y presidente de la Corte de Cuentas de la República, institución que el partido azul gobierna desde hace 24 años.
El Faro pidió desde el jueves 3 de julio a la oficina de comunicaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), una explicación oficial sobre el caso, debido a que no se detalla el fundamento del señalamiento hacia Contreras. Hasta este domingo, 13 de julio, no había una respuesta positiva.
El jefe de Interpol en El Salvador, Jacobo Flores, tampoco quiso comentar la acusación que registra el expediente policial.
-¿Qué de cierto es que la Interpol no pudo capturar a Víctor Caso Lay porque Hernán Contreras lo protege, como dice un informe policial? -le preguntó este periódico.
-Esa pregunta tiene que responderla el señor presidente de la Corte de Cuentas -respondió Flores.
Y Hernán Contreras no respondió. El Faro pidió al equipo de comunicaciones de la Corte de Cuentas que tramitara una entrevista con el funcionario. Aunque prometieron dar una respuesta, al cierre de esta nota, este domingo, aún no habían resuelto nada. El martes pasado, 8 de julio, un periodista de este medio fue a esperar a Contreras al edificio de la Corte de Cuentas, esperanzado en obtener de él un par de palabras a su ingreso o a su salida. El dirigente pecenista no apareció. Al menos eso dijo el personal de comunicaciones de la institución.
No se sabe cuándo Contreras y Caso Lay se conocieron ni qué tipo de relación han tenido. Cuando estuvo en el cargo, entre 1994 y 2000, Caso Lay presidía el ente contralor de Perú. Durante un tiempo también presidió la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores ( OLACEFS), que ahora dirige Hernán Contreras. Participaron ambos en más de alguna actividad internacional relacionada con las contralorías y cortes de cuentas del continente.
Policía lo declara limpio
Según el jefe de Interpol, Caso Lay está en sus registros con “notificación roja”, es decir, nivel máximo de alerta dentro de la organización policial. Las notificaciones rojas se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial.
El 28 de mayo, cuando El Comercio publicó su nota, la PNC había localizado a Caso Lay y estaba esperando una orden de captura. Ese día, cuando Figueroa y Flores dieron declaraciones a Canal 21, no hubo orden de captura. La periodista de televisión preguntó al ministro de Seguridad si era cierto que Caso Lay había trabajado para la Corte de Cuentas y el Ministerio de Educación: “No nos consta ni tenemos información de que él haya laborado en las instituciones que menciona”, dijo Figueroa.
La orden de captura se emitió dos días después. Y casi al finalizar la jornada. La giró a las 5:20 de la tarde del 30 de mayo el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. El documento explica que ese mismo día recibió el oficio SG-GR-196-08, que corresponde a una nota diplomática que solicita al Estado de El Salvador que detenga provisionalmente a Caso Lay.
Un jefe policial que pidió el anonimato porque dice no estar autorizado para dar declaraciones, asegura que el día 28 fue la última vez que vieron al fugitivo. Un hombre regordete y de anteojos que para el ejercicio fiscal de 2006 reportó un ingreso de 2 mil 200 dólares bajo el concepto de “servicios profesionales prestados” al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. El Estado le devolvió 220 dólares.
Un hombre de 63 años a quien, en 2007, otra compañía, cuya representante era una mujer, le pagó 2 mil 100 dólares por servicios no especificados y le retuvo 210 dólares en concepto de impuesto de renta. Un hombre contra quien, el fiscal del caso en Perú, pidió ocho años de cárcel, y a quien en 2007 una empresa propiedad de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagó 3 mil 465 dólares. Se trata de Inversiones Energéticas, S.A. de C.V., INE. En total, Caso Lay declaró 5 mil 565 en ese año y obtuvo una devolución de 194.99 dólares.
En cuanto al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, una vocera del organismo aclaró que Caso Lay nunca fue empleado ahí, y que prestó los servicios como consultor. “Dio una capacitación en sistema COSO -control interno de cuentas y documentos de contaduría ”, explicó la mujer, que dice recordar que el ex funcionario estuvo ahí entre 2004 y 2005, aunque la declaración de renta corresponde al ejercicio 2006.
El peruano ha burlado a diferentes autoridades salvadoreñas en distintas ocasiones y diferentes fechas. A mediados de abril de este año burló a la Policía Nacional Civil, cuando, siendo buscado por Interpol El Salvador, el funcionario se presentó a una sede policial a pedir una solvencia policial. Según un informe policial obtenido por este periódico, el 16 de abril de este año, Caso Lay se presentó al registro de antecedentes policiales de la PNC, en la sucursal de la colonia Escalón. Dos semanas después, el día 30, le entregaron su solvencia. Caso Lay obtuvo solvencia de antecedentes policiales cuando se le buscaba en todo el mundo desde hacía cinco años.
El periódico La República, del Perú, informó en su edición de este domingo que la lenta burocracia peruana causó la fuga de Caso Lay, pues se tardó más de los 10 días legales para enviar a El Salvador la solicitud de captura. Por eso el juzgado salvadoreño la emitió hasta el 30 de mayo, cuando la policía ya le había perdido la pista.
Caso Lay aún no ha sido capturado y ahora huye con una solvencia policial fresca en sus manos. El jefe de Interpol El Salvador da por hecho que escapó de la justicia nuevamente: “La información que tenemos hace pensar que huyó del país”.
