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Exsubdirector de PNC condenado por estafa en reconstrucción de hospital, pero evita prisión

Efren Lemus
El Faro / Publicado el 3 de Septiembre de 2013
César Rolando García también era el abogado de la constructora CPK y fue condenado a tres años de cárcel, castigo que le fue cambiado por trabajos de utilidad pública. De quienes tomaban decisiones en la malograda reconstrucción de hospitales dañados por los terremotos, García es el único condenado: el exministro Guillermo Maza fue exonerado en mayo, y el constructor Gerardo Osegueda es prófugo.

El exsubdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y abogado de la empresa constructora del hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca, César Rolando García Herrera, fue condenado la tarde de este lunes a tres años de prisión por el delito de estafa.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador comprobó, según el fallo, que el abogado certificó dos fotocopias de compra-venta de crédito fiscal sin tener a la vista los documentos originales para acreditar pagos de sobrecosto a favor de CPK Consultora, la empresa que ganó la licitación y que pese a los millonarios pagos que recibió del Ministerio de Salud dejó a media construcción el edificio.

Y aunque ya carga sobre su espalda una condena por la falsedad de los documentos en la reconstrucción de uno de los siete hospitales dañados por los terremotos de 2001, García Herrera no pondrá un pie en la cárcel. El Tribunal cambió los tres años de prisión por trabajos de utilidad pública y por una condena de responsabilidad civil que le obliga a entregar al Estado 93,194.63 dólares en concepto de resarcimiento.

Además de la condena contra el abogado de la constructora CPK Consultores, el tribunal condenó al supervisor de la obra, José Mauricio Serrano Martínez y al supervisor que representaba al asocio CHC Norcontrol, personas de cuyos informes dependía, según la hipótesis de la Fiscalía, que el Ministerio de Salud aprobara los pagos por los avances de la obra. Los supervisores fueron condenados a dos años de prisión, tiempo que también fue cambiado por trabajos de utilidad pública. Los trabajos de utilidad pública son, en esencia, tareas de servicio a la comunidad, como limpieza de vías públicas u ornato de parques.

El tribunal estableció que los supervisores eran responsables de la supervisión de la ejecución de la obra y los avances de la misma, pero nunca verificaron esos datos porque en los documentos se consignaba información alterada y avances de la obra inexistentes. Otros pagos se justificaron con facturas de otros proyectos.

Cuando la Policía allanó la casa de García Herrera, en la colonia San Benito, los investigadores encontraron facturas y créditos fiscales que indican que algunas compras de hierro y cemento de la construcción del Hospital de San Vicente y del Centro Penal de Jucuapa fueron los mismos documentos que se usaron para justificar el pago por avances en el Hospital de Zacatecoluca.

Un crédito fiscal que emitió la compañía Cemex el 16 de enero de 2009, por un monto de 3,455 dólares, estaba agregado en la estimación 33 del Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca. Ese mismo documento también estaba anexado en la estimación 29 que sirvió para respaldar el cobro por el diseño, rehabilitación y equipamiento del Hospital San Pedro, en Usulután. Esa historia se repite en tres créditos fiscales más que fueron extendidos en octubre y noviembre de 2007 y un tercero en septiembre de 2009, cuyos montos van desde los 104 hasta los 3,045 dólares.

La jueza Lorena Paredes decidió cambiar el castigo contra García Herrera y en lugar de enviarlo a la cárcel, le dejó como tarea hacer trabajo de utilidad pública durante 144 jornadas, es decir, el equivalente a unos seis meses de servicio comunitario.

De las tres condenas impuestas por el tribunal, la de García Herrera es la primera que se impone contra alguien que tomó decisiones importantes en el proyecto de reconstrucción de hospitales (Rhessa), ese que debió ejecutarse durante la administración del presidente Antonio Saca (2004-2009) y que, vencido el plazo, no había acabado ninguna de las siete obras. Incluso, la reconstrucción del Hospital de Maternidad había quedado fuera de los planes, y hasta ahora no ha habido una explicación concluyente de la Fiscalía sobre el destino del financiamiento y mucho menos sobre la persona responsable o las personas responsables de que el proyecto dejara obras a medias.

Las otras dos personas a quienes la Fiscalía considera como los principales implicados no son procesados: el exministro de Salud, Guillermo Maza, fue exonerado definitivamente después de la audiencia preliminar el pasado 26 de mayo; y el dueño de la constructora, Gerardo Osegueda Giné, está en España, prófugo.

CPK Consultores es una empresa que ganó varios contratos durante el gobierno de Saca, quien pretende la presidencia de la República por segunda ocasión. El Ministerio de Salud le confió la construcción de los hospitales de Zacatecoluca y de Usulután, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad le adjudicó la construcción del penal de Jucuapa. Ninguno de los proyectos tuvo feliz término, todos quedaron a media construcción y con una serie de litigios entre el Estado y la empresa, la cual reclamaba indemnizaciones por la no aprobación de cambios de precio. Algunos de los que se aceptaron ahora están en cuestionamiento.

La reconstrucción y equipamiento de los hospitales de Zacatecoluca y Usulután eran parte de un proyecto financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de 164.9 millones de dólares. El objetivo era reconstruir siete hospitales dañados por los terremotos de 2001 y extender los servicios de salud en la zona norte y paracentral del país, así como fortalecer el Ministerio de Salud.

Pocos meses después de que Mauricio Funes tomó las riendas del gobierno, en junio de 2009, una de las primeras denuncias de corrupción contra el pasado gobierno fue el de los hospitales. La Fiscalía capturó a 11 personas relacionadas con las irregularidades del proyecto (contratistas, subcontratistas y exfuncionarios), pero la mayoría, ocho de los procesados, quedaron libres después de la audiencia preliminar.

El exministro de Salud, Guillermo Maza, quien estaba acusado de autorizar pagos por obra no ejecutada, fue exonerado en mayo pasado, después de meses de permanecer bajo arresto domiciliario mientras se llegaba al juicio.

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