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Pandilleros usan Tigo Money para extorsionar

¿Quién vigila que el servicio de transferencia de dinero Tigo Money no sea utilizado para extorsionar? ¿Quién controla que no se está utilizando para lavar dinero? La respuesta es que nadie lo hace. Esto a pesar de que la Policía, la Fiscalía, un juez y la misma empresa saben que pandilleros utilizan frecuentemente este sistema para cobrar sus extorsiones.


Domingo, 1 de septiembre de 2013
Óscar Martínez, Efren Lemus, Daniel Valencia, Carlos Martínez y José Luis Sanz

El hombre que habla por teléfono desde el penal de Ciudad Barrios le advierte que la orden de pagar la renta no es una broma. Le dice que tiene a muchos pandilleros en la zona, que conoce todos sus movimientos y que debe pagar 100 dólares para seguir trabajando tranquilo o, de lo contrario, él y sus empleados están en peligro de muerte. El comerciante de Morazán intenta ignorar las amenazas, pero el 20 de agosto de 2012 se derrumba ante el hostigamiento y sigue a rajatabla las exigencias del desconocido que se jacta de pertenecer a la Mara Salvatrucha. A primera vista, este caso es parecido a cientos de denuncias por extorsión que cada año investigan las autoridades, pero un fiscal acucioso encontró que hay algo más que una exigencia de dólares: hay una empresa llamada Mobile Cash S.A. de C.V. que utiliza el soporte tecnológico de la telefónica Tigo para brindar un servicio por el que recibe dinero del público sin vigilancia del Estado; hay pandilleros que aprovechan este sistema para cobrar la extorsión; y hay una red de familiares de reos del penal de Ciudad Barrios que mueven ese dinero aprovechando el sistema Tigo Money. Uno de esos familiares es la esposa de Borromeo Henríquez, El Diablito de Hollywood, el principal líder nacional de la Mara Salvatrucha y uno de los principales protagonistas de la tregua con el Gobierno.

Aunque formalmente es Mobile Cash la dueña del servicio Tigo Money, esta es una empresa adjunta a la compañía de telefonía Telemóvil (Tigo). Al menos un gerente y dos representantes legales en Telemóvil son también representantes legales de Mobile Cash. Uno de ellos, Mario Luis Zanotti Cavazzoni, es además, según el Centro Nacional Registros, director presidente y representante legal en ambas compañías, que por cierto, comparten domicilio en el mismo edificio: los pisos 16 al 18 de Torre Futura, en la colonia Escalón de San Salvador. Tigo Money se lanzó en junio de 2011.  

El 18 de octubre de 2012, un comerciante de Morazán, protegido con el seudónimo de Cepillo, denunció que unos pandilleros le obligaban a pagar la renta. Le exigían que les pusiera una remesa por Tigo Money. Cepillo depositaba ese dinero en Morazán y, en cuestión de horas, se activaba una triangulación de transferencias que permitía que el dinero llegara hasta Soyapango, Apopa, Ilopango, San Antonio del Monte, Sonsonate, Usulután y San Miguel, curiosamente a manos de familiares y amigos que visitaban frecuentemente a reos recluidos en el penal de Ciudad Barrios.

Todo consta en un expediente judicial que engorda en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, que ve casos de crimen organizado. Debido a esta investigación fiscal, ahora mismo 24 personas relacionadas con la Mara Salvatrucha están detenidas, y junto a otras 11 personas prófugas enfrentan un juicio por extorsión que podría condenarlos a seis años en una prisión. Aunque la empresa creadora del servicio Tigo Money no está siendo juzgada, el servicio que creó ha sido motivo de correspondencia cruzada entre el juez Jorge González, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva y la empresa misma. La pregunta del juez podría resumirse en una: ¿Quién controla este servicio que los pandilleros utilizan frecuentemente para extorsionar?

Tigo Money es un servicio de remesas por medio de teléfonos celulares y sucursales de la empresa instaladas en todo el país. Cualquier persona con un celular Tigo puede enviar hasta 750 dólares mensuales a otra persona que tenga un teléfono con la compañía. El remitente, para realizar el envío, solo necesita presentar su Dui. El destinatario, para cobrar la remesa, además del Dui necesita un PIN único que la empresa le otorga de manera gratuita. Tanto el remitente como el destinatario del dinero pueden acercarse a cualquiera de las más de 900 sucursales autorizadas de Tigo Money, que pueden ser desde un carretón en el mercado hasta una peluquería en Santa Ana o una farmacia en San Miguel. Si se envían, por ejemplo, 100, el remitente dice el número de celular de la empresa Tigo al que quiere que ese dinero sea depositado y paga un 5 % del depósito, en este caso, 5 dólares. El dueño del número celular beneficiado puede pasar a recoger el dinero en la sucursal Tigo Money más cercana con solo dar su nombre y presentar su Dui. Es un sistema mucho menos engorroso que cualquier otro sistema de traspaso de capital registrado en el país, como por ejemplo las empresas comunes de remesas. De hecho, basta con que el agente Tigo Money, con su celular, digite algunos números, solicite el traslado de fondos a la compañía y espere la confirmación de la transacción como si solo se tratara de un traslado de saldo o 'una recarga de saldo' telefónico de celular a celular.

El Estado salvadoreño no tiene ninguna entidad que se encargue de vigilar que Tigo Money cumpla requisitos que ayuden a mitigar la posibilidad de que sea utilizado para actividades ilícitas. Estos mecanismos se aplican, por ejemplo, a los bancos.

Crear una cuenta en Tigo Money o Pago Listo, hacer envíos o recibir dinero es una transacción que se hace en hormigueros humanos: un mercado en el centro de la ciudad, la farmacia de la esquina, el bazar de fulana o el quiosco de mengano en medio de un amplio centro comercial. La compañía telefónica ha reclutado a sus tradicionales agentes vendedores de saldo, para convertirlos en pequeñas sucursales de transferencia de dinero. Y todo en esas miniagencias se hace triangulando teléfonos: el del remitente, el del agente (quien introduce en su aparato una serie de códigos para enlazarse al sistema Tigo Money para que se aprueben las transacciones) y el aparato del destinatario. “Busca tu Tigo Money más cercano: son más de 900 en todo el país”, dice la página oficial del servicio. Un banco, como el Banco Davivienda, con 38 agencias a nivel nacional, es incapaz de competir con la rapidez remesera de Tigo Money y con su alcance geográfico.

La primera vez que Cepillo pagó la renta fue el 20 de agosto de 2012. Él no sabía que el depósito de 50 dólares en Tigo Money llegaría hasta la compañera de vida de El Diablito de Hollywood: Jenny Judith Corado Portillo, una mujer que residía en la colonia Las Margaritas, en Soyapango, y quien regentaba un chalé en el penal de Ciudad Barrios, donde están recluido su esposo y su hermano, Raúl Cerón Corado.

Además de la declaración de Cepillo, un formulario de Tigo Money confirma que el número telefónico que recibió los 50 dólares está registrado a nombre de la compañera de vida de El Diablito de Hollywood. Ahora que la mujer está detenida, la investigación para llegar hacia ella parece fácil, pero en realidad tuvo muchos tropiezos, sobre todo porque quien administra el sistema Tigo Money, la empresa Mobile Cash, no remitió la información con la celeridad que esperaban policías y fiscales.

Seis meses después de la extorsión sufrida por Cepillo, el 22 de febrero de 2013, los investigadores recibieron siete formularios de los depósitos a Tigo Money. Los investigadores no quedaron satisfechos con la respuesta de Mobile Cash porque no incluyó información básica sobre el pago a los extorsionistas: no se establecían detalles como las fechas de los retiros, o el lugar donde el dinero de la extorsión era retirado. Las autoridades insistieron con la petición, y Mobile Cash demoró tres meses en responder. El informe llegó hasta el 6 de mayo de 2013.

Hasta esa fecha, siete meses después de iniciada la investigación, los fiscales armaron el complejo rompecabezas de las extorsiones. Así supieron, por ejemplo, que la esposa de El Diablito de Hollywood utilizaba Tigo Money para hacer triangulaciones de dinero con cuatro personas más, en distintos puntos del país. Por ejemplo, usó el sistema Tigo Money para que Jorge Ruiz Camacho, un hombre que se proclama sacerdote maya y que se hace llamar Indio Tikuna, recibiera tres remesas de entre 20 y 50 dólares en Sonsonate. Otra de las implicadas, Lorena Amaya, procesada además por intento de homicidio, recibió 200 dólares.

Aunque el pasado 6 de mayo Tigo Money amplió la información sobre el dinero que Cepillo pagó a los extorsionistas, el juez Jorge González sostuvo que la información era insuficiente. “El suscrito considera que los informes de Tigo Money agregados al proceso son muy escuetos en cuanto a todas las transacciones financieras efectuadas con su número telefónico, es decir, no especifica si de los números se recibía dinero de otras fuentes ya sea lícitas o ilícitas”, consigna un documento. El juez enviaría más adelante otros documentos más contundentes.

Te vamos a quemar el negocio”

Ocho meses antes de la extorsión a Cepillo, en diciembre de 2011, otro comerciante de Morazán había recibido una llamada del penal de Ciudad Barrios. El hombre, que se jactaba de pertenecer a la Mara Salvatrucha, le había dicho que debía colaborar con el pago de la 'renta' o, de lo contrario, le quemaría su negocio o mataría a alguno de sus familiares.

El asustado empresario, ahora protegido con el seudónimo de 6812, relata que la primera vez llegaron tres pandilleros hasta su negocio a recoger 50 dólares. Eso sucedió el 15 de enero de 2012, y cinco días más tarde recibió una nueva llamada desde el penal de Ciudad Barrios en la que le exigían otros 50 dólares, pero que debía depositar en el sistema Tigo Money.

Pasó el tiempo y los pandilleros siguieron exigiendo dinero: que 10 dólares hoy, que 20 dólares la otra semana, que 50 dólares luego. La víctima 6812 soportó durante ocho meses las entregas de dinero y recargas telefónicas para los pandilleros. El 16 de julio de 2012, el comerciante denunció el caso a la Fiscalía y con el tiempo los fiscales encontraron muchas coincidencias con el expediente abierto por el chantaje en contra de Cepillo: la llamada desde el penal de Ciudad Barrios la realizó la misma persona, las personas que más recibían dinero eran las mismas, y los extorsionistas preferían el sistema Tigo Money para cobrar la renta.

Los investigadores determinaron que el reo que llamaba a las víctimas desde el penal de Ciudad Barrios era Marvin Hernández, miembro de la Mara Salvatrucha que se hacía llamar “Che” o “Pequeño vengador”. Una vez que ese hombre que se jactaba de pertenecer a la pandilla lograba que sus víctimas pagaran la renta, una buena cantidad de remesas eran cobradas por su compañera de vida, Juana Granados. Para policías y fiscales, Granados es, al igual que la esposa de El Diablito de Hoollywood, una de las administradoras del dinero que recoge la pandilla a través de las remesas efectuadas con Tigo Money.

Según la Policía, no se trata de un caso aislado que se dirime en San Miguel. Esa institución tiene claro que los pandilleros claramente han notado el potencial de Tigo Money como vía para cobrar las extorsiones. En lo que va del año, la PNC reporta 215 denuncias de personas que han sido extorsionadas y obligadas a pagar por medio de este sistema. Esto significa que en el corto tiempo que tiene de operar, Tigo Money se ve involucrado en el 10 % de todas las denuncias que ha recibido la Policía.

Cuando el juez González recibió el caso, resolvió que 17 capturados deben seguir procesados porque hay indicios que los relacionan con la extorsión. Dice que se debe investigar las visitas de las compañeras de vida al penal de Ciudad Barrios, porque existe la posibilidad de que ahí se haya planificado el delito. Agrega que Hernández, el hombre que se jactaba de ser pandillero cuando llamaba a las víctimas, tiene cercanía con El Diablito de Hollywood, y que el involucramiento de su esposa hace sospechar que se trata de un círculo cerrado que planificó los crímenes. El juez ha pedido que se investigue a El Diablito de Hoollywood. El juez ha pedido también que alguien le explique quién controla las transacciones realizadas por medio de Tigo Money.

Las cartas del juez

“El motivo del presente es para solicitarle de su colaboración en el sentido que se informe a este juzgado si la actividad de captación de fondos realizada por la sociedad Mobile Cash S.A. de C.V., Telemóvil El Salvador con el sistema denominado Tigo Money… Es o no una actividad controlada por alguna ley en el país... Cuáles son los mecanismos de protección o seguridad… Sobre todo cuáles son las garantías para el Estado salvadoreño para que dichos sistemas o servicios no lleguen a constituirse en medios para la consumación de ilícitos penales (extorsión u otros)… Debido a que la facilidad de tiempo y mínima información que se requiere para retirar los fondos dinerarios está siendo favorable a la criminalidad”, se lee en el oficio escrito por el juez González y enviado el 20 de mayo de este año al Banco Central de Reserva (BCR), a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la empresa Mobile Cash, de Telemóvil.

Siete días después, el 27 de mayo, el juez recibió las respuestas del BCR y de la Superintendencia. La empresa respondería casi un mes después, el 21 de junio.

La respuesta del BCR, que el juez califica de “escueta”, dice que “la referida actividad no es controlada por el BCR y no existe a la fecha ley vigente que la regule”. La respuesta es firmada por Marta Evelyn de Rivera, presidenta del BCR.

La Superintendencia informa que Tigo Money está fuera de su órbita de vigilancia. “La empresa en mención no figura entre los sujetos supervisados por esta Superintendencia. Así mismo que a la fecha no existe una legislación que regule expresamente las actividades efectuadas por la referida sociedad dentro de nuestro país”. Sin embargo, esta institución agrega que “procederá a efectuar en el marco de sus atribuciones de ley los análisis, estudios e inspecciones coerrespondientes a fin de determinar la naturaleza de las operaciones realizadas por la empresa en mención”. La respuesta es firmada por William Ernesto Durán Tobar, superintendente en funciones.

La respuesta de la empresa, firmada por su gerente general, Claudia Elisa Vega, expone al juez que la supervisión de Mobile Cash “corre a cargo de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles”. Este es un organismo dependiente del Ministerio de Economía que se encarga de vigilar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles de cualquier comerciante. Su función está orientada a supervisar cuestiones de funcionamiento interno de esas sociedades, tales como su formación, su disolución, su fusión, la venta o sorteo de acciones y sus actividades mercantiles. En cambio, la Superintendencia del Sistema Financiero es la institución con la que el Estado vigila que las entidades como bancos, seguros, sociedades de crédito y ahorro y conglomerados financieros cumplan las leyes aplicables al sistema financiero.

El juez González es tajante al concluir que “aunque no sea una actividad 100 % bancaria, es entregar dinero del público”. Para el juez, el “deber ser” es que la Superintendencia del Sistema Financiero vigile la actividad de este brazo de Telemóvil, “una empresa creada para un sistema telefónico que de ahí se ha degenerado”. Deja abierta la posibilidad de que al haberse creado este servicio antes inexistente de transferencias de dinero por telefonía móvil, haya un vacío de norma en la legislación.

La respuesta de la empresa al juez continúa argumentando que “el servicio que presta Mobile Cash no es distinto, salvo el medio que se utiliza, a la actividad desarrollada por empresas remesadoras que operan en el país”. Sin explicar cómo, aseguran que la empresa “colabora activamente con la Fiscalía y la Policía para brindar todo tipo de información que puedan requerir”. Además, explican que han estado “en constante comunicación con el BCR, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda, en un esfuerzo conjunto que permita emitir la regulación correspondiente a este tipo de servicios de pagos a través de teléfonos celulares”. Al menos por lo que se lee en la respuesta de la Superintendencia al juez, la “constante comunicación” de la empresa con ellos no ha existido sobre este asunto. Finalmente, en la carta le explican al juez cómo funciona el servicio Tigo Money, y aseguran que una de las razones para no realizar una actividad bancaria es que “Mobile Cash no cobra tasas o comisiones” sino que cobra al cliente “un precio como contraprestación del servicio”.

Así, por cada 100 dólares de extorsión que Cepillo le depositó a la mujer de El Diablito de Hollywood, la empresa Mobile Cash ganó cinco.

Durante las últimas dos semanas este periódico buscó a representantes de Tigo Money para preguntarles sobre su sistema de remesas. Se nos dijo que la persona que podía dar declaraciones se encontraba fuera del país. Luego accedieron a la petición de hacer las preguntas por medio de correo electrónico, pero hasta el cierre de este reportaje no habían enviado respuesta alguna.

Transferencias no supervisadas

—Si Tigo Money mueve dinero del público, ¿por qué esta entidad no lo supervisa? –pregunta El Faro a William Ernesto Durán, el superintendente del Sistema Financiero en funciones.

—Las entidades que están sujetas a la supervisión de esta Superintendencia, están definidas en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que entró en vigencia hace un poco más de dos años. Para el caso de las entidades que se dedican a la transferencia de fondos, realmente no hay ninguna regulación sobre ese tipo de operaciones. En la Ley de Bancos están definidas cuáles son aquellas entidades que pueden efectuar operaciones de captación de fondos del público. Esa operación es exclusiva de los bancos autorizados por esta superintendencia. Cualquier otro tipo de operación que no sea esa puede ser efectuada por cualquier entidad y no tiene que ser supervisada por esta dependencia –responde.

Cuando el superintendente dice “captar fondos” se refiere a lo que hacen los bancos cuando administran el dinero del público para hacer inversiones y lucrarse. Tigo Money no administra el dinero, simplemente lo transfiere y cobra por ello. Es por eso que el servicio de la empresa Mobile Cash se encuentra en un punto ciego del Estado: El Salvador no tiene ninguna institución que se encargue de supervisar que Tigo Money opere bajo el marco de sanas prácticas y mitigación de riesgos en cuanto a actividades criminales. Así, si bien la empresa ha establecido que cada usuario de Tigo Money solo puede transferir 750 dólares mensuales, podría aumentar esa cantidad a 2,000 o 5,000 dólares u otra cifra en el momento en que le dé la gana.

En alguna ocasión, explicó Durán, la Superintendencia se ha enterado de que algún pandillero ha obligado a una persona a pagarle la renta por transferencia bancaria, de una cuenta a otra. Sin embargo, en esos casos hay posibilidades de que se detecte, porque cuando un usuario de un banco abre una cuenta, le piden un perfil económico, le preguntan cuánto gana y le hacen un promedio de sus movimientos usuales. Cuando ese usuario del banco empieza a recibir constantemente más dinero de lo que usualmente recibía, el banco realiza lo que se conoce como “reporte de operación sospechosa (ROS)”, y lo envía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), donde trabaja Durán. ¿Quién se encarga de elaborar ese ROS? Un empleado del banco que debe de tener un cargo de gerente y que se llama oficial de cumplimiento. Una especie de vigilante de su patrón, por así decirlo, pero un vigilante al fin y al cabo sobre el que puede caer incluso un castigo penal si falla voluntariamente en su supervisión. Tigo Money, en cambio, no tiene oficial de cumplimiento ni perfil de sus clientes, ni sabe qué es una operación sospechosa, porque no se interesa en perfilar cuál sería una operación normal de un cliente. Tigo Money solo necesita un Dui y listo.

Durán asegura que el vacío de ley, la ausencia de control del Estado, ha sido detectado, y que actualmente, la SSF y el Banco Central de Reserva trabajan en un proyecto de ley para que el Estado regule a las empresas que, como Mobile Cash, hagan transferencias de dinero a través de teléfonos móviles. Mientras, Tigo Money seguirá operando fuera de la lupa estatal.

“Buenas, ¿cuánto va a enviar?”

En un pasaje del centro de San Salvador, inundado con vendedores, transeúntes y mujeres que ofrecen ora calzones y calzoncillos ora verduras ora cedés piratas, hay una mujer, dueña de una concurrida esquina de la calle, a la que llamaremos Cecilia. Ella es la regente de un quiosco maltrecho en el que se venden celulares de segunda mano. 

El puesto 'Celulares móviles' es un carretón con varios cajones. Sobresale en el 'mostrador' (una tabla de madera) y una docena de celulares de vieja y de nueva generación. También hay un pliego de facturas. Son las facturas de Tigo Money. Escondido en una esquina, debajo de un cajón de madera, hay un recipiente de plástico transparente. En el interior hay billetes de 10, 5 y 20 dólares. Cecilia, desde hace varios años, vende recargas de celular para planes prepago y pospago de todas las compañías telefónicas. Ahora ella también es un minibanco de remesas.

—Buenas, ¿Tigo Money?

—Sí. Aquí se hace Tigo Money.

El sistema de remesas Tigo Money permite dos modalidades para que entre destinatarios y remitentes fluya dinero con un monto máximo mensual. En la primera, un remitente llega a un agente Tigo Money, entrega su Dui y su número telefónico (puede ser de cualquier compañía) y el número del destinatario (exclusivamente de Tigo). Dice cuánto dinero quiere enviar, entrega el dinero, y al cabo de unos minutos recibe una notificación en su teléfono vía sms de parte de “TigoMoney”. Firma una factura de aceptación y se lleva una copia. Por esa transacción, la empresa se lleva un porcentaje.

—Se le cobra el 5 % del envío. Si son 10 dólares son 50 centavos. Si envía 50 dólares, paga 2.50 dólares más –explica Cecilia.

El destinatario, en cualquier punto del país, en cualquiera de las 900 agencias del país, podrá reclamar el dinero. Para cobrarlo presentará su documento de identidad, y dará el número de su teléfono para que le den de alta. Un agente activará un PIN único al chip de ese teléfono, que quedará unido a ese usuario gracias al número de Dui.

—¿Cualquiera puede enviar el dinero pero no cualquiera puede retirar el dinero?

—Usted sí puede enviar. Pero si usted quiere retirar, yo le tengo que crear un PIN a usted, para que lo pueda retirar. Porque si no está inscrito en Tigo Money no lo podrá hacer.

En este modelo, el sistema registra el número de teléfono del remitente y el destinatario a través del teléfono del agente Tigo Money. Según los agentes, un usuario que ya haya hecho un envío –esté registrado o no- no podrá realizar un segundo envío durante el día, independientemente de la cantidad. A su vez, quien recibe solo podrá recibir una transacción diaria.

Ahora estamos en otra agencia Tigo Money. En el centro comercial suena una de Juan Luis Guerra. En otro punto hay un café en el que varias parejas departen sonrisas. La agente, una chica simpática, atiende desde un quiosco pulcro, atiborrado de publicidad de telefonía, internet y cable Tigo.

—Si tengo cinco teléfonos, cinco chips, ¿puedo enviar o recibir dinero en cada uno?

—No. Solo una vez al día, hasta 500 dólares máximo por día y 750 dólares al mes. Si viene dos veces, el sistema rechaza la segunda transacción.

—¿Cómo identifica el sistema que un usuario quiere enviar dinero una segunda vez al día, o recibirlo por segunda vez al día?

—Bloquea la transacción el sistema cuando reconoce el número de Dui.

El segundo modelo de envío de dinero entre celulares que ofrece el sistema es el “Pago Listo”. En este, un remitente se acerca a un Tigo Money, pide le den de alta a su teléfono (este sistema solo funciona entre celulares Tigo), carga dinero en su celular (como si cargara saldo), y luego de teclear una serie de códigos proporcionados por la empresa, puede enviar todo el dinero o una parte del dinero que posee en su PIN una vez al día, según los agentes Tigo Money. Igual, una vez al día ese usuario también puede recibir dinero, que luego canjeará en un Tigo Money, o enviará a otro usuario inscrito en el sistema.

Según los agentes, con Pago Listo, un usuario se salta la triangulación de teléfonos (remitente+agente+destinatario) y se convierte él en remesero y cobrador de remesas directo: envía dinero a un segundo usuario o recibe dinero de un tercero. Quien se inscribe en “Pago Listo”, obligadamente tendrá que acercarse una primera vez a Tigo Money para darse de alta y cargar su saldo para enviar remesas; y una segunda vez, o todos los días de un mes o un año, acercarse a cobrar el dinero que alguien más le ha enviado.

Por usar este modelo, sin intermediación de los agentes, Tigo Money cobra una tarifa diferente a la del modelo triangulado de remesas locales. Por cada 15 dólares enviados, cobra 30 centavos de dólar, independientemente de si se cargan cinco, 10 o 15 dólares.

—Como dice que va a cargar 20 dólares… vamos a ver… de 15 a 30 dólares de carga le cobraríamos 60 centavos; y así: de 30 a 45, : 90 centavos- dice la chica Tigo Money.

Pero ni la compañía ni los agentes Tigo Money dejan claro cuánto es el límite diario y mensual para enviar y recibir dinero. El Faro consultó con tres agentes Tigo Money la cantidad máxima que se puede enviar y recibir al día y al mes. Todos coincidieron en que diario se pueden enviar y recibir hasta 500 dólares, hasta un monto máximo al mes de 750 dólares, ya sea en el modelo “remesas locales” o en el modelo “Pago Listo”.

Sin embargo, la compañía señala otras tarifas de envíos y retiros en cada modelo. Para envíos diarios en “Pago listo”, la compañía señala 50 dólares por evento, hasta 250 al día y 750 al mes. En “remesas”, la compañía señala que pueden hacerse envíos de 250 dólares por evento, hasta 250 al día y 750 al mes. Para los retiros, la compañía señala que tanto en el modelo “remesas locales” como en “Pago Listo” hay un monto máximo de 750 dólares por evento o “al día”, con un “límite por mes” de 1,500 dólares.

La compañía, en la sección de “Preguntas frecuentes”, complica más las cosas. Ante la pregunta '¿desde qué monto se puede hacer un envío?', Tigo Money responde: “Usando Tigo Money para remesas locales el cliente puede enviar y/o recibir desde $1 hasta $300 por día, teniendo un límite de $1,500 semanales y $2,500 en un mes”.

Regresamos al centro de la ciudad, a la esquina de un pasaje, a Cecilia, la agente Tigo Money del mercado. Queremos entender por qué, aun cuando las tarifas diarias permiten envíos o cobros de más de 200 dólares, según la compañía, ella intenta no hacer transacciones de montos altos.

—¿Entonces cuánto puedo enviar al día? ¿Hasta 500? -preguntamos, y ella se toma unos segundos para responder:

— (…) Yo se lo puedo recibir… Pero ahí vamos: entra un proceso en Tigo que empiezan a averiguar. Como está metida la Policía, los bancos, entonces está eso… A nosotros nos preguntan.

—¿Ha escuchado que esto se preste para extorsiones?

—¡Ajá! La mayoría...

Ahora Cecilia ya no habla: se acerca y susurra.

—Yo por eso le digo que no puedo hacer un envío de 300, 400 dólares a la semana, porque si no, van a venir aquí y me van a decir que yo tengo lo mismo con ellos, y que...

Ellos son una sombra en el mercado, Cecilia los señala apuntando sus labios hechos trompita hacia la nada.

—Al mes sí se le puede recibir una cantidad alta, a los 15 días… Yo tengo clientes que vienen a dejar, 10, 20 dólares, así, cada semana. Eso ya no alarma.

“Lo último” en sistemas para extorsionar

Un oficial antiextorsiones que pide a El Faro no revelar su identidad afirma que Tigo Money es “lo más novedoso” en mecanismos de extorsión. Este veterano policía relata la escalada tecnológica que este delito ha tenido, desde los días en los que capturaron a un connotado extorsionista que llegó a cobrar hasta 11 pagos al día, pidiéndole a sus víctimas que depositaran el dinero dentro de un envase de yogur y que luego arrojaran este a un basurero, donde él lo recogía.

“Antes del Facebook estaba Hi5, y también lo utilizaban para extorsionar. Luego aparecieron aquellos que tenían cuenta abierta en todos los bancos del país. Luego menguó lo de los bancos y emergió Tigo Money”, relata.

Según este investigador, dotado de cifras oficiales, el 90 % de los delincuentes involucrados en este tipo de actividades son pandilleros o familiares de pandilleros.

Pese a las ventajas que Tigo Money ofrece, como la de poder distribuir lo recaudado a nivel nacional sin necesidad de exponerse a transportar dinero físico, o el anonimato en el cobro, también tiene un talón de Aquiles: la tecnología deja rastro. “Al menos hay llamadas y transacciones electrónicas que seguir”, señala el policía.

Sin embargo, ese servicio ofrece una importante ventaja. En el país hay más de 900 agencias Tigo Money, lo que hace muy difícil para la Policía, así supiera que una víctima ha depositado la extorsión, enterarse de en qué sucursal de los 14 departamentos el extorsionista va a retirar el dinero.

En julio pasado, el ministro de Seguridad Ricardo Perdomo dijo en una entrevista con El Faro que Tigo Money había catapultado las extorsiones.

El fiscal general, Luis Martínez, confirma que el sistema Tigo Money ha facilitado -en particular a la Mara Salvatrucha- la gestión de sus extorsiones y el reparto del dinero obtenido. “Ha sido aprovechado para formalizar las extorsiones en el país”, dice. “También Guatemala tiene problemas con ese sistema. Lo hemos hablado con la fiscal general de Guatemala”, dice.

Asegura sin embargo que, por iniciativa de la Fiscalía, Tigo está trabajando con las autoridades salvadoreñas para regular el servicio y someterlo a controles, y entre líneas descarta cualquier acción legal contra la empresa de telefonía por operar un sistema no regulado de manejo de fondos. “Esto es parte de la evolución de los sistemas financieros y no podemos detenerlo. El ingenio humano va más adelante que las leyes, y hay que adaptarlas”, dice Martínez. “Hemos tenido reuniones con Tigo para buscar un control financiero sin afectar al proyecto, tanto en tema de extorsiones como de lavado. Están accesibles a colaborar.”

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