Opinión /
La justicia para desaparecidos tiene rostro de mujer

Fecha inválida
David Tolbert*

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Los seres queridos de decenas de miles de familias alrededor del mundo han sido detenidos por las fuerzas de seguridad o grupos armados ilegales y nunca más se supo de ellos. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, es justo resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener justicia y rendición de cuentas.

En muchos lugares, las mujeres mismas han sido víctimas de la desaparición forzada o involuntaria, desde América Latina a Bosnia y Herzegovina y a la tragedia que hoy sacude a Siria. Si bien los motivos de los perpetradores pueden variar, quienes han sido sacados a la fuerza de sus hogares, frecuentemente sin volver a ser vistos con vida, comparten un mismo sufrimiento.

En los casos en que las mujeres no han sido el blanco directo de este delito atroz, estas enfrentan dificultades económicas y sociales especiales cuando intentan reconstruir sus vidas y cuidar de sus familias, al mismo tiempo que deben lidiar con el trauma emocional de haber perdido a un ser querido y de buscar respuestas durante semanas o incluso años. Esta incertidumbre se convierte a veces en un limbo paralizante por el hecho de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos, ni conocer las circunstancias de su muerte o la ubicación de sus cuerpos.

A pesar de que los Estados están obligados a entregar información fiable sobre la suerte de los desaparecidos, la carga de buscar verdad y justicia recae casi siempre en las mujeres. ¿Quién no ha escuchado hoy en día del heroísmo de los cientos de madres de Plaza de Mayo en Argentina, que marcharon con pañuelos blancos después de la “Guerra Sucia”, mostrando las fotos de sus familiares desaparecidos en protesta por la negativa del gobierno a divulgar información sobre su paradero? ¿O de las madres de Srebrenica que han luchado incansablemente por encontrar los restos de sus esposos, hermanos, padres e hijos, y llevar a sus asesinos ante la justicia? Quienes buscan la verdad sobre los desaparecidos usualmente tienen cara de mujer.

No obstante, la victimización de las mujeres en los casos de desaparición forzada o involuntaria va más allá. Con el fin de garantizar sus derechos, deben navegar los sistemas burocráticos e interactuar con autoridades, algo a lo que muchas no están acostumbradas. Es posible que tengan que viajar grandes distancias para registrar a sus seres queridos en una instancia municipal, reunirse con abogados o ir a las prisiones y a las estaciones de policía en busca de información. En las investigaciones que hemos realizado en el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) hemos determinado que esto las hace más vulnerables a otros abusos como el acoso, la extorsión y la discriminación a manos de las autoridades y de otras personas que buscan aprovecharse de sus desventajas.

En muchas sociedades, las esposas de los desaparecidos sufren además de la estigmatización social. Al no ser consideradas ni “esposas” ni “viudas”, pueden terminar en un limbo kafkiano social y legal. Por ejemplo, en Nepal la estigmatización puede ir desde el total aislamiento social a sospechas porque una mujer es “soltera” y, por tanto, promiscua. En algunos contextos, existe resentimiento por parte de los familiares y los suegros. En el Líbano, los suegros pueden impedir que las esposas de los desaparecidos obtengan un pasaporte para ellas o para sus hijos, con el fin de que no parezca que están abandonando a la familia del esposo y empezando una nueva vida cuando la muerte de su esposo aún no ha sido confirmada.

En Nepal, uno de los temas más significativos que descubrió el ICTJ fue que el programa gubernamental de asistencia para las víctimas del conflicto entregaba una suma adicional de dinero a las esposas de hombres que habían sido asesinados y no a las esposas de los desaparecidos. Esto ponía a muchas mujeres en el dilema de tener que declarar la muerte de sus esposos para poder acceder a una compensación monetaria, aunque al hacerlo incurren en altos costos legales, culturales y emocionales.

No se puede subestimar el impacto económico de una desaparición forzada en las familias. Para las mujeres, los efectos adversos son amplios, desde la desposesión a la falta de acceso a las pensiones, o a la legislación discriminatoria sobre las herencias. En muchos casos, a las mujeres les supone un reto inmenso encontrar una fuente fija de ingresos para poder alimentar a sus familias, generalmente exacerbado por las situaciones de inequidad donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades de empleo y de ingresos que los hombres.

En algunos contextos se han abordado los daños específicos sufridos por las mujeres en los casos de desaparición por medio de medidas de justicia transicional. En Argentina, por ejemplo, se creó una ley que establece el concepto de “ausencia por desaparición forzada” y se emitieron leyes que regulan las implicaciones legales de este estado. En Marruecos, el gobierno inicialmente se basaba en las leyes de herencia tradicionales de la sharía para determinar la cantidad de compensación pagada a las mujeres cuyos esposos habían desaparecido en los años 70 y 80. Sin embargo, luego corrigió las inequidades causadas por este sistema al aplicar las normas legales internacionales de reparaciones, que reconocen que a las mujeres se les debe dar un trato igualitario.

Estas experiencias pueden abrir las puertas a las miles de mujeres que luchan por hacer valer su derecho a la justicia, la herencia, las reparaciones y la verdad. Son pasos positivos sobre los que se puede construir para garantizar que los mecanismos de justicia transicional puedan subsanar estos daños y pérdidas en los diferentes contextos en que ocurren las desapariciones.

Junto con los daños específicos que sufren, también debemos reconocer la contribución inmensa de las mujeres a la lucha por la verdad y la justicia de los desaparecidos. De Buenos Aires a Beirut, Lima y Katmandú, su activismo ha llevado el drama de los desaparecidos a la esfera internacional y ha contribuido a hacer más visibles estos crímenes atroces.

Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, estas mujeres, su sufrimiento y su heroísmo, merecen ser el centro de atención.

*El autor es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional

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