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Editorial

PATI para pandilleros

El Faro
El Faro / Publicado el 26 de Agosto de 2013

El PATI, según admiten funcionarios del FISDL, de la alcaldía, del ministerio de seguridad pública, de PREPAZ y líderes pandilleros, fue pensado como un componente valioso en los municipios libres de violencia: serviría como moneda de cambio del Estado con las pandillas, en la búsqueda de alternativas laborales y financieras para los miembros de estas organizaciones, a fin de que estos pudieran sustituir sus ingresos ilegales, producto de las extorsiones, por entradas económicas lícitas.

Contrario a esto, el sábado 10 de agosto, en su programa radial, el presidente de la República, Mauricio Funes, repitió que su gobierno jamás ha negociado con pandilleros y que si acaso algún miembro de estas organizaciones criminales se ha visto beneficiado de programas sociales como el PATI (Programa de Atención Temporal al Ingreso) ha sido porque consiguió colarse, cumpliendo los mismos requisitos a los que están obligados todos los ciudadanos.

Es posible que el presidente –tal como él mismo aseguró- no supiera que su viceministro de justicia y seguridad se reunió durante varios meses y de forma periódica con líderes pandilleros, incluso en las mismas instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en pleno Centro de Gobierno. Es posible que no supiera que su viceministro se comprometió con pandilleros a dedicar recursos del Estado y programas sociales en su beneficio; incluso es posible que no conozca la manera en la que está siendo utilizado el programa PATI ni a quiénes se destina. Pero que el presidente no lo sepa no quiere decir que no sucede y, si este es el caso, mal hacen sus funcionarios y asesores en no mantenerle informado.

En el transcurso de esta tregua se ha actuado en gran medida desde la oscuridad, como hemos ido descubriendo poco a poco durante todo este llamado proceso. A cada descubrimiento, desde el gobierno, se ha respondido con mentiras para negar los hechos. Los mecanismos de negociación del gobierno con las pandillas necesitan ser discutidos y revisados a la luz de criterios técnicos, pragmáticos, legales y de la experiencia comparada. Y sometidos a debate público. Nada de esto es posible desde la oscuridad ni desde la mentira.

Un proceso como el de la tregua, que necesita del involucramiento del gobierno central y de los gobiernos locales; de la cooperación internacional, de operadores civiles, de las comunidades sometidas al control de las pandillas, de los recursos del empresariado nacional… es absolutamente insostenible en el mediano y largo plazo y es imposible hacerlo aterrizar en forma de política pública integral, en plan de Estado, si sus mecanismos, sus demandas y sus renuncias no son sometidas a un debate nacional, abierto, transparente, técnico y político. Eso es imposible desde la negación de la realidad, desde la mentira y la ilegalidad.

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