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Editorial

Política y seguridad pública

El Faro
El Faro / Publicado el 22 de Julio de 2013

La seguridad pública en las tres últimas administraciones podría fácilmente resumirse como la aplicación de medidas diseñadas para ser rentables políticamente pero fallidas como estrategias de combate a la delincuencia y el crimen organizado.

Francisco Flores comenzó su presidencia culpando a la violencia social de la mayoría de los homicidios, desdeñando las acciones de las pandillas. Cerró su presidencia tomándose fotos en operativos policiales contra pandilleros, a los que acusó de cometer la mayoría de los homicidios y contra los que lanzó el contraproducente Plan Mano Dura. Dejó la presidencia con unas pandillas más fuertes y sofisticadas; el narcotráfico incrementó su actividad.

Antonio Saca comenzó la suya con el llamado Plan Super Mano Dura contra los pandilleros y la cerró capturando a una importante banda de narcotraficantes conocida como Los Perrones. En el camino fortaleció a las pandillas y a otras estructuras criminales infiltradas en los cuerpos de seguridad.

Mauricio Funes, en cambio, comenzó con planes de prevención y reinserción y con una ley de proscripción de pandillas; a medio camino trastornó toda la agenda de combate al crimen organizado con el nombramiento de un militar en seguridad pública y la subsiguiente negociación con las pandillas a la que llamaron tregua.

Durante la administración de Munguía Payés, el combate al narcotráfico pasó a un tercer plano y el ministro mismo repitió en cuanto foro pudo que ese no era un problema importante para el país. Dio a las pandillas la mayor cuota de poder que han tenido en su historia y convirtió a sus jefes, y a los llamados mediadores, en actores políticos.

La transformación de las pandillas en sofisticados grupos conscientes de su poder de negociación quedó de manifiesto a principios de este mes, cuando pusieron decenas de muertos para obligar al gobierno a sentarse de nuevo con ellos. Una acción meramente política de 88 muertos, muy exitosa gracias a las vacilaciones presidenciales.

Lo hicieron porque un nuevo ministro cambió nuevamente el enfoque. Cerró el libre paso a las prisiones de los mediadores y la libre comparecencia de los pandilleros ante los medios, y cambió también el discurso. Una vez más, en El Salvador, dijo el ministro, la amenaza real es el narcotráfico. El problema, agregó, es que ahora las pandillas también son parte de esas estructuras.

El presidente respondió a la violencia desatada por las pandillas renombrando a Munguía Payés, pero ahora en el ministerio de Defensa para no desacatar la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Desde ahí se dirige ahora el proceso de negociación con las pandillas, los grupos criminales más camaleónicos de la historia del país; unos que de cada medida politiquera de la que han sido objeto han salido mucho más sofisticados y organizados; con mucha más capacidad de actuar y de sobrevivir; con mucho más control sobre sus propias condiciones. Y con mucha mayor capacidad de infligir daño a la sociedad.

Esta será la herencia de Funes: Pandillas mucho más poderosas y convertidas además en actores políticos; grupos de narcotraficantes más grandes y poderosos y debilidad estatal para combatirlos. El próximo presidente lo tendrá muy difícil para comenzar apenas a desmontar lo hecho durante esta administración.

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