Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. A los 14 años Andrea no iba al colegio ni soñaba con lo qué sería de adulta: manejaba miles de dólares de extorsiones, traficaba cocaína y fusiles AK-47 como miembro del Barrio 18, una de las violentas pandillas que reclutan niños en Guatemala, incluso como sicarios. Hace poco que esta veinteañera bajita, de ojos pardos y cabello negro azabache, cumplió su sanción de tres años por extorsión. Sentada en una cafetería, en una de estas tardes lluviosas en la capital de Guatemala, cuenta una historia que se repite en miles de menores pobres de su país.
“Cuando estaba en la Barrio 18 no tenía sueños, no vivía a futuro, sino en el momento, porque allí uno no sabe si al día siguiente va a amanecer”, dice quien escogió llamarse Andrea ante la agencia AFP por razones de su seguridad.
Tenía 17 años cuando fue detenida mientras cobraba la renta (extorsión) de un comerciante amenazado de muerte. “Si no me hubieran agarrado, seguiría en la pandilla o estaría muerta”, deduce con frialdad.
Ella entregaba a autobuseros, taxistas y dueños de tiendas celulares desde donde caía la llamada de la extorsión. “Si no los aceptan, no contestan o no pagan, los matan, y a veces, también aunque paguen”, explica.
“Los sábados hacía cuentas, manejábamos de las rentas hasta 90,000 quetzales (unos 12,000 dólares) en una semana. Distribuía cocaína y marihuana; y compraba y guardaba pistolas 9 mm, mini Uzis, y muchos AK-47”, relata.
Desde prisión, su homie, un pandillero condenado a 60 años por asesinatos, controlaba las distintas clicas (células de la pandilla) y... sus pasos. “Estoy segura de que sabe lo que hago hoy”, afirma.
Hijos de la pobreza y la violencia
Andrea creció en una barriada del sur de la capital, territorio de Barrio 18, que disputa con la Mara Salvatrucha (MS-13) el control de vecindarios en ciudades y aldeas. Su madre era una conserje muy trabajadora; su padre, un mecánico alcohólico.
“La niñez guatemalteca es presa fácil del crimen. El 95% de los menores en delitos son pobres, con poca educación y familia desintegrada. Las pandillas han hecho de ellos un brazo de la criminalidad”, dice el subsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, Enrique Leal.
Unos 820 niños y adolescentes –un alarmante crecimiento de casi 150% desde 2008– están en cuatro centros de menores, 17% por asesinato, precisó a la agencia AFP.
“Las prisiones están llenas; unos salen, como yo, pero más entran. Hay muchos niños, fáciles de manipular y con mucha necesidad, con 100 quetzales (12 dólares) hacen lo que sea”, se lamenta Andrea, cuyo único hermano escapó a la presión de las pandillas.
El representante de Unicef en Guatemala, el sueco Christian Skoog, señala que “es más fácil para las pandillas convencer a los niños pobres, que no van al colegio y no tienen oportunidades”, en un país con 50% de los menores de cinco años con desnutrición crónica y el que dos de cada tres adolescentes no van a la secundaria.
Y es que los delitos de los menores en Guatemala son de alto impacto, coincidieron Skoog y Leal. Un “niño sicario” de 12 años fue captado por una cámara en febrero cuando mataba, de dos tiros en la cabeza, a un taxista. Hace un mes, uno de 14 años mató a balazos a dos mujeres y un bebé en una barriada del oeste de la capital.
Para Leal, la apuesta está en llevar la educación a los centros. Andrea terminó su secundaria encerrada, pero, como muchos, cuando salió, volvió al mismo entorno hostil.
Aunque sin tatuajes visibles, está marcada. “Los nuevos de la pandilla me miran. Los vecinos, los autobuseros me conocen; a los que no, les oculto mi pasado”, confiesa.
Unos 50 homicidios al año en Guatemala son atribuidos a niños, según Unicef. De enero a junio fueron detenidos 889 niños reclutados por el crimen organizado, según el ministro del Interior, Mauricio López.
“A estos niños les fallaron sus figuras primarias y la sociedad, pasaron de víctimas a victimarios”, explica Jacqueline Díaz, sicóloga de menores reclusos, incluida Andrea.
“Presos o muertos”
Sectores de la sociedad y del gobierno creen que las bandas reclutan a niños para sicariato y extorsiones, porque la ley guatemalteca impone a los menores un máximo de seis años de privación de libertad. Hay congresistas que proponen juzgarlos como adultos.
“Eso viola convenciones internacionales de la niñez. La solución no es castigar penalmente, sino rehabilitar, generar oportunidades para los jóvenes”, opina Skoog.
En Guatemala, que sufrió 36 años de guerra, la cultura de la violencia está arraigada, coincidieron Skoog y Leal. A diario hay 16 homicidios y en 2012 murieron violentamente 592 menores.
Jonathan, de 16 años, también del Barrio 18, murió hace unos días en un campo de fútbol bajo las balas de los salvatruchos, en la guerra por territorios en el norte de la capital.
“Tratamos de hacerles ver que en la pandilla su promedio de vida es de 21 años, pero si logran escapar... pueden tener futuro”, asegura Díaz.
Andrea ve a los nuevos niños pandilleros en su colonia y sabe cómo van a terminar: “Presos o muertos”. Mientras lee en su celular un mensaje de texto de su hermano que indaga si está bien, reflexiona que aunque está libre no tiene libertad. Solo sale de casa para ir a la iglesia y a la universidad.
“Ahora veo el daño que hice; mi mamá se rompe el lomo para darme estudio: Voy a ser abogada”, dice convencida, cerrando la plática cuando la lluvia amainó.
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