La resolución que declara la inconstitucionalidad del nombramiento de los generales Munguía Payés y Salinas no sorpresiva ni en sus contenidos ni en su pronunciamiento. Era de conocimiento público que la Sala estudiaba la sentencia; y también que los nombramientos de ambos ahora ex funcionarios eran cuestionables y contrarios al espíritu de los Acuerdos de Paz.
La resolución llega por fin poco antes de que Munguía Payés cumpla dos años en el cargo y en momentos en que el militar, el más controversial de los ministros de seguridad Pública de la posguerra, controla ya los cuatro cuerpos de inteligencia del Estado.
De acuerdo a los comportamientos anteriores, tampoco sería sorpresivo que el presidente de la República y el de la Asamblea Legislativa reaccionen descalificando a los magistrados y continúen sus intentos por desarticular la Sala de lo Constitucional.
Es necesario entonces hacer un llamado a los liderazgos políticos y civiles del país para que acaten la resolución y presionen para evitar que el presidente y los diputados provoquen una crisis institucional por defender a personas y no instituciones.
Es necesario advertir que el desacato a esta sentencia podría tener consecuencias nefastas, no solo por la crisis en que hundiría al Estado el enfrentamiento entre poderes y el desconocimiento de la Constitución, sino porque terminaría dando mayor poder, por la vía de la ilegalidad, a los militares a los que hoy la Sala ha destituido.
Los Acuerdos de Paz modificaron la Constitución prohibiendo que militares ocuparan puestos de seguridad pública y dotaron de carácter civil a la Policía Nacional. Estas modificaciones quedaron consignadas en los artículos 159 y 168. La violación a ellos por parte del presidente e la República, mediante el nombramiento de ambos funcionarios (particularmente el director de la PNC, quien hizo efectiva su baja del Ejército el mismo día de su nombramiento) debió haber sido establecida de manera inmediata. Si algo hay que recriminar a esta sentencia es haberse tardado tanto, cuando la violación a los Acuerdos de Paz y a la propia Constitución era evidente desde el momento mismo del acto.
Si el presidente o cualquier otro funcionario creen que estos artículos constitucionales no se corresponden con las necesidades del país tienen la opción de buscar la vía de la reforma constitucional, que está también establecida claramente.
Nadie puede actuar contrario a la Constitución por no estar de acuerdo con ella. Nadie está por encima de la ley. Ahora, nuevamente, insistimos en que la consolidación institucional y el estricto apego al Estado de Derecho son las únicas vías para que el país avance hacia la paz, la democracia y la justicia. Reiteramos nuestro llamado a todos los sectores a defender la ley y respetar la sentencia.
