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Corte Interamericana ordena a El Salvador permitir intervención médica inmediata en Beatriz

El máximo tribunal de derechos humanos hemisférico dijo que hay 'extrema gravedad' en el caso de Beatriz, la joven embarazada de un feto inviable, a quien la Sala de lo Constitucional salvadoreña denegó un amparo que le habría permitido interrumpir el embarazo que amenaza su vida. La Corte IDH dice que los médicos deben proceder 'sin interferencias' para garantizar el derecho a la vida de Beatriz.


Jueves, 30 de mayo de 2013
Gabriel Labrador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia hemisférica en protección de derechos humanos, ordenó el miércoles al Estado salvadoreño que permita que los especialistas médicos intervengan en favor de una salvadoreña de 22 años embarazada de un feto inviable, para garantizar que se protege su derecho a la vida y a su integridad física y mental.

La resolución de la Corte IDH, de carácter provisional, se produjo unas 12 horas después de que el máximo tribunal constitucional salvadoreño denegara un amparo solicitado por Beatriz, para autorizar a los médicos a su cargo que detuvieran el embarazo que este martes llegó a las 26 semanas.

“La Corte resuelve -se lee en la resolución- requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida protección (...) y de este modo evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la integridad personal y a la salud de la señora B.”

En el desarrollo de la resolución, el tribunal admite que Beatriz puede estar sufriendo daño mental y físico, y además puede estar sometida a condiciones que arriesgan su vida. Asimismo, concluye que, por la información que aportaron al proceso tanto fuentes médicas salvadoreñas como un organismo de la Organización Panamericana de la Salud, el paso del tiempo aumenta el riesgo para la vida de la mujer, que es madre de un niño de un año de edad.

La Corte, que emitió su resolución porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le informó sobre el caso el 27 de mayo, al cabo de 48 horas hizo énfasis en que los médicos que están a cargo de Beatriz son los responsables de ahora en adelante de su situación y que estos no deben temer ser perseguidos penalmente. “El Estado está obligado a garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que corresponda para ejercer plenamente su función de acuerdo a las decisiones que, basadas en la ciencia médica, dicho equipo adopte”, reza la resolución.

El 12 de abril pasado, el Comité Médico del Hospital de Maternidad determinó que lo oportuno era suspender el embarazo por dos razones. Una, porque el feto viene sin cerebro y sin cráneo y, por lo tanto, no es viable fuera del vientre materno. Y la otra es porque el estado de salud de Beatriz es complicado y se agrava a medida que pasa el tiempo. Ambas razones, la Corte las dio como válidas, y de hecho fueron del sustento para su resolución.

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana son instancias del sistema interamericano de derechos humanos instaurado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y al que pertenecen los países de América. Cuando en los países ha habido vulneraciones a los derechos humanos y los sistemas nacionales han sido ineficaces para obtener justicia, los ofendidos pueden elevar los casos al sistema interamericano para su procesamiento judicial. Así es como la Corte IDH ya ha condenado al Estado salvadoreños por violaciones como la masacre de El Mozote de 1981, o la desaparición de las hermanas Serrano Cruz en 1983.

En el caso de Beatriz, lo que la Corte ha emitido no es una sentencia condenatoria sino medidas provisionales para garantizar que se protege derechos humanos que pueden estar en violación flagrante, y dado que, según los jueces interamericanos, la justicia salvadoreña no ha respondido con prontitud y la denegación de la Sala de lo Constitucional del amparo pedido por Beatriz no responde a la necesidad probada de la mujer de que se le tutele sus derechos fundamentales.

Con las medidas provisionales, la Corte Interamericana refrendó que son los médicos del hospital de Maternidad los que tienen la potestad de intervenir a Beatriz en el momento más idóneo para garantizarle la vida y la integridad física y sicológica. “El hecho de que no se pueda predecir si la señora B. Continuará estable o si en cualquier momento puede producirse una crisis que le generé una emergencia médica comprueba que es urgente y necesario tomar medidas que impidan afectar sus derechos a la vida y a la integridad personal”, escribió la Corte.  

Al igual que como lo estableció la Sala de lo Constitucional el miércoles, la Corte Interamericana explicó que el peligro de muerte de Beatriz es una situación a futuro, no actual, pero que es incierto cuándo podría entrar en crisis y que solo eso ya vuelve necesario que su vida y su integridad -como lo establecen los artículos 5 y 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por El Salvador- sean protegidas de toda violación. Además, acepta que dejar pasar el tiempo supone un aumento de las posibilidades de vulneración de los derechos de Beatriz. “El paso del tiempo podría tener una incidencia en el riesgo de la vida e integridad de la señora B.”, sostuvo la Corte, amparada en las conclusiones a las que llegó la misma Sala Constitucional y la Organización Panamericana de la Salud a la cual la Corte pidió opinión.

La resolución de la Corte consiste en la emisión de medidas provisionales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño y que, en términos generales, ordenan que se le garantice a Beatriz su derecho a la vida y a la integridad física a través de un tratamiento médico vigilante, idóneo y que se dé a tiempo.

Los médicos de Maternidad, quienes fueron demandados con el amparo que presentaron los apoderados de Beatriz, el 11 de abril, no han intervenido a la joven debido a la prohibición absoluta a la práctica del aborto en el país. “A pesar de nuestra conclusión de interrumpir el embarazo, conocemos las leyes de nuestro país”, escribían los médicos en su conclusión el 12 de abril, un día después de que fueran demandados en el amparo.

El Ministerio de Salud no se había pronunciado hasta las 9:30 p.m. de este jueves sobre la resolución de la Corte Interamericana que, algunos, interpretaron como una clara orden a El Salvador para que practique la suspensión del embarazo a Beatriz de manera inmediata. Así lo leyó, por ejemplo, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), un organismo de derechos humanos que, como querellante ante el sistema interamericano, ha logrado varias condenas contra El Salvador en casos de violaciones a los derechos humanos.l

Este jueves, solo unas horas antes de que se hiciera pública la resolución de la Corte IDH, la ministra María Isabel Rodríguez aseguró que el Hospital de Maternidad la intervendría en el momento indicado y que se preparaban para eso, después de conocer la denegatoria de la Sala de lo Constitucional al amparo pedido en abril pasado.

Los apoderados de Beatriz -la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico- habían montado una conferencia con el objetivo de reaccionar ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la conferencia tuvo un retraso porque habían sido notificados de la resolución de la Corte Interamericana. Al respecto, el abogado Vícto Hugo Mata hizo una doble lectura. En lo positivo, Mata dijo que que la instancia internacional había invitado a la acción a los médicos. “Es algo que los doctores debieron haber hecho hace mucho tiempo, solo que en aquel momento no había tantos factores de riesgo como los hay ahora”.

Como parte de su evaluación negativa, la Agrupación Ciudadana indicó que en el país sigue habiendo un vacío legal en cuanto a cómo debe intervenirse a las mujeres que estén en peligro de muerte y que, por esa razón, deban interrumpir el embarazo.

Otro punto que para la Corte sí logró acreditarse es el hecho de que sí puede haber daños irreparables en Beatriz, no solo en términos sicológicos si no también físicios. El peor de ellos es la muerte, concluyó la Corte, y los menos graves son el sufrir una “hemorragia obstétrica grave, un agravamiento del lupus, un empeoramiento de su falla renal, una pre eclampia grave y formas complicadas de la misma como una crisis hipertensiva, un derrame cerebral o una trombosis arterial”.

También a nivel sicológico ha habido daños y podría haberlos más, dice la Corte. Los jueces interamericanos establecieron como verdad la conclusión a la que arribó el Instituto de Medicina Legal (IML) cuando examinaron a la joven como parte del proceso de amparo contra los doctores del hospital. “Hay una aparición de una sintomatología psicosomática congruente con un estado de tensión emocional, por ello el Tribunal considera que el riesgo a un daño irreparable a la vida e integridad tanto física como mental de la señora B. Se encuentra acreditada en el presente asunto”.

A mediados de abril, al admitir la demanda de amparo, la Sala de lo Constitucional salvadoreña ordenó que se protegiera la identidad de Beatriz y que no se divulgara ni su imagen ni su nombre completo. Sin embargo, el nombre de la joven fue divulgado por el Ministerio de Salud por medio de la red social Twitter.

Consultado sobre cómo debería proceder el cuerpo médico a partir del llamado de la Corte Interamericana, el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, sugirió que el Comité Médico del Hospital de Maternidad sesione nuevamente para determinar qué hacer. “Pero esta vez yo incluiría a los especialistas en casa una de las enfermedades que padece la paciente. Llamaría al nefrólogo, por ejemplo, para que emita su opinión”, dijo Brizuela, para quien el dictamen que los médicos emitieron el 12 de abril no estaba basado en un riesgo real de muerte.

La Corte dijo que Beatriz tiene libertad de elegir a los médicos de su preferencia para que realicen la intervención.

Ante el pronunciamiento de la Corte, y dado que es la máxima instancia judicial en materia de derechos humanos en el continente, El Salvador debe obedecer sus resoluciones puesto que es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que diseña el sistema interamericano.

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