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Maternidad aclara que no interrumpe embarazo de Beatriz por prohibición de ley

Gabriel Labrador
El Faro / Publicado el 13 de Mayo de 2013
En medicina, una interrupción de embarazo después de las 20 semanas de gestación es un "parto inducido", pero el Código Penal salvadoreño dice que si se interrumpe en cualquier momento entre la concepción y el parto de término, es decir, las 37 semanas, es un aborto, y debe castigarse con cárcel. Por eso los médicos, pese a que Beatriz ya tiene 23 semanas de embarazo de riesgo, dicen que no pueden intervenirla.

Mujeres de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico durante una manifestacion frente a la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril de 2013. Foto Mauro Arias

Mujeres de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico durante una manifestacion frente a la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril de 2013. Foto Mauro Arias

El Ministerio de Salud aclaró que no puede interrumpir el embarazo de la joven Beatriz, de 22 años de edad, debido a que la ley penal salvadoreña prohíbe a los médicos y a las propias mujeres hacerlo en cualquier etapa de la gestación, es decir, entre el instante de la concepción y las 37 semanas de gestación.

El director del hospital de Maternidad, Roberto Sánchez Ochoa, explicó que en ningún caso de fetos con anencefalia, como en el de la paciente conocida como Beatriz, ni en los tres casos registrados en 2012, pudieron intervenir a la madre debido a la prohibición expresa que establece el Código Penal, en su artículo 133. Solo lo hicieron cuando la madre cayó en un riesgo extremo en el que se hizo necesaria la intervención. 

Las autoridades explicaron que por eso han solicitado autorización judicial para intervenir a Beatriz. A eso se suma el recurso de amparo constitucional que interpuso el 11 de abril la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que esta autorizara la interrupción del embarazo. Hasta hoy, la Sala aun no ha emitido la sentencia definitiva, aunque cuando admitió el recurso -un procedimiento formal- ordenó al Instituto de Medicina Legal que practicara exámenes a la paciente.

El dictamen que emitió Medicina Legal, una institución auxiliar de la Corte Suprema, fue interpretado por la Agrupación Ciudadana como un revés porque en él se señalaba que la paciente no estaba en peligro de muerte y que por ende no necesitaba de ninguna interrupción del embarazo, que podía continuar con la gestación hasta dar a luz de manera normal y que era falso que tuviera insuficiencia renal. “Mantener el tratamiento médico conservador, esto es continuar con el embarazo y si hubiese complicación o reactivación de las enfermedades crónicas ya descritas proceder a su finalización por la vía que corresponda; por lo que se requiere que se mantenga ingresada en un centro hospitalario de tercer nivel”, recomendó el IML.

“Con igual énfasis debe quedar consignado que —a la fecha— no existe evidencia clínica de una insuficiencia renal y, por ende, tampoco de un estado que comprometa su vida", agregó la institución, con lo que desmintió la versión del Ministerio de Salud, que había informado que el lupus había provocado insuficiencia renal en la mujer madre de un niño de un año de edad.

El viernes, Salud respondió a los hallazgos de Medicina Legal. “Zapatero a tus zapatos, si yo soy ortopeda no puedo emitir opinión de ginecología”, dijo el médico Roberto Sánchez Ochoa, director del Hospital de Maternidad, en alusión al titluar del IML, Miguel Fortín, quien es especialista en siquiatría.

La ministra María Isabel Rodriguez acuerpó la crítica: “No podemos creer en un dictamen de alguien que ya ha manifestado una operación en ese sentido previamente, es una presión ideológica. Es burdo, grosero y no puedo creer en un criterio de alguien como él. Confío en la institución especializada de este hospital”, dijo la ministra de Salud, en referencia a Maternidad, donde Beatriz ha estado en control médico.

Para la ministra y el director de Maternidad, pese a que la paciente Beatriz está estable, el riesgo de complicaciones existe, y solo en ese caso podrían intervenir para evitar la muerte. “Por la experiencia en su primer embarazo podemos decir que ella podría entrar en crisis entre la semana 26 y 28. Eso fue lo que ocurrió y por eso su primer hijo nació muy prematuro”, señaló Sánchez. Expertos de Naciones Unidas se han pronunciado sobre el caso Beatriz y han calificado la espera en la que se encuentra la joven como "inhumana, degradante, cruel y un sufrimiento". 

Beatriz, de 22 años, oriunda de Jiquilisco, tiene 23 semanas de embarazo y ha dicho que su deseo no es abortar, que su deseo es vivir para su otro hijo, ya que tiene claro que al que lleva en su vientre no tiene posibilidades de sobrevivir más allá de unas horas al nacer, ya que carece de cerebro. En Maternidad, donde está ingresada desde hace casi un mes, el equipo de médicos de más alta jerarquía determinó que había que interrumpir la gestación cuando tenía 13 semanas, sin embargo, el Código Penal ata de manos a los médicos para efectuar cualquier cirugía. "Siempre se trata de un aborto, no importa el tiempo de la gestación”, dijo Sánchez, en referencia a la ley penal.

Beatriz tiene lupus, y su salud se ha complicado a tal magnitud que desde hace casi un mes está ingresada en el hospital. Los médicos la mantienen estable pero, como explicó Sánchez, su caso puede empeorar en cualquier momento y hacer una intervención en esas condiciones complicaría la situación. “Ella tiene que estar estable, como ahorita, en un caso de crisis es más complicado y hay más riesgo”, dijo el médico.

“No me pregunte por qué la ley penal dice eso, no sé si quienes aprobaron esa ley fueron mal asesorados o qué fue lo que pasó, pero el Código Penal así fue reformado en 1997 y por eso no podemos intervenir”, dijo el director de Maternidad.

La Red Familia y la Fundación Sí a la Vida, dos organizaciones conservadoras que condenan cualquier tipo de interrupción del embarazo, se pronunciaron hace un mes para invitar a Beatriz a que esperara a tener 20 semanas de embarazo para que se le pudiera practicar un parto inducido. Con la aclaración que hizo este viernes el director de Maternidad, ni esa opción es viable y por eso, como reveló la ministra de Salud, hasta han contemplado la posibilidad de que Beatriz sea llevada al extranjero.

“Ella es dueña de su cuerpo, nadie puede decidir por ella, nadie ni nada puede intervenir en que ella decida hacer el viaje al extranjero. Hemos recibido numerosas ofertas de países y fundaciones que han manifestado su voluntad de ayudarle”, dijo la ministra de Salud, en la conferencia de prensa junto al director del hospital.

Rodríguez explicó que es Beatriz la que aún no se ha pronunciado sobre las ofertas de estos países, pero que ella es la que decidirá en última instancia. “Ese es el camino que queda”, dijo.

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