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Un juicio en la Sudáfrica de América

José Luis Sanz
El Faro / Publicado el 8 de Mayo de 2013

El juicio por genocidio contra Ríos Montt ha logrado que Guatemala debata si la justicia es conveniente y se lance a defender a sus propios monstruos. "Uno, cuando toma decisiones, no espera que suceda esto", dice el exdictador. Y 30 años después de las masacres de ixiles los miedos de un país que se resiste a reconocer los derechos de su mitad indígena se han convertido en el miedo a que, luego de escuchar a un centenar de testigos, un tribunal dicte sentencia.

De pie al fondo de la sala de audiencias, con el sombrero puesto, el codo apoyado en un barandal de madera y la vista en el suelo, Domingo Velasco espera algo, un autobús, un hervor. Me mira. Le pido que se acerque a mí, aprisionado al otro lado del barandal entre una docena de periodistas agitados por la noticia y volcados en sus teléfonos, y le pregunto:

—Don Domingo, ¿sabe lo que ha pasado?

Él me mira a los ojos sin alterar el gesto. A sus 50 años parece haber cargado con esa ancha mandíbula apretada y esa piel de madera desde los 15. Calla unos segundos, como si le sobrara paciencia.

—No.

—Han anulado el juicio. El juicio no vale. Hay que hacerlo de nuevo. Todo otra vez. Todos los testimonios. Y todo lo que hicieron ustedes durante el último año.

—Sí.

Sí, pero no. Todavía no ha entendido. Ni él ni las 20 mujeres ixiles que, a su izquierda, ocupan las últimas filas de sillas en el salón o permanecen sentadas en el suelo. Hace dos minutos una jueza de instrucción, Carol Patricia Flores, ha resuelto que el proceso por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt y su exjefe de inteligencia, el también general retirado José Mauricio Rodríguez, acusados del asesinato de un mínimo de 1,771 indígenas ixiles y del desplazamiento forzoso de más de 29,000 entre 1982 y 1983, tiene vicios de origen y debe reiniciarse.

Habrá un nuevo juicio en un futuro, tal vez. Pero mientras tanto, una jueza dice que debe archivarse que un hombre vio a un soldado extraer a cuchillo un bebé ixil del vientre de su madre y estrellarlo contra un árbol. Debe archivarse el código de identificación de cada osamenta, el lugar en el que fue encontrada, el nombre al que pertenecían ese cráneo, esa tibia fría, esas costillas. En el mejor de los casos, las mujeres ixiles que en los días previos han contado en público, frente a las cámaras de televisión, cómo las violaba el ejército, un soldado, y otro, y otro, cómo vieron a cuatro hombres de uniforme penetrar a una niña de siete años hasta matarla, tendrán que regresar y contarlo de nuevo, palabra por palabra y recuerdo por recuerdo. En el peor, cualquier tropiezo o excusa podría hacer que el camino andado no se vuelva a recorrer, que el juicio contra Ríos Montt, que en las últimas semanas ha conmocionado al mundo como muestra de una Guatemala que sale de su propia oscuridad y encara sus fantasmas, pase a la historia como un espejismo inútil.

El fiscal denuncia de inmediato que la resolución es “una bofetada en la cara de las víctimas”. Pero en los juzgados de Guatemala, un país en el que sobreviven 22 lenguas mayas, esta sala no tiene sistema de traducción simultánea, y las víctimas -Domingo y la veintena de mujeres a su lado- llegadas desde diversas aldeas y municipios del departamento del Quiché, a un mínimo de seis horas por carretera, solo para estar aquí, le escuchan sin entender igual que han escuchado la resolución de la jueza sin entenderla. Por eso parecen seguir esperando que ocurra algo.

El juicio de los ixiles contra los jefes de los jefes de sus asesinos, el juicio de Domingo Velasco y las mujeres a su lado, acaba de ser abortado. Y a ellos no se los ha dicho nadie.

***

Hasta que el día 18 de abril la jueza Carol Patricia Flores decretó provisionalmente la nulidad del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez, en Guatemala parecía ejecutarse un ejercicio perfecto de funambulismo, de esos que parecen imposibles y en los que poner un pie delante de otro, simplemente caminar, asemeja a una danza. Hace pocos años el país parecía hundido irremediablemente en el fango de la corrupción institucional: comandos armados entraban a una cárcel para ejecutar a testigos, se descubrían micrófonos ocultos en el despacho del presidente de la República, y tuvo que instalarse una comisión de Naciones Unidas, la CICIG, para que operara como una Fiscalía especial independiente y saneara el sistema de justicia. Pero ahora Guatemala lograba lo que nadie en Centroamérica: sentar en el banquillo de los acusados a uno de sus exdictadores, al más sangriento y poderoso de todos los que pasaron por su historia reciente. Y aún más, le acusaba de genocidio, en un desafío mayúsculo a la enquistada tradición racista del país.

Durante casi un mes, desde el 19 de marzo, un tribunal presidido por otra jueza, Yassmín Barrios, había escuchado a más de 100 testigos y decenas de peritos, la mayoría de la acusación, y había hecho desfilar ante los ojos y oídos del dictador el relato y las imágenes de los crímenes cometidos por su ejército. Cuando la jueza Flores decidió interponerse y decretó la anulación, basada en una interpretración estrafalaria de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que se refería a una recusación contra ella hecha tiempo atrás, el juicio estaba a solo dos días de quedar visto para sentencia.

Llegar hasta ahí había sido el fruto de 30 años de no olvido por parte de las víctimas y una década y media de trabajo jurídico de dos organizaciones civiles: el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), pero también de una coyuntura política, si no propicia, sí al menos lo suficientemente compleja como para que un juicio tan incómodo para las élites guatemaltecas como este se haya deslizado entre sus resquicios.

En lo institucional, la CICIG y cierta voluntad política de los últimos gobiernos ha hecho posible desde 2010 un proceso de institucionalización del Ministerio Público y ciertos juzgados especiales que ha empedrado un estrecho camino de independencia en medio del generalmente corrupto sistema judicial guatemalteco. Con la fiscal general Claudia Paz y Paz como figura símbolo, un puñado de fiscales y jueces han resuelto casos por crímenes de guerra y crimen organizado impensables en otros países de Centroamérica, al tiempo que elevaban del 5 % al 30 % el número de casos de homicidio resueltos con una condena en la capital del país, una hazaña única en la región más violenta del mundo.

Gustavo Berganza, un veterano periodista y columnista conocedor como pocos de los entresijos del poder en Guatemala, da sin embargo más importancia a la creciente diversificación del poder económico local. “Desde 1986 se han instaurado nuevos sectores de poder empresarial no ligados a la oligarquía tradicional representada en el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras)”, asegura. “No son menos excluyentes que ellos, e incluso algunos se nutren del crimen organizado, pero el hecho es que disputan a los tradicionales los vínculos con el Estado y los espacios de poder”.

En una entrevista concedida al periódico Plaza Pública en junio de 2011, Edgar Gutiérrez, excanciller y uno de los analistas de referencia en lo que toca a las estructuras de poder -legal e ilegal- de Guatemala, ya adelantaba: “Es la primera vez, durante el periodo democrático, que veo a los grupos tradicionales en segunda fila en un proceso electoral.” Gutiérrez preveía ya entonces que el vínculo de los empresarios con el actual presidente de la república, el general retirado Otto Pérez Molina, no iba a ser sólido. Otra grieta, otro resquicio.

“A eso hay que añadir que el de Pérez Molina no es, como podría parecer, un gobierno del ejército, sino de un grupo de exmilitares, y en Guatemala hay varios grupos de ese tipo”, dice Berganza.

Helen Mack, que desde que entre 1990 y 2004 logró encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de su hermana Myrna se ha convertido en una de las personas mejor conocedoras de la estructura militar en Guatemala y de las más visibles defensoras de derechos humanos en el país, apuntala esa idea: “A los militares de este país los une la ideología, pero les separan los intereses económicos, en muchos casos ligados a la corrupción”. “Y también es cierto que los militares perdieron una parte de su poder después de los Acuerdos de Paz”, dice Mack, que coincide en que al juicio le han ayudado las dividiones y la pérdida de peso político de los sectores militares que protagonizaron la guerra en los 80 y de los grupos económicos que la financiaron y podrían sentirse interpelados por las acusaciones contra Ríos Montt.

“Pero en todo caso mi interpretación es otra”, dice Mack. “Creo que se impuso la arrogancia y la prepotencia de quienes siempre han vivido en la impunidad. Los sectores militares y económicos decidieron en un principio sacrificar a Ríos Montt, pensando que, si se le condena la búsqueda de culpables no les alcanzará a ellos.”

***

—¡Qué bueno que el proceso regrese adonde tenía que ser! ¡Y lo que deben de hacer con los indígenas es sacarlos de Guatemala, porque no están haciendo nada por los guatemaltecos, únicamente nos están enfrentando!

A las 4:45 de la tarde del 18 de abril, una hora después de la anulación del juicio, la emisora Sonora FM, propiedad del magnate de la televisión y la radio Ángel González, uno de los hombres más ricos de América Latina, tiene abiertos los teléfonos para que sus oyentes opinen y voten a favor o en contra de la decisión de la jueza Flores. Con voz solemne de un narrador deportivo, Arnulfo Agustín Guzmán , el director de la emisora en persona, responde las llamadas.

—Gracias. Seis a uno... ¿Buenas tardes?

—Licenciado Arnulfo, habla el abogado penalista guatemalteco Harry Samayoa Hardy, a sus órdenes... Esto es lo único que se podía esperar en vista de los grandes vicios que se dieron durante las audiencias de debate. Yo creo que la jueza de primera instancia actuó apegada a derecho porque no es posible que el Estado combata el delito cometiendo delitos. Muchas gracias. 

—Siete a uno. Faltan dos llamadas para completar las diez. ¿Buenas tardes? 

—¿Aló? ¿Buenas tardes? ¿Don Arnulfo? Gracias a Dios que cayó ese juicio porque los guerrilleros nos tienen de rodillas a todos. Gracias por ese fallo que dio esa jueza y que no hubo genocidio en Guatemala. Muchas gracias. 

—Gracias, vamos ocho a uno. Vamos por la décima llamada. 

—La mentira prima mientras la verdad no prevalece. No puede ser que una guerra en la que hubo dos bandos, ahora los perdedores estén cobrando revancha. Bendito sea Dios y ¡que viva mi general!

***

Efraín Ríos Montt ha vivido en 86 años varias vidas, y hubo un tiempo en el que, aunque hoy cueste creerlo, se le consideró un progresista.

En los meses previos a las elecciones presidenciales del 3 de marzo de 1974, en las que el presidente y general Carlos Arana Osorio planeaba legar el poder a su ministro de Defensa Kjell Eugenio Laugerud, las fuerzas democráticas moderadas que sobrevivían en Guatemala evaluaron sus opciones reales de victoria en un tablero evidentemente disparejo después de dos décadas ininterrumpidas de gobiernos militares y con un conflicto armado en marcha. Concluyeron que su única maniobra posible era, como ya habían hecho en 1970, llevar como candidato, a modo de cuña del mismo palo, a un militar. Ríos Montt había ascendido el año anterior a jefe del Estado Mayor, tenía fama de librepensador y ejercía un liderazgo innegable en el ejército.

Tentado por la candidatura que le ofrecían, entre otros partidos, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) que ya presidía Vinicio Cerezo -el que sería primer presidente democrático en 1985- y la Unidad Revolucionaria Democrática (URD) de Manuel Colom Argueta -tío de Álvaro Colom, presidente en 2008-, Ríos Montt se dio de baja del ejército para ser candidato del denominado Frente Nacional de Oposición (FNO) y se lanzó a una campaña en la que, según escribieron los corresponsales de la época, insistió en denunciar que las políticas económicas de Arana y su probable sucesor ahogaban a los más desfavorecidos. Laugerud, en respuesta, le acusó varias veces de comunista. Una acusación peligrosa: la Constitución de Guatemala prohibía expresamente el comunismo.

Es ya una verdad histórica que el FNO ganó aquella elección pero un fraude dio como vencedor a Laugerud. Aunque denunció el robo, Ríos Montt no quiso que sus bases desafiaran al régimen en las calles, quizá sabedor de que la represión de Arana -durante su gobierno se estima que 20,000 personas habían sido asesinadas o desaparecidas por el terrorismo de Estado- sería implacable. Acabó aceptando un exilio dorado como agregado militar de Guatemala en la embajada en Madrid.

Aquella derrota política le cambió para siempre. Pasó por el alcoholismo, dejó la religión católica y se hizo evangélico pentecostal. Cuando regresó a Guatemala en 1978 fue para, como un renacido, levantar la Iglesia del Verbo, de la que se hizo pastor. A su iglesia estaba dedicado cuando el 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García con la intención de cambiar el rumbo de la guerra, y necesitó un rostro visible al que colocar al frente del nuevo gobierno.

***

—En el 79 triunfa la revolución sandinista, y luego viene el golpe de Estado en El Salvador, y eso nos hace reflexionar -cuenta Mauricio López Bonilla, subteniente golpista en 1982 y hoy ministro de Gobernación del gobierno de Otto Pérez Molina-. La legitimidad estratégica de esta guerra se estaba colocando del lado de los subversivos y había que sacar al candidato militar de la próxima contienda electoral. Si Lucas hubiera aceptado quitar al candidato militar como se le pidió, no hubiera habido golpe.

—Pero entonces su objetivo no era democratizar, sino cambiar de estrategia contrainsurgente. 

—La realidad socieoeconómica que veíamos en el campo daba una razón de fondo al planteamiento de la guerrilla, así que nosotros mismos estábamos cavando la tumba donde nos iban a enterrar por la ceguera y la tozudez de nuestros generales. ¡Y lo peor es que los generales salieron corriendo de Nicaragua y de El Salvador! ¿Y quiénes íbamos a ser los que nos quedáramos dando la última batalla para luego ser juzgados por tribunales revolucionarios? Los oficiales jóvenes. 

—Eso no encaja con el hecho de que llamaran a Ríos Montt. 

—Se rompe la jerarquía, pero hay que restaurarla rápidamente -explica López Bonilla-. ¿A quién se necesita? A un cuadro político militar. Y el único que llenaba ese perfil era el general José Efraín Ríos Montt. Era un hombre respetado, fue director de la Escuela Militar... y se pensó “los guatemaltecos que votaron por él en el 74 lo van a ver bien”. “Venga para acá, don Efraín”.

Para nadie en el ejército de Guatemala era extraña la figura de Ríos Montt, pero lo era menos aun para Mauricio López Bonilla. Cuando se le pregunta por sus primeros recuerdos del general evoca la noche del 3 de marzo de 1974: el hoy ministro estaba en el instituto de educación básica de la colonia 1° de julio, rodeado de sus compañeros, dirigentes como él de la asociación de estudiantes, esperando los resultados de la votación para celebrar la victoria de Ríos Montt. Allí se enteró del fraude. Tenía 14 años.

En los días que siguieron al fraude, indignado y cargado de la razón que le daban sus incipientes lecturas de Mao, el dirigente estudiantil López Bonilla cuenta que ayudó a preparar los cócteles molotov con los que él y el resto de estudiantes organizados de la capital pretendían defender la decisión de los votos. Le defraudó que Ríos Montt aplacara las ansias de batalla de sus seguidores. “Todos hubieramos salido a la calle para pelear por Ríos Montt, estábamos listos con todo, con molotov y todo lo que hiciera falta”.

Ocho años más tarde, el ya subteniente López Bonilla acabaría formando parte de la llamada “juntita”, una de las juntas de asesores del general Ríos Montt, del hombre cuya victoria democrática quiso defender y al que acababa de ayudar a encumbrar como dictador.

—¿Qué aportó Ríos Montt? -le pregunto en la sala de reuniones de su despacho ministerial en la zona 1 de la capital guatemalteca. López Bonilla habla de la historia con calma y colocándose en la escena, como si, a diferencia de Otto Pérez, no tuviera nada que perder.

—Ríos Montt llega con el pensamiento de que Guatemala tiene que cambiar, con un pensamiento de populismo caudillista, como el de los grandes caudillos de América Latina, y eso significó decirle al sector privado de Guatemala: “Abran la mano porque si no se la van a cortar”. Pero la conspiración en contra del golpe comenzó el mismo 23 de marzo...

—Pero el segundo golpe no lo dan los desplazados por el primero. 

—No, es un retorno a la idea del 82, no completo pero sí ya con toda una planificación, porque Ríos Montt apostaba a perpetuarse en el tiempo. En el ejército había dos corrientes: una que decía “convoquemos a elecciones en seis meses, y se legitima el proceso con una asamblea nacional constituyente”, y otra que decía: “No, esta es la oportunidad de reordenar la institucionalidad del Estado al estilo de Pinochet con los Chicago Boys, y eso implica un mínimo de cuatro años o un período más largo aún". 

—¿Quién resolvió la pugna? 

—Es Ríos Montt el que dice: “La transición tiene que ser política nada más, mientras resolvemos el enfrentamiento armado”. Por eso al año del golpe se institucionaliza el Tribunal Supremo Electoral ya como lo vemos hoy, a los dos años se convoca la Constituyente, al tercero tenemos Constitución, y al cuarto llega el nuevo presidente de la República, un civil.

Antes, López Bonilla ha hecho un amplio recorrido por la historia del siglo XX guatemalteco, reivindicando que el ejército siempre tuvo en su seno una vertiente progresista, que se resistió a la injerencia internacional aun cuando esta era anticomunista. Él, obviamente, se considera heredero de esa corriente. De Efraín Ríos Montt ha dicho que siempre fue “controversial”, “pasional” y “dogmático”: “Decía que los militares éramos sacerdotes de una religión que se llama patriotismo y que nuestro símbolo era la bandera nacional”.

—¿Por qué no dejaron que Ríos Montt condujera esa transición a la democracia?

—Porque estaba desfasado en el tiempo. Él regresó por sus fueros de líder militar y de guía espiritual, y ahí fue donde no encajó. 

—¿Cómo explica que quienes, según cuenta, administraron la transición a la democracia, fueran los mandos militares de la etapa más brutal, de más excesos y violaciones de derechos humanos en toda la guerra guatemalteca? 

—Se explica porque la transición a la democracia era la vía política para eliminar la justificación del movimiento revolucionario, que luchaba por la libertad, por derechos humanos... Una vez no hubiera dictador no había posibilidad de levantamiento. No se trataba de la convicción de la democracia como ejercicio, sino de la democracia como objetivo estratégico para cambiar el marco de la guerra. 

—¿La democracia como estrategia contrainsurgente? 

—Así es. Pero también había que definir la guerra militarmente, en el campo de batalla. 

—¿Las masacres fueron en el campo de batalla? 

—Analiza los excesos: todos sucedieron en el área de una sola organización guerrillera, el EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres). ¿Qué pasó ahí? Que su modelo estratégico involucró a todo el mundo. Los niños eran mensajeros, los jóvenes, hombres y mujeres se preparaban para el combate, la tercera edad fabricaba uniformes y armas, minas... Las familias enteras tenían un propósito revolucionario. El juicio histórico de la guerra tiene que ir sobre la responsabilidad no solo de quienes entraron a reprimir, sino de los que con un concepto ideológico pusieron a la gente entre dos fuegos. La otras fuerzas guerrilleras, ORPA y las FAR, protegieron a su organización clandestina, el EGP la develó.

***

Durante los 17 meses del gobierno militar de Efraín Ríos Montt se cometieron más de la mitad de las masacres y violaciones de derechos humanos registradas en los 36 años que duró la guerra interna en Guatemala. Según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), coordinado por Naciones Unidas y presentado en 1999, un 81 % del total de violaciones de derechos humanos en el conflicto se dieron entre 1981 y 1983. El 93 % las cometió el Estado guatemalteco, ya fuera a través del ejército o por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil, las PAC, que a menudo se nutrían del reclutamiento forzoso. Se estima que durante el efímero mandato de Ríos Montt se ejecutó extrajudicialmente a alrededor de 10,000 personas y se aniquiló totalmente 448 aldeas.

Esa brutalidad, parte de una política de tierra arrasada que forzó el desplazamiento y desarraigo de decenas de miles de personas principalmente en el departamento del Quiché, tuvo en cierto modo éxito desde el punto de vista militar y asentó en parte de la población la idea de que Ríos Montt había salvado al país del comunismo. A fines de 1983 el ejército, con el respaldo de terratenientes que ofrecieron sus fincas para ubicar en ellas destacamentos militares, prestaron sus avionetas para operaciones de ataque y financiaron políticas gubernamentales, había recuperado la iniciativa en el conflicto y debilitado a la guerrilla a unos límites de los que no se volvería a recuperar.

A pesar de ello, el mesianismo del general deterioró rápidamente la relación con sus propios oficiales, algunos de los cuales, en un ejército atravesado por fuertes recelos intergeneracionales, desafiaron su autoridad desde el mismo momento en que llegó al gobierno. Documentos desclasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos revelan que uno de los primeros en recibir castigo por ello fue un mayor cuya enemistad con el general Ríos Montt se alimentó con los años y sobrevive hasta nuestros días: Otto Pérez Molina.

30 años después, en el gobierno de Pérez Molina es evidente la presencia de exmilitares en puestos clave. Se puede hacer un recorrido por buena parte de las instituciones del ramo de seguridad, por ejemplo, saltando de una boina kaibil a otra desde el despacho del ministro de Gobernación hasta llegar al escritorio del director de una cárcel de máxima seguridad. Pero eso no quiere decir que el actual gobierno de Guatemala simpatice ni se sienta comprometido con la suerte jurídica del general retirado.

En sus apariciones semanales en televisión -la Guatemala clasista le bautizó con sorna como “la muchacha”, porque salía los domingos- Ríos Montt solía repetir una norma que se convirtió en lema: “no robar, no mentir, no abusar”, y llegó a predicar sobre asuntos como la infidelidad, con una carga abiertamente moralista. Paradójicamente, y pese a esa obsesión pastoral, su tensión creciente con la Iglesia Católica, a la que consideraba cercana a la teología de la liberación y que ya desde el gobierno de Lucas se sentía perseguida por el ejército en departamentos como Quiché -monseñor Gerardi había tenido que abandonar aquella diócesis en 1980-, tampoco ayudó a su relación con los sectores más conservadores del país.

El 8 de agosto de 1983 su propio ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Victores, encabezó un nuevo golpe de Estado que derrocó a Efraín Ríos Montt y terminó definitivamente con su vida militar. El periodista Gustavo Berganza recurre a este hecho para cuestionar que Ríos Montt tuviera el férreo control del ejército que él mismo en su momento, la historia oficial, y la acusación en el juicio, le atribuyen. “¿Controlar el ejército? ¡Pero si le dieron un golpe de Estado!”, apunta Berganza. “Él no tenía el control del país que, por ejemplo, tenía Pinochet, pero está preso en su propia trampa: no puede desmentirse a sí mismo cuando dijo que era la autoridad máxima; y por espíritu de cuerpo, por su propio concepto de lealtad, no va a señalar a sus compañeros de armas, tan responsables o más que él en lo sucedido”.

La relación de Ríos Montt con el sector privado guatemalteco también salió dañada de su etapa de gobierno, principalmente por su insistencia en implantar una reforma fiscal que incluía un impuesto especial para costear la lucha contrainsurgente, y por su populista mensaje antioligárquico, que se haría más palpable en su carrera política posterior al derrocamiento. Si en 1983 llegó a decir que en Guatemala solo existían “los explotados y los explotadores”, después de fundar en 1989 -ya en democracia- su propio partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la confrontación con la organización empresarial más fuerte del país, el CACIF, se hizo habitual.

La pérdida de aliados en las estructuras tradicionales de poder no impidió, sin embargo, que Efraín Ríos Montt viviera todavía una tercera juventud política al frente del FRG, primero como diputado y después como presidente del Congreso, que culminó en 1999 con la llegada a la presidencia de su candidato, Alfonso Portillo. Aun hoy, quienes defienden la inocencia del general retirado apelan a su popularidad en un sector de la población indígena del Quiché, y los altos niveles de votación que entre 1991 y 2008 logró incluso entre la población ixil, para descartar que sea un genocida.

Helen Mack lo explica: “En Quiché muchos dicen que les dio la paz, porque al llegar al poder en el 82 concedió una amnistía y permitió el regreso de los desplazados, aunque aquello fuera para recluirlos en lo que después llamaron las ʻaldeas modeloʼ. Hay indígenas que solo recuerdan que en ese momento, para ellos, cesó la persecución”. Ríos Montt, con sus políticas, dividió a los indígenas del Quiché en dos bandos: los que aceptaron estar con él, bajo su control y tutela, y el resto, a los que el Ejército consideró en adelante base de la guerrilla.

Confiado en su propia historia, el exdictador en persona compitió en las elecciones de 2003, pero apenas alcanzó un poco memorable tercer puesto. Después, el lento declive de su partido, que en las elecciones de 2011 solo logró dos diputados, ha ido desnudando la nueva fragilidad política de Ríos Montt, desplazado en el campo por nuevos clientelismos, sin fuero legislativo desde enero de 2012 y rodeado de los enemigos que se ha granjeado en sus múltiples vidas.

Felipe Bosch, perteneciente a una de las familias más poderosas de Guatemala, fue presidente del CACIF durante el gobierno de Alfonso Portillo, la etapa en la que Ríos Montt acumuló más poder después de los 80. Sus choques con ambos fueron constantes, especialmente por los intentos de reforma fiscal de aquel gobierno, y Portillo llegó incluso a acusarle de conspirar para derrocarle mediante un golpe de Estado. El empresario no conserva de aquella época simpatía alguna por ninguno de los dos personajes. Más bien lo contrario. En lo referente al juicio, sin embargo, trata de ser prudente:

—Hay que buscar a las víctimas y darles nombre y dignidad, pero sin llevar los temas al más alto grado de ebullición -dice-. La cuestión es cómo juzgar sin debilitar al país. Ahí juega la responsabilidad de los jueces. Lo estamos viendo en Argentina -añade, sentado ante una enorme mesa de madera, de cara al ventanal del piso 11 de un edificio de oficinas-. Hoy se juzga a un general, y se le condena, y eso es una victoria para un grupo que dice ¿cuál es la próxima? Y puede ser incluso el presidente. Y pongamos que comprueban que sí participó. Y los siguientes pueden ser quienes lo apoyaron... ¿Y quiénes fueron? Los empresarios del sector agrícola. Y todos los dedos van a empezar a apuntar al sector empresarial. Y entonces los empresarios se van a defender... Aún estamos a tiempo de parar eso.

—Eso suena a defensa gremial. ¿Es eso un problema si solo se condena a quien sea culpable? 

—Lo malo es volver a abrir la olla de grillos. Ahí vas a encontrar de todo. ¿Dónde parar entonces? Eso puede volver a una guerra que esta vez sería más violenta. 

—¿Y si un empresario fue cómplice de masacres o encubrió asesinatos de niños, por ejemplo? 

—Que lo condenen... pero si eso sigue podemos acabar en las armas de nuevo. ¿No acabó ya la guerra? 

—¿Dónde está el polvorín del asunto? 

—En la acusación de genocidio. Si un general hizo algo, que lo condenen, pero aquí no solo se está juzgando a Ríos Montt; se está juzgando internacionalmente al país. E incluso hay que pensar que si ahora tenemos país fue en parte por Ríos Montt. No hay que olvidar que por lo que pasó, por lo que se hizo, no llegamos a ser una Cuba.

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