Antigua Guatemala, GUATEMALA. La Organización de Estados Americanos (OEA) inicia el martes 4 de junio el 43 período de sesiones de su Asamblea General, en Guatemala, por primera vez centrada en el debate de alternativas a la guerra contra las drogas, incluida la polémica legalización.
A 45 kilómetros al suroeste de la capital, la colonial Antigua Guatemala albergará las discusiones de cancilleres o delegados de 34 países miembros activos de la OEA bajo el tema 'Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas', aunque también sobre actualidad política y las reformas de la CIDH.
'Estamos abriendo la discusión (sobre las drogas); eso no se había logrado antes. Esperamos recibir las posturas de todos los países americanos', declaró el presidente guatemalteco Otto Pérez, tras reunirse este fin de semana con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en Ciudad de Guatemala.
Insulza entregó a Pérez un estudio, elaborado por expertos a petición de la OEA, sobre el problema de las drogas en el continente y nuevos enfoques de lucha, el cual fue presentado en mayo en Colombia y servirá de base en las discusiones en Guatemala.
Estados Unidos, mayor consumidor mundial de cocaína, enviará una delegación encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acompañado del subsecretario adjunto para la lucha contra las drogas, William Brownfield, y el zar antidrogas, Gil Kerlikowske.
Nuevos escenarios
La OEA plantea el reto de avanzar hacia un consenso en América -donde ubica al 45% de los consumidores de cocaína del mundo- sobre el futuro de la política antidrogas, luego de que países como Guatemala, Colombia, Uruguay, México han pedido cambios en la estrategia impulsada por Washington desde hace unas cuatro décadas.
El organismo preparó el voluminoso estudio, por mandato de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en Cartagena (Colombia), que acogió la iniciativa, precisamente de Guatemala, de estudiar opciones más efectivas de lucha antidrogas.
'Será una plataforma de discusión y donde se llegue a un acuerdo para ver qué organismo dará seguimiento al estudio', declaró Insulza, quien se reunirá el lunes con grupos de la sociedad civil guatemalteca.
El estudio, que Insulza entregó el 17 de mayo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, -quien canceló su asistencia a la Asamblea por problemas de agenda-, esbozó varios escenarios, como la despenalización, comenzando con el consumo de marihuana; el fortalecimiento de la seguridad y las instituciones, y la salud pública.
Justamente, la legalización de la marihuana gana terreno en América, ya es legal para fines medicinales en una decena de estados estadounidenses -Colorado y Washington aprobaron el consumo recreativo-, y en Uruguay se pretende legalizar la distribución.
Al criticar el informe, Brownfield rechazó que la despenalización sea el camino frente al flagelo. 'Ninguna entidad internacional va a dictar la legalización', afirmó.
Washington rechazó de plano la propuesta de despenalización lanzada por Pérez en febrero de 2012. Pero gobiernos de la región aceptaron buscar alternativas, tras admitir que la guerra antidrogas ha fracasado y deja decenas de miles de muertos, en los últimos años sobre todo en México y Centroamérica.
'El informe es un paso importante, debe trascender y los países deberán darle seguimiento después de este encuentro', dijo Pérez, quien espera para la cita a los mandatarios Laura Chinchilla (Costa Rica) y Danilo Medina (República Dominicana).
El futuro de la CIDH
Sobre el tapete estaría también la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muy criticada por Caracas y sus aliados (Ecuador, Bolivia, Nicaragua), que la acusan de supeditarse a intereses estadounidenses.
Los cancilleres conocerán las conclusiones de una reunión en mayo en Bolivia, en la que delegados de 23 países acordaron dar continuidad a la propuesta de cambiar la sede de la CIDH, actualmente en Washington.
Por otra parte, Insulza señaló que 'no hay mucho ambiente' para se aborde en Antigua la crisis política en Venezuela, donde la oposición acusa de fraude electoral al presidente Nicolás Maduro.
Además, Bolivia decidió excluir su reclamo marítimo de la agenda de la Asamblea por estar en trámite una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia.
Un millar de policías y soldados vigilarán los sitios estratégicos de la Asamblea y a las delegaciones, 28 encabezadas por cancilleres, según el canciller guatemalteco, Fernando Carrera.
La Asamblea será inaugurada la noche del martes y sesionará en un antiguo monasterio dominico convertido en hotel en la turística Antigua.
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