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Guatemala

El fin de la mentira ixil

José Luis Sanz
El Faro / Publicado el 13 de Mayo de 2013
Por 30 años, Guatemala llamó mentirosos a los ixiles cuando denunciaban el genocidio, las masacres y la obcecada persecución del ejército en su contra. El viernes, una sentencia histórica no solo condenó a Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por los crímenes durante su gobierno: también abrió la puerta a una nueva verdad histórica sobre lo sucedido en el Quiché.

La tarde de su condena por genocida, a Efraín Ríos Montt le recibieron en la sala de audiencias con aplausos y gritos de viva Guatemala. No eran aún las 4 y una treintena de familiares y seguidores se soltó a vitorearle en su camino al banquillo. Nunca, en ninguno de los días del juicio, había tenido el anciano exdictador tanto respaldo en la sala, a 30 personas arropándolo. Los aplausos solo tardaron unos segundos en quedar sepultados bajo un breve pero eficaz manto de abucheos. La mayor parte de las 500 personas que abarrotaban el salón, las que ocupaban asientos, gradas y pasillos, las decenas reunidas en la plaza que se abre frente al edificio de la Corte Suprema de Guatemala con ganas frustradas de entrar, estaban allí para condenar a Ríos Montt.

Miente quien diga que la tarde del viernes 10 de mayo no esperaba una condena. Los mismos defensores del general retirado la habían anunciado el día antes, en su caso como una supuesta prueba de prejuicio del tribunal, de injusticia. Durante semanas habían denunciado que el proceso era “un linchamiento jurídico” y que la sentencia contra Ríos Montt, gobernante de facto en Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y contra su exjefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados ambos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya estaba escrita. Y habían anticipado la intención de apelarla.

Los partidarios del castigo lo consideraban, en cambio, una consecuencia lógica de la avalancha de testimonios, pruebas y peritajes presentados por los acusadores para probar que la muerte de más de 1,770 indígenas ixiles, el desplazamiento de decenas de miles, y su persecución y tortura con la excusa de su supuesta vinculación con la guerrilla, constituían un plan de exterminio. En más de un mes de juicio, la defensa se había mostrado torpe en la sala de audiencias, aunque agresiva en los pasillos de las cortes de apelaciones; había estado más interesada en frenar el juicio o anularlo que en probar la inocencia de sus defendidos. Durante las últimas tres semanas había logrado constantes suspensiones del juicio, que en algún momento pareció estar herido de muerte. Pero no. En tres días la jueza Yassmín Barrios había esquivado trabas legales, precipitado el fin del debate público y dejado el caso visto para sentencia.

Barrios ya tenía como credencial de carácter el haber condenado en 2001 a los asesinos del obispo Juan Gerardi, y había demostrado desde el inicio del juicio el 19 de marzo un evidente interés en escuchar testimonios y dictar sentencia lo antes posible. Enzarzada en una batalla personal contra los intereses políticos opuestos por años a la tesis histórica del genocidio, que ahora trataban junto a la defensa de detener el juicio, en las últimas jornadas la jueza había interpretado de forma claramente restrictiva cada posición de la Corte de Constitucionalidad o cada derecho de los acusados y sus abogados que pudiera implicar una nueva suspensión. Ninguna de las posibles razones -apegadas a la ética y al derecho o no- a las que se pudiera atribuir al deseo de Barrios por dictar sentencia favorecían al exdictador.

Por eso la mayoría de los presentes en esa sala el viernes 10 a las 4 de la tarde se sabían parte de un pedazo de historia. Y ansiaban ver el gesto del general en el momento preciso en que por fin escuchara la sentencia. Pero una cerrada barrera de fotógrafos volcados al acecho de ese mismo morbo ocultó desde el primer minuto a Ríos Montt y a sus abogados, y el público, privado de la tentación del escarnio, sin esa distracción, quedó a solas con las palabras de la jueza, obligado a masticarlas en absoluto silencio como si las escuchara por radio.

La nueva verdad histórica

Barrios comenzó la lectura de la sentencia con ritmo vivo, tras anunciar que se trataba de una versión condensada de la misma y que la sentencia completa se haría llegar a las partes el viernes 17 de mayo. Desde los primeros compases fue obvio que daba por válidas las pruebas y argumentos de la acusación: “... a los ixiles se les estigmatizó para exterminarlos...”; “... el ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada...”; “... se persiguió la creación de un nuevo modelo de indígena...”; “... matarlos de hambre...” La sala permanecía muda. Sentada en la cuarta fila, entre decenas de mujeres ixiles y de otras etnias mayas, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú se frotaba nerviosa las manos, con cierto disimulo, y no dejaba de hacer temblar la pierna derecha. Los labios fruncidos. La mirada al suelo, arriba, de nuevo al suelo...

A las 4:13 de la tarde, tras la detallada enumeración de hechos, Yassmín Barrios afirmó por primera vez en la historia que en Guatemala se había cometido el delito de genocidio. Lo repetiría a las 4:37. Y varias veces más hasta el final de su sentencia. Silencio aún. Solo miradas cruzadas entre quienes, ante el nacimiento de una nueva historia oficial en Guatemala, necesitaban confirmar que habían escuchado bien. Soplidos, miradas, pero ni una palabra. Solo las de Barrios.

Como brotes en ese huerto de tensión, comenzaron a rodar las lágrimas de algunas de las víctimas. Primero una mujer de rostro triste e inmutable, sentada en la cuarta fila justo al lado de Rigoberta Menchú, que le pasó el brazo sobre los hombros; después, un hombre en la fila tercera, sombrero, bastón de autoridad indígena, inclinado hasta casi guardar la cabeza en su saco rojo de líder ixil para intentar secarse con las solapas los ojos, por debajo de las gafas; y otra mujer en la fila siete, y una anciana sentada a tres asientos de la primera. En diferentes puntos de la sala, en desorden, pañuelos, mangas y manos se pusieron a enjugar en movimientos lentos. Ni un sollozo, ni siquiera un gesto de dolor... solo lágrimas calladas. A medida que escuchaban a la jueza describir lo sucedido “... violación para destruir la semilla ixil...”, “... prueba objetiva de la intención de destruir al grupo ixil...”, “... por querer cambiar sus condiciones de vida se les llegó a considerar enemigos...”, y nombrarlo como verdad probada, las víctimas indígenas revivían el dolor de su historia de muerte, tortura, rapto, huida y hambre, y lloraban la alegría de que a partir de ahora nunca nadie en Guatemala pudiera volver a llamarles mentirosos por contarla. “... Siendo el racismo la base para el genocidio...”

En cuidado orden lógico, Barrios fue encajando como piezas los peritajes de la acusación hasta llegar a la afirmación de que Efraín Ríos Montt estaba informado de la estrategia de exterminio que su ejército ejecutaba en las aldeas del área ixil, y recurrió incluso a lo declarado en juicio por un perito de la misma defensa, el general José Luis Quilo Ayuso, para sustentar que el exdictador estaba, desde su despacho en la capital, al mando de esas operaciones. Sentenció que los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía concordaban entre sí, que la mayoría de masacres cometidas por el ejército tenían el mismo patrón de conducta, que lo sucedido “no fue espontáneo sino planificado”.

La versión de la defensa del exdictador, y de buena parte de la élite empresarial del país, y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y del presidente de la república, el también militar Otto Pérez Molina, y del mismo Ríos Montt, empeñados todos ellos en decir una y otra vez que en Guatemala no hubo genocidio, que durante la guerra se habían cometido solo “excesos” aislados imposibles de evitar por las autoridades, se convertía en apócrifa.

Cumplida media hora de lectura ininterrumpida, el silencio entre el público seguía siendo absoluto. Sentada entre varios periodistas, la defensora de derechos humanos Helen Mack mantenía los labios apretados y el gesto concentrado. A su hermana Myrna la asesinaron en 1990 por documentar y denunciar la tragedia de los ixiles. El juicio a Ríos Montt y su gobierno era el juicio a la brutalidad de décadas de gobiernos militares. Mientras, Barrios avanzaba imparable -“... desde su posición podía haber impedido...”, “... la responsabilidad alcanzó al jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt...”, “tuvo conocimiento de todo y no lo detuvo a pesar de tener capacidad para hacerlo...” Apuntalada ya, su siguiente afirmación cayó por su peso: “Consideramos que la conducta del acusado Efraín Ríos Montt se encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, de forma que debe imponerse la condena correspondiente”. Culpable.

Culpable por saber. Culpable por ser, como jefe de Estado, el responsable. Aun dando por posible que Ríos Montt no ordenara expresamente el genocidio, culpable por ampararlo y por no hacer nada para impedirlo.

Eran las 4:44 de la tarde. De forma inexplicable la sala se aferró todavía al silencio. Con gesto compungido Rigoberta Menchú comenzó a buscar miradas en las que apoyarse. Como si se sintiera sola y necesitara ayuda para sobrellevar las emociones que se le agolpaban en el cuerpo 14 años después de haber iniciado ella, ante la Audiencia Nacional de España, el primer proceso por genocidio contra el exdictador en nombre de las mismas víctimas que ahora estaban venciendo en este juicio guatemalteco. Barrios anunció que absolvía a Mauricio Rodríguez por falta de pruebas: “... la duda favorece al reo...” Y hubo entre el público un rumor de descarga. La jueza repitió afirmaciones para referirse al segundo delito imputado, el de crímenes contra la humanidad, o “crímenes contra los deberes de humanidad”, según el Código Penal de Guatemala, y declaró a Ríos Montt de nuevo culpable, y a Rodríguez otra vez inocente.

Los alegatos del abogado de Rodríguez, un día antes, habían sido sólidos, rocosos, centrados en el supuesto carácter consultivo de la figura de Director de Inteligencia dentro de la cadena de mando del ejército y en la falta de pruebas en su contra. El mismo general retirado comentaba una hora antes de la lectura de la sentencia: “No han demostrado que yo haya participado en la elaboración de esos planes ni que yo tuviera mando operativo de las acciones. Pero es que tampoco soy yo el que les importa: la joya de la corona en este juicio es Efraín Ríos Montt”.

Como si la condena no lo significara todo, como si el castigo fuera la verdadera medida de la justicia, fue el anuncio de la pena de cárcel la que desató la respiración de la sala e hizo estallar gritos de “¡Bravo, bravo!” Las víctimas se permitieron, por fin, sonreír, celebrar: “El artículo 376 del Código Penal establece delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables”. Y 30 más por crímenes contra la humanidad. 80 años de cárcel para un hombre que casi tiene 87. Una cifra para sentar precedente.

Y un gesto para no dejar dudas de la decisión de castigar: la anulación de las medidas sustitutivas que, desde que comenzó el juicio en su contra hace más de un año, habían permitido al exdictador permanecer en su casa, bajo arresto domiciliario, en lugar de en una celda. Solo las cámaras de fotos, las de televisión, las de los documentalistas que pretenden firmar la historia de este juicio en sus imágenes, vieron el gesto de Efraín Ríos Montt cuando se oyó culpable. Y solo ellas captaron su reacción cuando escuchó que se ordenaba su detención y su ingreso inmediato a prisión, una medida que muy pocos de sus adversarios esperaban, dada la edad del exgobernante.

Leída la sentencia, Barrios prohibió al condenado salir de la sala hasta que llegaran agentes de la Policía para llevárselo. Rodríguez, que asistió a todo el juicio en silla de ruedas, fue empujado hacia la salida entre abrazos de sus familiares. No quedará libre hasta que la sentencia sea firme pero no podía deshacer la sonrisa. La mayoría de quienes acompañaban a Ríos Montt también salieron, por órdenes del tribunal, para evitar enfrentamientos con otros asistentes. Un joven del público gritó a la jueza “¡egoísta!”, “¡con el mal no se combate el mal!” antes de retirarse. El resto, el salón aún repleto, no quiso marcharse. No hasta ver al exdictador, al genocida, encaminarse a la cárcel, tal vez esposado.

Una sala en catarsis

Siguieron momentos de desorden, casi de riesgo. El enjambre de camarógrafos que habían permanecido todo el juicio volcados sobre la mesa de Ríos Montt y sus abogados se convirtió de repente en una animalesca marabunta hambrienta de una frase del condenado y una fotografía más cercana aún, como si la intimidad de la imagen se alimentara de centímetros. Los empujones derribaron la mesa, acorralaron a Ríos Montt, hicieron temer por su seguridad. “Señora jueza, me están maltratando”, se oyó gritar al anciano, aprisionado entre sus guardaespaldas y la turba de periodistas. Por momentos pareció que el exdictador saldría herido.

Hubo un conato de pelea entre un periodista y uno de los nietos del general retirado que intentó intervenir para garantizar espacio a su abuelo. Los gritos de la jueza, entre la exigencia de orden, la insistencia en que el acusado no podía salir de la sala y los ruegos tardíos a los periodistas, no consiguieron nada. Tuvo que ser el público el que, al clamor de “quítense, quítense”, obrara la cordura.

Después vendrían la paz y cierto ambiente de milagro. La larga espera, de casi una hora, hasta que el general retirado fue formalmente detenido y escoltado -sin esposas, nunca se le esposó- hacia una patrulla policial, convirtió el salón de audiencias en una vigilia que fue asentando emociones y destilando los gestos. Mack, sin levantarse de la silla, hundida la mirada en el suelo, lloró en silencio, agotada y feliz. El día que la jueza de primera instancia Carol Patricia Flores trató de anular este juicio había dicho: “No hay un mínimo respeto a seres humanos que han esperado 30 años para obtener justicia. No puedes tener paz cuando el Estado ignora a sus propios habitantes.” Lloraba porque se acababa de asentar una esquina de esa paz.

Rigoberta Menchú, entre abrazos y abrazos, daba declaraciones a la prensa. De fondo, el murmullo de las conversaciones se fue volviendo un canto, suave al principio, más fuerte luego: “... aquí no lloró nadie / aquí sólo queremos ser humanos...” Era un poema de Otto René Castillo al que el cantautor Fernando Pérez puso música hace algunos años.

“A partir de ahora el ladino no tiene que ser siempre el que nos juzga, el que nos dice que no hablamos bien, que dice que solo inventamos, el que nos acusa una y otra vez”, decía Menchú. Detrás de su voz, el canto parecía acallarse por momentos, avergonzado de ofender la presunta solemnidad de la sala. Pero cada vez que los versos parecían diluirse, la alegría de parte del público vencía y se repetía con más fuerza la estrofa: “... aquí sólo queremos ser humanos / comer, reír, enamorarse, vivir / vivir la vida y no morirla...” Rigoberta Menchú también seguía: “Hoy se sienta un precendente contra el odio que nos han tenido todos estos años. Aquí se están rompiendo esquemas muy grandes; espero que los guatemaltecos tengamos la altura para soportarlo.”

El canto se prolongó por minutos, mientras Ríos Montt, siempre invisible, ahora tras un cordón de agentes de seguridad, permanecía arrinconado a un extremo de la sala, asediado aún por las cámaras. La fiesta en la sala se celebraba sin él. Maryelena Bustamante, hermana de desaparecido y activista pro derechos humanos, vertida en lágrimas, se acercó a dar la mano, uno por uno, a los 12 abogados que conformaban la acusación. Bustamante había sido una presencia constante durante las audiencias del juicio. Llevó flores rojas a las mujeres ixiles que testificaron sobre las violaciones que habían sufrido en los 80, gritó “¡Ríase, general, pero los gusanos lo vomitarán por asesino!” a Ríos Montt en su cara cuando salía de una audiencia, volvió a regalar flores el día que Yassmín Barrios se nego a acatar, por considerarla ilegal, una orden de anular el juicio.

“Hemos esperado 31 años. Este no es directamente el caso de Emir, pero no solo es él, no son solo los ixiles, en todo el territorio hubo miles de desaparecidos”, decía Bustamante, ladina, entre lágrimas, a quien le escuchaba. “Esta sentencia es un canto a la vida. Sé que no me van a regresar a mi hermano, y no se puede resarcir todo el dolor de este pueblo, pero por algo se empieza a escribir el nunca más en esta tierra.” Y luego, como si se lo dijera a sí misma, como si se tratara de pellizcar para salir del sueño, repetía, en referencia al tribunal: “Se atrevieron. Se atrevieron”.

Justo antes de que la Policía se llevara al exdictador, los partidarios de la causa ixil comenzaron a corear a la que ya consideran “su” jueza: “Justicia, justicia”, “Yassmín, Yassmín”, gritaban en medio de la alegría por la condena. Barrios, en un gesto que da más combustible a quienes la acusan de ser parcial, de estar volcada hacia el lado de la acusación, se levantó sonriente y cruzó los brazos simulando un abrazo. Después saludó con la mano en alto a quienes la coreaban. Una complicidad incómoda en un proceso como este.

Por la noche ya circulaba por la ciudad un lema que se ha convertido rápidamente en viral en ciertos círculos: “La justicia es colocha”, una referencia al cabello rizado de las dos nuevas heroínas de los defensores de los derechos humanos, la fiscal general Claudia Paz y Paz y la jueza Yassmín Barrrios.

El juicio no termina

La sentencia, aplaudida por los organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, no cierra sin embargo el debate que durante el último año se ha ido asentando en la sociedad guatemalteca acerca de la conveniencia de juzgar el pasado y de encarar su propia historia negra. En un país en el que las estructuras militares, políticas y económicas que administraron la guerra contrainsurgente en los años 80 conservan todavía una fuerte cuota de poder, la batalla de apelaciones que ya han prometido los abogados de Efraín Ríos Montt será, como lo ha sido en estas semanas en que el juicio pendía de un hilo, una prueba constante para la institucionalidad y los ríos de influencias que desembocan en la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a botar esta sentencia. El juicio nació muerto. El juicio nació viciado. Con la zurda boto este fallo, se lo garantizo”, amenazaba el defensor del exdictador, Francisco García Gudiel, la mañana del día 10, antes de conocer oficialmente la sentencia. Ya después del veredicto, su colega Francisco Palomo le complementaba: “Lo tendremos que resolver (el caso) a través de los recursos. Si los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que son gente mucho más seria, no cede ante las presiones de la comunidad internacional, los recursos deberían prosperar”.

De momento, la absolución de Rodríguez puede tener un efecto de vacuna para la sentencia, puesto que divide los intereses de una defensa que hasta hoy actuó unida. Al ex jefe de inteligencia de Ríos Montt le interesa ahora que la sentencia sea firme cuanto antes, para quedar libre. Los amparos pendientes, que buscaban anular el juicio, se convierten en un peligroso obstáculo para ello. Queda ver si Efraín Ríos Montt insiste en anular el juicio a costa de arrastrar de nuevo a un largo proceso a su antiguo subordinado.

La reacción del presidente Otto Pérez Molina al fallo del tribunal puede servir, en cualquier caso, de medida para el nivel de crispación política que el juicio ha provocado en Guatemala. Otto Pérez dijo a El Faro el pasado 24 de abril que no se sentía “políticamente implicado” en el juicio contra Ríos Montt. En una entrevista a CNN en español concedida el mismo día de la condena, su primera respuesta al periodista Fernando Rincón fue sin embargo para recordar que la sentencia del tribunal que preside la jueza Barrios no es todavía firme y que, por tanto, todavía se pueden permitir, él y quienes piensan como él, afirmar que en los 80 no hubo genocidio.

Él, general retirado, que en 1982 estuvo destinado como comandante en el área ixil de Nebaj bajo el alias de “Tito Arias”, está especialmente interesado en que así se corrija el fallo de la jueza Barrios. Durante el juicio, uno de los testigos de la acusación contra Rios Montt le nombró directamente como responsable de torturas y de ataques a aldeas ixiles, y si su nombre no resonó más veces en la sala es porque el Ministerio Público, temeroso de agitar más el avispero político que amenazaba con detener el juicio, retiró a los testigos que pudieran incriminarle.

El tribunal dejó además en su sentencia un mensaje ambivalente para quienes, como el presidente, se sienten amenazados por esta justicia incómoda que se niega a olvidar el pasado. Por un lado, la absolución de Mauricio Rodríguez podría interpretarse como una clarificación de la prioridad que, en términos de justicia restaurativa, se marca el sistema judicial guatemalteco, enfocado en el castigo ejemplarizante de los máximos responsables políticos de lo sucedido, por encima de la persecución de los autores materiales. Sin embargo, Barrios anunció explícitamene lo contrario durante su veredicto: “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos que se señalan.” Al escuchar esta frase, el público presente en la sala, especialmente los ixiles que seguían la sesión por el sistema de tradicción simultánea instalado por la asociación querellante AJR, estallaron en aplausos.

Pesonas cercanas a la otra de las organizaciones querellantes, CALDH, consideran lejana la posibilidad de abrir una serie de nuevos casos contra responsables directos de las masacres de los 80 en territorio ixil, por el enorme esfuerzo humano y económico que supone un juicio de estas dimensiones, pero es, al fin y al cabo, lo que desean muchas de las víctimas.

Tomás Raimundo, de la aldea Salquil Grande, lo decía claro a la salida de la audiencia del viernes, quizá contagiado de la euforia de la victoria judicial: “Tanta mentira en lo que hablan, tanta discriminación... Ya se confirmó que es la verdad lo que contamos. Creímos que no lo lograríamos. El día de ayer teníamos baja la moral, porque los abogados de los militares dijeron que éramos ignorantes, y eso nos bajó la moral, pero ganamos. Ahora lo que queremos es que ojalá siga y salgan en juicios todos los oficiales que fueron, porque no fueron nada más estos dos”.

A su lado, Gaspar Velasco, por años miembro de la directiva de AJR, pero que hace tres años delegó el puesto en un vecino de su comunidad, asentía: “Hay más. Solo los están tapando”. ¿Tienen fuerzas para seguir?, le pregunté. “Claro. Solo si nos morimos vamos a parar. O tal vez no pueda caminar pronto, pero siempre puedo ser testigo sentado”.

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