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Editorial

Diputados contra el Estado

El Faro
El Faro / Publicado el 8 de Abril de 2013

Las nuevas revelaciones sobre investigaciones judiciales que vinculan, una vez más, al narcotráfico con policías y diputados, se suman a los casos de crimen organizado en los que participan empleados públicos de alto nivel.

Wilver Rivera, diputado suplente por la coalición CN-PDC, realizó operaciones comerciales con Jorge Ulloa Sibrián, un hombre acusado de mover grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. El diputado Rivera le compró propiedades que después eran vendidas a menor precio; también automóviles y otras propiedades por las que no ganaba con la venta, una clásica operación de lavado de dinero. Un testigo lo vincula incluso en la logística para transportar droga y dinero para la red de Ulloa Sibrián.

El caso se presenta hoy casi como un desafío a la última misión de la Asamblea Legislativa que consiste en nombrar una vez más a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la institución encargada de vigilar la corrupción. Entre los propuestos, como antes, hay gente cercana a partidos políticos que auguran continuar con las prácticas de perdón al partido propio o a partidos “amigos” a cambio de beneficios desde los órganos del Estado.

Mientras algunas fracciones buscan la manera de mantener a la Corte de Cuentas como tapadera de corrupción y enriquecimiento ilícito, el crimen organizado sigue avanzando entre sus miembros, pervirtiendo y corrompiendo a la administración pública al garantizar ejercicios al servicio de sus intereses y no los del ciudadano.

Es inaudito que la salida de una diputada de una fracción provoque reacciones más airadas y acusaciones más graves que las sospechas de narcotráfico y lavado de dinero contra otros diputados, y que partidos políticos como Conciliación Nacional, a cuyas filas pertenecen varios alcaldes y diputados envueltos en estas actividades, no se sientan obligados a ordenar investigaciones internas, a ofrecer su colaboración con las autoridades y a manifestarse abiertamente en contra de estas prácticas.

La reiterada evidencia de la vinculación entre funcionarios públicos y el crimen organizado es contraria a la percepción de que se trata de casos aislados. El Estado tiene diversas instituciones para impedir que esta grave situación avance. Es hora de encender todas las alertas.

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