Opinión /

Memoria corta e institucionalidad democrática


Martes, 2 de abril de 2013
Héctor Dada Hirezi

Muchos dirigentes políticos pretenden tener memoria corta. Al menos para las cosas que les conviene olvidar, si es que esto es posible. En verdad quien no conoce o no procesa adecuadamente el pasado no puede saber el rumbo en que camina, y menos explicar el presente y darle sentido a su futuro. Por ello habemos algunos que no creemos en el olvido, y menos cuando éste es selectivo. Pero los esfuerzos para limitar la presencia del pasado en el discurso del presente se hacen con una tozudez impresionante, la cual serviría más al país si se empleara para no cejar en la tarea nunca acabada de terminar con las herencias de pobreza, desigualdad, lento crecimiento y déficits de institucionalidad que hemos recibido del pasado.

En los recientes discursos de los dirigentes de ARENA parece haber una consigna: el pasado más lejano que puede recordarse es el sucedido desde el 1 de junio de 2009 hasta ahora, salvo que se encuentre algo que salpique a Antonio Saca, su último presidente. Aquellos que no tengan memoria corta y recuerden cuando ARENA – en unión del PCN de Ciro Cruz Cepeda y del PDC de Rodolfo Párker – controlaba todos los órganos del Estado, ponía al aparato gubernamental al servicio patrimonial de intereses de unos pocos, pasaba por encima de la institucionalidad a cada paso, deben ser catalogados como personas que no quieren ver hacia el futuro, que viven en un ayer que ya no existe.

El candidato a Vicepresidente de la República por ARENA parece haber reducido los espacios de memoria. Da la impresión de que él piensa que también se debe olvidar el segundo semestre del año 2011, cuando su actual partido impulsó el Decreto 743 con el objetivo de paralizar a la Sala de lo Constitucional para evitar supuestas posibilidades de resoluciones que afectarían a dirigentes de ese instituto político, para lo que no contó con los votos de Cambio Democrático ni del FMLN, pero sí con el respaldo del Presidente Mauricio Funes para una veloz sanción del decreto y el bloqueo del acceso de la Sala al Diario Oficial. Tampoco parece preocuparle que en ese tiempo, como parte de los Aliados por la Democracia, él se manifestó contra ARENA y el Presidente expresando que lo hacía en defensa de la independencia de poderes, de la institucionalidad que establece la Constitución Política de la República. Ciertamente este borrón de una parte de la historia le permite expresar que ese partido de derecha “en todo momento ha defendido la institucionalidad del país”, lo que le facilitó tomar la decisión de acompañar en la fórmula presidencial a un antiguo experto en manipulaciones de la institucionalidad desde la Asamblea Legislativa.

Quizá al candidato arenero su partido le ha explicado ya las razones por las que dieron iniciativa a ese esfuerzo de impedir la independencia de la Sala y – más aún – le han dado explicaciones de las razones por las cuales sus dirigentes tuvieron la osadía de proponer entonces – en privado, por supuesto – la posibilidad de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia contra cualquier resolución que diera la Sala de lo Constitucional rechazando el Decreto 743, concediéndole atribuciones que nuestra Constitución no permite que tenga.

Pero la voluntad de tener una capacidad de memoria corta y selectiva no parece ser privativa de un grupo político determinado. El FMLN ha dado suficientes muestras de padecer del mismo problema. Ya hice referencia a ello en un artículo publicado en El Faro bajo el título ¡Y la Sala les dio la razón! (en el que se reconoció que habíamos estado equivocados quienes no coincidimos con el FMLN en aquella sesión legislativa), que hacía referencia a la inconstitucionalidad de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del año 2006 y 2012. Pero parece que tienen la decisión de continuar en esa línea. El partido de izquierda razonó siempre, cuando estaba en oposición, sobre la conveniencia de que los magistrados de la Corte de Cuentas de la República fueran personas capaces y sin militancia partidaria. (Entre paréntesis, quien esto escribe no comparte la idea de que los militantes políticos no pueden ser capaces y honestos, por lo que sólo se menciona cuál había sido la postura del FMLN). Una vez más la Sala de lo Constitucional les dio la razón, y declaró inconstitucional la elección de los titulares de esa institución en una sentencia que se basa en argumentos similares a los que el Frente hacía años atrás en el pleno legislativo. Sin embargo, pese a ello y a que las resoluciones de la Sala son de cumplimiento obligatorio, se coincida o no con los criterios con que se toman, reiteraron la decisión de elegir magistrados abiertamente ligados a partidos políticos determinados. Poco antes de la Semana Santa el FMLN expresó voluntad de no entrar en un conflicto de instituciones del Estado, lo que nos da esperanzas de que no se repetirá la crítica situación que se vivió el año recién pasado.

Paradojas de la historia, ARENA simula no recordarse de cuando se ufanaba abiertamente de controlar los tres órganos del Estado, por sí misma o a través de aliados, y el FMLN no quiere hacer memoria de lo que sostenía cuando era oposición. No es aceptable que, sin dar explicaciones de la razón del cambio, el criterio frente a la institucionalidad varíe en ambos partidos de acuerdo a si se está en minoría o si se tiene la capacidad numérica de manipular las instituciones. Los ciudadanos creyentes en una democracia con instituciones consolidadas no deben caer en esas trampas, sino exigir a los partidos políticos que tomen posiciones muy claras sobre lo que harán en el futuro, partiendo por explicar a la ciudadanía las razones verdaderas por las que ayer – un ayer que no está borrado de la memoria y que no puede ignorarse – mantenían posturas de las que ahora parecen arrepentirse; o quizá no, y sólo aparentan haberlas olvidado. Los ciudadanos democráticos, entre ellos dirigentes sociales y partidarios, tienen el reto de unir sus esfuerzos para hacer realidad el sueño plasmado en los Acuerdos de Paz: la construcción de una democracia sólida institucionalmente, como espacio indispensable para edificar una sociedad más solidaria y más equitativa, con libertad y bienestar para todos y no para unos cuantos.

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