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Editorial

Francisco, Ríos Montt y el derecho a la verdad

El Faro
El Faro / Publicado el 24 de Marzo de 2013

Casi inmediatamente después de conocerse que el cardenal Jorge Bergoglio sería el próximo Papa, la prensa argentina comenzó a cuestionar su pasado. Lo acusan no de haber conspirado con la dictadura militar de ese país, sino de no haber hecho nada para denunciar los terribles crímenes de la represión.

Más allá de las razones y de los argumentos contra el nuevo pontífice, las publicaciones y el debate abierto en Argentina ilustran la sanidad del proceso de transición desde el fin de las juntas militares. No solo decidieron los argentinos no pasar la página, sino que juzgaron a los represores y el escarnio contra quienes cometieron actos de lesa humanidad es público y políticamente aceptado. Y tanto, que al primer Papa latinoamericano de la historia (cuyo nombramiento habría sido celebrado sin cuestionamiento alguno en casi cualquier otro país de América Latina) le critican públicamente por no haber hecho nada contra el régimen. La transición no ha sido sencilla, como no suele ser en ninguna parte.

Guatemala inauguró la semana pasada una nueva etapa de ese proceso, con la apertura del juicio contra el general Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia. Tampoco está siendo fácil. El jefe de Estado, Otto Pérez, otro militar, ha negado que en Guatemala ocurrió un genocidio, y la principal gremial empresarial del país ha publicado comunicados en el mismo sentido, demostrando que sus añejas filias y fobias siguen presentes.

Afortunadamente hay en Guatemala más de 100 valientes sobrevivientes dispuestos a desfilar ante su victimario para responsabilizarlo por los operativos contra comunidades mayas.

El juicio contra Ríos Montt es un importante suceso para Guatemala y para el resto de la humanidad. Exceptuando el irregular juicio contra Sadam Hussein en Iraq (detrás estaba una administración extranjera, la de Estados Unidos), esta es la primera vez en la historia en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en su propio país.

El juicio enfrenta a una poderosa clase empresarial que fue cómplice del gobierno militar de Ríos Montt como lo fue con todos los regímenes que le garantizaban la sostenibilidad de un sistema perverso que generó una de las sociedades más desiguales, más racistas y más corruptas de América Latina. Por ello es que se han admitido los cargos de genocidio.

Este juicio será muy beneficioso para Guatemala si las víctimas son escuchadas y tienen la posibilidad de que se les haga justicia, como corresponde a cualquier ser humano en un estado moderno. Es un paso significativo que los salvadoreños debemos ver con envidia.

Esta semana se cumple un aniversario más del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un crimen que sigue impune como lo están también todos los cometidos durante el conflicto armado salvadoreño y que incluyen terribles masacres, miles de desapariciones forzosas, torturas y asesinatos. En honor a Monseñor Romero, Naciones Unidas han declarado el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Paradójicamente, la verdad sobre ese asesinato no ha podido ser establecida en tribunales salvadoreños.

La posibilidad de enfrentar el pasado y llevarlo a los tribunales es determinante para combatir la impunidad, para restaurar la justicia y respetar la dignidad de las víctimas. Para que el futuro de una nación se cimente sobre nuevas generaciones que tienen claro que nunca más debe permitirse a nadie la comisión de crímenes de lesa humanidad como los que sufrieron masivamente los países latinoamericanos y cuyas consecuencias seguimos pagando hoy. No podemos aspirar a vivir en sociedades funcionales si no enfrentamos nuestro pasado, y si las víctimas, como principales voceras de la sociedad entera, no tienen derecho a la verdad, derecho a la justicia.

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