Hay ahora en Guatemala un ex jefe de Estado sentado en un juicio, acusado de genocidio. El general Efraín Ríos Montt, acusado de ser el responsable de la desaparición de más de cinco mil indígenas, deberá escuchar el testimonio de algunos sobrevivientes y hacer frente a un intento de establecer una verdad jurídica sobre la represión militar en su país.
Su defensa no discute los crímenes, sino su autoría. Es decir, lo que está en juego es la responsabilidad del acusado en estos crímenes y no el establecimiento de esos asesinatos como crímenes de lesa humanidad. Independientemente de la sentencia, esto es ya un gran paso. En ese tribunal se está ventilando ya, y documentando jurídicamente, la infame represión y el genocidio perpetrados por las Fuerzas Armadas amparadas por grandes poderes económicos contra los indígenas, hace tres décadas.
El proceso tiene otra particularidad: se ha iniciado formalmente en momentos en que Guatemala es presidida por un militar que además participó en el conflicto, y que ha incluido a otros militares en su gabinete. La apertura del juicio ha significado, pues, un problema particularmente para un presidente que ha negado genocidio en su país; pero no ha puesto en riesgo el proceso de paz y sí, en cambio, comienza a propiciar una conversación pública (discreta aún, ciertamente) sobre la dolorosa historia reciente de Guatemala.
En El Salvador no tenemos esa experiencia. Todo intento por ventilar aquí los crímenes de guerra ha sido respondido siempre con tajantes negativas amparadas en amnistía o en prescripción de delitos. O, como demostró la reciente respuesta del Estado a la alerta roja de Interpol contra los militares acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas, con la protección de los poderes de turno.
Los salvadoreños no hemos podido ejercer el derecho a determinar jurídicamente quiénes son los responsables de nuestros más de cien mil muertos, cómo se dieron las órdenes y quién las ejecutó. Las investigaciones de una comisión Adhoc (cuyo reporte final continúa siendo secreto al igual que otra comisión encargada de investigar los Escuadrones de la Muerte) fueron respondidas desde el Estado con una ley de Amnistía y órdenes de honrosos retiros para los militares que ocupaban puestos de mando al final del conflicto armado. Y luego una política oficial de olvido y de no mirar al pasado.
Si algo ha marcado nuestra historia ha sido la impunidad. Incluyendo aquella con la que ejercieron y siguen contando los perpetradores de los más aberrantes crímenes. Por eso Inocente Orlando Montano, a quien se le han documentado más de mil crímenes durante la guerra, aspira a ser deportado a El Salvador para unirse a sus ex compañeros de armas y no tener que enfrentar a la justicia por esos crímenes, que incluyen masacres, torturas, desapariciones, ejecuciones y el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
Hoy nuestra historia, aún dolorosa para sobrevivientes y para familiares de víctimas, se ventila apenas en tribunales extranjeros. En juicios civiles en Estados Unidos contra algunos de nuestros ex ministros de Defensa o contra el coordinador operativo del asesinato de monseñor Romero. O, actualmente, contra el ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Montano. En todos los casos previos, cada juez ha encontrado culpables a los acusados de asesinatos, torturas, crímenes de lesa humanidad. Así fue con los militares retirados Guillermo García, Eugenio Vides Casanova, Nicolás Carranza y Álvaro Rafael Saravia.
Hoy, en el juicio migratorio que se lleva a cabo en Massachusets contra Montano -que también es requerido por la justicia española por el asesinato de lo jesuitas-, se está conociendo también su destacada carrera militar: más de mil violaciones de derechos humanos documentadas por una investigadora del gobierno estadounidense, incluyendo masacres, desapariciones, asesinatos extrajudiciales y tortura.
Los informes y las conclusiones de los juicios parecen todos coincidir en lo mismo que ya había advertido el informe de la Comisión de la Verdad: no se trató de casos aislados ni de criminales de guerra que actuaron por cuenta propia, sino de una sistemática campaña de terror y muerte dirigida por los militares que comandaron el ejército durante el conflicto armado, los miembros de la llamada 'Tandona'.
La historia, tarde o temprano, alcanzará a aquellos que abusaron de la impunidad del poder. Se comenzó a colar a través de los reportes de valientes periodistas extranjeros y nacionales durante esos años; en los registros de víctimas que minuciosamente llevaron organizaciones civiles y religiosas en El Salvador; y se ha seguido revelando en documentos desclasificados, testimonios, exhumaciones, confesiones y nuevos juicios.
Hoy son estos juicios, que se llevan a cabo en el extranjero, los que nos ayudan a dimensionar lo que aquí sucedió. Son ellos los que aportan a reflexionar sobre las abominables prácticas de aniquilamiento de personas y sus consecuencias en nuestra sociedad. Aquí, el Estado ha sido cómplice de la desmemoria. Lo ha sido en todos los gobiernos de la posguerra y desde los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por ello es incapaz también de trasladar a las siguientes generaciones las lecciones de la guerra, que no son un Acuerdo de Paz sino la memoria del dolor, la restitución de la dignidad de las víctimas, el castigo histórico de los criminales y la reflexión permanente de cómo llegamos a esos niveles de horror y qué hacemos para garantizarnos de que no vuelva a suceder jamás. La justicia, pues, como condición esencial para la reconciliación. Y luego la verdadera paz.
