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Rompiendo el muro de impunidad en Guatemala

Victoria Sanford
El Faro / Publicado el 4 de Febrero de 2013

En el primer día del juicio histórico del genocidio en contra del exdictador José Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar (G-2) el general José Rodríguez Sánchez, el fiscal tardó unas cuatro horas en leer los nombres de los 1771 maya ixiles que fueron víctimas de unas 15 masacres en Guatemala durante el régimen de Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto de 1983). En medio de la lectura de la lista, Rodríguez Sánchez pidió permiso para retirarse por sentirse mareado. Las familias de las víctimas y observadores nacionales e internacionales se quedaron para escuchar y dignificar la memoria de las víctimas.

Que los nombres de las víctimas entren en el registro oficial de la Corte es un gran paso para la justicia en Guatemala. Y la entrega por parte del Ministerio Público de unos mil medios de prueba, 68 peritos expertos y 165 testigos el mismo día, igual que la decisión valiente del juez Miguel Ángel Gálvez de llevar a ambos exmilitares a juicio por genocidio y otros crímenes en contra de la humanidad, formarán parte de un largo proceso de lucha por la justicia en Guatemala.

La cantidad y calidad de la evidencia presentada reflejan el trabajo y dedicación a la verdad y la justicia de un diverso grupo de víctimas y defensores de derechos humanos desde el momento de las masacres hace 30 años. Mientras que los querellantes en el proceso -el Centro de Acción Legal y la Asociación para la Justicia y Reparación- entregaron otro centenar de medios de prueba, los abogados de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez propusieron 7 peritos, 2 consultores, 14 documentos y 17 testigos, la mayor parte de ellos militares.

En relación con el genocidio en Guatemala, el ejército siempre ha tomado la posición de negar sus propias acciones. Cuando empezamos las exhumaciones de los cementerios clandestinos de víctimas de las masacres en 1993, el ejército dijo que las víctimas fueron guerrilleros, o víctimas de guerrilleros o civiles que murieron bajo fuego cruzado. En 1999, cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reportó 200 milil muertos, 50 mil desaparecidos, 626 masacres, 1.5 millones de personas desplazadas y 150 mil refugiados en México, unos oficiales militares me expresaron: “ambos lados cometimos errores” o “ambos lados cometimos excesos”. El problema para los militares entonces fue que la CEH le atribuyó al ejército el 93% de los actos de violencia, y el 3% a la guerrilla.

Por medio del análisis de un patrón de masacres en Quiché y Baja Verapaz durante los últimos doce meses del régimen de Lucas García (de marzo de 1981 a marzo de 1982) y los primeros doce meses del reino de terror de Ríos Montt (marzo de 1982 a marzo de 1983), demostré que: (1) las masacres no fueron actos de oficiales del Ejército fuera de control; (2) las masacres fueron una campaña estratégica del Ejército como institución; (3) Ríos Montt no solo continuó la campaña de masacres iniciada por Lucas García, sino que sistematizó la campaña de masacres; y (4) que esta campaña de masacres, iniciada por Lucas García y sostenida e intensificada por Ríos Montt, fue la primera campaña genocida del Ejército.

El 9 de junio de 1982, el general Efraín Ríos Montt también anunció un inminente Estado de sitio que entró en vigor el 1 de julio de 1982. Este Estado de sitio incluyó “una amnistía a los facciosos”, pero los puntos clave fueron la puesta en marcha de “una vasta contraofensiva” contra toda la población y “la imposición de estados de excepción en los departamentos de San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Chimaltenango”.

El 18 de agosto de 1982, el general Efraín Ríos Montt dijo a un grupo de ocho políticos: “Declaramos el Estado de sitio para poder matar legalmente”. Aun más claramente, cuando se le preguntó acerca de su “campaña de Tierra Arrasada”, Ríos Montt respondió: “No tenemos una política de Tierra Arrasada, tenemos una política de comunistas arrasados”.

Hoy, los defensores de los genocidas están argumentando que el exdictador no fue informado de las masacres que cometió el Ejército. Pero durante su gobierno, el entonces general Ríos Montt hablaba de "quitar el agua al pez", siendo los mayas el agua y la guerrilla el pez. Con tal expresión queda claro que el general distinguía entre la guerrilla (pez) y los mayas (agua). Si él realmente quiso decir “arrasar comunistas” y “eliminar la subversión", el pez, más que el agua, sería su fin. Si él no podía distinguir entre mayas y guerrilla, entonces la metáfora no tendría significado. Ríos Montt, como Lucas García antes que él, quería eliminar a los mayas. Las masacres fueron una campaña genocida, comenzada bajo Lucas García y continuada bajo Ríos Montt, que intentó destruir a los mayas por ser mayas. Siete meses después de que Ríos Montt tomó el poder, un sobreviviente maya dijo que después de las masacres "lo único que quedó fue silencio".

Amnistía Internacional publicó un Informe condenando las masacres de campesinos "indios", que resultaron ser más de 2,600 muertes documentadas, "muchas de ellas mujeres y niños", durante los primeros seis meses del régimen de Ríos Montt. Aun con información incompleta, ya en 1982 era claro para observadores de Derechos Humanos, que los “indios” guatemaltecos eran el objeto de una campaña de terror de los militares.

En una base de datos que desarrollé para poder comparar las cifras de las masacres bajo los regímenes de los generales Lucas García y Ríos Montt, encontré que no importaba si subía o bajaba la cantidad de masacres, ya que las masacres fueron tan masivas que el total de víctimas en Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz fue más alto en todos los meses de la dictadura del general Ríos Montt. Después del golpe del general Ríos Montt el 23 de marzo de 1982, hubo 85 masacres en el departamento de Quiché que cobraron la vida de 3,180 víctimas en los siguientes 12 meses.

A las 3,180 víctimas de masacres del general Ríos Montt en Quiché, hay que agregar que durante sus primeros 12 meses de gobierno hubo las siguientes víctimas de masacres en otros departamentos: en Chimaltenango, 710; en Alta Verapaz, 1,033; y solo en el municipio de Rabinal en Baja Verapaz, más de 500. Es decir: sin contar la víctimas de otras masacres en otras partes del país y sin contar las víctimas de desaparición o ejecución extrajudicial, podemos atribuir al general Efraín Ríos Montt, solo en los primeros 12 meses de su dictadura, la responsabilidad de haber masacrado a 5,423 achíes, kekchíes, cakchiqueles y quichés.

Durante ese periodo, el general Efraín Ríos Montt tuvo responsabilidad de mando; tenía control de jure y de facto del gobierno y las Fuerzas Armadas. Sus propios discursos públicos muestran que él sabía de la existencia de esas masacres y no las prohibió, no las previno ni las castigó. Como la persona en el país con la máxima responsabilidad de mando en las Fuerzas Armadas, el general Efraín Ríos Montt, ya sea como autor intelectual, pero también si solo fuera por no actuar en prohibir, prevenir y castigar, como jefe del Estado, dio luz verde a las masacres y al genocidio.

La defensa ha expresado su oposición a que como parte del proceso se acepten 14 pruebas; entre ellas están los planes militares entregados por el Ministerio Público, según ellos por no ser auténticos. También se opone a que declaren algunos expertos, entre ellos el destacado analista Héctor Rosada, quien participó en las negociaciones de paz representando al gobierno.

La defensa puede cuestionar los otros 986 medios de prueba, peritos, documentos, etc. Pero tendrá que enfrentar los testimonios de los sobrevivientes. Este juicio rompe el muro de la impunidad precisamente porque las víctimas tienen la oportunidad de denunciar la violencia del genocidio directamente a sus perpetradores y frente al mundo. Cada debate será una nueva oportunidad para que la sociedad guatemalteca pueda reconciliarse con su propia historia: Que sí hubo genocidio, que sí hubo intención de cometer genocidio y que Ríos Montt sí tuvo responsabilidad de mando. Y no es solo la sociedad guatemalteca la que tiene que reconciliarse. También el presidente Otto Pérez Molina tiene que reconciliarse con su papel en el genocidio como comandante en Nebaj. Todos debemos pensar en cuánto tiempo requeriría leer los nombres no solo de las más de 5,000 víctimas de Ríos Montt, sino los nombres de las 200 mil víctimas del conflicto.

*La autora dirige el Centro para los Derechos Humanos y Estudios de Paz, en Nueva York; y es autora de varios libros sobre la represión militar en Guatemala, entre ellos La Masacre de Panzós; y Violencia y Genocidio en Guatemala. 

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