Tegucigalpa, HONDURAS. Dos campesinos más fallecieron la tarde y noche del sábado en el valle del Aguán, en el departamento de Colón (noreste de Honduras), escenario de una encarnizada lucha por la tierra que ha dejado ya unos 90 muertos desde 2010, denunció un portavoz del movimiento agrario.
“Nos han matado a dos compañeros, uno después del otro; primero a Juan Pérez (41), y horas después a William Alvarado (23)”, precisó a la AFP el portavoz del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez, en entrevista telefónica desde esa zona, 600 kilómetros de Tegucigalpa.
Álvarez relató que Pérez, alrededor de las 4 de la tarde se dirigía en bicicleta, procedente de la ciudad de Tocoa, hacia el asentamiento campesino “La Aurora”, cuando le atacaron a tiros en el camino un número indeterminado de personas. Dos horas y media después, Alvarado iba en otra bicicleta de Tocoa hacia el asentamiento campesino Taujica, y en la misma forma, otros desconocidos le salieron al paso y le “descargaron un arma de fuego”.
“¿Y a quién más vamos a responsabilizar que a los guardias de los terratenientes?”, sentenció el portavoz.
El conflicto en esta zona de Honduras ha sido ampliamente cubierto por la Sala Negra de El Faro. Un equipo de periodistas se desplazó en varias ocasiones a la zona en la primera mitad de 2012, viaje que cristalizó en el relato La revolución de las palmeras.
Unos 90 fallecidos
Cerca de 90 personas, la gran mayoría campesinos, han muerto en los últimos tres años en la fértil zona del valle del Aguán, en disputas entre agricultores que ocupan tierras cultivadas de palma africana y los guardias de las fincas contratados por los terratenientes.
El más reciente caso se produjo el 11 de enero, cuando José Luis Reyes y Antonio Manuel Pérez, de 24 y 27 años respectivamente, fueron acribillados desde un vehículo en marcha cuando salían de trabajar en unas tierras usurpadas en el valle del Aguán.
Otro campesino fue asesinado a finales el 29 de noviembre pasado, uno más el 25 del mismo mes, y un tercero fue secuestrado y asesinado el 9, siempre en el mes de noviembre. Los portavoces de los campesinos que se toman las tierras no dudan en señalar a los hombres armados de los latifundistas como los responsables de las muertes, y señalan al gobierno de pasividad y hasta de connivencia.
Un portavoz de los latifundistas sostiene que los propietarios de la tierra no acuden a la violencia, sino a los tribunales, aunque no hay ningún preso pese a la ola de crímenes que se desató en enero de 2010.
Los campesinos integrados en varias organizaciones, incluyendo el MUCA, sostienen que esas tierras les pertenecen desde que en la década de 1980 les fue entregada en el marco de una reforma agraria.
En 1992, una ley permitió que esas parcelas fueran vendidas, y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.
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