Opinión /

La tregua entra al Estado


Lunes, 21 de enero de 2013
El Faro

El proceso de tregua de las pandillas por fin tiene una cara oficial. Cuatro alcaldes han decidido incorporarse haciendo de sus municipios los primeros en participar en un experimento llamado “Municipios libres de violencia”, que ha permitido a los negociadores y a un representante de la OEA mostrar un plan con brazos institucionales reales.

El acuerdo compromete también a los dos principales partidos políticos del país, el FMLN y ARENA, en este proceso; con ello los negociadores han conseguido un respaldo mucho más amplio y fuerte que permite pensar en una segunda etapa del proceso, más madura, más institucional y en el que se involucran ya las principales fuerzas políticas del país.

La oportunidad que abre este nuevo escenario se vuelve más viable también porque hábilmente los negociadores les dejaron poco margen a los partidos para no involucrarse, y con ello han evitado en buena medida que alguno pueda utilizar el proceso en el marco de la campaña electoral, creando una extraordinaria zona de despeje político raras veces vista en El Salvador en particular, y en América Latina en general.

Es, pues, un exitoso golpe político a favor del proceso por el que han dado la cara los negociadores y un paso para el inicio de rendición de cuentas de los involucrados en el mismo, algo que se han negado a hacer el ministro de Seguridad y el presidente de la República.

En ese sentido es clara la diferencia con uno de los alcaldes que ahora forman parte del nuevo experimento: Carlos Ruano, de Ilopango, quien desde antes de que iniciara este proceso se embarcó en conversaciones directas con líderes de las dos principales pandillas en su municipio, pero lo hizo de manera abierta, involucrando a las autoridades locales e informando a la población; lo hizo diseñando planes de prevención y de reinserción y destinando recursos locales por los que ha tenido que rendir cuentas. Es decir, lo hizo de manera institucional.

Este nuevo paso, pues, podría consolidar un proceso de reinserción si permanece amparado en la visión de que la violencia y el crimen de las pandillas no pueden resolverse sin una política integral, que parte de admitir que tienen su origen en una sociedad descompuesta política, social y económicamente y que han sido también nutridos por el crimen organizado y la corrupción.

Ojalá comiencen también a aplicarse a este proceso algunas lecciones de nuestra historia reciente: la necesidad elemental de involucrar a las víctimas directamente, de permitirles tener una presencia activa en el diseño de políticas y su implementación. Son miles los salvadoreños que han sido víctimas de la crueldad y el horror de muchos pandilleros. Violaciones, asesinatos, desmembramientos, torturas llevados a cabo con altas dosis de sadismo. El dolor que las pandillas han causado a la sociedad ha sido mayúsculo. Lo mínimo que la sociedad merece es que sus autoridades le hablen con claridad sobre lo que han estado negociando con ellos, y que los ciudadanos puedan tomar parte de un debate público sin manipulaciones, sin mentiras ni trampas propagandísticas.

El fin de la violencia y el crimen es un objetivo compartido por los salvadoreños que somos ajenos a las estructuras criminales, pero para que ese objetivo tenga posibilidades reales de mantenerse requerirá mucho más que el involucramiento exclusivo de aparatos de seguridad, líderes de pandillas y equipos de propaganda. La inclusión de alcaldes y partidos políticos es importante por ello. Si funciona el anclaje de este proceso a nivel municipal, es mucho más fácil pensar en el involucramiento de la sociedad civil.

Vemos, pues, esta segunda etapa como una posibilidad de enmienda a algunas de las grandes manchas con que esta llamada tregua nació. Lo vemos como un viraje que puede llevar hacia un camino más abierto y democrático. Más interesante. Más posible. Pero eso, también, dependerá de que quienes han llevado el proceso hasta hoy de manera errática se aparten, y lo dejen en manos de personas con mayor compromiso democrático y con representación institucional. 

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