Opinión /

Montano, ¿última oportunidad para la justicia?


Viernes, 11 de enero de 2013
Héctor Silva Ávalos

Eso que en San Salvador aún se dice en susurros sobre la masacre de los jesuitas, la responsabilidad del alto mando del ejército salvadoreño y el gobierno de la época en los asesinatos o sobre la sofisticada operación de encubrimiento oficial que dura ya 23 años, se escuchará alto y claro en una corte de Boston durante el juicio migratorio contra el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de seguridad durante el gobierno del presidente Alfredo Cristiani y uno de los 20 acusados ante el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España por los asesinatos de los seis sacerdotes, su empleada y la hija de esta. La fecha exacta de la audiencia, programada en inicio para el martes 15 de enero, depende de qué decida el juez del caso sobre una moción de última hora de la defensa en la que pide más tiempo para estudiar toda la prueba presentada por la parte acusadora.

Uno de los resultados de esa audiencia puede ser que el juez Douglas P. Woodlock falle a favor del gobierno de los Estados Unidos y conceda la pena máxima de cárcel aplicable a Montano, 51 meses, por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses al decir que nunca perteneció a una institución armada. Ese tiempo puede ser suficiente para que la solicitud de extradición hecha por el gobierno de España a su similar estadounidense sea resuelto, administrativa y políticamente: un proceso de repatriación como este puede durar, como mínimo, dos años según los expertos, y requerir de una buena dosis de maniobras diplomáticas entre gobiernos.

Sí, como esperan los acusadores en Madrid, esto ocurre, y Montano termina sentado ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, España contaría con un acusado presente para abrir el caso a juicio, con lo que toda la prueba expuesta en ese proceso -que incluye miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado, de la CIA, del Departamento de Justicia, testimonios de dos militares relacionados con el caso jesuitas en El Salvador, los hallazgos de la comisión legislativa presidida por el congresista Joe Moakley en 1990 y los de la comisión de la verdad- quedaría judicializada, no solo en el caso de Montano, sino en el de los otros 19 salvadoreños acusados, entre ellos René Emilio Ponce (fallecido), Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda.

En esos documentos y testimonios no solo hay información sobre los acusados y sobre la masacre, sino también sobre el rol de los gobiernos de El Salvador, desde Alfredo Cristiani hasta Antonio Saca, tanto alrededor de las investigaciones iniciales como en torno a la gestión diplomática que emprendieron ante las administraciones de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero para que la justicia española bajara perfil al tema. Y también hay, en esa información, abundante referencia sobre la activa participación de los gobiernos de Estados Unidos y España en el caso: uno de los documentos desclasificados habla, por ejemplo, de una propuesta que en 1990 hizo el entonces embajador de Washington en San Salvador, William Walker, para que Estados Unidos concediera asilo al teniente José Ricardo Espinoza -el oficial a cargo del comando del batallón Atlacatl que perpetró los asesinatos, quien junto a otros 8 militares fue juzgado en El Salvador en 1991 por las muertes- a cambio de información sobre los autores intelectuales de la masacre con vistas a iniciar entonces un proceso penal en cortes salvadoreñas contra oficiales de más alto rango que los que ya eran procesados en el juzgado 4o. de lo penal.

El otro resultado posible en Boston es que Montano no reciba pena de cárcel y simplemente sea deportado a El Salvador o, en su defecto, el juez le conceda la posibilidad de regresar por iniciativa propia al país. Si eso es así, la posibilidad de que este coronel responda por las acusaciones es remota, como lo es ya para otros 9 militares acusados por la masacre, contra quienes Interpol activó difusión roja en 2011 luego que el juez Velasco firmara, el 30 de mayo de ese año, órdenes de detención internacional con efectos de extradición; la Policía salvadoreña no hizo efectivas las órdenes porque los militares se refugiaron en un edificio del ejército con la venia del entonces ministro de Defensa, el general David Munguía Payés.

Podría haber, entonces, una especie de efecto mariposa: de lo que ocurra en Boston la próxima semana dependerá, en gran medida, el destino final de Montano y, de eso, el curso final del caso jesuitas en los tribunales de Madrid. Pero para eso falta aún: Boston es apenas el inicio del nuevo capítulo.

John Capin, el fiscal que representa al Gobierno de los Estados Unidos ante el juez de Boston, alega en el memorándum de acusación que sometió al tribunal el 8 de enero pasado que Inocente Orlando Montano mintió tres veces al aplicar al estatus de protección temporal (TPS), en parte para evitar la persecución penal por su presunta responsabilidad en la masacre. “Hay evidencia que prueba que el acusado viajó a los Estados Unidos y mintió sobre su pasado en parte para evitar la persecución...”, escribe Capin. Desde ahí, el gobierno estadounidense se apresta a montar ante el juez un caso en que insistirá en el complot del ejército salvadoreño para asesinar a los jesuitas y, en particular, en el papel de Montano en esa historia.

La principal carta de Capin es el testimonio de la profesora e historiadora Terry Lynn Karl, una catedrática de la prestigiosa universidad de Stanford, en California, especialista en El Salvador y estudiosa del caso jesuitas, cuyo testimonio también es prueba en el juicio en España. El atestado de Karl incluye un testimonio especializado, 48 páginas, y un anexo de 67 páginas con una lista de las violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones y torturas, atribuidos a las unidades militares que alguna vez estuvieron bajo el mando directo del coronel Montano.

El Gobierno de los Estados Unidos ha pedido al juez 51 meses de cárcel para Montano, la pena máxima por los delitos de los que se le acusa, que incluyen diferentes cargos penales por fraude migratorio y perjurio. En su memo de acusación, el fiscal alega que, fuera de la cárcel, el militar salvadoreño puede huir de la justicia, y hace referencia a un incidente ocurrido en el consulado salvadoreño en Boston el 18 de abril de 2012, cuando Montano fue arrestado en momentos en que solicitaba un pasaporte salvadoreño para viajar a El Salvador según la acusación. Sobre esto, el defensor de Montano, Óscar Cruz Jr., alega ante la corte: “No fue este un intento de parte de Montano de dejar los Estados Unidos o algo parecido... fue un esfuerzo orientado a que uno de sus familiares tuviera acceso a los beneficios de su pensión militar”.

El principal argumento de la defensa es que Montano cometió un delito menor, por el cual debe ser juzgado, y que al aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS) el militar buscaba lo que decenas de miles de salvadoreños en Estados Unidos: tranquilidad migratoria para procurarse una mejor forma de vida. El caso, dice la defensa, no tiene nada que ver con el juicio en Madrid ni con el intento de la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA) de reabrir el caso en San Salvador en 2000.

Pero el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), organización que lleva parte de la acusación en el juicio en España que sigue de cerca el proceso de Boston, lo que pase en Massachusetts puede ser esencial para la extradición de Montano a Madrid. Almudena Bernabeu, abogada del CJA y querellante ante la Audiencia Nacional, lo explica así: “La extradición de Montano es clave en el proceso, porque con él presente en Madrid y con todos los elementos de prueba que fruto de la investigación ya obran en el expediente, se abriría la etapa de juicio. Con esto estaría el acusado presente y debidamente representado por un abogado, y las víctimas también, con lo que el caso sería presentado a un tribunal colegiado de tres jueces. Esto significa que el trabajo de investigación de tantos años, toda la prueba obtenida sería confirmada y corroborada para siempre”.

− ¿Y qué tan real es la posibilidad de que Montano sea extraditado?, pregunto a la abogada.
− Me gustaría decir que soy optimista y voy a hacer mi mejor trabajo para que Estados Unidos tenga todo lo que necesita para tomar una decisión a favor de extraditar a Montano a España. No veo, en 2013, una razón política o legal para que el Departamento de Estado y el Gobierno de los Estados Unidos no extraditen a Montano a España.

El próximo martes, en Boston, o más adelante si el juez Woodlock pospone la sentencia, vuelve a abrirse una ventana jurídica y de información sobre la masacre que cambió el rumbo de la guerra civil en El Salvador y, con ello, la historia del país.

* El autor es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, en Washington, DC.

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.