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Retos para una nueva fiscalía

El Faro / Publicado el 7 de Enero de 2013

Después de varios años en que los mismos personajes desfilaron por los cargos de fiscal general y fiscal adjunto, ahora la fiscalía inicia el año encabezada por personas que los ejercen por primera vez y que, al menos en el papel y en sus primeras declaraciones, entran dispuestas a dejar un legado distinto que el de negligencia y falta de voluntad que dejaron las anteriores, acusadas de proteger, y no de investigar, al crimen organizado y la corrupción.

Luis Martínez, nombrado fiscal general a finales de 2012 después de un arduo forcejeo entre el FMLN y ARENA, llamó a la jueza de paz, Paula Velázquez el 2 de enero y la nombró su fiscal adjunta. Ella tampoco quiso esperar mucho para dejar claras las aspiraciones de esta nueva administración: "Vamos a apoyar al fiscal general para modernizar la Fiscalía y hacer la diferencia en cuanto a los anteriores".

Y sobre hacer la diferencia, el fiscal Martínez lo aclaró en una reciente entrevista: quiere realizar capturas contra redes de narcotraficantes y detener a funcionarios corruptos.

Ciertamente los deseos de los nuevos funcionarios requerirán de algo más que la voluntad y la buena fe para poder convertirse en acciones: la fiscalía tiene problemas de presupuesto, de capacidades para investigar y de corrupción. Y ninguna de estas tres cosas desaparecen ni por decreto ni por voluntad expresa de las cabezas institucionales.

A pesar de la evidencia pública avalada por la policía, los servicios de inteligencia y el mismo presidente de la República, la administración anterior fue incapaz de realizar capturas importantes e iniciar procesos contra los miembros del Cartel de Texis o de ordenar capturas importantes contra el crimen organizado ni contra funcionarios corruptos, a pesar de investigaciones avanzadas en la policía y en la propia fiscalía.

En materia de corrupción las deudas han sido mayúsculas. Ni siquiera en el caso más evidente, el de la construcción del bulevar Diego de Holguín (renombrado Monseñor Romero), a pesar de las cajas de evidencia proporcionadas por el Ministerio de Obras Públicas, ha habido una sola captura ni reintegro de los millones de dólares defraudados. La cantidad de acusaciones de casos de corrupción, que van desde dinero perdido en la construcción de Hospitales hasta empleados públicos involucrados en bandas de lavado de dinero, narcotráfico y defraudaciones al Estado, no han sido objeto de investigaciones serias ni motivo de capturas, sino todo lo contrario. Algunos fiscales han obstaculizado deliberadamente las investigaciones.

Las nuevas autoridades no tienen mucho tiempo para hacer un diagnóstico de una de las instituciones menos eficientes y más estratégicas para el combate al crimen en El Salvador. Y lo primero que esperamos es que nos digan francamente si, dado el avance y la infiltración del crimen organizado y las condiciones de trabajo en la institución, hay posibilidades de hacer que la fiscalía cumpla con su mandato constitucional.

El gobierno de Mauricio Funes, por razones desconocidas, abandonó el plan de instalar en El Salvador una comisión internacional a la manera de la CICIG guatemalteca para apoyar en el combate al crimen organizado. Pero cada vez parece más necesario un organismo de este tipo para terminar con la aplicación arbitraria de la ley y para procesar a grandes figuras cuya influencia política o económica ha impedido el avance de las investigaciones. El deseo manifiesto de las nuevas autoridades en la fiscalía pronto será puesto a prueba por estas realidades.

El fiscal general y su fiscal adjunta tienen pues un desafío enorme. Pero comienzan con una hoja en blanco, y con el beneficio de la duda. Esperamos que tengan la capacidad, y mantengan la voluntad, de transformar la institución y la conviertan en un verdadero aporte para el combate al crimen.

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