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Fiscalía investiga denuncia de amenazas policiales contra exdiplomático

Sergio Arauz
El Faro / Publicado el 21 de Enero de 2013
Héctor Silva Ávalos sospecha que detrás de una amenaza que recibió el año pasado están involucrados algunos oficiales de la Policía Nacional Civil vinculados en a la banda de narcotraficantes conocida como Los Perrones. La fiscalía ha citado al ministro de Seguridad, en calidad de testigo, como parte de las investigaciones del caso.

La Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía investiga el origen de una amenaza de muerte que recibió Héctor Silva Ávalos, ex jefe adjunto de la embajada de El Salvador en Washington, en marzo de 2012. 

La denuncia fue interpuesta por Silva, cuando aún era diplomático, ante el agregado policial que mantiene la Embajada de El Salvador en la capital de Estados Unidos. Silva Ávalos renunció a su puesto en agosto del año pasado. 

El denunciante declaró que el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, y el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo, le avisaron con urgencia que habían interceptado una amenaza escrita en su contra, surgida de adentro de una cárcel del país que aún no ha sido especificada.  

El panfleto, que en el mundo pandilleril es conocido como "wila", dice literalmente lo siguiente: “Este perro es un periodista que se llama Héctor Silva que le cago el palo a los carnales por esa razón tenemos vacíos los pozos está en el norte trabajando para que deporten a los homies por este encargo nos darían cincuenta grandes viene cada mes pégenle si pueden cuando esté saliendo de un hotel” (Sic). En el código de los pandilleros, "carnales" puede significar hermanos o colegas y "pozos vacíos" puede significar no tener dinero. 

La copia del mensaje atribuido a las pandillas por las autoridades de Seguridad incluye una foto que Silva Ávalos había colgado en Facebook. El mensaje tiene una redacción con lenguaje usado por las pandillas, aunque el tipo de letra indica que el mensaje fue escrito desde una computadora.  

La comunicación entre el ex funcionario radicado en Washington y el ministro de Seguridad ocurrió la mañana del 8 de marzo de 2012. En la conversación de ese día, el ministro de Seguridad atribuyó "alta credibilidad" a la amenaza. Dice Silva en una parte de su resumen del caso: "El general, David Munguía Payés, en una llamada telefónica me dijo que le daba alta credibilidad a la amenaza y me aconsejó no volver a El Salvador por un tiempo."

La denuncia fue interpuesta el año pasado, cuando Silva Ávalos todavía era funcionario de gobierno. Desde que puso la denuncia, Silva Ávalos sospechaba que detrás del panfleto se ocultaba una advertencia que no necesariamiente proviene de las pandillas, sino de un grupo de oficiales de la Policía Nacional Civil vinculados a la banda de Los Perrones, como se denominó a un grupo de narcotraficantes que opera en el oriente del país. "Al general le comenté que no creía eso, que más bien pensaba que tenía que ver con el trabajo periodístico que yo hice sobre la banda de narcotraficantes Los Perrones. A Perdomo le dije lo mismo, pero a él también le agregué que también podía provenir de oficiales de la PNC vinculados a Los Perrones.", dice Silva Ávalos. "Mi renuncia del gobierno responde en parte a la posibilidad de que oficiales de la policía estén involucrados en una amenaza (en mi contra)." 

Silva ingresó al servicio exterior con la administración de Mauricio Funes, quien lo nombró como segundo al mando en la embajada en Washington. Antes se desempeñó durante muchos años como periodista en La Prensa Gráfica, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de redacción, desde el cual investigó a la banda de narcotraficantes del oriente del país. 

El Faro pidió información oficial del caso a la oficina de prensa de la Fiscalía y esta confirmó que se encuentra en investigación por la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía a cargo de Rodolfo Delgado, pero hasta el cierre de esta nota no había dado más información sobre los tiempos de la investigacion ni si ya emitió los citatorios al ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, para que declare en calidad de testigo.

En El Salvador, Pedro Cruz, el abogado litigante que representa a Silva, confirmó que el caso está en fase de investigación preeleminar en la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía. "Desde los pasos internos que se tienen que llevar a cabo para sacar adelante el caso hasta la fecha ha pasado casi un año. No se quiere decir que esté detenido, pero las personas que aparecen en el caso son altos funcionarios y eso influye: cuestiones de agendas, de autorizaciones dentro de la misma fiscalía. Es decir, para citar funcionarios de alto nivel se necesita que autorice un funcionario de la fiscalía de alto nivel. Eso."

El ministro de Seguridad tampoco respondió a solicitudes para hablar sobre el caso, y un delegado de su despacho se limitó a confirmar que tenían conocimiento de la denuncia de Silva. 

Silva Ávalos explica por qué, si la amenaza presuntamente proviene de pandillas, él sospecha que tiene otro origen. "Cuando, junto a un equipo de reporteros de La Prensa Gráfica, investigamos a Los Perrones también investigamos a oficiales que, a todas luces, protegieron, extorsionarion y se beneficiaron de su relación con esos narcos. En todo momento, durante aquellas investigaciones periodísticas, la reacción de las autoridades fue de proteger a los suyos, como lo fue después cuando El Faro denunció el Cártel de Texis o incluso cuando una funcionaria como Zaira Navas abrió investigaciones formales contra esos oficiales. Yo he escrito e investigado sobre narcos y policías corruptos. ¿Por qué me iban a amenazar las pandillas? "

En diciembre de 2009, la exinspectora de la Policía Nacional Civil, Zaira Navas, reveló que tenían una serie de investigaciones en curso sobre los vínculos de altos mandos policiales con narcotraficantes. En esa ocasión, la entonces Inspectora reveló que las investigaciones partían en parte por revelaciones de los artículos publicados por La Prensa Gráfica. 

En la investigación de Zaira Navas destacan los casos del ex director de la PNC, Ricardo Menesses, y el ex subdirector Pedro González –que dirigieron la corporación entre 2003 y 2005-. Ambos oficiales fueron vinculados por testigos protegidos de la Fiscalía con el un reconocido narcotraficante del oriente del país, José Natividad Luna Pereira (Chepe Luna), a quien la Corte del Distrito Sur de Nueva York requiere por los delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. El comisionado Pedro González es el actual Subdirector Antipandillas de la PNC. 

La Inspectoría dirigida por Navas también reveló indicios de otros posibles ilícitos cometidos por otros cinco jefes policiales, entre los que figuran el ex subdirector de Áreas Especializadas, ahora actual jefe de la región occidental, Douglas Omar García Funes. A este comisionado se le señala la omisión en la investigación y captura de Luna Pereira, así como la facilitación de medios para la ejecución de ilícitos relativos al narcotráfico.

En las investigaciones reveladas en diciembre por la ex inspectora Navas también destacaba la investigación en contra del comisionado Godofredo Miranda, a quien se le investiga por supuesto peculado. Según confirmó Navas, una investigación contra Miranda cobró fuerzas después de que se conociera que el congresista estadounidense James McGovern pidió a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Funes, una investigación en contra de Miranda por su participación en el caso Los Perrones.

En ese entonces, el grupo de oficiales señalados se defendieron de las acusaciones a través de entrevistas televisivas. El ex subdirector Pedro González, y el comisionado García Funes defendieron su inocencia en los programas televisivos Frente a Frente (Telecorporación Salvadoreña) y la Entrevista con Ernesto López, de Canal 21, respectivamente.

En la Fiscalía, la inspectora ha sido demandada por González y por el comisionado Godofredo Miranda luego de conocer las investigaciones en su contra. González reclama que la funcionaria ventilara públicamente las investigaciones internas, y aseguró a la prensa que la motivación era política para manchar a los jefes policiales que provienen de las filas del ejército.

Tras conocer las investigaciones de Navas, la Asamblea Legislativa abrió una comisión especial que frenó el trabajo de la entonces Inspectora. Los diputados de casi todas las bancadas alegaron que la inspectora estaba actuando con criterios políticos, ya que la mayoría de los imputados formaron parte o estuvieron ligados a los cuerpos de seguridad del Estado desmantelados tras los acuerdos de Paz. En mayo de 2011, la Sala de lo Constitucional, con cinco votos, determinó que la comisión creada por los diputados era inconstitucional. 

Hace casi un año, en febrero pasado, Zaira Navas renunció a su cargo después de que el director de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, ordenara varios cambios al interior de la PNC, entre ellos uno que coloca en el Centro de Inteligencia Policial a un oficial llamado Óscar Aguilar, a quien le abrió expediente por vínculos con el crimen organizado; y en la región occidental a otro, Douglas García Funes, con dos expedientes.

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