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Arena expulsa a tres diputados sin probar compra de voluntades

El partido de derechas terminó un proceso de dos meses cuyo resultado estaba cantado desde cuando inició. Arena acusó a tres diputados de haber traicionado al partido y de haber incumplido sus deberes en reiteradas ocasiones. La compra de votos, según explicó un vocero del tribunal de ética del partido, es algo que debe investigar la Fiscalía.


Lunes, 14 de enero de 2013
Gabriel Labrador

Dos meses después de que el grupo parlamentario del partido Arena expusiera a la dirección nacional que se sentía incómoda con cuatro diputados porque votaron a favor del presupuesto general para 2013, tres de ellos quedaron expulsados de manera oficial este lunes, aunque ya ellos mismos se habían marchado hacía tiempo aduciendo que ya sabían cómo iba a terminar el proceso en su contra.

El tribunal de ética de Arena emitió la mañana de este lunes tres resoluciones distintas para los diputados Adelmo Rivas, Rigoberto Soto, Jesús Grande, con las que quedaron fuera del partido de derechas. El otro diputado al que se le había abierto un expediente disciplinario era el coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, pero su causa se cerró de manera automática cuando el 10 de noviembre se salió de Arena para inscribirse en el Partido Salvadoreño Progresista (PSP), una organización integrada básicamente por militares.

La expulsión de Rivas, Soto y Grande ya estaba cantada. Desde la votación del presupuesto el jueves 8 de noviembre, los cuatro diputados quedaron excluidos de los espacios reservados para la bancada tricolor: sus oficinas en la cuarta planta del edificio legislativo fueron vaciadas por ordenanzas, y sus puestos dentro del Salón Azul, en las curules del extremo derecho, pasaron a ubicarse contiguo a la fracción de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Gana es el partido que nació en octubre de 2009, producto de la ruptura de la bancada legislativa arenera.

La semana siguiente a la expulsión de facto de los diputados, la junta directiva de la Asamblea habilitó nuevo espacios para las oficinas de los cuatro disidentes en el segundo piso del edificio parlamentario que alberga las sedes de cada partido, cerca de la entrada principal, en salones donde antes los empleados legislativos recibían clases de inglés.

Arena, que se había convertido en mayo en la fracción con más diputados en la Asamblea producto de las elecciones de marzo, ahora se queda con 29 legisladores. La robustez de Arena depende de que ningún otro diputado se vaya de sus filas, pues eso los haría perder la llave de la mayoría calificada en el congreso: la Constitución de la República dispone que algunas de las principales decisiones que competen a la Asamblea Legislativa se toman con el respaldo mínimo de dos tercios de los 84 diputados, es decir, 56 votos. Por ahora, Arena aún tiene el diputado 29 que le garantiza que no se pueda nombrar magistrados de Corte Suprema o Fiscal General o ratificar préstamos internacionales sin su visto bueno.

Arena expulsó a los tres diputados mediante un proceso que duró dos meses. Ocho artículos (del 94 al 101) de los estatutos del partido establecen el régimen disciplinario de la organización. En ellos se habla que un arenero pierde su membresía por expulsión, y que esta se puede dar por cuatro razones: traición al partido, desacato o rebelión contra las disposiciones de sus organismos o autoridades, conducta contraria a los principios y objetivos, estatutos y normas del partido, e incumplimiento reiterado de sus deberes. Rivas, Soto y Grande cometieron todas esas faltas catalogadas como graves, según explicó el exdiputado Guillermo Ávila Qüehl, miembro del tribunal de ética de Arena.

Los diputados Rigoberto Soto y Adelmo Rivas dijeron no comprender a qué se refería el partido con el término traición porque a su juicio haber votado por el presupuesto general de la nación es haber apoyado a la ciudadanía. “Votar por el presupuesto es haber votado por el país, ¿quiénes son los verdaderos traidores?”, dijo Soto, quien se definió como un diputado que seguirá siendo de derecha pero de ninguna bandera política. Adelmo Rivas, diputado por Sonsonate, dijo que él se sigue sintiendo arenero pese a la expulsión y añadió que considera la decisión del tribunal injusta.

Ávila Qüehl señaló que los tres diputados serán notificados vía escrita mañana martes. Este lunes, el Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) brindó su habitual conferencia de prensa en la que compartió un comunicado en el que informaba sobre la expulsión. Se consultó a Ávila Qüehl si podía facilitar una copia de las resoluciones del tribunal de ética, a lo que respondió que no, debido a que, como explicó, en el proceso de recabación de pruebas y de escucha de alegatos se ventilaron aspectos muy internos del partido. “Por lo menos de manos del tribunal de ética no nos gustaría hacer públicas las resoluciones”, dijo.

El proceso disciplinario terminó pero Arena no pudo comprobar lo que tantas veces señalaron sus diputados y dirigentes en los medios de comunicación: que Ochoa Pérez, Rivas, Soto y Grande habían recibido dinero a cambio de votar por el presupuesto, contrario a lo que había decidido la fracción tricolor.

Ávila Qüehl justificó que el tribunal no había encontrado ninguna explicación a la votación disidente de los diputados y que probar la compra de votos era algo que solo le compete a la Fiscalía General.

“No probaron eso, que sigan investigando y que prueben lo que dicen, de lo contrario, exigimos una disculpa pública”, reclamó Soto. El diputado Rivas, quien también se desempeñó como director nacional del sector campesino de Arena, dijo que él y los otros tres diputados, incluyendo Ochoa Pérez, se habían puesto a disposición de la Fiscalía para que investigara las denuncias presentadas por Arena.

Jorge Escobar, diputado por La Unión, denunció ante la Fiscalía en noviembre pasado que el exlegislador Miguel Ahues Karrá, quien buscó un puesto de diputado con el partido Gana en las elecciones de marzo, le ofreció dinero a cambio de que votara distinto a la bancada arenera. David Reyes, otro diputado de Arena, denunció por esos mismos días ante la Fiscalía que había recibido amenazas de muerte por parte de empleados del partido Gana.

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