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Comunidades indígenas se arman para combatir el crimen organizado

Hartos de la incapacidad por parte de las autoridades estatales y federales para detener la creciente ola criminal, los habitantes de El Mesón, un pequeño pueblo de mayoría indígena ubicado en el estado mexicano de Guerrero, tomaron hace semanas rifles y machetes para procurar 'justicia'. No son los únicos.

Martes, 29 de enero de 2013
Laurent Thomet (AFP)

Ayutla de los Libres, Guerrero, MÉXICO. Siete detenidos permanecen inmóviles en una pequeña celda sin ventanas de un edificio rosa: es la improvisada prisión de El Mesón, un pueblo en el sur de México que tomó las armas para hacer justicia por mano propia contra violentas bandas criminales. En un cuarto más amplio, otros 16 hombres se acomodan sobre trozos de cartón o tapetes, al ras del suelo de concreto. Ninguno porta zapatos. Algunos llevan el torso desnudo, uno de ellos muestra un hematoma en el ojo. Contra la pared, cuatro nerviosas mujeres están sentadas sobre baldes de plástico. Solo los chirridos de un viejo ventilador rompen el silencio y el calor.

Afuera, unos 25 campesinos encapuchados y armados con rifles mantienen la guardia en un patio techado. Sobre la mesa, uno de ellos escribe los testimonios que la gente cuenta en contra de los detenidos. Hartos de la incapacidad y el rechazo por parte de las autoridades para detener la creciente ola criminal, los habitantes de esta zona montañosa de la Costa Chica del estado mexicano de Guerrero tomaron hace semanas rifles y machetes para combatir a los despiadados cárteles.

En los últimos cuatro años, habitantes de los estados de Michoacán (oeste) y Chihuahua (norte) también han tomado la justicia en sus manos, en un país convulsionado por una ola de violencia que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) dejó más de 70 mil muertos, según cifras oficiales.

Cubriéndose el rostro con pasamontañas o pañoletas, cientos de pobladores de origen indígena, algunos de edades tan tempranas como 14 años, patrullan las calles, instalan puestos de control y arrestan a la gente que figura en la lista de sospechosos que escribieron a mano.

“No hay otra manera”, dice un padre de familia de 25 años quien, junto con otros 30 hombres, hace guardia en un puesto de control vespertino en el pueblo de Tecoanapa. “Queremos vivir y dormir en paz”, añade.

Este hombre cuenta que el levantamiento armado se debe a “la incapacidad de los gobiernos estatal, municipal y federal” para garantizar la seguridad, mientras recibe muestras de agradecimiento de una pareja de edad avanzada y de su hijo, que llevan pan y café a los autoproclamados defensores del pueblo.

“Disculpa por la molestia”, dicen los encapuchados al detener camionetas y automóviles para solicitar identificaciones de los viajeros. Pero, por otro lado, no dudan en empujar contra el toldo de su automóvil a un taxista que se niega a someterse al procedimiento.

De las 44 personas acusadas de asesinato, secuestro y extorsión capturadas por policías comunitarios, 27 se encuentran en El Mesón, un poblado que pertenece al municipio de Ayutla de los Libres, y podrían enfrentar justicia popular.

“Vamos a dar una limpia total al municipio”, dice un “comandante regional” de 28 años, armado con un revólver 9 milímetros.

“El pueblo decidiría matarlos, pero somos humanitarios. Aquí vamos a reeducarlos”, asegura a través de su pasamontañas este hombre que se rehúsa a dar su nombre. “Los vamos a juzgar con usos y costumbres, y el que debe, que lo pague”, asegura.

Tras una votación entre los habitantes de El Mesón, se permitió el viernes pasado a periodistas visitar a los detenidos.

Por el contrario, en los alrededores de un pueblo vecino en donde hay más detenidos, cerca de 200 personas se manifestaron con palos y machetes para disuadir a los reporteros de visitar a los detenidos.

“No son maltratados. Comen, están más gordos que nosotros, comen frijoles, huevo, pollo, queso y tortillas calientes”, dice una madre de 50 años que viste una blusa estampada con la imagen de Cristo crucificado. “Que los castiguen porque lo merecen”, fustiga, al asegurar que “ahora, el ambiente es más calmo”.

El detonante

El secuestro de un dirigente de Ayutla el 5 de enero fue el detonador para este pueblo, que desde hace cuatro años vive temeroso. El dirigente fue rescatado por sus camaradas en un operativo que según algunos dejó un taxista muerto.

Las comunidades quieren llevar a los 44 detenidos ante un tribunal popular esta misma semana, para que líderes locales dicten sentencias que podrían incluir años de trabajo forzado. Esta clase de justicia ya existe en una docena de municipalidades de Guerrero que cuentan con una “policía comunitaria”, una instancia reconocida por ese Estado y que ha existido durante 17 años.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a la prensa local que esto “está al margen de la ley”, aunque reconoció que comprende las razones por las que surgió.

El Ejército y la policía estatal tomaron el control de algunos retenes la semana pasada, pero los encapuchados son más numerosos y aún patrullan las calles a pie o en camionetas. El riesgo de que se cometan abusos persiste: la Fiscalía investiga el supuesto asesinato de un sospechoso de 30 años en un puesto de control del pueblo Atliaca.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón, dijo a la AFP que las detenciones son ilegales, y que el mejor camino a seguir es el diálogo para asegurar la integridad de los detenidos.

La policía comunitaria accedió a que Alarcón visitara brevemente a 39 de los detenidos el jueves 24 de enero, pero se rehusó a entregarlos a las autoridades.

“Sería una contradicción entregarlos, porque serían juzgados por un sistema corrupto”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de un grupo de derechos humanos de Ayutla.

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