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Renace conflicto en Honduras después de reforma a Constitución que permitiría "ciudades modelo"

AFP / El Faro
El Faro / Publicado el 24 de Enero de 2013
El Congreso reformó la Constitución la noche del miércoles, en un segundo intento porque el proyecto presidencial logre despegar. La Corte Suprema de Justicia ya había declarado inconstitucional una primera versión de "Ciudades modelo" y, un mes después de que tres de sus magistrados fueran destituidos, el máximo tribunal debe prepararse para dirimir el litigio que ya proponen detractores del proyecto.
Tegucigalpa, enero 24. La aprobación el miércoles por parte del Congreso de Honduras de una reforma constitucional para crear "ciudades modelo", al estilo de Hong Kong, provocó este jueves fuertes reacciones de sectores que se oponen al proyecto por considerarlo inconstitucional, apenas un mes y medio después de que el presidente Porfirio Lobo denunciara un intento de golpe de Estado en su contra, y una posterior destitución de tres magistrados de la Corte Suprema hondureña.

Con 110 votos a favor del oficialismo, 13 en contra y 5 abstenciones de los cuatro partidos de oposición, el Congreso aprobó la reforma a tres artículos de la Constitución para hacer posible el proyecto, promovido por el presidente Porfirio Lobo y el Presidente del Congreso, Juan Hernández.

Es la segunda vez que el Congreso aprueba la iniciativa, que en octubre pasado fue frenada por la Corte Suprema de Justicia al declarar su inconstitucionalidad.

Con esa reforma, "los diputados violaron artículos pétreos de la Constitución y eso es un delito de traición a la patria", dijo a la AFP el jurista Jari Dixon, quien fue uno de los promotores de los recursos e inconstitucionalidad en octubre pasado.

El presidente Lobo propuso las "ciudades modelo" como fórmula para generar focos de desarrollo, en un país donde 70% de sus 8.4 millones de habitantes vive en la pobreza.

Según la controvertida propuesta original, las ciudades modelos constituirían unidades territoriales independientes, administradas por un gobernador y con sistemas de justicia y seguridad propios.

Ahora la reforma se hace "con respeto estricto a la soberanía nacional" porque "los tribunales pasan por lo que la Constitución dice: concurso para que el poder judicial a través del consejo de la judicatura pueda nombrar esos jueces y todo lo que es relaciones exteriores, defensa, es atribución del Estado de Honduras", explicó de su lado Hernández, la noche del miércoles.

"Sólo vamos a esperar que sea ratificada la reforma y se publique en La Gaceta (oficial) para presentar otro recurso de inconstitucionalidad; el problema es que el mismo Congreso ya cambió a los magistrados que votaron en contra" en octubre, reconoció Dixon.

En diciembre pasado, el Congreso separó a cuatro de cinco magistrados que votaron en contra de las "ciudades modelo", también llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), y contra la depuración de la policía que impulsa Lobo para limpiar la institución de miembros implicados en el crimen organizado.

Dixon recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por 15 magistrados tiene pendiente otro recurso presentado el 12 de septiembre del 2012 por él y otros juristas en el que piden enjuiciar por "traición a la patria" a Lobo y a los diputados que votaron por la primera reforma.

"Esta reforma no solo pone en riesgo la soberanía sino los recursos naturales y a la poblaciones, de que sean desplazadas de los lugares donde se van a hacer esos emporios", dijo a la AFP el procurador de derechos humanos, Leonel Casco.

El 7 de diciembre pasado, Lobo dijo que había una conspiración en su contra para sacarlo del poder, y señaló al empresario Jorge Canahuati como el autor intelectual del complot.

Canahuati es un prominente empresario dueño de los periódicos El Heraldo y La Prensa. Estos publicaron un comunicado en el que rechazaban las acusaciones del gobernante y sugerían que los señalamientos de Lobo se debían a publicaciones que el mandatario consideraba perjudiciales para su administración. Una de ellas era la que recogía en portada de La Prensa la advertencia de los magistrados del máximo tribunal de que no iban a tolerar presiones del presidente en algunas de las causas que juzgaban.

En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en una conspiración en la que se juntaron los intereses del Congreso Nacional, la Corte Suprema, la cúpula militar y empresarios, después de que Zelaya intentara una consulta popular.

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