La Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que representó la reacción de la comunidad internacional a los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Esta es una fecha para reflexionar, más que para celebrar. Sólo hay que echar un vistazo a los eventos de las últimas semanas para encontrar ejemplos que demuestran que la creencia en los derechos humanos para todos—en tratar a todos los estados por igual—es más una fina membrana que un sólido bastión.
La Declaración Universal fue un prudente reconocimiento de la obligación de los Estados de asegurar la protección de los derechos fundamentales que garantizan la libertad y la dignidad de los individuos y los grupos. Quizás aún más importante, representa la conciencia del deber de la comunidad internacional de velar por la protección de estos derechos. Si bien sería tentador creer que estamos avanzando continuamente hacia sociedades que cada vez respetan más los derechos humanos, y que cuentan con el apoyo constante y eficaz de la comunidad internacional, en realidad hay serios motivos para preocuparse.
En el marco de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, Francia y el Reino Unido hicieron alarde de una doble moral profundamente desagradable al intentar extraer promesas de los líderes palestinos de que jamás intentarían llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta cínica campaña fue liderada por las mismas voces que a diario exigen la rendición de cuentas del régimen de El Assad en Siria.
En este caso la cuestión no es si Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sino más bien que dos poderosos Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI consideren apropiado impedir que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial por parte de la corte que ellos mismos ayudaron a crear. Esto juega en favor de todos aquellos que afirman que la CPI no es más que un instrumento de los intereses políticos occidentales, y reduce al pueblo palestino a ciudadanos de segunda categoría en cuanto a la protección que pueden esperar de la corte.
Si la integridad de la CPI se ha visto manchada por Francia y el Reino Unido, dos importantes Estados Miembro, el buque insignia de la rendición de cuentas establecido por la ONU – el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) – ha sido perjudicado por la decisión de la Cámara de Apelaciones de absolver a los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markac. La minoría de la Cámara de Apelaciones, junto con observadores independientes, acusa a la mayoría de dicha cámara de tergiversar deliberadamente las conclusiones de la Sala de Primera Instancia y de reducir considerablemente el grado de protección que la población civil puede esperar frente a ataques de combatientes. En consecuencia, la Cámara de Apelaciones ha reescrito la historia del conflicto de los Balcanes de manera significativa, señalando que no hubo nada criminal en ningún aspecto de la estrategia militar croata contra los serbocroatas. Esta reinterpretación poco razonable y falsa de las opiniones de los expertos empleada para enturbiar la definición de bombardeo excesivo constituye un serio debilitamiento del propósito de las leyes de la guerra de evitar daños innecesarios a la población civil.
Por último, los recientes actos de violencia en Goma, al este de la República Democrática del Congo (RDC), son una acusación contra el presidente Joseph Kabila y a la comunidad internacional en general. En 2004, la Fiscalía de la CPI, liderada por Luis Moreno Ocampo, identificó a Bosco Ntaganda como uno de los máximos responsables de los crímenes de guerra cometidos en la provincia de Ituri y solicitó una orden de arresto contra él. En los años que siguieron, el presidente Kabila permitió que Ntaganda se paseara libremente por las poblaciones de las provincias orientales, alegando que sería demasiado desestabilizador arrestarlo. La comunidad internacional no quiso o no pudo convencerlo de lo contrario.
Una consecuencia de esto fue la a menudo ignominiosa escena de Ntaganda cenando en los mismos restaurantes donde se reunían los funcionarios de la ONU. Hace unos días, la milicia “M23”, vinculada con Ntaganda, tomó Goma y demostró la debilidad del Ejército del Congo y del gobierno de Kabila. Al mismo tiempo, anuló en una violenta semana el resultado de años de arduos esfuerzos por reconstruir las capacidades e infraestructura locales, además de provocar una crisis humanitaria al forzar a cientos de miles de personas a huir – de nuevo.
Los acontecimientos en torno a Gaza, Goma y Gotovina pueden ser interpretados de varias maneras. Sería fácil afirmar que la protección de los derechos humanos en realidad no es más que una cínica manipulación de la misma política de siempre. Y no se trata de una acusación sin ningún fundamento. Hace cincuenta años, no contábamos con una CPI cuyos Estados Parte pudieran actuar de manera tan vergonzosa como lo han hecho el Reino Unido y Francia recientemente. No teníamos el deseo de crear una institución como el TPIY para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto de los Balcanes en los 90. Estos ejemplos demuestran que, si bien ha habido avances, estos no serán inevitables ni perfectos. Las instituciones y los procesos, para bien o para mal, están a cargo de personas.
El disfrute de los derechos fundamentales no depende solamente de la rendición de cuentas, pero sin rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos veremos cada vez más abusos cínicos de las ideas que surgieron en reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La eterna vigilancia es el precio de la libertad. No basta con crear instituciones encargadas de garantizar la protección de los derechos fundamentales: debemos, con renovado vigor, asegurar que dichas instituciones, y los Estados que las apoyan, actúen de manera honrada, honorable y eficaz.
*Paul Seils es el vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional
