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El nuevo fiscal trabajó con todos los gobiernos de Arena

Gabriel Labrador
El Faro / Publicado el 4 de Diciembre de 2012
Luis Martínez fue elegido fiscal general para el período 2012-2015 con el respaldo de los 84 diputados. Abogado de 48 años de edad, tuvo cargos en el Ejecutivo durante los cuatro gobiernos del partido Arena. Este martes, interrogado sobre la corrupción en el ISTA -del que él fue directivo-, respondió que la información publicada por este periódico estaba sesgada, que no fueron casos de mayor relevancia y que en su momento aclarará su rol en la institución.

En su primera intervención ante la opinión pública, el nuevo fiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, elegido sorpresivamente con el apoyo de todos los diputados, se comprometió a que la Fiscalía mejorará su eficacia y que combatirá frontalmente al crimen organizado.

“Vamos a hacer la diferencia, lo vamos a demostrar con el trabajo día a día, y eso lo podrán percibir en el transcurso de nuestro trabajo y de nuestros fiscales auxiliares y de todo el personal involucrado en esta noble misión”, dijo, al responder a la pregunta de si podía explicar cómo iba a diferenciarse de sus predecesores, caracterizados por pobres resultados en el combate al crimen organizado y a la violencia que llevó a El Salvador a convertirse en 2011 en el segundo país más violento del mundo

En su primera conferencia de prensa después de ser juramentado en el cargo por la Asamblea Legislativa, este abogado y notario de 48 años de edad dijo estar consciente de la deuda que dejaron sus antecesores. “Sé que el país demanda mayor calidad de justicia, una mayor eficacia y mayor eficiencia en el trabajo tanto de la Fiscalía como también de las entidades encargadas en la aplicación de justicia. Vamos a fortalecer esa labor, ese va a ser nuestro trabajo las 24 horas del día, los 365 días del año”, dijo.

Asimismo, marcó distancia respecto del velo de ocultamiento que los fiscales generales anteriores tendieron alrededor de una institución que nunca ha transparentado sus cifras de eficacia en el combate al crimen organizado. Las fiscalías dirigidas por Belisario Artiga (2003-2006), Félix Garrid Safie (2006-2009), Ástor Escalante (abril-septiembre de 2009) y Romeo Barahona (2009-2012) nunca pusieron a disposición del público datos sobre totales de denuncias de homicidios recibidas contra los de condenas logradas en los tribunales. "Será una Fiscalía de puertas abiertas", prometió Martínez.

Cuestionado por los periodistas después de recibir el apoyo de los 84 diputados, el fiscal general prometió una gestión valiente. “Tenemos que hacerle frente al crimen organizado y en ese sentido la fortaleza que le daremos a la Fiscalía va a estar a la altura de poder enfrentar con seriedad, firmeza, coraje y valor al crimen organizado. Venga de donde venga”, dijo.

El nuevo fiscal dijo que por el momento no estaba preparado para comunicar cuáles serían los casos cuya investigación va a desentrampar, pero ante la pregunta de si su labor se diferenciará de las gestiones anteriores en cuanto a la investigación del crimen organizado en casos como el del Cártel de Texis, prometió que habrá oportunidad para saber cómo marchan esas indagaciones.

“Al narcotráfico le haremos frente y de igual forma a la trata de personas", anunció, en referencia a dos delitos cuyas dimensiones se ignoran y que han salpicado a algunos políticos salvadoreños, aunque hasta ahora han terminado en muy poco en la justicia local. "Vamos a tener una unidad de atención a víctimas para hacerle frente a esta ola delincuencial. Trabajaremos de la mano con el ministro de Justicia y Seguridad Pública e implementaremos planes exitosos a corto y mediano plazo”, agregó.

Martínez trabajó con todos los gobiernos del partido de derechas Arena. Con Alfredo Cristiani (1989-1994) fue asesor legal del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento del Sistema Financiero (Fosafi), el organismo que se encargó de la reprivatización de la banca. Con Armando Calderón Sol (1994-1999) fue asesor legal del Ministerio del Interior y directivo en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 1995. Entre 1995 y 1998 fue director propietario en el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos INPEP en representación del Ministerio del Interior. En el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) fue hasta 2000 asesor legal de Interior. En la administración de Antonio Saca (2004-2009) ostentó tres cargos al mismo tiempo: fue miembro de la comisión especial para el desarrollo del Golfo de Fonseca y asesor legal ad-honorem del Ministerio de Agricultura. El tercer cargo que desempeñó fue el de directivo de la junta directiva del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), cuando fue presidente de la institución Miguel Tomás López (1999-2007). 

Una de las preguntas que El Faro hizo a Martínez durante la conferencia de prensa fue sobre los hallazgos de corrupción en el ISTA detectados por auditores de la Corte de Cuentas y por pesquisas de la misma Fiscalía a lo largo de varios años, incluso cuando Martínez fue director del ISTA. El funcionario dijo que pronto iba a aclarar su rol alrededor de este caso. Este periódico publicó este lunes un reportaje en el que revela que faltando dos semanas para que Hernán Contreras dejara la presidencia de la Corte de Cuentas, esta institución extendió solvencia a tres expresidentes del ISTA, aunque las investigaciones siguen vigentes en la Fiscalía.

La mayoría de partidos políticos dijeron que ven a Martínez como un hombre de derecha. Arena, de hecho, lo mantuvo como su plan B desde cuando la Sala de lo Constitucional resolvió en junio pasado que el nombramiento de Ástor Escalante como fiscal general era inconstitucional. La carta favorita de Arena era Romeo Barahona, fiscal general hasta septiembre pasado.

Por el contrario, el resto de partidos se mantuvieron unidos alrededor de Ástor Escalante, pero nunca tuvieron los 56 votos mínimos para designarlo en el cargo. En cambio, este martes ya nadie parecía tener objeciones a uno de los dos favoritos de Arena y prácticamente todos los partidos se dedicaron a elogiar al flamante funcionario. “Es un hombre de derechas, pero no ha sido partidario, no es orgánico”, dijo Francisco Merino, de CN, vicepresidente de la Asamblea.

Martínez, en contraste aparente con lo que había dicho el jefe de los diputados de Gana, Walter Guzmán, el miércoles de la semana pasada, dijo que iba a ser implacable en la aplicación de la ley: “La moderación y equilibrio no son incompatibles, sino complementarios con una firmeza total y absoluta en la defensa de los intereses de la sociedad y el Estado. Nada nos alejará del cumplimiento del deber”, señaló.

El miércoles pasado, el diputado Guzmán dijo durante la sesión plenaria de la Asamblea, que el fiscal general que iban a elegir no debía causar temor en nadie. "No va a venir a perseguir expresidentes o exfuncionarios", dijo Guzmán, sin detallar a quiénes se refería.

Martínez, expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) resultó elegido después de un proceso de casi ocho meses, que incluye el nombramiento ilegal de Escalante en abril pasado en sustitución de Barahona, cuyo mandato se acercaba a su fin.

Barahona terminó sus tres años el 19 de septiembre, y desde entonces la Fiscalía quedó acéfala. Los nombres de Barahona, Escalante y Martínez fueron los sobrevivientes de una lista original de 47 nombres construida en abril pasado, que poco a poco fue depurada hasta terminar en tres finalistas.

Haber elegido a Martínez supone que Arena y el FMLN, los únicos dos partidos con escaños suficientes para bloquear la elección de fiscal, lograron un acuerdo entre ellos, aunque de eso nada dijeron los diputados. En noviembre, los partidos admitieron a este periódico que los arreglos entre ellos pesaban más a la hora de elegir al fiscal que la idoneidad del candidato. 

A juicio del nuevo fiscal, el proceso con el que resultó elegido cumplió con la legalidad requerida, después de que la Sala de lo Constitucional declarara ilegal la elección de Escalante, por considerar que la Asamblea Legislativa 2009-2012 no estaba facultada constitucionalmente a elegir dos veces fiscal general. “La objetividad demostrada por todos los políticos en (el proceso) fortalece el respeto a la independencia y soberanía funcional, material y personal, y se traduce en un respaldo institucional que libera de esta manera cualquier malinterpretación polémica en el interés de la nación”, dijo en lo que parecía aludir a las supuestas denuncias de Arena sobre compras de votos para elegir fiscal hace mes y medio, y por las cuales cuatro diputados de ese partido están a punto de ser expulsados de las filas tricolores.

A sabiendas de que existe una montaña de rumores alrededor de su elección como funcionario público, Martínez dijo que se mantendría atento a lo que pudiera resolver el Tribunal de Ética Gubernamental, entidad que hoy día parece ser la única que ha tomado providencias para investigar los posibles sobornos en el parlamento. “Hay un proceso en el Tribunal, vamos a esperar los resultados, pero sí vamos a ejercer nuestra función de evitar cualquier actuación que pueda reñir con la ley”, aseguró.

Martínez fue el único, entre los tres abogados que llegaron a la etapa final del proceso de selección del fiscal, que presentó a los diputados un plan de trabajo para la institución. Para explicar cuál será su estilo de trabajo, volvió a pronunciar el lema con el cual tituló su propuesta de trabajo. “Mis apuestas serán constituir una Fiscalía fuerte pero justa, y combatir la corrupción, disminuir los niveles de delincuencia, hacer un trabajo conjunto con el resto de instituciones del sector justicia”, dijo.

Martínez propuso planes como la integración, en un solo laboratorio científico, los laboratorios especializados de la División Antinarcóticos de la PNC, del Instituto de Medicina Legal y de la División de Policía Técnica y Científica; echar a andar el centro de escuchas telefónicas en los primeros 100 días de gestión; e instaurar un programa de colaboración en el cual 150 abogados y personas con estudios universitarios en derecho podrían auxiliar el trabajo fiscal.

Consciente de que la FGR hasta ahora no ha tenido el presupuesto (eso alegó Barahona cuando se retrasó en el montaje del centro de escuchas telefónicas) que sus titulares han solicitado, Martínez dejó entrever que cabildeará insistentemente con el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa para que le orienten más presupuesto y que pueda cumplir su labor.

El FMLN es el principal partido que cambió su postura original hasta llegar a la elección de este martes. De mostrar su respaldo a Ástor Escalante privilegiando que tenían un arreglo con Gana, pasaron a apoyar a un candidato con un pasado plenamente vinculado a Arena. Norma Guevara, jefa de diputados del FMLN, pidió la palabra durante la sesión plenaria convocada especialmente para elegir y juramentar a Martínez, pero no explicó nada del viraje en el discurso. La diputada se limitó a enumerar cuáles eran las tareas constitucionales del fiscal general y a exigir su cumplimiento. “Tenemos una alta expectativa de la función que como fiscal general pueda desempeñar, esperamos que pueda responder a las situaciones que requiere el país”, dijo Guevara. La legisladora agregó que como partido tenían otras preferencias, pero obvió explicar en detalle por qué terminaron inclinándose por Martínez.

Hace mes y medio, el diputado efemelenista Orestes Ortez explicó a El Faro que habían conminado a Gana a buscar una alternativa que no fuera Escalante, so pena de ponerse de acuerdo con Arena. “Hemos dicho (a Gana) que nos ofrezcan otras opciones, una o dos propuestas más que superen las condiciones que hacen que Ástor Escalante no tenga los 56 votos”, dijo.

El Frente terminó diciendo que Martínez es un abogado que reúne los requisitos de idoneidad. Arena, por supuesto, elogió al nuevo fiscal. “En este proceso prolongado nos da satisfacción que este profesional que ha demostrado su integridad, él ha ocupado varias posiciones muy importantes”, dijo antes de la sesión plenaria Mario Marroquín, subjefe de los diputados de Arena, en una conferencia de prensa convocada justamente para tocar el tema. “Les puedo manifestar que nuestros diputados miembros de la Comisión Política ha firmado el dictamen para bajarlo este día y concurrir muy satisfechos con nuestros votos”, agregó.

Marroquín restó importancia a que Martínez haya compartido labores con un exfuncionario del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Miguel Tomás López, que fue un funcionario por quien la Fiscalía giró una orden de captura en 2011 por irregularidades en la repartición de tierras del Estado. Marroquín explicó que los legisladores encargados de elegir al fiscal, entre ellos Donato Vaquerano, jefe de diputados, habían revisado todos los documentos y archivos y expedientes facilitados por el Ministerio Público y las entidades de gobierno sobre los aspirantes. “Martínez pasó los filtros porque no hay ninguna acusación grave contra él ni hay ningún expediente abierto contra él”, aseguró Marroquín.

Varias de las decisiones cuestionadas e investigadas al ISTA las tomó la junta directiva de la institución, no solo el presidente del organismo. Tomás López había salido del ISTA en 2007 debido a las investigaciones en su contra. Fue dejado en libertad porque el delito ya había vencido. La junta directiva del ISTA, entre 1990 y 2007 parceló 23 terrenos estatales destinados por ley para la conservación de su hábitat .

Después de haber sido elegido fiscal, Martínez opinó al respecto: “Debo aclararle que esa noticia (publicada por El Faro) estuvo muy sesgada y jamás fui investigado por la Fiscalía”. Se le hizo ver que El Faro nunca sostuvo que él había sido investigado y se le repreguntó si él, como directivo, sabía de dichas irregularidades. “Esos procesos están en la Corte de Cuentas”, dijo. “No son casos de mayor trascendencia y mi esfuerzo como directivo siempre fue hacer cumplir la ley dentro de la institución, lo puede consultar con todo el personal que estuvo en el tiempo que estuve ejerciendo como directivo, y lo invito que me dé la oportunidad de poder aclarar todos esos puntos muy cortos que quedaron en su reportaje”, concluyó.

El diputado Jesús Grande, disidente de Arena, aseguró a El Faro que el lunes el abogado Martínez se reunió con todos los grupos parlamentarios. Grande agregó que a él y a los otros tres disidentes de Arena (Rigoberto Soto, Adelmo Rivas y Sigifredo Ochoa Pérez) les presentó la documentación con la cual demostraba que había estado en desacuerdo con las decisiones tomadas por la junta directiva presidida por Miguel Tomás López.

En el caso de estos cuatro disidentes, dos de ellos habían asegurado que votarían por Ástor Escalante. Lo habían aseverado en momentos en que su fracción, Arena, vetaba por completo al exviceministro de Seguridad. Se le preguntó a Jesús Grande y a Ochoa Pérez por qué ahora votaron por Martínez y lo que respondieron fue que en ningún momento dijeron que solamente por él podrían votar.

“Mi voto no era imprescindible para que quedara electo Luis Martínez, sin embargo, quise sumarme porque creo que es importante darle el beneficio de la duda al abogado. Mi preferencia era Astor Escalante porque trabajó muy bien en el departamento que represento pero vemos que ahora Martínez tenía los apoyos”, dijo Grande.

En el caso del coronel Sigifredo Ochoa, quien fue el primer arenero en confesar que votaría por Ástor Escalante, porque era el que prefería de los tres finalistas, eso le costó el proceso de expulsión que le inició el partido. Este martes reiteró que su opción era Escalante pero que debido a que no había votos suficientes para respaldarlo, en busca de una solución tenía que inclinarse por otra persona. “Yo le expliqué y es por eso que ahora hemos elegido a Luis Martínez. Yo hubiera preferido a Ástor porque conozco su trayectoria y es mi amigo, pero no tenía los votos suficientes”, dijo. “Es necesario tener fiscal, y eso no quiere decir que uno va a agarrar llave con un candidato. La Asamblea son votos, es negociación, y se llegó a elegir a este muchacho, joven, limpio y esperamos que cumpla su función”.

Mártir Arnoldo Marín, del PDC, tampoco aclaró su viraje. “Estábamos apoyando a Ástor Escalante... creo que el país ha ganado este día, vamos a tener un muy buen fiscal, un fiscal que no está comprometido con partidos políticos, sino que es un fiscal que va a desempeñar su cargo con mucha profesionalidad, eso esperamos de él”, dijo, sin precisar si hacía referencia a la independencia respecto de partidos políticos para contrastarlo con Escalante.

Escalante es unan figura que, para el FMLN, en 2009, cuando también estaba entrampada la elección de fiscal general, representaba los intereses de Arena. Escalante fue durante el gobierno de Antonio Saca director de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública. Ahora es Arena la que asegura que Escalante representa los intereses de Gana, partido detrás del cual, sostiene, está Saca, quien fue expulsado de Arena en 2009.

Gana, quien desde el inicio propuso a Escalante, matizó la elección diciendo que desde el principio, al único que vetaban, era a Romeo Barahona. “Nos sentimos contentos de que el país tenga fiscal, aquí no hay nadie que ha doblado el brazo a nadie, dijimos que cualquier persona que tuviera los votos de la mayoría apoyaríamos. Es un abogado muy profesional, creo que ganamos todos en la medida que un fiscal sea honrado y justo”, dijo Walter Guzmán, coordinador de diputados de Gana.

En la dirección de la sesión plenaria, el efemelenista Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, volvió a su discurso de que la elección de Martínez era el resultado de un acuerdo en el que no hubo ni vencedores ni vencidos. Esto manifestó reiteradas veces cuando la legislatura se vio obligada a elegir nuevamente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2012-2021, después de que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional los nombramientos hechos en combo en abril pasado junto con la elección de Escalante como fiscal general. Reyes evitó ver como fracaso el hecho de que la comisión especial que dirige, el comité de agenda país, no haya brindado los frutos necesarios y que, por el contrario, la elección del fiscal se tuvo que acordar en una reunión con los jefes de bancada. 

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