La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, abogó este lunes porque en El Salvador se despolitice el nombramiento de jueces a fin de garantizar el cumplimiento de la justicia.
'Ha llegado el momento de despolitizar todo el sistema de administración de justicia, a fin de garantizar que los magistrados y jueces tengan la posibilidad de decidir sobre los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en conformidad con la ley, sin restricción alguna y sin influencias', señaló Knaul en rueda de prensa.
Al concluir una visita de ocho días, la relatora remarcó que el nombramiento de los administradores de justicia debe basarse en las capacidades de los candidatos y 'no en la cercanía política' que tengan con algún partido político.
A criterio de Knaul, la Asamblea Legislativa 'debe establecer un proceso de selección más riguroso y transparente' de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 'Se requiere que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas independientes, íntegras e idóneas y con capacitación y calificaciones adecuadas para el cargo', sostuvo la relatora.
Meses después de una crisis surgida cuando algunos diputados decidieron desobedecer una serie de fallos judiciales emitidos por la Sala de lo Constitucional respecto del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, la funcionaria de la ONU dijo con claridad que la Asamblea Legislativa no tenía razón en sus reclamos y en sus acciones, que la llevaron incluso a pedir la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia.
Knaul dijo que en El Salvador hay 'serias interferencias' entre los poderes del Estado y citó la reciente crisis que vivió el país durante más de dos meses con una Asamblea Legislativa rechazando las sentencias de inconstitucionalidad de los magistrados elegidos en abril pasado para el período 2012-2021. Los diputados de los partidos FMLN, Gana, CN y Pes sostuvieron -y siguen diciéndolo- que los legisladores pueden interpretar la Constitución y determinar si los fallos de los magistrados de lo Constitucional son constitucionales o no. Ese fue el argumento por el cual concluyeron que las sentencias violaban la Constitución y se negaron a acatarlas.
'Las decisiones de las autoridades judiciales no pueden ni deben ser interpretadas por otros órganos del Estado, sino que sólo tienen que ser respetadas y cumplidas', dijo Knaul.
Durante su estadía en el país, la relatora, que presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2013, se reunió con representantes del gobierno, la Corte Suprema, el Congreso y gremios de abogados.
