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Las víctimas de Diego de Holguín

Texto: Gabriel Labrador. Fotografías: Mauro Arias.
El Faro / Publicado el 12 de Noviembre de 2012
Durante 17 años, el Estado salvadoreño fue incapaz de otorgar vivienda digna a 600 familias que habitaban la finca El Espino. La construcción del bulevar Diego de Holguín pasó por negociar estas tierras a cambio de otras necesarias para la vía. Pero provocó que las 10 manzanas de tierra que en 1995 se apartaron para el proyecto habitacional sucumbieran ante la venta y reventa de tierras, y con eso, los sueños de una casa digna de los habitantes del Caserío El Espino. Ahora solo quedan 85 familias que ya fueron demandadas por usurpación por los antiguos patronos: la familia Dueñas. Sin el proyecto de vivienda, la gente no tiene adónde ir.

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María Esperanza, a la izquierda, cuenta su historia personal de habitante de la finca El Espino.

“Usurpadora... esa es la única palabra que no entiendo”, dice María Esperanza, sentada en una silla de plástico, bajo la sombra de grandes aceitunos. Tiene 74 años, dice que no conoce más que la finca El Espino, donde ella, sus cinco hijos y una cantidad imprecisa de nietos y bisnietos han dejado enterrado el ombligo. “¿Y qué significa esa palabra, pues?”, pregunta, desde este predio desde donde se ve que ondean las banderas del edificio de Cancillería, en Ciudad Merliot. “¿Cómo puedo ser usurpadora si yo no conozco otro lugar donde vivir? Aquí nací y aquí me voy a morir”.

María Esperanza trabajó para una familia de apellido Dueñas, propietaria original de la finca El Espino, a partir de los 14 años hasta que la fuerza de su cuerpo se vino a menos. Hoy pasa los días cuidando de los más pequeños de su descendencia en un intento por ignorar la incertidumbre sobre esa vaga idea de hogar. “Yo no entiendo por qué ahora nos quieren afuera de aquí... usurpadora, mjm”, dice, con su voz ronca, mientras la piel rugosa, y reseca por las décadas vividas entre los cafetales, refulge unos rayos de sol.

María Esperanza dice estar desvelada: los ánimos no han estado muy tranquilos en los últimos días. Cuando hace dos semanas la alcaldía de San Salvador desalojó de ventas informales el centro capitalino, la noticia crispó los nervios en el Caserío. La familia Dueñas, que tras la reforma agraria conservó aún una parte de la finca,  ha demandado por usurpadores a 28 habitantes del asentamiento que comparte María Esperanza con otras 84 familias. En la demanda, los Dueñas han pedido la detención de los ocupantes. María Esperanza baja la voz y aprieta en un puño sus manos hinchadas: tiene miedo que, así como en el centro, el desalojo los alcance. La anciana cuenta que muchos esa noche de viernes casi no pudieron dormir.

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El bulevar Diego de Holguín tardó siete años en construirse y costó alrededor de $50 millones, el doble de lo proyectado. Será inaugurado la próxima semana y pese a saldar la deuda con los 50,000 automovilistas que a diario podrán trasladarse en cuestión de minutos desde un extremo del área metropolitana al otro, el Estado salvadoreño seguirá sin cumplir una promesa que suscribió hace 17 años con las 600 personas que, como María Esperanza, viven en un predio al lado del bulevar.

La Reforma Agraria en El Salvador fue una iniciativa de disolver los grandes la latifundios propiedades de pocas familias para repartir esas tierras entre entre los trabajadores del campo y sacarlos de su profundo nivel de pobreza...

María Esperanza y las 84 familias restantes que aun habitan el Caserío El Espino ya no deberían vivir ahí, carentes de servicios básicos como luz, agua, drenajes y de siquiera un acceso digno. Lo dicen los papeles que firmaron distintas carteras del Estado y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Espino en el año de 1995. Según esos documentos, que ahora los habitantes del Caserío guardan como el tesoro más preciado, ellos tendrían que estar desde hace años viviendo en terrenos ubicados a kilómetro y medio de ahí, lotes de 10 por 10 metros, siempre dentro del Espino, contiguo a las colonias Jardines del Volcán y Jardines de La Sabana de Merliot, con todos los servicios básicos, incluidas una escuela, una clínica de salud, una cancha de fútbol y la casa comunal.

Pero la realidad es otra. El proyecto habitacional y las 10 manzanas donde debía haberse construido hace años ha sido víctima de la especulación de tierras por los proyectos urbanísticos alrededor del Diego de Holguín. La última responsable de cumplir con ese convenio, la Cooperativa El Espino, ignoró todos los acuerdos suscritos con el Gobierno desde 1995 y, por el contrario, impulsó una vorágine de ventas e hipotecas de las cuales se lucró y que en principio estaban destinadas al proyecto habitacional. Las tierras del proyecto de vivienda ahora están en manos de constructoras y lotificadores, y llegaron a ellas a través de un procedimiento que la Subsecretaría de Transparencia continúa investigando y por la que el ministerio de Agricultura interpuso el pasado julio un aviso ante la Fiscalía General de la República.

El procedimiento con el que la Cooperativa ha enterrado el proyecto habitacional es ya una práctica sistemática: la Cooperativa adquiere préstamos que nunca tuvo la intención de pagar, los acreedores cobran su deuda a través de un embargo judicial, y el juez finalmente subasta los inmuebles al mejor postor. El truco, según la sospecha de la propia Subsecretaría de Transparencia del Ejecutivo, es que las subastas judiciales con las que la Cooperativa del Espino ha cedido el 64% de las 680 manzanas que tenía en 1995, “se arreglan” previamente en juzgados cómplices. La Fiscalía aun no ha judicializado ningún caso ni ha confirmado, pese a solicitudes de El Faro, si ha abierto investigaciones al respecto. Mientras tanto, la Cooperativa ha logrado captar de esa manera ingresos millonarios. 

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Desde la Reforma Agraria de 1980, la Cooperativa El Espino se convirtió en la propietaria de 1,100 manzanas de bosque cafetalero que eran propiedad de la familia Dueñas. Seis años después, la Corte Suprema de Justicia decretó que la parte confiscada sería únicamente 680 manzanas y que otras 350 tenían que volver a sus antiguos dueños por tener suelo urbanizable, es decir, que estaba fuera del alcance de la Reforma Agraria. Desde 1995 y, sobre todo desde 2001, los nuevos dueños de la parte protegida de El Espino parecen solo esperar que la Asamblea Legislativa derogue un decreto que protege dichas tierras desde 1993 y que permitirá, dado el caso, obtener grandes réditos económicos en ventas debido a la plusvalía de la zona.

El proyecto habitacional acordado bajo el gobierno de Armando Calderón Sol, en 1995, iba a darse en esta porción urbanizable del Espino, es decir, al sur del Bulevar Diego de Holguín. Pero su principal enemigo ha sido la especulación de tierras. Por ejemplo, solo en el período a partir del cual la cooperativa se comprometió a reubicar a la gente del Caserío, el 20 de mayo de 2009, las 10 manzanas para dicho proyecto cambiaron de dueño seis veces, y cada vez el proyecto de habitación se fue enterrando más. Solo por estos cuatro lotes, ubicados al costado poniente del bulevar Merliot, la cooperativa recibió $5.2 millones, en concepto de ventas o préstamos con garantía hipotecaria que nunca terminaba honrando.

Este procedimiento lo usó también un magistrado de la Corte Suprema, Roberto Argueta Manzano, cuando transó, en 2006, 127 manzanas de la reserva protegida cuando era representante legal y accionista de una empresa fantasma. Esta empresa se denominaba Ancona S.A. de C.V. y fue creada unas semanas antes con el objetivo específico de pujar en una subasta pública que a su vez se había originado en un préstamo que la Cooperativa siempre dijo que jamás pagaría.

Los últimos movimientos especulativos terminaron hundiendo aun más el proyecto de vivienda convenido en 1995 para los habitantes del Espino: las 10 manzanas están a un paso (de nuevo) de cambiar de propietario pues tienen una orden de embargo por parte del juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, La Libertad. Hay una empresa, denominada Serdinconsa S.A. de C.V a la que la Cooperativa le debe desde febrero de 2010 $3.4 millones y dado que los caficultores jamás honraron ese compromiso, la empresa pidió que embargaran los predios. 

Pero para agravar más el asunto, las mismas tierras tienen otra hipoteca. Hace cinco meses estos mismos lotes finalizaron un proceso de embargo y fueron rematados en el juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque por una deuda de $1.7 millones que había contraído la Cooperativa el 30 de mayo de 2009 con una sociedad denominada Portal y Asociados. En otras palabras, la Cooperativa hipotecó dos veces las mismas tierras, lo que provocó un conflicto legal para determinar quién es el verdadero dueño. Serdiconsa S.A. de C.V. ha decidido prácticamente ignorar la subasta que de Tonacatepeque y pelear por su propio proceso de embargo porque considera que la verdadera dueña de los lotes V-3, V-4, I-5 e I-6 del Espino es ella. De hecho, Serdiconsa S.A. de C.V. ha demandado ante la Fiscalía a la Cooperativa por estafa agravada.

En ambas hipotecas de las tierras del proyecto habitacional, la Cooperativa fue la única beneficiada: recibió dinero. $1.7 millones, primero, y $3.4 millones, en la segunda transacción. Este es un dinero que, según asociados que están inconformes con la conducción de la Cooperativa y que han hablado con El Faro, no se está utilizando eficientemente y se reparte de manera desigual entre los miembros. Juan Antonio Gómez, exdirectivo de la Cooperativa, cree que el proyecto habitacional nunca fue de interés para la Cooperativa sino que lo que buscaba era lucrarse de ellas, aprovechando que estaban en tierra urbanizable. El propio presidente de la Cooperativa admitió en una entrevista con El Faro en 2010 que a los asociados se les da dinero por cada venta de tierras.

La empresa Inversiones Latinoamericanas S.A. de C.V., a quien Portal y Asociados cedió la deuda de $1.7 millones con la Cooperativa el 4 de noviembre de 2011, es por ahora la legítima dueña de los lotes del proyecto de vivienda. Fue esta empresa la que promovió el proceso de embargo en Tonacatepeque. Su representante legal, Baltazar Israel Chávez prometió una entrevista en agosto con El Faro junto a sus abogados pero tras una segunda llamada no volvió a contestar. 

Uno de los compradores en la subasta de Tonacatepeque, el empresario Raúl Argüello González, habló también con este periódico y dijo que desconocía por completo la existencia del proyecto de habitación en el lugar donde compró su propiedad. Pero ya tiene bien pensado qué es lo que va a construir ahí, a un costado del redondel conocido como "La Llanta Pacha": un pequeño centro comercial. “La jueza de Tonacatepeque pidió todos los informes al CNR y ahí no aparecía ningún impedimento para subastar esas propiedades, así que las compramos”, justificó.

El cuadro rojo encierra los cuatro lotes donde debería crearse el proyecto de vivienda para los habitantes de El Caserío, encerrado en el cuadrado amarillo. El Diego de Holguín separa suelo urbanizable y suelo protegido

El cuadro rojo encierra los cuatro lotes donde debería crearse el proyecto de vivienda para los habitantes de El Caserío, encerrado en el cuadrado amarillo. El Diego de Holguín separa suelo urbanizable y suelo protegido

 

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El gobierno ¿exento de responsabilidad?

El Caserío El Espino es la herencia de los antiguos colonos de la finca El Espino. Muchos trabajaron con los Dueñas, aunque otros sencillamente fueron arrimándose mientras hubiera espacio. Y así llegaron más hijos, y así los nietos, y así el Espino llegó albergar casi mil familias. Desde la Reforma Agraria, fue la Cooperativa la que asumió la administración de todo el bosque pero a partir de 2006 los habitantes conformaron dos grupos. Los que estaban con y a favor de la Cooperativa presidida por Óscar Solís Girón, presidente de la Cooperativa, y su representante legal Juan Pablo Córdova Hinds; y los no cooperativistas o los que no estaban de acuerdo con la conducción de la Cooperativa. Fue así como surgió la Asociación de Desarrollo Comunal El Espino en 2006, cuyo presidente Pedro Manzano y otros asociados comenzaron a pujar por recuperar el proyecto habitacional. 

El 1 de abril de 2009, la Cooperativa de Solís Girón tuvo un amago favorable al proyecto. “La transferencia de los lotes no se ha concretado en el tiempo deseado (para cumplir con el proyecto)”, decía en una carta dirigida al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (Ista), en relación a la propiedad de los terrenos involucrados en el proyecto. En esa misma carta, Solís Girón pidió al Estado que las tierras para el asentamiento fueran transferidas directamente a la Cooperativa y que a cambio, se encargaría de levantar la comunidad prometida. 

Pero Girón también ofreció algo más apetecible para un gobierno cuyo partido, Arena, había estado 20 años en el poder sin que el famoso proyecto habitacional se pudiera echar a andar. Solís Girón prometió que, al recibir las tierras urbanizables, absolvería de toda responsabilidad al Gobierno. “Una vez realizada la transferencia quedaría sin efecto el convenio suscrito en 1995 ya que la Cooperativa extendería un finiquito definitivo a favor del Ista y del Estado y Gobierno de El Salvador, eximiéndoles de obligaciones presentes y futuras en cuanto al cumplimiento de los convenios suscritos anteriormente tanto en la asignación de tierras para vivienda como en lo referente a la construcción de la Casa Comunal, la Unidad de Salud, la Escuela y la Cancha de Fútbol”, reza la escritura pública con fecha del 20 de mayo de 2009, 11 días antes del traspaso de mando al presidente electo Mauricio Funes.

Hoy en día, el Ista es tajante al asegurar que con ese finiquito, ninguna cartera de Estado tiene responsabilidad en el tema. “El Ista ya no tiene ninguna responsabilidad en el tema, así como tampoco tiene injerencia en las ventas privadas que se deriven de las transferencias de tierra entre asociados de la cooperativa”, dijo a El Faro un vocero de la gerencia legal de la institución, en agosto pasado. Un alto funcionario del ministerio de Obras Públicas dijo off the récord, por temor a afectar la finalización del Diego de Holguín, que toda la persecución penal posible está en manos de la Fiscalía. 

¿Es legal el finiquito que dio la Cooperativa al Gobierno? Desde el mismo Ejecutivo hay quienes consideran que no, debido a que el entonces presidente de la Cooperativa, Solís Girón, ya había sobrepasado el tiempo autorizado por la ley de Asociaciones Agropecuarias y los propios estatutos de la Cooperativa para permanecer en la junta directiva. Solís Girón estuvo como presidente cinco años más allá de lo establecido y tiempo en el cual se suscribieron muchas ventas. La Ley general de asociaciones cooperativas, la normativa que regula a estas asociaciones desde 1986, establece en el artículo 42 que los miembros que integran los órganos directivos de las cooperativas durarán en sus funciones de uno a tres años y no podían ser elegidos por más de dos períodos en forma consecutiva para el mismo órgano directivo.

El gobierno dijo en su momento que pensaba revertir todos los trámites que Solís diligenció desde que se le vencieron las credenciales. Sin embargo, no ha ocurrido tal cosa. El Faro ha solicitado entrevistas al Ministerio del Ambiente, institución que en 2010 anunció la creación de una mesa interinstitucional para indagar en el caso, pero aún no ha habido respuesta.

Solís Girón logró perpetuarse en el cargo hasta 2010, cuando el MAG lo quitó. “Con cada venta de tierras que se hacía, él (Solís Girón) repartía dinero entre los asociados... Eso era suficiente para que fuera reelegido por unanimidad cada vez que se vencía su período o que se le aprobara cualquier cosa”, reconoce Juan Antonio Gómez, expresidente de la junta de vigilancia de la Cooperativa, uno de los organismos que en teoría debería vigilar la probidad de las actuaciones de los cooperativistas. Gómez asegura que Solís Girón y el actual presidente de la Cooperativa José Elías Escalante no están administrando con transparencia la entidad. 

Solís Girón permaneció en el cargo de presidente en parte porque lo permitió Gladis Marina de Hernández, entonces jefa del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, encargada del reconocimiento oficial, otorgamiento de personerías jurídicas y registro de las cooperativas en el país. Por ello es que el exministro de Agricultura, Guillermo López Suárez, interpuso un aviso de tipo penal ante la Fiscalía General en julio pasado informando de las irregularidades detectadas por quienes sucedieron a Marina de Hernández en el cargo.

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Los nuevos patronos acusan a los viejos colonos

Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera son los propietarios del inmueble en el que por ahora está el Caserío El Espino. Volvieron a apropiarse de esas tierras a raíz de un intercambio de terrenos que hicieron con el Estado pues este necesitaba un área en donde pasara el bulevar Diego de Holguín. En marzo de 2010, los Dueñas propusieron al Gobierno que, a cambio de donar las porciones para que pasara el tramo II del Diego de Holguín, el Estado les devolviera el inmueble de la finca El Espino que se conoce como “el casco de la finca”, contiguo al bulevar Cancillería. El Gobierno accedió y fue así como la familia Dueñas volvió al lugar donde vieron crecer su fortuna.

En la demanda de usurpación presentada ante la FGR, a la que tuvo acceso El Faro, los Dueñas hacen referencia a que en realidad la Cooperativa sí intentó cumplir con el proyecto habitacional. Lo que no dice es que la Cooperativa evitó utilizar la tierra urbanizable destinada para las casas y, en cambio, decidió lucrarse vendiéndolas o inventando préstamos y embargos.

La alternativa de vivienda que la Cooperativa ofreció a mediados de 2009 consistió en otorgar $8,000 a los habitantes del Caserío que no fueran asociados de la Cooperativa ―pero que vivieran ahí―, mientras que a los cooperativistas se les asignaría una parcela dentro de las 815 manzanas restringidas y protegidas por el Decreto Legislativo 432 que prohíbe cualquier uso del suelo que no sea con fines de experimentación y desarrollo agrícola. “Nosotros no quisimos irnos, a Solís Girón le dijimos que era ilegal eso de enviarnos donde está protegido ¿Cómo nos ibamos a ir para ahí donde es prohibido?”, cuenta Amelia Guzmán; de 72 años, una de las mujeres que, al igual que María Esperanza, conoció de niños a "don Robertío" y a "don Miguelito", los dos herederos de los Dueñas quienes hoy las acusan de usurpadoras. Amelia también cuenta que cuando le ofrecieron los $8,000 no los quiso agarrar porque no fue una decisión consensuada.  

Su hija, Yolanda, de casi 40 años, escribió una denuncia ante el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicando la situación: “El 16 de mayo de 2009, Solís nos informó que él y su grupo de asociados se trasladarían del casco de la finca a los lotes de 500 varas cuadradas que tenían asignadas y que a nosotros, los no asociados, nos darían lotes de 150 varas cuadradas en lo alto de la finca. Yo sé perfectamente a qué zona nos quiere enviar y donde no estamos de acuerdo, es la zona protegida por el decreto 432 donde no se pueden botar árboles y mucho menos construir viviendas. Aun así, él dice que todas las denuncias correrán a cuenta de él, queriéndonos mover con mentiras y engaños”.

Unas 100 familias aceptaron las condiciones que ofreció Solís Girón, según la demanda de los Dueñas. Esta gente se trasladó a la parte protegida o aceptaron los $8,000 que la Cooperativa había sacado de las mismas ventas e hipotecas de la tierra. Los que se quedaron en el Caserío comenzaron a agotar la paciencia de Solís Girón. Una denuncia ante la Fiscalía por amenazas de muerte da cuenta de ello. “Hacemos de su conocimiento nuestra preocupación por las amenazas, puesto que el Sr. Solís Girón ha manifestado con palabras soeces 'que ningún pendejo le va a arruinar el negocio de su vida' y que él adentro o fuera de la finca puede mandar a matar a toda la junta directiva de la Adesco”, reza el documento recibido por la Fiscalía de Santa Tecla, el 22 de junio de 2009.

El Faro ha solicitado entrevistas con Córdova Hinds, Solís Girón y el presidente actual de la cooperativa José Elías Escalante, sin embargo, ninguno de los tres ha contestado las solicitudes. Córdova Hinds salió a desmentir a Escalante en una entrevista concedida a El Faro en el año 2010 en la que el presidente de la Cooperativa admitía el uso de argucias judiciales. Córdova Hinds también pidió a la Corte Suprema de Justicia que se declarara ilegal el decreto 432 que protege el Espino. La CSJ resolvió en su contra el 28 de octubre de 2009. En su protocolo de notario de la República también constan las múltiples ventas, hipotecas, y préstamos en los que la Cooperativa ha incurrido a lo largo de los años. 

Este periódico también intentó hablar con el apoderado de los hermanos Dueñas. Su asistente dijo que trasladaría el mensaje, sin embargo, al cierre de esta nota no había contestado. Lo único que consta de parte de ellos es la demanda contra las 85 familias que aun permanecen en el Caserío: “En vista que más de cien familias optaron por su traslado pacífico y voluntario fuera de los terrenos objetos de esta denuncia, mis poderdantes tuvieron a bien contratar la la empresa de seguridad Guard Plus S.A. de C.V. para asegurar la posesión de los espacios recuperados, a efectos que no llegasen nuevos usurpadores o que volvieran a ocuparse las viviendas ya recuperadas”, reza el escrito presentado por el abogado Carlos Antonio Herrera García.

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María Esperanza cuenta en detalle que antes, hace unos 50 años, la familia Dueñas construyó un mesón para todas las familias de los colonos que trabajaban en su finca, que estaba justamente donde ahora se erige este asentamiento. Cuando los Dueñas decidieron destruir el mesón fue porque la idea era construir casas, y así surgió la pequeña villa que ahora se llama Caserío El Espino y que en aquel entonces se denominó Caserío Santa Teresa. Es de este asentamiento que los herederos de los Dueñas quieren sacar a laos residentes.

“A mí me preocupa que ante nuestra presencia en el terreno que es de ellos, y ante la presión del Estado por terminar el bulevar, a nosotros nos terminen botando ahora que no hay convenio de vivienda”, dice Pedro Manzano, presidente de la Adesco de El Espino que surgió en 2006 ante las irregularidades que comenzaron a ver en la Cooperativa comandada por Solís Girón. Pese al temor de los habitantes del Caserío, entre las condiciones que la familia Dueñas impuso al Estado a cambio de ceder los derechos de vía para el Diego de Holguín no está la exigencia de que se expulsen a los habitantes, sino solo que se construyan obras para proteger las áreas que volvieron a ser de su propiedad. Sin embargo, la demanda de la usurpación ante la Fiscalía está vigente.

El último intento del Estado por volver realidad el proyecto habitacional, ya en la era Funes, también chocó con el desorden en las ventas de las tierras por parte de la Cooperativa: la actual Secretaría Técnica intentó desempolvar un anteproyecto de ley para proteger el Espino mediante la creación de una Reserva Ecológica Recreacional que concibieron cuatro oenegés y que propusieron a la administración del presidente Antonio Saca (2004 - 2009). El proyecto RER tomaba en cuenta la solución habitacional para la gente del Caserío, sin embargo, su financiamiento aun era una incógnita aunque se presuponía, según se lee en el resumen ejecutivo, que el dinero saldría de la venta de parte de las 350 manzanas urbanizables que contaban con un mejor precio en el mercado. Una fuente de la Presidencia de la República que ha dado seguimiento a las transferencias de tierra en El Espino a manos de privados explica: “El asunto es que ya estas tierras urbanizables están en manos de otras personas debido a las subastas y los embargos, y ya eso complicó la cosa”.

En 2010, el gobierno de Funes dijo que intentaría revertir las ventas hechas por el expresidente de la Cooperativa Óscar Solís Girón. Las gestiones aun no se conocen y el resultado es un bosque amenazado por la especulación y un proyecto de vivienda prometido desde hace 17 años que está solo dibujado en sueños. 

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Casa del antiguo casco de la finca El Espino. Fotos Mauro Arias

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