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En elección del fiscal, idoneidad de candidatos es secundaria

Gabriel Labrador
El Faro / Publicado el 30 de Octubre de 2012
De los tres candidatos finales a la Fiscalía General de la República, los diputados tienen claro que ostentan "varias manchas" en sus hojas de vida. Lo importante, dicen, es la negociación entre los partidos, y a partir de ahí confían en solicitar a quien resulte electo que ahora sí haga las cosas bien.

Los diputados del segundo país más violento del mundo dicen tener claro que El Salvador necesita un fiscal general firme contra la impunidad y la penetración del narcotráfico y del crimen organizado. Y también dicen tener claro que a los dos últimos responsables de la Fiscalía –Ástor Escalante y Romeo Barahona– se les puede atribuir dudosas investigaciones criminales, carencia de independencia y poca efectividad en el combate al crimen. Y también dicen que apuestan a que uno de estos dos sea el próximo fiscal general.

Ástor Escalante y Romeo Barahona, dos de los tres candidatos finalistas junto al abogado Luis Martínez, son los nombres detrás de los cuales se han atrincherado los diputados. Arena quiere a Barahona –aunque también le gusta Martínez, expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados y directivo de varias autónomas durante los gobiernos de Arena–, mientras FMLN, Gana, CN y Pes se inclinan por Escalante, en una paradoja agudizada por un proceso de elección que se ha mantenido oculto a la ciudadanía.

La lista original de 47 aspirantes que tuvo en sus manos la Asamblea Legislativa en abril pasado –cuando se hizo una elección declarada inconstitucional por la Corte Suprema– volvió a la vida en agosto pasado y después de la depuración solo han quedado tres nombres, gracias a votaciones secretas en la comisión “agenda de país”.

Los argumentos para desechar a los otros 44 son secretos. Diputados de Arena y FMLN revelan que el acercamiento que se muestra incluso por medio de la televisión legislativa, y que incluye un interrogatorio que no profundiza en nada, es solo una fachada, pues el examen minucioso para aprobar o desaprobar a un candidato ocurre en privado.

El proceso oficial público esta vez incluía un cuestionario de cuatro preguntas que los diputados hicieron en un salón en la octava planta de la Asamblea Legislativa: ¿Por qué se considera capacitado para desempeñar el cargo?, ¿cuáles serán sus planes y proyectos para mejorar la institución?, ¿cómo respondería a las presiones políticas y económicas? y ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la institución y su visión de la política criminal del país?

Algunos de los diputados de la comisión “agenda de país” tienen claro el tipo de Fiscalía que el país necesita, al menos para los próximos tres años: una institución que combata el crimen organizado y la narcoactividad, las cuales consideran el origen de otras expresiones criminales como los asesinatos o las extorsiones. “Debe aplicar la ley parejo, que no haga diferencias entre el delito de cuello blanco y el del último ratero de este país”, dice Donato Vaquerano, jefe de los diputados de Arena, el único partido que hasta ahora ha vetado a Ástor Escalante.

Antonio Almendáriz, del partido Concertación Nacional, prefiere que el próximo fiscal se concentre en la narcoactividad, aunque añade de inmediato una dificultad: “En lo que yo tengo uso de razón, al fiscal general nunca se le han dado los medios ni recursos suficientes para contrarrestar al narco”.

Orestes Ortez, del FMLN, dice que con solo que el fiscal investigue como se debe a las estructuras criminales se mejorará mucho el clima de inversión y de seguridad jurídica en el país. “Hay que recrear a la Fiscalía. (Romeo) Barahona, no sé qué le pasó en el camino, pero no lo hizo. ¿Cuál cree que es el mérito de Nicaragua para que los inversionistas prefieran ir ahí? Ahí no hay renta, papá”, dice.

Vaquerano añade una cualidad a este currículum ideal del próximo fiscal: que no incurra en arreglos “oscuros” con ningún grupo criminal.

Almendáriz, además, va a un punto que pone en duda la transparencia con que la institución se maneja ante el público: considera imperdonable que la Fiscalía no mida su efectividad en el combate al crimen. O al menos, que no haga públicos los datos sobre su nivel de éxito en la persecución del delito. “He pedido estadísticas y nada. No hay información para saber cuántas condenas o detenciones provisionales se hacen del total de órdenes de captura giradas”, dice. Aunque él asegura solo haberlas solicitado a la administración de Barahona, la queja ha sido recurrente y de varias institucones en las últimas administraciones de la fiscalía, incluyendo a Escalante, a Félix Garrid Safie y a Belisario Artiga.

Los tres diputados, que hablan en representación de sus partidos, dan por descontado que el fiscal general debe ser independiente tanto de la política como de los grupos económicos de poder. Hace un tiempo, el fiscal general fue Belisario Artiga, quien luego de dejar el cargo no tenía problemas en vestir chalecos del partido Arena y en acudir a las actividades proselitistas de este partido. Ahora Escalante es, quizás, el candidato con mayores sospechas de coloración partidaria, debido a que trabajó en el gobierno de Antonio Saca en dos cargos distintos, y los areneros consideran que Escalante está vinculado al partido Gana.

Pese al panorama que dibujan para el cargo, el proceso de selección que han seguido los diputados no ha girado en torno a estas discusiones, al menos no en público. Si Arena dice que estaría dipuesta a votar por Barahona o Martínez, y el FMLN y Gana, por Ástor Escalante, es producto de los encuentros secretos que los partidos han sostenido con los candidatos. Lo que ahí se discute han decidido guardarlo bajo llave. Orestes Ortez, sin embargo, suelta una infidencia y cuenta que a Escalante le reprocharon su actuación en el caso de la muerte de Adolfo Tórrez, un dirigente arenero muerto por herida de bala el 2 de junio de 2009.

―Nosotros hemos hablado con Gana y Ástor y le hemos pedido que como él ya fue fiscal adjunto y fiscal general en funciones, que tenga un desempeño diferente al del pasado.

―¿Le parece lamentable el desempeño que Escalante tuvo en su oportunidad?

―Digamos que tuvo esas manchas.

A Escalante le precedió como fiscal general Félix Garrid Safie, quien en 2008 recibió la grabación de una conversación telefónica entre el dirigente de Arena Adolfo Tórrez y el prófugo Roberto Carlos Silva Pereira, acusado en El Salvador de lavado de dinero y sobornos. Safie archivó el caso práctiamente sin investigarlo. Su sucesor, Escalante, terminó vinculándose con el caso Tórrez pero por otra razón: el dirigente arenero murió en extrañas circunstancias de un balazo en el pecho y el fiscal general en funciones cerró el caso al cabo de cuatro días, determinando que murió por suicidio. Escalante nunca quiso averiguar por qué Safie no había investigado la conversación telefónica que le entregó el FBI estadounidense.

La conversación que Safie recibió en abril de 2008 de parte del FBI dejaba escuchar a Tórrez cuando pedía medio millón de dólares a Silva Pereira a cambio de lograr que la justicia salvadoreña le desvaneciera los cargos. El Faro reveló el contenido de la conversación el 15 de abril de 2009, y el partido Arena despidió de inmediato a su director departamental de San Salvador. Hasta entonces, Tórrez era considerado en Arena una de las manos derechas del presidente del partido y presidente de la República, Antonio Saca, y en su plática telefónica decía que tenía una red de ayudas a nivel de Fiscalía y juzgados que le permitiría garantizar el cumplimiento de su oferta a cambio de los 500 mil dólares.

El 1 de junio de ese año, Mauricio Funes asumió la presidencia de la República y en su discurso de toma de posesión dedicó buena parte a anunciar que su administración iba a ser implacable con la corrupción, incluida la ocurrida en administraciones anteriores. Pocas horas después, la madrugada del 2 de junio, Tórrez murió de un balazo. Escalante ya estaba al frente de la Fiscalía y con rapidez inédita resolvió el caso y lo cerró, a pesar de varias contradicciones. En el aire quedaron varias dudas sobre su hipótesis: no se encontraron en las manos de Tórrez rastros de pólvora como para suponer que él se había disparado a sí mismo. 

“Esas son las cosas que decimos que él tiene que aclarar al país, él tuvo estas manchas", dice Ortez, quien no por eso dice que le retirarán su apoyo. Al contrario, insistirán en que sea el próximo fiscal general, cargo vacante desde el pasado 19 de septiembre. "Si Ástor no rectifica en su conducción lo quitamos y por eso hemos dicho que nos ofrezcan otras opciones, una o dos propuestas más que superen las condiciones que hacen que Ástor Escalante no tenga los 56 votos”, revela Orestes Ortez, diputado del FMLN. “Si aparece una carta mejor que Escalante, la apoyaríamos", añade.

Su colega en la Asamblea Santiago Flores también reconoce las flaquezas de Escalante, pero a pesar de eso lo considera el mejor posible. “En un país de ciegos, el tuerto es rey”, dice, resignado, el efemelenista, en otra expresión del giro que el FMLN ha dado en este punto desde cuando en septiembre de 2009 acusaban a Arena de haber entrampado la elección de fiscal por empecinarse en insistir en que Escalante fuera el fiscal. Ahora es Arena la que rechaza su nombramiento y el FMLN apuesta a él.

Gana, el principal promotor de Ástor Escalante en la Asamblea, ha intentado posicionarlo como el mejor candidato de entre los tres finalistas. Para eso, en las últimas reuniones de la comisión “agenda de país”, el jefe de la fracción legislativa, Walter Guzmán, llevó un pliego de acusaciones y demandas contra el exfiscal Romeo Barahona en la que era acusado de acoso sexual y otros delitos. En la comisión, sin embargo, se tomó el acuerdo de hacer caso omiso de denuncias surgidas en los medios de comunicación o que “tuvieran el propósito de difamar a los aspirantes”, según detallaron los miembros de la mesa, aunque no explicaron cómo harían la diferencia.

Guzmán también está consciente de los fallos de su escogido pero alega ignorancia de ese pasado reciente de su favorito, a pesar de que él mismo estaba en Arena cuando se produjo el escándalo hace tres años y medio:

―Ese caso habría que preguntarle (sic) a la cúpula de Arena. Si hablamos del Chelito Tórrez, ustedes más que nada como El Faro deberían ir a preguntar a la embajada de Estados Unidos para ver qué tipo de negocios tenía, para ver a quién trabajaba..

―¿Eso no le correspondía investigarlo a Ástor Escalante o al menos haberlo puesto en un expediente?

―Yo, en lo personal ignoro el caso del que me está hablando, lo ignoro de una manera total. Sin embargo, creo que ese tipo de preguntas se las deberían hacer a la persona.

―Lo que me está diciendo es que están eligiendo a ciegas al fiscal.

―Esto es como cuando usted se va a casar con una señorita. Usted solo se va a fijar en lo bonito. Después van a aparecer los defectos. Y si empezamos a ver los pesos y contrapesos en Ástor Escalante, nos damos cuenta que es la persona más idónea.

―¿Qué lo hace idóneo?

―Por la experiencia que tiene, por la valentía para confrontar a la delincuencia y al crimen organizado y a los los secuestradores de este país. Tiene experiencia, ya fue fiscal. Fue también el abogado de la ANEP, la ANEP no se ha pronunciado en contra de él, los Aliados por la Democracia tampoco. Todos los grupos de fachada que Arena contrató para cuando los problemas de la Corte Suprema de Justicia... o sea, hasta la misma gente de Arena sabe que es la persona idónea para el cargo.

Escalante también es la causa de que la Asamblea se encuentre en alerta permanente por las denuncias de Arena contra Gana por supuestos intentos de compra de votos y alcanzar así la mayoría calificada. “También otros diputados y diputadas me dicen q votarían por mi si los dejaran en libertad. Yo les creo y les agradezco. Viva la democracia”, ha dicho Escalante desde @ASTORESCALANTE, su cuenta en Twitter. Ya van dos diputados de Arena, Sigifredo Ochoa Pérez y Jesús Grande, que dicen que tienen razones de peso para votar por Escalante, contrario a lo que dice su partido.

Quizás los que menos respaldan a Escalante, aparte de los legisladores de Arena, son los del FMLN, a pesar de que están listos para votar por él. El parlamentario efemelenista Jaime Valdez ayuda a entender esta aparente contradicción:

―José Luis Merino (dirigente del FMLN) dice que votarían por Escalante porque es un acuerdo que tienen con Gana.

―Las condiciones del proceso nos llevaron a eso.

―¿Y el perfil técnico de él cómo le parece?

―Es de los mejores que llegaron en el último momento.

―¿Y eso cómo lo determinan? Las cuatro preguntas que le hicieron en la comisión fue como preguntar su nombre.

―Es una práctica de todos los partidos entrevistar en privado porque hay temas de interés particular de cada fracción.

―En estas entrevistas, ¿lograron ver que Escalante cumplía el perfil de un buen fiscal?

―Es de los que mejor cumplen el perfil.

―¿Pero por qué él y no otro?

―A eso se llega, y eso lo cuestionan los dizque analistas, cuando se ejerce el derecho parlamentario, las negociaciones, aunque a la gente no le guste hablar de negociaciones. En todo parlamento la dinámica es negociación.

En otras palabras, la idoneidad para el cargo está en segundo plano. Ortez lo dice claro: “Respaldamos la candidatura de Escalante en virtud de un acuerdo político con Gana. ¿Por qué con ellos? Porque ayudan a darle estabilidad al gobierno de Mauricio Funes, de lo contrario sería más complejo de lo que es”, dice, en alusión a la estrategia de aprobar iniciativas en la Asamblea también junto a CN.

A Escalante le faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría calificada en el pleno. La llave la tiene Arena, quien después de la aprobación condicionada de 800 millones de dólares en deuda al gobierno la semana pasada pidió una bilateral con el FMLN para discutir el fiscal general. Por ahora, la bancada arenera ha puesto un veto a Escalante. “Yo no votaré por un candidato a fiscal que ya participó en un proceso amañado y que fue declarado inconstitucional y en el que nuestro partido no participó por eso mismo. Ástor sabía, además, que era un proceso amañado y aparte me consta que tiene preferencias partidarias lo cual considero que es inaceptable”, dice Ernesto Angulo, diputado arenero. Angulo se refiere a que Escalante no cuestionó que en abril pasado, faltando seis días para que terminara la legislatura anterior, los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes lo nombraron fiscal general, a pesar de que esa misma legislatura ya había elegido fiscal general en 2009.

Las razones para votar por Escalante no pasan de explicaciones generales como que es el mejor o el que mejor currículo tiene. En Arena, el diputado Sigifredo Ochoa Pérez fue el primero en la bancada arenera que dijo estar listo para apoyar a "su amigo". A raíz de ese anuncio y por la denuncia de sus compañeros de bancada, el tribunal de ética del partido le ha abierto un proceso de investigación por supuesta vulneración a los principios del partido, aunque el origen de todo han sido sus disensos con la línea del partido en momentos en que se habla de compra de voluntades en la Asamblea. Jesús Grande, del departamento de La Paz, ha dicho que está dispuesto a asumir ese mismo costo político si al final decide votar por Escalante. "Tengo un dilema", ha dicho Grande.

Ochoa Pérez dijo que votaría por Escalante hace ya tres semanas. “Uno tiene que escoger a alguien", dijo, cuando El Faro le preguntó por qué vetaba a Barahona. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre el caso Tórrez que estremeció a su partido entre abril y junio de 2009, alega ignorancia.

―¿Y ese que usted escoge por qué resulta ser Escalante?

―Ya le dije, por su perfil.

―Le ayudo un poco con las razones: Barahona no ha disminuido...

―No quisiera hablar al respecto, simplemente hablo de mi decisión respecto al perfil y me parece que el más adecuado es el de Ástor Escalante.

―Escalante cerró de manera expedita el caso de la muerte de un dirigente de su partido, en 2009, y tampoco investigó...

―No puedo opinar. No conozco el caso, estaba fuera del país.

―Pero usted ha dicho que conoce bien la hoja de vida y la trayectoria de Ástor Escalante.

―Yo lo conozco y sé que él es capaz. A cada uno aquí se le inventan cosas. A Barahona también le han levantado un rumor.

―El cadáver de Adolfo Tórrez está ahí, eso no es rumor.

―Yo no conozco los detalles porque no estaba en el país. No puedo opinar porque de hacerlo podría meterme en honduras.

―¿No es muy peligroso meter las manos en el fuego por un candidato a fiscal cuando no se conocen este antecedente?

―Yo no estoy metiendo las manos al fuego por nadie, simplemente estoy diciendo por quién votaría porque es de los que han quedado.

Por ahora, a Romeo Barahona solo lo sigue respaldando Arena. Su gestión (2009-2012) sigue siendo cuestionada por el mismo gobierno y por el FMLN. En la bancada arenera son pocos los que saben enumerar razones para defender el apoyo a Barahona, como Mario Marroquín, subjefe de fracción, quien dice confiar a ciegas en lo que decidan sus compañeros Donato Vaquerano y Alfredo Cristiani, presidente del partido, quienes están en la “comisión agenda país”. Vaquerano señala, escueto, que Barahona ya tiene experiencia en el cargo y que hasta ahora ha demostrado tener más independencia que Escalante.

Barahona ha trabajado en la Fiscalía desde 1981, con algunos lapsus de por medio. Fue fiscal general adjunto por nueve años a partir de 2000 y desde su posición ha visto la expansión de las pandillas y la penetración de la clase política por el crimen organizado. En la gestión de Barahona ya como fiscal general, y considerando el desempeño pobre en el combate al crimen, el Estado incluso barajeó la posibilidad de crear una institución paralela a la Fiscalía para ayudarle en la investigación de delitos complejos, al estilo de la Comisión Internacional CICIG de Guatemala. Cuando Barahona se pronunció públicamente en contra de esa posibilidad, el gobierno de Funes comentó que el fiscal considera que combatir el crimen organizado es desmantelar un par de clicas de pandillas.

El mismo presidente Funes ha criticado la eficiencia del centro de escuchas telefónicas que está en manos de la Fiscalía y que comenzó a funcionar 27 meses después de aprobada la ley especial. Funes también ha dicho que le entregó 111 casos de posible corrupción de los cuales solo tres están en proceso judicial. De estos tres expedientes solo ha habido una condena. Es el caso de la malversación de fondos en la Dirección General de Correos en la administración de Antonio Saca. El segundo caso que se presentó a los tribunales fue el que manchaba a la junta directiva del Instituto de Transformación Agraria (ISTA) por repartición ilegal de tierras, sin embargo, este caso no terminó en condena debido a que el delito, por ley, ya había vencido. El tercer caso salpica al ministerio de Salud pues hubo presunta malversación de fondos con el que debieron haberse construido nueve hospitales públicos.

La gestión de Barahona se ha caracterizado por perpetuar la actitud institucional de guardarse la cifra de efectividad en el trabajo que hacen sus investigadores. El país desconoce cuántos casos comienzan a trabajarse y cuántos terminan en una condena judicial a los responsables. La Fiscalía incluso ha ocultado estadísticas de investigaciones de homicidios en los informes que presentó ante la Asamblea el año pasado. Barahona explicó en febrero que carecía de la tecnología adecuada para medir el nivel de impunidad en el país. "No tenemos los recursos para estar haciendo esos estudios", dijo, y responsabilizó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por no haberle entregado un préstamo de 10 millones de dólares del que sacaría una partida especial. El ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés estima que la impunidad en el país en materia de homicidios es similar a la que hace seis años determinó un estudio auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 96%. “Es crítico que la FGR no se audite a sí misma”, dice Almendáriz, de CN.

A Barahona también se le achaca que durante su administración, 40 mil de los 14 millones de dólares encontrados en los narcobarrilles decomisados en una zona costera en 2012 se extraviaron sin ninguna explicación.

Un hecho incontrovertible es que durante su administración El Salvador se convirtió en el segundo país más violento del mundo. Esto ocurrió en 2011, cuando este país, con una tasa de alrededor de 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes, fue superado solamente por Honduras.

Pese a las críticas, Ernesto Angulo dice que los fallos de la administración Barahona se justifican en tanto que la Policía no es un aliado a la altura de las necesidades y que el Estado no le asigna los suficientes recursos para el trabajo investigativo. Rodolfo Parker y Almendáriz creen que Barahona no ha hecho suficiente pero por eso proponen que el período de un fiscal no dure tres años sino cinco o seis. “Tres años es un plazo muy exiguo", dice Parker. "Le damos el beneficio de la duda a quien ha venido ejerciendo como fiscal general." Almendáriz cree que si se aumenta el mandato a cinco años el nombramiento del fiscal no estaría supeditado a las renovaciones de diputados en la Asamblea.

De los últimos tres aspirantes que han quedado, solo Luis Martínez presentó un plan de trabajo, al cual denominó “Una Fiscalía fuerte pero justa”. Martínez propuso planes como la integración, en un solo laboratorio científico, los laboratorios especializados de la División Antinarcóticos de la PNC, del Instituto de Medicina Legal y de la División de Policía Técnica y Científica; echar a andar el centro de escuchas telefónicas en los primeros 100 días de gestión; e instaurar un programa de colaboración en el cual 150 abogados y personas con estudios universitarios en derecho podrían auxiliar el trabajo fiscal.

Los documentos presentados por Escalante y Barahona son una recopilación de diplomas y títulos adquiridos a lo largo de su carrera en el ejercicio del derecho y están disponibles en el sitio del observatorio legislativo de Fusades.

Martínez fue funcionario público durante todas las administraciones de Arena. Con Alfredo Cristiani fue asesor legal del Fondo de saneamiento y fortalecimiento financiero (Fosaffi). Con Calderón Sol desempeñó el mismo cargo en el ministerio del Interior aunque también se quedó algunos años ya en la administración Flores. Martínez también fue directivo en la ANDA (1994-1995) y en el INPEP (1995-1998). En la administración Saca ostentó tres cargos al mismo tiempo: fue miembro de la comisión especial para el desarrollo del Golfo de Fonseca y asesor legal ad-honorem del Ministerio de Agricultura. El tercer cargo que desempeñó fue el de directivo de la junta directiva del ISTA en la que aun era presidente Miguel Tomás López (1999-2007), un funcionario por quien la Fiscalía giró una orden de captura en 2011 por irregularidades en la repartición de tierras del Estado. Varias de las decisiones cuestionadas e investigadas al ISTA las tomó la junta directiva de la institución, no solo el presidente del organismo. Tomás López había salido del ISTA en 2007 debido a las investigaciones en su contra. Fue dejado en libertad porque el delito ya había vencido. La junta directiva del ISTA, entre 1990 y 2007 parceló 23 terrenos estatales destinados por ley para la conservación de su hábitat.

El proceso para elegir fiscal incluyó que los diputados examinaran todos los expedientes abiertos que los candidatos tenían o tuvieron en el Ministerio Público o en la Corte de Cuentas. En algunos casos, los tres finalistas siguen con casos abiertos. Los diputados consultados no quisieron en compartir los detalles de esa información porque consideraban que eso vulnera la imagen de los aspirantes al cargo.

Rodolfo Parker, del Pes, y Antonio Almendáriz, de CN, declinaron facilitar a El Faro la información que manejan sobre los candidatos, aduciendo que había un acuerdo para no filtrarlo a la opinión pública. “El presidente Sigfrido Reyes es el que tiene que autorizar”, esgrimió Almendáriz.

Por mencionar un caso, el de Barahona: tiene cinco casos en su contra abiertos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y se desconoce la naturaleza de las acusaciones, que podrían referirse a meras cuestiones administrativas o a cuestiones más graves. Barahona, de hecho, tiene resoluciones en contra por parte de la PDDH y la Corte Suprema por violación a los derechos laborales de un subalterno.

“A veces hay cuestiones administrativas que se le pasan a cualquiera, en teoría no deberían fallar en esas cosas pero tampoco se vuelven inhabilitantes”, dice Francis Zablah, diputado de Gana.

Escalante también tiene dos expedientes abiertos en la Fiscalía, uno en la cual ha apelado y otro cuya información disponible solo dice que se trata de “un expediente abierto por el delito de actos abritrarios e incumplimiento de deberes”. Escalante, que también fungió como director de Centros Penales (2005) y viceministro de Seguridad (2006-2008), también tiene un pliego de reparos en contra por responsabilidad administrativa en la Corte de Cuentas y otro expediente más abierto en la misma instancia pero que está en la etapa de sustentación. También aparece que Escalante no presentó su declaración patrimonial al momento de cesar del cargo de fiscal general adjunto en 2009.

Según el cuadro, Luis Martínez también tiene diversos procesos abiertos en la Fiscalía, los cuales ha apelado. Asimismo, Martínez tiene dos casos en proceso en la Corte de Cuentas. Uno de ellos está en sustentación tras haber interpuesto un recurso de apelación, y en el otro fue condenado por reparos y, de igual manera, está en sustentación. De otros dos casos en la Corte de Cuentas fue absuelto y declarado solvente de responsabilidad. Según la información proporcionada a El Faro, Martínez tampoco presentó su declaración patrimonial ni cuando tomó ni cuando cesó del cargo de directivo en el Instituto de Transformación Agraria (ISTA).

Vaquerano y Rodolfo Parker dicen que ninguno de los expedientes implica inhabilitar a Escalante o a Barahona para que opten al cargo. “Hay un perfecto balance entre la idoneidad y el apoyo político que necesitan, en el PDC tenemos un equipo legal que se encarga de verificar que todos esos expedientes no sean causantes de inhabilitación”, dice Parker. Vaquerano agrega: “A todas las denuncias se les da seguimiento, pero no haremos caso a aquellas que sean para perjudicar”. Se le consultó al diputado cómo encontraban la diferencia entre una denuncia malintencionada y las que sí son “de verdad”, pero solo insistió en que a todas se les da seguimiento.

Almendáriz insiste en que solo pueden prestar atención a los casos judicializados. “Es que si fuera por chambres, todos somos culpables”, concluye.

Por ahora las negociaciones entre partidos políticos siguen en pie aunque se han visto trastocadas por encontronazos mediáticos protagonizados por el FMLN y por Arena, en las que los primeros han sido acusados por los segundos de ser un partido ligado al narcotráfico. La Asamblea Legislativa tiene previsto intentar esta semana, nuevamente, un acercamiento a nombres.

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