Nacionales / Corrupción
El Espino pierde otras siete manzanas

El último pulmón de San Salvador continúa vendiéndose a compañías lotificadoras mediante argucias legales. El gobierno, que se comprometió hace dos años a investigar y frenar estas ventas, no ha podido frenar la venta. La finca que fue entregada a una cooperativa por la reforma agraria. Los nuevos dueños son inmobiliarias, constructoras y hasta un club de golf, que esperan pacientes alguna reforma al estatus de la finca protegida para obtener permisos de construcción. 


Fecha inválida
Gabriel Labrador

Manifestación frente a los juzgados de Tonacatepeque contra la subasta del terreno de El Espino. Foto Mauro Arias
 
Manifestación frente a los juzgados de Tonacatepeque contra la subasta del terreno de El Espino. Foto Mauro Arias

Medio centenar de socios de la cooperativa El Espino llegaron hasta las puertas del juzgado de Tonacatepeque para intentar frenar una subasta de cinco terrenos de su propiedad. Protestaban porque una jueza estaba a punto de otorgar sus tierras -en este caso del tamaño de 14 canchas de fútbol- a lotificadoras y empresas constructuras.

La jueza de Primera Instancia no ha encontrado ninguna barrera legal para ejecutar la venta de casi 7 manzanas de tierra del considerado el último pulmón de San Salvador. A pesar de que un abogado, en representación de los manifetantes, le entregó un documento en el que explica que la subasta no puede darse porque el préstamo que originó todo jamás fue autorizado por la mayoría de los asociados en la cooperativa, la jueza remató en pocos minutos 6.93 manzanas de las 15 que se ofrecieron en subasta. Con 4 millones 20 mil dólares, dos porciones de tierra han pasado a manos del empresario constructor Raúl Argüello González y de la sociedad de bienes raíces Inversiones San Agustín. 

El procedimiento con el que se llegó a esta subasta es uno de los que a lo largo de los últimos 10 años la cooperativa El Espino ha utilizado para ceder el 62% de su propiedad, protegida por el Estado. Nada, ni siquiera una comisión especial formada por instituciones de gobierno para estudiar el caso, impidió que Tonacatepeque fuera el escenario de una nueva desmembración de tierra. Las 6.93 manzanas de tierra ahora solo necesitan inscripción en el Centro Nacional de Registros (CNR) a nombre de los nuevos propietarios.

El mecanismo que los cooperativistas encontraron para deshacerse de tierras que el Estado les dio para que las trabajaran les ha permitido ganar miles de dólares. La ley no prohíbe que esa tierra, expropiada en 1980 a la familia Dueñas como producto de la reforma agraria, pase a manos de terceros. Lo que avala es que se donen o vendan tierras para vivienda a sus socios, siempre que no sean áreas mayores a 500 metros cuadrados; o para trabajo agrícola que no sobrepasen 10 manzanas (69,880 metros cuadrados). Pero lo que hagan los socios con sus terrenos ya es cosa aparte. Esos terrenos, así han ido pasando a manos de empresas, iglesias y lotificadoras.

Otro hueco: en ningún lado se prohíbe que los terrenos, que en 1993 fueron declarados por la Asamblea Legislativa como parte de una zona protectora de suelo y reserva forestal, puedan ofrecerse como garantía para obtener préstamos. Este tipo de prácticas es justamente lo que ha permitido que ahora entre los dueños del 62% de las 639 manzanas originales de El Espino haya 15 empresas privadas, además de la cooperativa y el Estado, entre las cuales se encuentran urbanizadoras y lotificadoras. El Espino perdió 426 manzanas de tierra desde 2002. El considerado último pulmón del Gran San Salvador ahora solo mantiene 213 manzanas en poder de los cooperativistas.

Entre los propietarios privados, además de Inversiones San Agustín, están: Dueñas Hermanos, Sistemas Internacionales S.A. de C.V., Sociedad Thebas, Club Campestre Cuscatlán, Inversiones El Cedro, Asociación de Religiosos Mercedarios, Natural Corporation S.A. de C.V, Desarrollo e Inversiones Díaz Bustamante, Rodrigo Ernesto Ávila Álvarez, Inversiones Juangra e inversiones Ancona, según documentos del Centro Nacional de Registros (CNR).

El primer capítulo de la larga novela de compras, ventas, permutas e hipotecas de las tierras del Espino ocurrió el 12 de julio de 2002, día en que el entonces presidente de la cooperativa, Pablo Ramos Perdomo, vendió 55 manzanas a seis cooperativistas y estos, un par de horas después, lo vendieron al Club Campestre Cuscatlán. El capítulo más reciente de esta historia ocurrió una década más tarde, el pasado 28 de junio.

En el juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque una empresa, Inversiones Latinoamericanas S.A. de C.V., había interpuesto en noviembre de 2011 una demanda contra la cooperativa El Espino porque esta no le había pagado un préstamo por un poco más de 3 millones de dólares en la que había puesto como garantía las 6.93 manzanas de tierra. La cooperativa nunca honró la deuda y, cuando fue notificada de la sentencia que les embargaba, admitió que debía ese dinero. Inverlatin S.A. de C.V. procedió a quitarle las tierras embargadas. Eso ocurrió el 28 de junio pasado mediante la subasta.

La jueza Margarita Fuentes de Sanabria rechaza cualquier señalamiento de irregularidad y sostiene que debería verse con mucha naturalidad que los interesados en cobrar deudas promuevan juicios ejecutivos mercantiles a kilómetros de distancia de su jurisdicción. 'Aquí tengo subastas todas las semanas, hay muchos casos que no son de Tonacatepeque, ya si hay personas que consideran que se ha cometido un delito deben de denunciarlo ante las autoridades', señaló. El proceso ejecutivo mercantil que terminó con la subasta de las 6.93 manzanas establecía, en el acta de constitución del préstamo con la cooperativa El Espino, que esta se sometía a la jurisdicción de Tonacatepeque para que se administrara cualquier proceso judicial relativo al crédito.

Todos los procesos judiciales de embargo y ejecución forzosa de El Espino antes del caso de Tonacatepeque se libraban en Santa Tecla, con el juez de lo laboral Miguel Ángel Reyes. Este jurista fue destituido a principios de año acusado de prevaricato y está esperando juicio. Reyes tiene además 11 denuncias en su contra por mala aplicación de justicia en el departamento de investigación judicial de la Corte Suprema. Estos casos aún siguen en estudio y corresponden a procesos ocurridos entre el 5 de septiembre de 2003 y el 15 de noviembre de 2011. 

Ecología... y dinero

Si de repente todas las lotificadoras que tienen tierras en El Espino obtuvieran permisos para implementar sus proyectos urbanísticos, el clima y el ecosistema del Gran San Salvador se vería afectado drásticamente. Asociaciones medioambientalistas y estudios de las mismas concluyen que esta reserva es el último agrobosque cafetalero y es el principal responsable de que los depósitos de agua subterráneos del occidente de la capital se recarguen. Todo el bosque, según especialistas, regula las escorrentías de aguas que se generan en lo alto y de no existir dichas corrientes irían pendiente abajo y provocarían inundaciones en la parte más baja de la ciudad; por ejemplo, en el centro capitalino. El Espino también es un hábitat para muchas especies silvestres, contribuye a evitar la erosión y además purifica el aire de la ciudad. Pero hay otros motivos para la protesta de los cooperativistas.

La plusvalía de las tierras de El Espino hace que la vara cuadrada en la zona urbana cueste no menos de 100 dólares. La zona urbana de El Espino, que consiste de 574 manzanas que se reparten al sur del bulevar Diego de Holguín (donde están los edificios de Relaciones Exteriores, la Ilea) y al oriente de la Avenida Jerusalén, tiene los precios más altos de la zona. Las tierras al interior de la reserva forestal protegidas por el decreto 432 tienen menos valor porque son terrenos rústicos y no cuentan con permisos de construcción. Las 574 manzanas urbanas fueron calificadas así por una demanda de la familia Dueñas ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo a mediados de los años 80 devolvió el inmueble completo de El Espino a la familia, y dividió entre urbano y rural las tierras. Lo rural está al norte del bulevar Diego de Holguín y lo urbano, al sur.  

Las 6.93 manzanas de tierras subastadas en Tonacatepeque pertenecen a la parte urbana. Sin embargo, al haberse vendido mediante pública subasta, es decir, con un valúo previo, el precio de la vara cuadrada fue de 58 dólares, una notable pérdida. Por eso es que incluso entre los manifestantes hubo quienes dieron por válida la subasta y lo que buscaban, en realidad, era que al menos el precio del remate no fuera tan bajo y que pudieran recibir parte del botín. “Estas tierras que están subastando cuando menos cuestan 12 millones... ¡Queremos los 12 millones aunque sea!”, reclamaba Juan Antonio Gómez, un asociado de la cooperativa de El Espino.

Este proceso inició con un préstamo con garantía hipotecaria que la cooperativa suscribió el 30 de mayo de 2009 con la empresa Portal y Asociados. Tres años después, y por no haber honrado ni un centavo del mismo, el juzgado de Tonacatepeque ordenó un embargo sobre los cinco lotes ubicados al poniente del Ministerio de Relaciones Exteriores en Antiguo Cuscatlán. Inverlatin S.A. de C.V., la sociedad que compró la deuda a Portal y Asociados el 4 de noviembre de 2011, reclamaba a la cooperativa la cantidad de 2 millones 220 mil dólares. 

Las parcelas en rojo son las que se remataron en Tonacatepeque. Están en un área urbanizable de la finca El Espino, que es lo encerrado en amarillo. La superficie encerrada en verde es la parte protegida.
 
Las parcelas en rojo son las que se remataron en Tonacatepeque. Están en un área urbanizable de la finca El Espino, que es lo encerrado en amarillo. La superficie encerrada en verde es la parte protegida.

Ese mismo 4 de noviembre, Inverlatin S.A. de C.V. y la cooperativa suscribieron el primero de tres pagarés para que El Espino comenzar a saldar la deuda. El pagaré, por 125 mil dólares, tenía una fecha de vencimiento sumamente breve: cinco días después. Los siguientes pagarés, que fueron firmados el 7 de noviembre, también se vencían el 9 de noviembre, y respondían a las cantidades de 750 mil y 796 mil 329.14 dólares. Esto está recogido en el escrito que presentó ante la jueza Fuentes de Sanabria el abogado Fernando Meneces, el día de la subasta. La jueza, sin embargo, ni siquiera leyó el escrito porque, según explicó, el documento no estaba amparado por ningún poder judicial que certificara que Meneces representaba a los cooperativistas protestantes. Tres días después de la subasta, la jueza declaró la inadmibisiblidad del documento. 'Aquí lo que cuenta es la legalidad, y los que vinieron aquí se acreditaron como directivos de la cooperativa y como compradores', dijo. 

Meneces dijo a El Faro que él únicamente sirvió como intermediario y que, como notario, dio fe de que las firmas de los cooperativistas que suscribían la denuncia eran reales. 'Yo solo estaba informando a la jueza de la comisión del delito, ella tenía que darse por enterada y proceder conforme a la ley'. El artículo 48 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que, cuando en un proceso se ponga de manifiesto un hecho que tenga apariencia de delito o de falta que diere lugar a acción penal, el respectivo tribunal, mediante resolución, lo pondrá en conocimiento del Fiscal General de la República, por si hubiere lugar al ejercicio de dicha acción. 

Si uno pregunta a los cooperativistas, ellos tienen la idea de que los nuevos compradores en realidad pertenecen a un mismo grupo de empresarios. 'Ellos como que son lo mismo, se usan prestanombres y así aparece como que fueran distintas personas', dice Gómez. Uno de los compradores, Raúl Argüello González, explica que se enteró de la venta de la porción que compró el año pasado por medio de coyotes, que son personas que se dedican a vender terrenos y que luego cobran comisión. Sin embargo, Argüello sostiene que no fue con ellos que González hizo trato, sino que lo hizo por su cuenta. “Mis asesores me dijeron que había unos obstáculos pero que los resolverían. Después ocurrió la subasta”, explica. Cuando se le pregunta si ya tiene idea del proyecto que desarrollará ahí dice que tiene que pensarlo junto a sus asesores, pero que le seduce la idea de levantar un centro comercial. Argüello es dueño de un gimnasio y además de Inversiones y Desarrollos Integrales S.A. de C.V. que se dedica a establecer y explotar negocios urbanísticos, agrícolas y agroindustriales, según documentación del CNR.  

El otro comprador en la subasta fue Inversiones San Agustín S.A. de C.V., una sociedad creada el 29 de marzo pasado, justo unos días antes de que se interpusiera la demanda de embargo contra la cooperativa. Según el acta de constitución en el CNR, San Agustín inició sus operaciones con un capital de 2 mil dólares. Tres meses después, la empresa estuvo en la capacidad de ofrecer un poco más de 3 millones de dólares durante la subasta de los lotes urbanos de El Espino. El representante de Inversiones San Agustín, Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich, no atendió las reiteradas solicitudes de entrevista que le hizo este periódico. La dirección postal de San Agustín S.A. de C.V. es la misma que está registrada para otras empresas como Saint Barts Inversiones, Inversiones San Lázaro (dedicada a la inversión en bienes raíces) y la Promotora Santa Martha (cuyo rubro es la construcción). Alfaro Rugliancich es directivo de algunas de esas empresas. 

Gómez y otros asociados también reclaman la ilegalidad de la subasta por los argumentos que vertía Meneces en su escrito. Sostiene que cuando la directiva de la cooperativa suscribió el préstamo con Portal y Asociados en mayo de 2009, no actuó con la venia de la mayoría de asambleístas, que es la máxima autoridad. La cooperativa de El Espino la conforman 128 asambleístas y, según los socios con los que habló El Faro, la mayoría ni se enteró del acuerdo para suscribir dicho crédito. Según Gómez, en la escritura con la que la cooperativa autorizó que se suscribiera el préstamo hipotecario con la sociedad Portal y Asociados por un millón 120 mil dólares, el notario hizo constar maliciosamente que sí había un punto de acta en la que la asamblea general de asociados autorizaba dicho préstamo. Que la junta directiva actúa a espaldas de los cooperativistas también es una conclusión de un informe gubernamental fechado en 2010 al que tuvo acceso El Faro. 

Este hallazgo del gobierno no es el primero en toda la novela de El Espino. Los ojos del Ejecutivo están puestos en el tema desde que en 2010 detectaron que el Departamento de Asociaciones Agropecuarias del MAG había concedido credenciales de directivo de la cooperativa a uno de los asociados sin que se respetara lo establecido en la ley general de asociaciones cooperativas ni en los estatutos de la cooperativo. Óscar Armando Solís Girón asumió como directivo de la cooperativa el 29 de abril de 1999. Dos años después, fue elegido presidente de la directiva y dos años más tarde, en 2003, fue reelegido. Según los cálculos del gobierno, dadas las limitaciones estatutarias a la permanencia en la junta directiva de la cooperativa El Espino, Solís Girón no podía estar en el puesto de dirección después de 2005. Sin embargo, llegó con la investidura de presidente hasta el 4 de mayo de 2010, gracias a reelecciones y extensiones que según el gobierno contrarían los estatutos.

El Faro publicó en 2010 que el gobierno buscaría anular todos los trámites administrativos derivados de la presidencia fraudulenta de Solís Girón y de otros directivos; sin embargo, ninguna de las instituciones que en ese año conformaron una comisión especial para estudiar el caso aceptaron dar declaraciones al respecto.

Daniel Jiménez, actual vicepresidente del consejo de administración, admite que Solís Girón estuvo ilegalmente en el cargo pero que la misma cooperativa acordaba dejarlo ahí. “Todos se sentían cómodos con él, la gente decía que era buena gente porque cuando él estaba se hacía la repartición de dinero”. Una inspección del departamento de asociaciones agropecuarias de 2009 determinó que la cooperativa El Espino vendió 371 manzanas de tierra entre el 12 de julio de 2002 hasta el 29 de septiembre de 2009, por un total de 19 millones 119 mil 732 dólares. El mismo informe, fechado en octubre de 2009, establece que solo las primeras ventas fueron autorizadas por el ISTA y el Mag y que después ya se aprovecharon de los vacíos legales. “Las otras (ventas) las han hecho simulando créditos y luego embargos. Que algunas están inscritas en el CNR y otras están pendientes”, dice el escrito.

En cuanto a la subasta de Tonacatepeque cuyo origen se remonta al préstamo con Portal y Asociados S.A. de C.V. del 30 de mayo de 2009, el informe señala que el contador explicó que el crédito se saldaría con una venta de tierra que, según lo programado, se haría próximamente.

Por si fuera poco, las mismas 15 manzanas que se pusieron como garantía hipotecaria sirvieron para firmar un contrato de venta y de hipoteca con otro empresario en febrero de 2010. En la Fiscalía General de la República consta una demanda contra Elías Escalante, Solís Girón y otros tres asociados por estafa agravada por parte de Nelson René Puro Morales, representante de la constructora Serdiconsa S.A. de C.V. Puro Morales interpuso la demanda el 5 de mayo pasado pues asegura que la cooperativa le vendió el lote V-Dos B, de 6 manzanas, cuando este ya estaba hipotecado con Portal y Asociados. Puro Morales también suscribió un préstamo cuya garantía hipotecaria eran los otros cuatro lotes: I-5B, I-6B, V-3, V-4 que en total sumaban otras nueve manzanas. Estos inmuebles también estaban hipotecados con Portal y Asociados.

Puro Morales fue otro de los que llegó al juzgado de Tonacatepeque el día de la subasta para pedir a la jueza que suspendiera la venta debido a que se consideraba agraviado y que los cooperativistas habían incurrido en un delito. Minutos antes de la subasta, su abogado Hernán Cortez presentó una explicación de la situación, pero la jueza Margarita Fuentes de Sanabria inadmitió resolviendo que la presentación del escrito había sido extemporánea. El caso, por ahora, está en apelación. El CNR tampoco ha inscrito a los nuevos dueños. 

Jiménez, el vicepresidente del consejo de administración, insiste una y otra vez en que el actual presidente de la cooperativa, Elías Escalante, es el único que puede explicar todo el proceso que siguió la subasta de Tonacatepeque. “Fue un problema que nos heredó el anterior presidente (Solís Girón)”, dice. Pero argumenta que la cooperativa tiene deudas y que eso justifica las ventas. “Acá en esta cooperativa se pagan deudas que se deben (sic) y al final lo único que nos puede dar el dinero son (las ventas de) estas tierras”. El vicepresidente de la cooperativa dice que los contadores pueden explicar el caso y corta la llamada. Juan Antonio Gómez, otro asociado, admite los descuidos que otorgaban a Solís un gran margen de maniobra. “Habíamos muchos que dejábamos que él hiciera las cosas y nosotros nos desentendíamos”. El Faro conoció que la subsecretaría de Transparencia del Gobierno está estudiando las ventas de tierra en El Espino y que está enterada de la subasta de Tonacatepeque. 

En septiembre de 2010, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dijo que una comisión de alto nivel se había formado con diferentes instituciones para analizar la situación catastral y jurídica de El Espino y evaluar posibles soluciones a las ventas de tierra en la reserva forestal. La comisión estaría integrada por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el CNR, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el mismo MARN, y por Franzi Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República.

Dos años después de aquel anuncio, El Espino sigue a la venta y los voceros de las instituciones involucradas guardan silencio. El MAG, en boca de su viceministro Hugo Flores, dijo que el gobierno tomaría acciones pronto para evitar más ventas de lotes de El Espino y que mientras tanto la orden del despacho era no dar declaraciones. El Faro también buscó al titular de Ambiente, Herman Rosa Chávez, pero este declinó hablar de El Espino porque dijo que la encargada del tema es Lina Pohl, la viceministra. El Faro solicitó reiteradamente al departamento de prensa de la viceministra una explicación oficial o una entrevista con ella pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. 

También a la Fiscalía General de la República se le solicitó una reacción sobre la legalidad de los trámites emprendidos por la cooperativa sin que dicha institución haya contestado la solicitud. La petición también buscaba que el fiscal general, Romeo Barahona, se defendiera de las acusaciones que hacen los afectados en cuanto a que el caso está engavetado en dicha institución por la cercanía entre él y el notario que ha sido el cerebro de todas las compraventas, Juan Pablo Ernesto Córdoba Hinds. Cuando en 2010 El Faro entrevistó a este abogado, la cita se hizo mediante el equipo de comunicaciones de la Fiscalía: Córdoba Hinds había pedido a la institución que contactara a los periodistas de este periódico.

El Faro intentó hablar con la fiscal del caso, Delmi Figueroa, pero ella aseguró que necesitaba una autorización del jefe de prensa, Érick Álvarez. Este periódico supo que la institución fiscal ha pedido un nuevo informe al CNR sobre la situación actual de parcelación en El Espino.

Se busca comprador

Los teléfonos de la cooperativa El Espino son un misterio. Ya no aparecen en los registros públicos ni en internet. El único número disponible es el del Ecoparque El Espino, un terreno de 50 manzanas ubicado en el costado sur de la reserva forestal. El parque es propiedad de Inversiones Ancona, una empresa que según dijo en su momento el expresidente de la cooperativa, es prestanombres de la cooperativa y que además tenía entre sus socios mayoritarios al ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Argueta Manzano. En 2010, el abogado presentó un documento al CNR con el que renunciaba a su cargo directivo. 

-Buenas tardes, Ecoparque El Espino.

-Buenas tardes, quiero saber con quién puedo hablar para comprar un terrenito.

-Comprar un terrenito... ¿Usted ya tiene ubicado cuál lote quisiera?

-Sí, a mí me interesa comprar ahí por la “llanta pacha” (intersección del bulevar Merliot con el trazo del bulevar Diego de Holguín).

-Correcto, fíjese solo ahí están quedando ya lotes disponibles.

-¿Lo demás ya está vendido?

-No todo, unos terrenos siguen estando en propiedad de la cooperativa. Aunque mire, esas que están a la par de la Diego de Holguín están agarrando alto valor.

-¿Ya vienen con permisos de construcción?

-No, esos todavía no, pero sí tienen permiso para vender.

-¿Y cómo hacemos?

-Deme su número de teléfono y su nombre, le voy a decir al presidente de la cooperativa que le llame.

Ante la inmovilidad de las autoridades competentes, las tierras urbanas de El Espino pasarán a manos privadas más pronto que tarde. Las otras seis manzanas que no fueron entregadas en la subasta de Tonacatepeque debido a que la deuda ya había sido saldada, ya están en proceso de embargo en San Juan Opico, según confirmó el Órgano Judicial.

Este periódico habló brevemente por teléfono con el presidente de la cooperativa, Elías Escalante, quien dijo que no respondería a ninguna pregunta. 

El Faro también intentó una entrevista con el abogado de la cooperativa, Juan Pablo Ernesto Córdoba Hinds, quien también se negó a hablar porque, dijo, El Faro malinterpretó sus palabras la última que vez que habló. 

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