El martes 7 de agosto, este ministro y el ministro de Economía rompieron con el silencio del gobierno alrededor de la minería metálica. Presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que suspendería todos los trámites administrativos que están efectuando al menos 26 empresas mineras que buscan extraer oro en el país. Si se aprobara la normativa propuesta, no podrían completar sus trámites.
En ese contexto, esta entrevista buscaba que Herman Rosa Chávez explicara por qué alguien debería creer que promover la suspensión de trámites institucionales es una mejor opción que proponer una ley que prohíba la minería metálica sin rodeos, si es que es tan dañina. El ministro responde que si el Ejecutivo hubiera optado por lo segundo, cualquier empresa con exploraciones abiertas en el país podría demandar al Estado por cesarle sus derechos económicos sin haber demostrado que la minería es inviable. En pocas palabras, Rosa Chávez es de los que prefiere que la decisión final de si la minería verde es posible o no, la tomen futuras administraciones. Por ahora, cree que la suspensión es buena, y que no es que le estén dando un respiro al presidente. “En realidad es la única opción”, dice.
Rosa Chávez explica que si en algún momento el Estado decide levantar la suspensión de trámites mineros, sería posible pero nada fácil. La propuesta en manos de la Asamblea habla de dos condiciones para ello: que el Ejecutivo haya fortalecido profundamente las instituciones relacionadas con el tema y que una comisión de seguimiento dé el visto bueno para levantar la suspensión. Sobre el primer punto, Rosa Chávez dice que alcanzar la robustez institucional no es cuestión de unos meses sino de muchos años. Y ahí es donde entramos a otro problema: ¿Qué pasaría si al Ejecutivo llega otro partido político con una visión contraria sobre la extracción de oro cuyas regalías son potencialmente jugosas para cualquier administración estatal? La Ley de Minería salvadoreña establece que de todas las ventas netas de la extracción minera, la alcadía del lugar explotado y el gobierno nacional recibirán el 1%. Solo en la mina El Dorado, en Cabañas, se estima que hay un millón 400 mil onzas de oro, cada una valorada hasta en mil 900 dólares en el mercado internacional. Pacific Rim ha calculado que en El Salvador hay entre 15 y 50 millones de onzas de oro, que a los precios actuales se traducirían en 23 mil millones de dólares y 78 mil millones de dólares, respectivamente. Esto significa que, a lo sumo, el gobierno nacional podría percibir 780 millones de dólares por la venta de todo el oro del país durante los años que durara la explotación.
El ministro cree que hay empresarios que están en contra de la minería metálica porque les afectarían sus materias primas, como el agua. Y ahí es donde revela que el Ejecutivo buscará el involucramiento de empresarios que no estén vetados ni por el Ministerio del Ambiente ni por el Ministerio de Economía para que estos integren la comisión de seguimiento encargada de verificar que las instituciones del Estado se fortalezcan antes de aprobar cualquier levantamiento de la suspensión. Dicha comisión estará integrada por tres funcionarios del Ejecutivo, el procurador de Derechos Humanos, dos miembros de la sociedad civil, dos empresarios y dos expertos internacionales. Y es con estos últimos seis miembros con quienes el ministro rechaza que la mesa esté desbalanceada a favor del Estado. “Hay candados suficientes para que las decisiones sean legítimas”, dice.
También habla de la responsabilidad histórica de los empresarios en la contaminación y de los litigios internacionales entre países vecinos. Este ministro se pone del lado del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y en contra de la visión expresada hasta hoy por el presidente Mauricio Funes. Sánchez Cerén ha exhortado a Guatemala a suspender la licencia de explotación a Entre Mares S.A., una minera guatemalteca que tiene planificado comenzar la extracción de oro en el país vecino pero a solo 18 kilómetros de Metapán, en Santa Ana. Sánchez Cerén y ahora Rosa Chávez denuncian un potencial de contaminación en territorio salvadoreño y advierten que recurrirán a instancias internacionales más pronto que tarde. El presidente Funes, sin embargo, ha dicho que no cree que El Salvador deba exigir nada a Guatemala en este asunto.
A propósito de Cerro Blanco, parece que el vicepresidente Sánchez Cerén tiene una visión bastante clara de que habrá contaminación al Lago de Güija, aunque desde la Presidencia de la República hay un llamado a respetar la soberanía y a que no se socaven las relaciones internacionales.
Es que los países pueden explotar de manera soberana sus recursos naturales, pero si tú vas a hacerlo, tienes la obligación de asegurar que no vas a perjudicar a otro país. Eso está en el Tratado de Río de Janeiro de 1992, es ley aquí como en Guatemala porque ambos hemos ratificado tratados que consagran ese principio. Estamos tratando de construir un diálogo con Guatemala, y aun países amigos en ocasiones se van a litigios internacionales. Es algo que no nos interesa de Guatemala pero tenemos casos de Uruguay y Argentina que se fueron a un litigio que se fue hasta La Haya por una papelera, entonces, hay precedentes. Por supuesto que cualquier litigio es costoso y en este caso no queremos sino desarrollar un monitoreo conjunto de la situación...
¿Por qué esperar a más diálogo si en el marco del plan Trifinio se creó una comisión interinstitucional para cuidar que no se afecte ambientalmente la zona que incluye el Lago de Güija? ¿El diálogo es ya ineficiente...
Las relaciones entre los países son siempre complicadas, el punto es que tenemos un nuevo gobierno en Guatemala, y ciertamente es un tema de agenda bilateral. Por eso creo que una de las ventajas de aprobar la ley (de suspensión de trámites de exploración y explotación minera) también mandaría un mensaje a Guatemala de que esta es una preocupación fuerte en El Salvador, que no son unas cuantas cabezas calientes que andan por ahí, sino que El Salvador como país tiene una preocupación fundamental en este tema. La mina Cerro Blanco, por su ubicación, tiene un riesgo de que si no hay un manejo adecuado se contamine una fuente de agua potable para la región metropolitana. No es un capricho, entonces. Creo que hay elementos para construir una posición sólida de negociación frente a Guatemala en la cual la ley propuesta también contribuiría.
¿Usted no cree que la empresa Entre Mares S.A. dice la verdad cuando asegura que la extracción de oro en Asunción Mita no contaminaría mantos acuíferos y que es amigable con el ambiente?
Mira, esta cosa no es de creencias, no son actos de fe. La fe pertenece al ámbito religioso, en este caso, lo importante es la evidencia, la información, la capacidad regulatoria. No es una cuestión de fe sino de cómo se construyen condiciones para que si estas actividades se den, se den en condiciones que garanticen que no generan problemas sociales.
Para proponer esta suspensión, el Estado tuvo que hacer la evaluación ambiental estratégica (EAE) que manda la ley y que tardó más de un año en presentarse en público.
Es que hubo mucha seriedad en el tema. Para proponer la ley, nos basamos en mucha información, en mucho análisis. La EAE tuvo la aprobación de tres expertos internacionales de altísimo nivel, algo que jamás se había hecho, en verdad es un esfuerzo de alto calibre. El estudio concluye muy contundentemente que en El Salvador, dada sus condiciones de vulnerabilidad, condiciones de riesgo, dadas las limitaciones institucionales que se tienen, no hay condiciones para que se pueda desarrollar la minería con todas las garantías sociales y ambientales que requiere. Pero no solo nos quedamos en la suspensión, sino que se establecen unos criterios bajo los cuales se podría considerar levantarla. Eso obliga al Ministerio de Economía y al de Medio Ambiente a desarrolllar un plan de fortalecimiento y establece la conformación de la comisión de seguimiento donde todos los representantes tienen derecho a voz y voto. Eso garantiza de que las decisiones sigan tomándose de una manera muy informada y no de manera caprichosa simplemente.
Veo un contrasentido. Si la EAE confirma lo que ya en 2005 había supuesto el ministro Hugo Barrera, que el Estado es débil...
Es débil, efectivamente...
... ante una debilidad institucional reiterada, probada, ¿por qué la ley de suspensión daría la potestad a esa misma institucionalidad estatal para que sea ella la que decida levantar la suspensión? ¿No es eso una contradicción?
No, porque la decisión no depende exclusivamente del Ministerio de Medio Ambiente, ni del Ministerio de Economía, ni de la Secretaría de Asuntos Estretégicos. Ellos solo son tres votos de siete, suponiendo que los tres están de acuerdo.
¿No es eso ser demasiado ingenuos?
No, yo creo que la EAE identifica que tenemos ese problema. De hecho, el considerando VII del proyecto de decreto dice que dicha evaluación concluye que la debilidad actual de las instituciones del Estado responsables de la regulación, control y seguimiento de la actividad minera, favorecería el desarrollo de una minería que no contaría con todas las garantías sociales ni ambientales, y por eso es que el artículo 4 establece que tiene que haber un profundo fortalecimiento de las instituciones responsables.
¿Y qué significa profundo? Es poco científico, ¿no le parece?
No, pero el comité de seguimiento es el responsable de determinar cuándo hemos logrado ese profundo fortalecimiento... Es que el Ministerio de medio Ambiente se sujeta a una evaluación externa a través de este mecanismo. No es el Ministerio que autodetermina cuándo ha alcanzado el profundo fortalecimiento, ¿ok? El Ministerio sí tiene la responsabilidad junto con el Minec de formular un plan de fortalecimiento, pero además el artículo 5 dice que deberá ser consultado con las instituciones públicas y privadas.
¿Eso lo considera un candado?
Hay un candado, digamos que esto... mira, este decreto no es caprichoso, no es un invento de una noche de insomnio. Por eso es que la evaluación termina el año pasado y mira, nos ha tomado bastantes meses llegar a esto... Creo yo que refleja la reflexión y también la seriedad con la que el Ejecutivo ha seguido esto. Por eso es que con toda confianza lo fuimos a presentar a la Asamblea.
La decisiones que emanen de la comisión de seguimiento pueden ser legales, ¿pero serán legítimas? Lo digo por la conformación de esa instancia. Sin profundizar mucho, veo dos fracturas: la primera, por la Mesa Nacional Frente a la Minería, que ha dicho que no participará de la comisión pues lo que ellos piden es una prohibición. Ellos representan a muchas comunidades afectadas y han estudiado el tema desde 2005. La segunda fractura es en el sector empresarial. Usted y yo sabemos que hasta ahora han jugado un papel incisivo para influir en decisiones del gobierno.
La Mesa tiene todo el derecho de expresar una opinión contraria a la propuesta en caso de que la Asamblea apruebe este decreto en los términos en que lo ha propuesto el Ejecutivo. También tiene todo el derecho de no participar. Igual podría decir el sector empresarial. El decreto propuesto dice que es potestad del Ejecutivo designar a los representantes de ambos sectores. Ahora, yo creo que no es cierto que el sector empresarial en su conjunto esté a favor de la minería... pueda que haya sectores específicos, pero creo también que hay importantes sectores empresariales a los que les preocupa la problemática ambiental, que les preocuparía enormemente que fueran afectados los recursos hídricos. Por eso hemos establecido un mecanismo que no nos deja brazos cruzados. En primer lugar, establece que hay áreas que es necesario fortalecer. La mina abandonada hay que cerrarla adecuadamente; los sistemas de inforamción en el país debemos fortalecerlos, debemos saber qué tenemos en el país. Y es necesario fortalecer al Ministerio de Economía que por hoy tiene atribuciones para otorgar concesiones de distintos recursos. En segundo lugar, establece una comisión interinstitucional para evaluar el avance y que tiene una composición interesante. Si conseguimos acompañamiento de especialistas del mundo eso dará una cierta garantía del proceso.
No es completa la garantía, creo yo.
Eso hay que discutirlo.
Me refiero a que hay debilidad institucional.
La Asamblea podría decidir poner otros candados, ¿ok? Al final, quien tiene que tomar la decisión sobre esto es la Asamblea, y al menos las expresiones que tenemos por parte de la Asamblea son que a este tema le van a dar una prioridad muy alta para saldar el tema.
Me llama la atención que usted dice que hay empresarios que podrían servir a los intereses de esta ley, por ejemplo, a los que les interesa proteger los mantos acuíferos. Está Industrias La Constancia, por ejemplo. ¿El gobierno buscará alianzas con empresarios que tengan interés en proteger algunos recursos?
Es el secretario técnico quien tiene la potestad de nombrar a los empresarios que integren la comisión. Seguramente, él nos pedirá opinión al ministro de Economía y a mí y aconsejaríamos. Además, el presidente de la República tendría que avalar esa decisión. El secretario no va a designar a funcionarios que pudieran estar vetados por el presidente y no va a designar a empresarios que estuvieran vetados por el presidente, o que el MARN o el Minec consideren que definitivamente son las personas menos indicadas de estar ahí.
Interesante figura eso de los empresarios vetados. ¿Tienen una lista?
Seguramente, llegado el momento, el secretario podría pedir nombres, propuestas, ternas o él podría identificar también, y al final en una reunión conjunta, seguramente, se tendría una lista corta para que de ahí el presidente escoja. Luego, esa decisión la terminaría formalizando el secretario técnico. La comisión ya tiene cuatro miembros de facto, la incógnita está en los que no son del gobierno.
¿Cree usted, entonces, que los que no son del gobierno son el balance para la probidad, idoneidad y eficiencia de esta comisión a la luz de la debilidad institucional en los ministerios?
Yo creo que aquí hay varios contrapesos. Está la figura del procurador...
A la que también se le achacan un montón de debilidades...
No depende del Ejecutivo él, es parte del Estado pero es independiente de él, y tiene un mandato específico que es clave. Creo que de lo que se trata acá es de comenzar a institucionalizar figuras que pueden permitir establecer en el país políticas de Estado, y creo que este sería un ejercicio interesante porque no hemos tenido este tipo de figuras en el país. En el proceso, este comité empezaría a tener una personalidad propia. Pero acordate de que cuando se trata de proponer políticas de Estado nadie quiere quemarse, nadie quiere aparecer como la persona que se vendió a intereses muy particulares, o la persona que tuvo una mirada tan corta que no pudo ver el interés nacional.
Exploremos la relación empresa-gobierno: está el caso del río San Sebastián, en La Unión, así como el de Baterías Récord en el Sitio del Niño, donde la empresa privada no ha jugado el mejor rol.
Creo que uno no puede evitar que en los distintos procesos de decisión intereses particulares quieran hacerse sentir y por eso es importante contar con políticas de Estado. La política nacional de medio ambiente de 2012 en su diagnóstico reconoce como uno de los problemas y causas de la problemática una cultura de irresponsabilidad. Por supuesto, tenemos expresiones de irresponsabilidad en el caso del sector empresarial que se han manifestado en esos problemas que señalas. Ahora, la política por eso plantea el fomento de una cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental. El sector empresarial, en algunos casos, ha sido el problema; deben ser parte de la solución y por eso es que la línea de trabajo sobre responsabilidad y cumplimiento ambiental supone un diálogo sustantivo y la búsqueda de compromisos con el sector empresarial. En el caso del Sitio del Niño la ley especial nos facultó para entrar en un diálogo con la empresa, y los trabajos que se están haciendo están siendo costeados por la empresa. Creo que de lo que se trata es de ir cambiando esa cultura de impunidad, irresponsabilidad, de aprovechar el Estado para intereses particulares a una cultura de mayor responsabilidad, de cumplimiento y cómo vamos desarrollando un Estado menos plegado a intereses particulares o económicos.
¿Qué es lo que debería fortalecerse de inmediato?
Eso es lo que tenemos que identificar con los insumos de la EAE, la opinión internacional y de otros sectores. La propuesta de ley nos da nueve meses para tenerlo consultado y hacerlo.
Hay un problema entonces. El sentido de urgencia lo determina quien tiene la voluntad política. ¿La minería le importa a los políticos? Se tardó un año el presidente en elaborar la propuesta de suspensión.
Pero los dos ministerios fuimos a presentarlo, o sea que sí hay voluntad nuestra. Ahora el sentido de urgencia lo tiene la Asamblea. Tenemos nueve meses, pero si la Asamblea se demora en aprobarlo y resulta que es al próximo gobierno que le toca comenzar a pensar sobre el plan de fortalecimiento, creo que habríamos perdido una oportunidad.
¿Qué garantía hay precisamente de que en dos años no se levante? Las elecciones están a la vuelta, el gobierno podría cambiar.
No hay. Todo depende de si esto se aprueba, y de que el comité de seguimiento avale levantar la suspensión con siete votos y que luego el Ejecutivo retome esa recomendación y que luego lo presente a la Asamblea Legislativa, o sea, no sería automático de todas maneras.
¿No era mejor prohibir la minería metálica?
Yo creo que no tenemos toda la información, y de hecho, la EAE se enfrentó con ese problema, de que hay insuficiencia de información. Por eso es que el primer tema que aparece en el plan de fortalecimiento tiene que ver con información, sistemas de información minera, hidrogeológica, ambiental, geoeconómica, entre otras.
¿No era más coherente prohibir la minería metálica amparados bajo el principio precautorio del que hablan los tratados internacionales y la Ley de medio ambiente en cuanto a que cuando hay duda se aplica lo favorable a los recursos naturales?
La decisión del Ejecutivo es que precisamente antes las deficiencias de conocimiento, ante las debilidades apuntadas, aplicando el principio de la precaución, formalmente se suspenden los procedimientos de exploración y explotación minera en El Salvador. Eso, en la práctica es una prohibición y que pueda ser temporal... Entonces, no solo es un tema ambiental, social, sino que también está la idea en el decreto de que si vamos a desarrollar minería en el país tiene que haber beneficios reales para el país.
¿Qué pasa cuando sea otro secretario de asuntos estratégicos el encargado de nombrar a los miembros o sea otro gobierno y se cambie el balance de la comisión?
Ahí es donde la Asamblea tiene que evaluar esos aspectos. En cualquier caso, creo que una comisión conformada con una diversidad muy reducida que pierda su característica también estaría perdiendo su legitimidad, y hay costos cuando eso es así, sobre todo en temas así y sobre todo porque no tiene etiqueta partidaria. No creo que podamos decir que tal partido está a favor de la mineraía o que está en contra. Vamos a encontrar en todos los partidos expresiones a favor o en contra.
Es muy distinto estar a favor o en contra, a decir que hay intereses económicos en todos los partidos.
Exacto.
Ministro, la administración Funes puede verse como una administración que trata de salvarse y de respirar en lo que termina el mandato...
Mira, no, definitivamente este anteproyecto no busca salvarle la cara al presidente. Está fundamentado. Hemos tenido opinión externa internacional, se afinca en nuestra realidad, este proyecto es necesario.
¿Este proyecto de ley no abre la posibilidad para que nuevas demandas caigan sobre el Estado a partir de esta suspensión?
Si lo prohibimos a lo mejor podrían acusarnos de que la prohibición no se justifica porque no hemos jsutificado que la actidvidad no se puede desarrollar con todas las garantías ambientales y sociales. En ese sentido, la suspensión se puede sostener con mucho más fuerza en caso de litigios. Pero es importante evidenciar que esta no es una decisión arbitraria, no es un capricho. Pero también alguien nos podría demandar por no cumplir con lo que dice la Ley de medio ambiente que obliga al Estado a garantizar que todos los habitantes tengan un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a promover este derecho de forma sistemática como requisito para asegurar la armonía entre los humanos y la naturaleza.
¿Y los costos que le genera al país la defensa de esas demandas? Solo defender a El Salvador en la demanda de Commerce Group ha costado 7 millones de dólares.
Pero los costos de generar una mayor vulnerabilidad, ¿cuáles son? Los costos para la salud, al ambiente, de quedarnos pasivos y permitir la actividad sin las garantías necesarias. Creo que al final, siendo responsables, no teníamos otra opción.
Con lo primero que decía, si por ahora no se justifica prohibir la minería, ¿usted entonces la ve posible en algunos escenarios?
Mire, hay minería en otros países. Ciertamente hay empresas que a lo mejor han desarrollado tecnologías para minimizar estos riesgos. El Salvador puede atraer ese tipo de empresas o esas empresas simplemente no están interesadas en estos yacimientos porque son muy pequeños...
Se lo refuto con el precio del mercado de la onza troy oro que se ha quintuplicado.
Pero hay economías de escala, y obviamente cuando no hay economías de escala es más fácil tratar de reducir tus costos debilitando la integridad de tus procesos. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahí es donde es clave el fortalecimiento del marco regulatorio, todo está amarrado y busca la institucionalidad, que es sumamente esencial. Si una actividad existe y es de muy alto riesgo es la minería metálica.
Supongamos que llegan a cumplirse las garantías, se respetan los candados y se fortalece la institucionalidad, ¿usted ve posible la minería metálica o de verdad el oro en nuestro subsuelo es poco atractivo a las mineras?
No tengo el don de la clarividencia, y no me atrevo a opinar de cuál podría ser la situación en 15 años, si se aprueba en este decreto yo lo que sé es que tendría la obligación de trabajar con el ministro de Economía y nuestros equipos para movilizar apoyo internacional para establecer el plan de fortalecimiento. Hasta ahí llega mi posibilidad de vislumbrar el futuro. No me atrevo a pensar qué puede pasar luego de que la Asamblea apruebe este decreto, además que en 15 años seguramente ya no seré ministro y seguramente ya no esté vivo.
Lo veo bien optimista con la Asamblea.
No, simplemente ya no está en nuestras manos el proyecto de ley. Me da la impresión de que este no es un tema menor para la Asamblea. Los diputados y diputadas saben que esta es una gran preocupación nacional y que tienen que dar una respuesta a esta problemática.
Sobre la EAE, ¿cuántas veces el comité de expertos rechazó el informe de la consultora que la desarrolló?
Ah, no, el comité técnico fue muy duro, yo no quisiera ser parte de una consultora en estos temas con un comité técnico de ese tipo porque cuando tú te traes a lo mejor que hay en el mundo te tienes que atener a las consecuencias. Claro, la consultora no sabía que les íbamos a poner un comité técnico de ese calibre, pero los términos de referencia decían que era una atribución del ministro de Economía. Él los designó con base en un diálogo que tuvimos.
¿Qué tipo de observaciones les hizo?
De todo, este comité trabajó horas extras.
Lo que tengo entendido es que el comité les decía que las conclusiones eran muy ralas y les pedía que fueran más concluyentes. Hubo muchos rechazos, supongo.
Pues sí, por eso el proceso fue un poco largo y creo que eso nos deja lecciones de que cuando desarrollamos estos procesos también tenemos que garantizar que hay un mecanismo de fiscalización que no depende de la discreción del Ejecutivo ni del capricho de la empresa, que ella misma diga que el proyecto está perfecto. Ese rol del comité es muy importante y por eso queremos que sigan trabajando.
¿Es cierto que la EAE al principio estaba más inclinada a favor del escenario de permitir la minería metálica?
Es que esto era como un informe que pide una empresa. Un informe te puede decir que no tenés ningún problema y el otro te puede decir que tenés todos los problemas. Entonces, este fue un proceso que se fue depurando a lo largo del tiempo y es el informe final el que de alguna manera logra que las distintas piezas se terminen de encajar. Las conclusiones que se obtuvieron en el primer mes fueron muy distintas a las del final. Fueron bastantes meses en medio, hubo que hacer una prórroga, pero creo que nos ha dejado lecciones importantes.
