El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, abrió este martes un diálogo con líderes políticos y, en un viraje de la posición que había sostenido en la controversia entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, pidió a los partidos políticos que acaten las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La reunión empezó a las 10 de la mañana y, a las 8 de la noche, el gobernante anunció la firma de un acta de compromiso que incluyó acatar los fallos del máximo tribunal siempre y cuando se apeguen al texto de la Constitución.
Hasta ahora, Funes planteaba que la Sala de lo Constitucional tenía que sujetarse a lo que dispusiera la Corte Centroamericana de Justicia, instancia a la que acudieron los diputados tras desobedecer las sentencias de inconstitucionalidad que les ordenaban elegir nuevamente a magistraturas de la Corte Suprema.
El viraje en el tono se produjo después de que Washington comenzara a debatir el tema y a expresar su preocupación. Dos influyentes senadores, uno demócrata y otro republicano, denunciaron que la actitud de la Asamblea legislativa, liderada por el FMLN, amenaza la estabilidad política y la democracia tan duramente obtenidas por El Salvador tras 12 años de guerra civil. Los senadores, además, pidieron al gobierno de Barack Obama que considere represalias contra los promotores de la crisis institucional. Estos bien podrían ser los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes, y hasta el mismo gobernante, que desde junio de 2011 se alineó en una campaña que incluyó desde declaraciones públicas pidiendo a los magistrados resolver de cierta forma las demandas de inconstitucionalidad, hasta decretos emitidos sumariamente para frenar a la Sala.
Funes recibió esta mañana a los representantes de todos los partidos políticos con representación legislativa y les dijo que esperaba que un primer fruto de la sesión fuera acordar cuatro puntos. El tercero de ellos es el que marcó distancia con la posición que había sostenido hasta ahora. 'Tercero, que en definitiva los partidos políticos acaten los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sobre la base del respeto al texto de la Constitución, particularmente en cuanto a la separación de atribuciones de los órganos de gobierno', dijo al inicio de la sesión. Al final de ella, reiteró que el acta que firmaron incluía ese acuerdo, lo que deja abierta la posibilidad a que persistan en sus argumentos de que los magistrados no hicieron una aplicación literal del texto constitucional y, por lo tanto, las sentencias sobre elección de magistrados y fiscal general violan la Constitución.
Al inicio de la reunión parecía que los diputados perderían un aliado que hasta ahora había dado apoyo al desacato legislativo, pues sostenía que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sí tiene competencia para resolver la controversia entre diputados y magistrados. Al final de la sesión de 10 horas de duración ni Funes ni los firmantes del acta dieron declaraciones a la prensa. Sin embargo, en entrevista de televisión con Narciso Castillo, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, reiteró que el acuerdo consistía en respetar los fallos judiciales que consistieran en una lectura literal de la Constitución.
Este planteamiento ya había sido hecho por el diputado Rodolfo Parker, de Pes, quien durante la sesión plenaria del jueves aseguró que la Sala ha decidido una línea de jurisprudencia que consiste, en la práctica, en entender la Constitución ajustándola a nuevas realidades, más allá de lo que los diputados constituyentes quisieron dejar explícito en ella.
La Sala desde un inicio dijo que el tribunal regional no tiene competencia en materia de constitucionalidad y por lo tanto declaró inaplicable la medida cautelar que emitió la CCJ pidiendo que se suspendiera la invalidación de las elecciones de magistrados hechas en 2006 y en abril de 2012.
'Se trata de lograr algo así como un ámbito favorable a la construcción de consensos que permita alcanzar acuerdos superadores del conflicto de poderes que vivimos desde hace varias semanas', dijo Funes al instalar la reunión en la Casa Presidencial.
A las 8 de la noche, los dirigentes de partidos y el presidente terminaron su reunión y fue Funes quien expuso el acuerdo. Leyó el acta firmada por los dirigentes políticos, que incluía cinco puntos que estarán presentes en los acuerdos sucesivos que vayan tomando. Uno de ellos es el compromiso de obedecer lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia. 'El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución', leyó el presidente, al llegar al punto número dos del acta.
Al iniciar la sesión, el gobernante dijo que él esperaba que pudieran responder a las expectativas ciudadanas, e insistió en que el problema tiene un origen político, no jurídico, y por lo tanto había que promover esta reunión.
'No estoy esperando que de esta reunión salga la solución, pero al menos que sí nos pongamos de acuerdo en cómo comenzar a abordar el problema, y qué tipo de contenidos deben quedar plasmados en el trabajo de esta mesa', dijo a sus interlocutores, en referencia a que prevé varias reuniones.
Aunque las amenazas contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional se hicieron explícitas desde julio de 2010, fue hasta abril pasado cuando comenzaron a concretarse con medidas específicas. Antes de los comicios, el FMLN había prometido públicamente no adelantar la elección de Corte Suprema ni de fiscal general, sino permitir que la legislatura que asumiría funciones el 1 de mayo hiciera los nombramientos. Sin embargo, recién pasadas las elecciones, anunció su intención de buscar un acuerdo con otros partidos para que la legislatura saliente hiciera los nombramientos, a pesar de que esa misma Asamblea ya había elegido magistrados y fiscal general en 2009.
El 5 de junio la Sala de lo Constitucional resolvió una demanda ciudadana contra la Asamblea, declarando inconstitucionales los nombramientos de 2006 y 2012. Los diputados adujeron que las designaciones cumplían la Constitución y optaron por desobedecer los fallos judiciales. El artículo 183 de la Constitución establece que la Sala es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos.
La Sala planteó que a cada legislatura le corresponde solamente hacer un nombramiento de fiscal general y magistrados de la Corte Suprema, pero el interés del FMLN en apresurar una nueva elección de Corte y fiscal era que en la legislatura 2009-2012 el partido de izquierdas podía lograr un acuerdo de elección sin necesidad de tomar en cuenta a su principal rival, el partido Arena. Arena, debido a su ruptura en septiembre de 2009, no tenía suficientes escaños como para evitar la formación de mayoría calificada entre los otros partidos. En cambio, la elección del 11 de marzo devolvió a Arena los escaños perdidos, pero la nueva correlación solo iba a ser efectiva con la instalación de la nueva Asamblea, el 1 de mayo. Eso es lo que el FMLN quiso evitar.
El 28 de junio, la Asamblea reformó sorpresivamente la Ley Orgánica Judicial para que entre el día 29 de ese mes y el 31 de julio próximo la Corte Suprema pueda tener reuniones plenaria sin necesidad de la presencia de su presidente, y que también pueda ser convocada por cualquier magistrado. Funes avaló expeditamente el decreto de reforma, tal como había actuado un año atrás cuando los diputados intentaron maniatar a la Sala de lo Constitucional obligándolos a emitir sentencias de inconstitucionalidad solo por unanimidad.
La presión nacional e internacional llevó al presidente a tener que enviar una misión a Washington, D.C., en un intento por desmontar los señalamientos en su contra por tomar partido. La Asociación Nacional de la Empresa Privada incluso llamó golpista a Funes, quien la semana pasada dijo que no podía aceptar tales acusaciones porque él lo más que había hecho era opinar que la CCJ sí tiene competencia en el litigio.
Funes, sin embargo, en las semanas previas en más de una ocasión advirtió que a su juicio los magistrados no podrían dar la razón a los ciudadanos que demandaron al gobernante por nombrar a dos generales en algunos de los máximos cargos de Seguridad Pública.
El sábado, el presidente anunció que iba a proponer a los dirigentes políticos reunirse para intentar encontrar una salida a la crisis. Este martes, el presidente lanzó su propuesta de cuatro puntos a sus visitantes, entre quienes estaban el presidente del partido Arena, Alfredo Cristiani, y el secretario general del FMLN, Medardo González. El primero de los puntos es que se buscará acuerdos políticos dentro del marco de la ley que permitan una solución 'en la que no haya ni vencedores ni vencidos'. El segundo es que los partidos actúen 'sin interferencia de actores que puedan tener o tengan intereses ajenos a la institucionalidad'. El tercero, 'que en definitiva los partidos políticos acaten los fallos de la Corte Suprema de Justicia'. Y el cuarto, que las sesiones permitan identificar las competencias de los Órganos del Estado, y 'los excesos', de tal manera que estos puedan ser eliminados.
El presidente dejó ver la urgencia de lograr acuerdos, porque dijo que esperaba que antes de la vacación de inicios de agosto puedan anunciar un pacto.
A la presión internacional se sumó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, quien el 18 de julio pasado pidió al presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, que busque la manera de poner fin a la crisis. Pillay dijo que la situación de desacato resulta en una amenaza a la independencia judicial y dijo que la Asamblea debe obedecer las sentencias.
La noche de este martes, Fabio Castillo, diputado suplente del FMLN y excoordinador general del partido de izquierdas, dijo que la presión internacional, expresada, por ejemplo, en la voz de funcionarios estadounidenses, en el fondo lo que pretendía dejar claro es que había sido un error que los diputados acudieran a la Corte Centroamericana en busca de refugio contra las sentencias de la Sala.
Castillo dijo que a él las elecciones de 2006 y 2012 le parecen constitucionales, pero si los magistrados resolvieron lo contrario, sus sentencias no admiten apelación y deben acatarse.
Si la voluntad de los dirigentes de los partidos es acatar las sentencias -más allá de si los fallos están apegados a la literalidad de la Constitución- las consecuencias del acuerdo firmado podrían ser que el magistrado Belarmino Jaime se mantenga en la Sala de lo Constitucional, y que el abogado Ovidio Bonilla no sea en realidad un magistrado. La Sala de lo Constitucional estableció que Jaime debe mantenerse en la Sala, porque a los magistrados de dicha cámara se les elige para un período de nueve años, y también determinó que la elección de Bonilla y otros cuatro magistrados hecha el 24 de abril es inconstitucional.
Sobre la permanencia de Jaime en la Sala, Castillo dijo estar de acuerdo con la sentencia. 'Es correctísimo lo que decidieron los magistrados', comentó.
