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Un diputado cuestionado por Comisión de la Verdad y otro por disparar a policías investigarán legalidad de magistrados

La Asamblea Legislativa creó una comisión de cinco legisladores para determinar si fue legal la elección de tress magistrados de la Corte Suprema en julio de 2009. Cuatro de estos legisladores han impulsado la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que firmaron sentencias que perjudicaron el control de las cúpulas partidarias sobre las personas que obtienen diputaciones.

Patricia Carías y Jimena Aguilar

 
 

Este martes sesionará por primera vez el equipo de cinco diputados creado por la Asamblea Legislativa el jueves anterior para investigar si el Órgano Legislativo violó la ley en julio de 2009 al nombrar a dos magistrados de la Sala de lo Constitucional cuyos nombres no estaban en la lista de 30 personas postuladas originalmente.

Los encargados de revisar la legalidad de los cargos de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González incluyen a dos legisladores con un historial que los coloca en conflicto con la ley, según el informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, cables de la inteligencia estadounidense, y varios expedientes judiciales.

A las 5:30 de la tarde, 47 diputados del FMLN, Gana, CN y Pes votaron para elegir a Franisco Merino y Roberto Angulo, de Concertación Nacional; Rodolfo Párker, del Partido de la Esperanza; Guillermo Gallegos, de Gana, y Benito Lara, del FMLN, como integrantes de la comisión. Los legisladores de Arena y CD informaron que no integrarían la comisión porque no estaban de acuerdo con investigar el proceso de elección de 2009. 

De acuerdo con la Comisión Política de la Asamblea, los integrantes de la comisión deberán investigar el proceso mediante el cual por unanimidad la legislatura que finalizó labores el 30 de abril pasado eligió a los magistrados Jaime y González, y también a la magistrada María Luz Regalado, de la Sala de lo Civil.

La comisión fue integrada como respuesta a una solicitud del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sitoj), que pidió a los diputados que determinaran la constitucionalidad de los nombramientos, ya que ninguno de los tres estaba incluido en la lista de 30 personas enviada a la Asamblea por el Consejo Nacional de la Judicatura. La Asamblea, sin embargo, a pesar de que canalizó esa petición para formar la comisión, cambió la solicitud de investigar la constitucionalidad de los nombramientos y dispuso que investigará la legalidad del proceso. Esta modificación la hicieron debido a que solo los magistrados de la Sala de lo Constitucional pueden determinar si una ley o reglamento viola la Constitución o no.

Del quinteto de diputados, el único que no ha sido un público promotor de la destitución de los magistrados desde julio de 2010 es Benito Lara, del FMLN. Los otros cuatro sí han reiterado su intención de promover el despido de los cuatro magistrados constitucionalistas nombrados hace casi tres años, debido a que varias sentencias emitidas en los últimos 23 meses golpearon el poder de las direcciones de los partidos políticos.

Para comenzar, en julio de 2010 la Sala habilitó las candidaturas no partidarias para diputados y determinó que la modalidad de voto por listas completas de candidatos a legisladores y no por personas individuales, violaba el derecho constitucional a un voto libre y directo. Para los magistrados, el Código Electoral convertía a las cúpulas partidarias en intermediadores que tenían el poder de vulnerar la voluntad popular gracias a un mecanismo que les permitía decidir con precisión cuáles de los candidatos en realidad alcanzaban sillas en la Asamblea Legislativa.

La Sala terminó obligando a los legisladores a habilitar el voto por rostro y no solo por bandera partidaria, y en otras sentencias resolvió que los partidos PCN y PDC tenían vida ilegalmente y ordenó su cancelación.

En el mismo julio de 2010 diputados como Parker, Merino y Gallegos comenzaron su discurso contra los magistrados, alegando que se habían extralimitado en sus funciones. Por lo tanto, decían, debían ser destituidos. Ahora, ellos serán encargados de determinar si la elección de Jaime, González y Regalado fue contraria a la ley. Lo que la Asamblea Legislativa nunca debatió en la sesión plenaria al escoger a los investigadores fue el pasado de estos.

La madrugada del 27 de agosto de 2000, el diputado Francisco Merino, quien será presidente de la comisión investigadora, fue capturado por la Policía Nacional Civil por haberle disparado a una patrulla policial. Una agenre resultó herida de bala.

Dos años antes, Merino se había convertido en presidente de la Corte de Cuentas de la República debido a que el titular, Hernán Contreras, fue postulado por el PCN como candidato presidencial para 1999. Merino terminaría el mandato de Contreras en la Corte, y llegado 1999, intentó ser elegido para el cargo para el trienio 1999-2002. Sin embargo, dos cosas jugaron en su contra: la revelación que hicieron los medios de comunicación de cómo Merino había adquirido propiedad municipal en la zona paracentral del país, y el hecho de que Merino hubiera violado la Ley de Probidad al no entregar su declaración de patrimonio en el tiempo que establece la normativa.

Más recientemente, en septiembre de 2011, El Faro reveló que el diputado Merino se benefició de tierras del ISTA cuando todavía era vicepresidente de la república en 1994. Las tierras que otorga el ISTA tienen el fin de beneficiar a campesinos pobres.

En enero de este año, El Faro reveló que según la inteligencia estadounidense, Merino fue uno de los políticos de la extrema derecha salvadoreña que en algún momento llegaron a considerar la posibilidad de dar un golpe de Estado al presidente Alfredo Cristiani (1989-1994). Merino era a la sazón vicepresidente de la República, y era uno de quienes, según los cables desclasificados, se oponían a las negociaciones de paz con la guerrilla del FMLN.

En el caso del diputado Párker, ex candidato presidencial del PDC en 1999, el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los principales crímenes ocurridos durante la guerra civil salvadoreña, determinó que el abogado entorpeció las investigaciones del asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido en 1989. "El licenciado Rodolfo Antonio Párker Soto, miembro de la Comisión de Honor (de la Fuerza Armada, integrada para investigar el múltiple homicidio), alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de de altos oficiales en el asesinato", concluyó la comisión, en su informe "De la locura a la esperanza".

Sobre Párker, en una entrevista con El Faro, el alcalde de San Miguel, Wil Salgado, aseguró el año pasado que hace unos años, el dirigente pesista le pidió que retirara una demanda de la comuna contra CAESS, empresa que el legislador representaba. Para entonces Salgado era miembro del Partido Demócrata Cristiano, y Párker secretario general. Cancelado en 2011, el PDC se convirtió en el Pes que hoy dirige Párker. Según Salgado, Párker le dijo que si no quitaba la demanda contra CAESS por la falta de pago de impuestos, le ganaría la apelación en la Corte Suprema de Justicia porque había magistrados que eran cuota de él. En febrero de este año, El Faro reveló que el secretario general de Pes faltó a un 97.5% de 118 reuniones de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, entre mayo de 2009 y octubre de 2011.

En noviembre del año pasado El Faro reveló que el diputado Guillermo Gallegos solicitó ser asignado para dos misiones oficiales a España para las cuales recibió los viáticos de los viajes, pero nunca los realizó. El diputado reintegró el dinero de uno de los viajes después de que el presidente de la Asamblea se lo reclamara. Ni él ni el presidente de la Asamblea explicaron nunca qué sucedió con los viáticos del otro viaje.

Ante el historial de sus colegas, el diputado Benito Lara, del FMLN, se limitó a decir que el trabajo legislativo se hace con lo que se tiene a disposición: "Estos son los diputados que el pueblo eligió".

En cuanto al proceso de elección de 2009, los legisladores hablan ahora de vicios de “ilegalidad” en los nombramientos alegando que estos tres magistrados surgieron de una segunda lista enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a la Asamblea, algo que al parecer violó la ley porque el CNJ simplemente debe enviar los 15 nombres escogidos en votación por el gremio de abogados, y los 15 propuestos por el CNJ. Algunos de los diputados que participaron en la elección incluso hablaron de haber violado la ley abiertamente. Cuando se le preguntó al diputado Gallegos si la creación de la comisión especial se debía a que aceptaban haber violado la ley en 2009, este asintió. “Sí, lo hicimos”, dijo. Y matizó: “Pero ya ve, así es como funcionan las cosas en Arena cuando solo nos dicen qué hacer. Tenemos que hacer un mea culpa en esta decisión de aparecer con nuevas listas y nuevos candidatos”, dijo, en referencia a que él era diputado por Arena hace tres años.

La postura de otros de los legisladores que en ese entonces apoyaron la decisión y que ahora dicen haber errado se repite en CN. El líder de la bancada cenista, Roberto Angulo, incluso habló de pedir perdón al pueblo por la elección amañada. “Si le han pedido perdón al pueblo los militares y los del FMLN, nosotros también. Si cometimos un error es correcto que lo modifiquemos”, dijo.

La petición llegó a la Asamblea hace una semana, de la mano de un grupo de abogados representantes de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud) y el Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sitoj), quienes durante la plenaria pasada llegaron hasta el salón azul para reunirse conlos diputados del FMLN, Gana y CN, estos terminaron recibiendo una pieza donde se solicitaba que la Asamblea investigara la “constitucionalidad” del nombramiento. “Se cree una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar la constitucionalidad de la elección de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional”, reza el documento.

Sin embargo, los legisladores, consientes de las atribuciones que les faculta la Constitución, acordaron cambiar la redacción de la solicitud, de forma que la Asamblea investigara la “legalidad” del nombramientos. “Solo queremos ver si se siguió la ley. Y la comisión política determinó que la atribución de la Asamblea era otra y está bien porque no siempre uno debe resolver como se lo piden”, explicó Lara.

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