Opinión /
La violencia contra la prensa en México

Fecha inválida
Darío Ramírez*
México vive una inédita crisis de seguridad pública, que tiene su origen en el crecimiento y expansión de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más violentas entre ellos y el rol central que han asumido la policía federal y las fuerzas armadas en la estrategia para enfrentarlos y frenarlos, apoyando y aun desplazando y sustituyendo a los cuerpos policiacos locales.

La dificultad para restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio nacional ha obligado al Gobierno Federal a iniciar operativos coordinados entre Marina, Ejército y Policía Federal, que han implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional actualizados hasta 2010.

Fenómeno agravado por los problemas de inseguridad que actualmente afectan al país, Artículo 19 ha advertido también un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios. En los últimos años, el patrón de la violencia contra la prensa ha cambiado sus características. Si en algún momento se habló de comunidades totalmente silenciadas, dado el efecto de las amenazas sobre las empresas periodísticas que se impusieron la autocensura como principal medida de supervivencia, en algunas etapas de esta historia los propios medios le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios periodísticos. Fue entonces que ellos también quisieron entrar y tener voz.

Así transitamos al escenario de los periodistas rehenes, a una nueva época en que garantizar la seguridad de las instalaciones y la integridad de la plantilla laboral pasa por difundir los mensajes que los delincuentes desean transmitir. Todo, ante la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones.
 
De 2009 a 2010, el número total de agresiones presentó una caída que pudo haber sido atribuida ingenuamente a que el problema había venido a la baja o empezaba a resolverse. Sin embargo, el fenómeno no mostró una tendencia sostenida a la baja. En realidad, el alto nivel de violencia empleada por el narcotráfico favoreció durante una época el avance de la autocensura, los vacíos de información en relación con los hechos noticiosos cotidianos, pero particularmente en lo que se refiere a los incidentes que involucran a medios y periodistas.

Aun así, en 2011 las cifras volvieron a elevarse. Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.

Cualquier análisis de los últimos años que se refiera a las violaciones a libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo, debe partir de un hecho fundamental: existe un subregistro de casos que se relaciona directamente con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de protección; la denuncia pública se ha reducido en tanto que el Estado no brinda garantías de investigación ni sanción a los responsables.

Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 300% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas.

El territorio veracruzano en días recientes fue escenario de cuatro asesiantos de periodistas, incluyendo el caso de Regina Martínez, corresponsal del semanario  Proceso, el más importante de su género en el país. Además, en el estado se han registrado ataques violentos contra medios de comunicación, abusos de las autoridades contra reporteros en coberturas y aun de acciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresión. El caso presentó tales peculiaridades que permitió a Artículo 19 advertir una alta incidencia e incorporar a sus categorías de análisis un fenómeno que si bien, puede no ser nuevo, se presentó de manera masiva en la entidad durante el pasado año: el desplazamiento forzado y la reubicación de informadores en otras entidades, ante el riesgo para su vida y seguridad.

Regina Martínez se suma a una ominosa lista de periodistas asesinados en México. Del año 2000 a la fecha, 70 periodistas han sido asesinados; 13 están desaparecidos. Las cifras son frías y no explican del todo la violencia directa de la cual es víctima la prensa mexicana. Pero estos números no tienen comparación en ningún otro país del orbe con las características de México.  La prensa mexicana en muchos territorios del país está arrinconada, silenciada, con miedo y zozobra. Las líneas editoriales ya pasan por el temor a publicar. La violencia ha impuesto la censura como medida de protección para periodistas, reporteros, editores y medios de comunicación.

El papel de los gobiernos estatales y federal no ha sido el esperado en una crisis como la actual. Abundan los ejemplos sobre la creación de instancias inútiles que carecen de capacidades reales para atender el problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia del Estado.

En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico, en muchas ocasiones envileciendo a las víctimas, desestimando la posibilidad de que hayan sido atacadas en razón de su trabajo o acusándolas de delincuentes sin haber iniciado siquiera las indagatorias.

La censura y violencia se han convertido en un binomio pernicioso para el libre flujo de ideas, opiniones e información. Ninguna nota vale una vida, se repiten continuamente reporteros trabajando en las zonas de mayor riesgo. Pero la violencia no ha vencido el periodismo mexicano. Hay diarios que todos los días se comprometen con la información destinada a su audiencia. Reconocen el peligro pero están decididos a no claudicar en su oficio.

*El autor es Director para la Oficina de México y Centroamérica de la organización ARTICLE 19

Apoya el periodismo incómodo
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas llegue adonde otros no llegan y cuente lo que otros no cuentan o tratan de ocultar.
Tú también puedes hacer periodismo incómodo.Cancela cuando quieras.

Administración
(+503) 2562-1987
 
Ave. Las Camelias y, C. Los Castaños #17, San Salvador, El Salvador.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
TRIPODE S.A. DE C.V. (San Salvador, El Salvador). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2022. Fundado el 25 de abril de 1998.