Durante 17 años Rafael Hernán Contreras ocupó el trono de la institución cuya función es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Eso fue hasta junio de 2011, cuando las cartas que jugó no le permitieron la reelección y en su lugar los diputados nombraron presidente de la Corte de Cuentas a Gregorio Sánchez Trejo. Justo antes de irse, sin embargo, Contreras tomó 66 mil dólares de los salvadoreños que creyó merecer por su sacrificio durante tanto tiempo en la institución, y solo la presión ciudadana hizo que al cabo de unos días los pusiera en manos de su sucesor... Transcurridos casi 11 meses, el responsable de velar por el buen uso de los fondos públicos no ha movido un solo dedo para hacer efectivo el reintegro de los 66 mil dólares y, cuando se le pregunta cuál será su próximo paso, lo dice seguro y sin rodeos: que Contreras decida.
El 28 de junio del año pasado Contreras, un veterano dirigente del ya extinto Partido de Conciliación Nacional (PCN), entregó el cargo a Sánchez Trejo, un veterano funcionario con una trayectoria pública sin excesivas refulgencias. Entregó las llaves a su sucesor y se marchó con dos cheques en su bolsillo emitidos en su favor por la Dirección Financiera de la institución que había estado bajo control del PCN a lo largo de 29 años.
Entre ambos cheques, del Banco Agrícola, suman 66 mil 37.86 dólares que se le entregaron en calidad de indemnización por su trabajo en dos diferentes períodos, el primero de 1990 a 1998 -cuando se retiró para ser candidato presidencial- y el segundo de 2002 a 2011. Este bono por retiro del servicio público está regulado bajo un mecanismo que él mismo creó cuatro años antes de perder la carrera por la reelección. Justificó la compensación diciendo que por dedicarse a dirigir la Corte de Cuentas se había privado de dedicarse al 100% a su vida como profesional privado.
Con la inmediata controversia pública, solo transcurrieron dos días para que Contreras entregara a Sánchez Trejo los cheques. En la carta con que acompañó los documentos le decía que debido al debate que se produjo en la Asamblea Legislativa -que concluyó con una recomendación de que la Corte recuperara el dinero- había optado por regresar el bono para que el nuevo presidente de la institución determinara qué hacer con el dinero.
Dos meses y medio después, El Faro le preguntó si ya había oficializado la reintegración de los 66 mil dólares, y lo que Sánchez Trejo respondió fue que no, que había optado por entablar un diálogo con Contreras y con los otros dos magistrados de la Corte que también se habían retirado con miles de dólares en compensación, para definir qué hacer con los cheques. Añadió que renunciaba a la vía legal porque iba a demorar demasiado tiempo.
Transcurridos más de ocho meses desde cuando dijo que iba a buscar una salida negociada, Sánchez Trejo no ha oficializado el reintegro del dinero ni ha decidido su próximo paso. El viernes 11 de mayo, El Faro le preguntó a qué se debía que al menos los cheques devueltos por Contreras siguieran sin cobrarse en favor de la institución, y Sánchez Trejo respondió que la culpa de la tardanza era que el expresidente de la Corte no le indicaba qué hacer. 'Él facilmente puede definir esta situación. Pero no tenemos una definición puntual de parte de él', dijo.
Sánchez Trejo dice que la nota enviada por su predecesor junto con los cheques no es suficientemente clara sobre qué debería hacerse con el dinero, a pesar de que Contreras dijo que devolvía el bono atendiendo la recomendación de la Asamblea Legislativa de que se declarara improcedente el desembolso.
'Señor presidente, tomando en cuenta la discusión suscitada en la Asamblea Legislativa y atendiendo el acuerdo a la que ésta llegó en su sesión plenaria de ayer, tengo a bien regresar a esta institución para lo que Ud. estime pertinente la suma de $66,037.86 que me fue depositada en cuenta corriente a mi nombre por la Dirección Financiera en concepto de compensación económica', dijo Contreras en su nota a Sánchez Trejo. Este, sin embargo, dice no saber qué hacer porque la carta de su antecesor no le da orientación suficiente del camino que debería tomar. 'Lo que yo me recuerdo es que él envió una nota de depósito hacia la institución, está en fondos en custodia. Era una expresión muy general. Hemos pretendido clarificar con él esta situación para que fuera mucho más puntual', dijo.
Y mientras el presidente de la Corte de Cuentas lleva casi 11 meses en la inmovilidad, Contreras lo exhorta a que defina de una buena vez si el otorgamiento del bono de 66 mil dólares fue legal o ilegal. Y si determina que fue legal, que se lo regrese.
El tiempo pasa y el destino del dinero sigue en un punto intermedio entre las manos de Contreras, que en realidad no ha renunciado al bono, y las manos dubitativas de Sánchez Trejo.
En septiembre pasado, el presidente de la Corte dijo que todavía no había una devolución formal del dinero, pues este había sido depositado para resguardo institucional y no para uso de la institución. 'En este momento no lo podemos invertir porque ellos no han renunciado a lo que supuestamente por qué se les dio el cheque, que era por un retiro voluntario', comentó en ese momento Sánchez Trejo. Agregó que contactaría a Contreras y a los otros magistrados para que explícitamente renunciaran al bono. 'Queremos hablar con ellos, que expresamente nos digan que renuncian a ese retiro voluntario'.
Expuso que si usaba las vías administrativas que establece la ley se podía esperar un proceso más largo que el que veía en las posibilidades de persuadir a Contreras de que precisara su rechazo al dinero. 'Queremos establecer un procedimiento de acercamiento con ellos, y ya tengo la primera entrevista que voy a dar para que amplíen su petición de tal manera que nos faculten a la utilización de esos recursos y no tengamos que usar instancias administrativas o judiciales', declaró.
Aunque Sánchez Trejo habló de la búsqueda del diálogo, según Contreras no ha habido tal acercamiento. Además, la ley de la Corte de Cuentas establece en el artículo 5 la vía administrativa para recuperar dinero entregado ilegalmente. 'Exigir al responsable principal, por la vía administrativa, el reintegro inmediato de cualquier recurso financiero indebidamente desembolsado', dice el artículo 5, al enumerar una de las funciones de la institución.
Contreras dice no entender por qué su relevo está hablando de dialogar y negociar para persuadirlo de que renuncie explícitamente al bono, cuando de lo que se trata es de que Sánchez Trejo dictamine si el otorgamiento de los 66 mil dólares es legal o ilegal. '¿Negociar por qué? Si ahí hay leyes. Yo no me hubiera atrevido a decir que voy a negociar con alguien una cosa así, cuando se está diciendo por una parte que es legal, por otra que es ilegal, que es injusto, que es falta de ética. No se puede negociar', dice.
Cuando El Faro le preguntó a Sánchez Trejo si ya había determinado la legalidad del bono como Contreras pide públicamente que se haga, el presidente de la Corte de Cuentas se mostró sorprendido por esta nueva información. Hasta ese viernes el funcionario no sabía que la solicitud de su predecesor era determinar esto, pero aseguró que ahora que sabía que eso quería Contreras, seguiría este camino. 'Según lo expresado por usted, el doctor quiere que se le defina esa situación (de la legalidad), se la vamos a definir', respondió Sánchez Trejo. Añadió que ya había solicitado a una comisión financiera y jurídica que se dedique a estudiar el caso para procurar cerrar el capítulo.
Aunque el presidente de la Corte no ha resuelto el caso de Contreras, sí dice que le parece que su antecesor hizo algo incorrecto al otorgarse el bono. 'Expresamente dije que de mi punto de vista no era procedente estar teniendo un cheque en beneficio del tiempo que uno había laborado'.
En total, los tres magistrados -Contreras, Abdón Martínez y Mártir Arnoldo Marín- se llevaron consigo una compensación de 133 mil 370 dólares. Dos días después de que la entrega de los bonos saliera a la luz pública, los diputados emitieron una recomendación para los magistrados recién electos: que recuperaran el dinero y que reformaran el reglamento elaborado por la administración de Contreras para que un beneficio como ese solo fuera otorgable a empleados, y no a funcionarios elegidos por la Asamblea Legislativa.
'Nosotros acatamos un recomendable y el recomendable de la Asamblea Legislativa era la devolución del dinero', dice Sánchez Trejo cuando El Faro le pregunta si casi un año después de la salida de Contreras había determinado la legalidad de los fondos.
La posibilidad de que el pecenista que estuvo a la cabeza de la Corte de Cuentas por 17 años reciba el dinero de regreso, todavía queda abierta, según las declaraciones de su sucesor. 'Él facilmente puede definir esta situación, enviando una nota en la cual expresa que devueve los fondos o expresa, como lo ha hecho públicamente, que ese dinero puede ser utilizado para los niños', comentó Sánchez Trejo.
En el caso de que Contreras pida que el dinero sea destinado a obras de beneficencia, Sánchez Trejo aparentemente no tendría problema en dejarlo, a pesar de que el titular ya ha expresado la insuficiencia del presupuesto para poder contratar más auditores y agilizar la mora que tiene la institución.
El expresidente de la Corte ya prometió públicamente que si el ente contralor determina que la indemnización que recibió por una disposición reglamentaria que él mismo creó es legal, donaría los 66 mil 37.86 dólares a instituciones de beneficencia. 'Si en caso lo declararan legal, que lo dudo porque la presión es mucha, para evitar más comentarios lo donaría a una institución de beneficencia pública como el hospital de la Divina Providencia o a los niños huérfanos allá en San Jacinto', dice Contreras.
*Con reportes de Efren Lemus
