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Análisis

12 preguntas urgentes acerca del pacto con las pandillas

Equipo de Sala Negra de El Faro
El Faro / Publicado el 9 de Abril de 2012
Las zonas grises empañan el pacto. Ante unos mediadores capaces de repetir una y otra vez el argumento que circunda lo milagroso, ante unos pandilleros con un discurso único ante los medios de comunicación y ante un gobierno que insiste en ubicarse al margen de cualquier decisión, lo que abundan son preguntas sobre lo que está pasando y lo que puede venir. Estas son, según El Faro, algunas de las interrogantes más importantes.

¿Qué piensan los pandilleros fuera de El Salvador sobre este acuerdo? ¿Es sostenible el liderazgo de la cárcel ante la calle? ¿Qué más pueden pedir unos líderes con condenas tan altas que prácticamente los condenan a terminar sus días tras las rejas? ¿Quién se hará responsable de los escenarios que resulten? ¿Cuáles son algunos de esos posibles escenarios? Estas son solo algunas de las interrogantes que se desprenden de aquellas que pueden marcar la vida de este pacto y los escenarios que de él resulten. El pacto entre pandilleros y gobierno que las autoridades han calificado como un diálogo entre pandillas con la mediación de la Iglesia Católica y la observación pasiva del Estado, lleva un mes de vigencia. El resultado en cuanto a reducción de homicidios es incuestionable. La transparencia con que se ha realizado ha dejado mucho que desear. Ante esto es pertinente hacerse preguntas y explorar las posibles respuestas.

El equipo de Sala Negra lleva más de un año entrando a prisiones y teniendo contacto con pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, tanto en El Salvador como en Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Desde ese acervo de los miembros del equipo se presentan estas preguntas que nos parecen de trascendental importancia ante la situación actual.

1. Punto por punto, ¿qué incluye el pacto hasta ahora?

De momento, lo único en firme es que, del lado del gobierno, el pacto incluye el traslado de 15 líderes de la MS-13 y 15 de las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios), desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia penales más laxos, con contacto físico con familiares, visita íntima o posibilidad de estar buena parte del día fuera de las celdas. Incluso el presidente de la República, Mauricio Funes, reconoció que el traslado era necesario para que los líderes pudieran comunicar a sus estructuras de la calle la segunda parte fáctica del pacto: anular las operaciones de aniquilamiento entre las tres pandillas y cese de operaciones contra policías, empleados penitenciarios y militares. Punto. Lo demás es gris. Gobierno y pandilleros han negado con ahínco algunas versiones de que se había entregado dinero a las familias de algunos líderes pandilleros. Lo que queda claro, al menos en las versiones oficiales y en las que han dado los voceros de las pandillas, es que se espera un papel activo del Estado en la generación de empleos para pandilleros que abandonen la vida delictiva y en la mejora de las condiciones de los reos.

2. ¿Hasta qué punto ha avalado el presidente Mauricio Funes esta negociación?

Tanto el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, como el presidente Funes han asegurado que hubo comunicación constante entre ellos durante todo el proceso de diálogo con las pandillas. Se infiere por tanto que Funes avaló las gestiones de Fabio Colindres y Raúl Mijango en las cárceles, los traslados y cualquier otra acción del Ejecutivo que pudiera estar relacionada con este proceso. Sin embargo, en la medida en que Colindres y Mijango aseguran que actuaban por libre –y no como representantes directos de Payés y del presidente–, en los seis meses de diálogo con familiares y pandilleros que precedieron al traslado, surgen dudas acerca del nivel de detalle que tenía el Ejecutivo sobre ese diálogo y cuánta de esa información llegaba a Funes. Cuando se preguntó al director general de Centros Penales, Nelson Rauda, si las fuerzas de seguridad del Estado monitorearon lo que se decía en las reuniones entre los dos mediadores y los líderes de las pandillas, dijo que no podía contestar a eso y se limitó a decir que hubo “condiciones de seguridad” alrededor de las mismas. La insistencia en negar que hubo negociación, la negativa del presidente de hacerse expresamente responsable ante el país por los efectos de este diálogo, y el hecho de que Funes y Munguía Payés dejen en manos “de la labor pastoral de la Iglesia” el futuro de la tregua abonan a la confusión en este punto.

3. ¿Cuál ha sido el comportamiento real de los homicidios desde que el gobierno cedió a realizar los traslados?

En un tema tan polémico, tan lleno de contradicciones y antagónicas interpretaciones como lo es este, uno de los pocos puntos fuera de discusión es la drástica reducción en los homicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) en El Salvador. Entre el 1 de enero y el 8 de marzo, día en el que el gobierno comenzó el traslado de los líderes pandilleros, el promedio era 13.6 asesinatos diarios; pues bien, el promedio se ha desplomado a 6.3 homicidios entre el 9 y el 31 de marzo, menos de la mitad. Dos matices a tener en cuenta: el primero es que, aunque se mantuviera el actual promedio, El Salvador seguiría siendo uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa por cada 100,000 habitantes que triplicaría, por ejemplo, la que en la actualidad presenta Nicaragua. El segundo matiz es que desde los traslados el comportamiento ha sido bastante homogéneo: 44, 41 y 45 asesinatos en cada una de las tres semanas completas transcurridas inmediatamente después de los movimientos de los líderes. La Semana Santa que acaba de terminar tuvo un registro similar: 42 asesinatos.

4. ¿Qué puede ofrecer el Estado a las pandillas además de los traslados?

Esta es el área más gris en esta coyuntura. Pese a que en un principio diversas fuentes de inteligencia aseguraron a El Faro que el Estado habría ofrecido a los líderes de las pandillas sumas de dinero que oscilaban entre los 10 mil y 25 mil dólares, el gobierno ha sido enfático en repetir que no ha habido nada más que los traslados sobre una mesa de negociación de la que no forman parte. Sin embargo, en la medida en que las autoridades han ido ofreciendo declaraciones, cada vez está más claro que los traslados fueron una condición operativa para conseguir la reducción en el índice de homicidios. Un acuerdo económico entre el Estado y las pandillas solo sería viable si este tiene lugar exclusivamente con los liderazgos y bajo estricta confidencialidad. Sin embargo, existe una creciente población pandilleril recluida en centros penitenciarios que no reúnen las condiciones mínimas para ser habitados. Es mucho más lógico suponer que si el origen del acuerdo supuso mejoras en las condiciones penitenciarias de un grupo de personas, el Estado siga explorando en esa dirección. En ningún penal destinado para miembros de pandillas está permitido que los reclusos sean visitados por sus hijos menores de edad ni que se les entregue más de 35 dólares al mes. En las repetidas visitas que periodistas de El Faro han realizado a dichos centros, los internos se quejan de los rigurosos registros que los soldados realizan a las mujeres que los visitan, e incluso denuncian abusos en los registros invasivos. Un relajamiento de estas condiciones sería una moneda de cambio muy apetecida tanto por la MS-13 como por el Barrio 18. 

5. Además de detener los homicidios, ¿qué otros compromisos han adquirido las pandillas?

El comunicado suscrito por la MS-13 y el Barrio 18 se refiere a la decisión de no agredirse mutuamente como “un proceso” que recién comienza, y cuya meta sería que “el pueblo salvadoreño sea el único beneficiado”. Eso dicen. Como gesto de buena voluntad, aseguran, se han comprometido a no realizar ataques contra elementos de la PNC, de la Fuerza Armada y de Centros Penales. Más allá de estos dos aspectos, no hay compromiso público alguno. Las pandillas siguen obligando a pagar la llamada renta –el  principal sostén financiero de estos grupos– bajo amenaza de muerte, no se han comprometido a entregar arma alguna (mucho menos los cohetes LAW que, según el gobierno, han adquirido) y mantienen intacto su andamiaje de control social en las comunidades en las que tienen fuerte presencia. La desaparición de las pandillas no es siquiera una opción, ni a medio ni a largo plazo. Lo que se ofrece a la sociedad, en el mejor de los casos, es una “reconversión”.

6. ¿Cómo afecta la tregua a la estrategia de combate a las pandillas que había anunciado Munguía Payés?

El presidente Funes ha anunciado que la Unidad Antipandillas comenzará a operar después de Semana Santa, es decir, a mediados de abril. Esto encaja con lo afirmado por Munguía, que dice que su estrategia policial no ha variado ni variará y que la nueva unidad busca, según sus propias palabras, “desestabilizar y desarticular la estructura de la pandilla”. El Ejecutivo, que niega cualquier negociación, niega también que vaya a hacer concesiones a los pandilleros en las calles. Sin embargo, esto es contradictorio con lo que el mismo Raúl Mijango, exasesor de Munguía Payés y negociador con las pandillas, ha explicado a El Faro: que la próxima fase del actual proceso de diálogo es la consolidación del mensaje de los líderes de la MS-13 y el Barrio 18 a sus bases. El sentido común dice que, para que se difundan y cumplan órdenes de la cúpula, es necesario que la estructura jerárquica de la pandilla se mantenga estable o, si es posible, se fortalezca alrededor de esos liderazgos. Cuando se le preguntó al presidente por esta paradoja, dijo que se trataba de una “discusión técnica” y no quiso ahondar en detalles. Sí anunció un nuevo compromiso del Estado con la reinserción de pandilleros que supone un drástico cambio en la estrategia de intervención del Estado en las zonas  controladas por ellos, en la medida en que los considera destinatarios prioritarios de sus políticas sociales. Mijango asegura que Munguía Payés ha tenido en este asunto de la negociación “una visión estratégica muy amplia”, y que “no ha dejado por fuera ningún factor” que pueda contribuir a reducir la violencia en el país, lo que podría leerse como una confirmación de que la tregua forma parte de los planes del ministro, pero, como él lo niega, las preguntas se multiplican: ¿El descabezamiento de clicas debilitará la tregua? ¿Perseguirá la Policía solo, o especialmente, a aquellas pandillas o aquellas clicas de la MS-13 y el Barrio 18 que se nieguen a entrar en el pacto de no agresión y en posibles pactos posteriores? ¿La labor policial, el diálogo con las pandillas y la inversión en planes de reinserción estarán coordinados o se entorpecerán mutuamente?

7. ¿El gobierno es consciente de que ha nombrado de momento como líderes de las pandillas a Viejo Lin y a Sirra? ¿Son realmente los líderes? ¿Pueden ellos desde dentro controlar a los líderes de fuera?

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por las personas que oficialmente se han presentado como los mediadores en este conflicto, podemos saber que el Estado es perfectamente consciente de que si no fortalece la estructura organizativa de ambas pandillas, el acuerdo no tiene posibilidades de ejecutarse. La muestra más clara de esto es que, a través de la mediación de personas autorizadas por el ministro, el Barrio 18 ha conseguido volver a unir a las dos facciones que hasta hace unos meses se consideraban enemigos mortales. Salvo algunos casos de disidencia, Sureños y Revolucionarios han dejado de lado su guerra interna y se reconocen ahora como miembros de una sola pandilla cuya vocería oficial representa Carlos Ernesto Mojica Lechuga (Viejo Lin). Es innegable la influencia que estos liderazgos tienen sobre las clicas en la calle, y muy probablemente la exposición pública que ambos dirigentes han tenido como “voceros oficiales” ante la prensa, ante la otra pandilla, y ante el Estado, termine de consolidarlos como jefes indiscutibles de sus estructuras. Las dudas más bien derivan de la sostenibilidad que eso vaya a tener en el medio o largo plazo: ¿Van a ser capaces de mantener a sus filas en la obediencia durante un tiempo prolongado? ¿Cómo conseguirán aplacar la aparición de facciones disidentes? ¿Cuánto tiempo conseguirán mantener la lealtad de los líderes en la calle, en la medida en que estos no perciban beneficios para ellos? 

8. ¿Es posible establecer un pacto duradero con la pandilla a nivel nacional, sin tener en cuenta a la pandilla a nivel internacional?

Sí. O en todo caso este no será un elemento importante a la hora de definir la duración y la seriedad del acuerdo. Aunque existen múltiples canales de comunicación con los miembros de pandillas de Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, en El Salvador, tanto la MS-13 como el Barrio 18, cuentan con absoluta independencia para tomar decisiones. Los miembros de la pandilla en otros países pueden opinar o hacer preguntas a los líderes nacionales, pero sus observaciones no resultan vinculantes en la toma de decisiones. Para ejemplificarlo: a finales del año pasado se realizó una especie de cónclave del Barrio 18 en México, en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, al que asistieron representantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños y la facción sureña del Barrio 18 en El Salvador. En esa reunión discutieron la fractura de la pandilla en El Salvador, y acordaron respaldar a los Sureños, y particularmente a Viejo Lin, como líder del Barrio. Pero la decisión fue más bien una especie de aliento “político” a la facción sureña de la pandilla, que no incluía respaldo de sicarios o de armas. Por otro lado, los pandilleros californianos –que aún se sienten con la autoridad suficiente para pedir cuentas a sus pares centroamericanos– han mostrado su inconformidad con el acuerdo, a través de una serie de llamadas y posiblemente de amenazas. Pero este gesto no ha tenido mayor eco entre los líderes pandilleriles en El Salvador. 

9. ¿Qué ha ocurrido ante la urgente amenaza de los cohetes LAW?

Tras la publicación de este medio de que existió una negociación entre gobierno y pandillas, hubo 36 horas de silencio. Entonces, la tarde del 16 de marzo, apareció el ministro David Munguía Payés quien, sin siquiera mencionar charlas entre Iglesia y reos, y mucho menos la mediación de Raúl Mijango, ofreció tres argumentos para justificar el traslado de 30 líderes pandilleros. Según el ministro, un motivo poderoso era que había información de inteligencia que le indicaba que las pandillas podían haber obtenido 24 cohetes LAW. Dijo que aún no sabían de dónde provenían ni dónde podían estar. Según su versión, inteligencia le indicaba que se pretendían utilizar para abrir “un boquete” en el penal de máxima seguridad para liberar reos, así que al trasladarlos a distintas prisiones de menor seguridad “se desbarató el plan”. Cuando se le preguntó a Rauda si se estaba diciendo que al abrir un boquete en el muro perimetral del penal de máxima seguridad ya era posible que los reos escaparan, contestó: “Ni lo afirmo ni lo niego”. Lo último que se supo acerca de los LAW fue lo que dijo Munguía Payés el pasado 27 de marzo: “Los seguimos buscando”. A pesar de que las autoridades aún incluyen este argumento en el cóctel de razones que justifican los traslados, no se han decretado medidas especiales de seguridad en ningún centro penitenciario del país.

10. ¿Qué efecto está teniendo la tregua en su diario vivir para los habitantes de las comunidades controladas por pandillas?

Mínimo, por no decir nulo. Sobre el Pasaje 3 de la urbanización Las Margaritas, en el cantón El Limón, de Soyapango, hay un gigantesco grafito que dice así: "Muerte a los soplones". Una versión más agresiva del tradicional "Ver, oír y callar". La pandilla representa el verdadero poder local en cientos –¿miles?– de comunidades urbanas y de cantones, algo que ni la fuerte presencia policial y militar ha logrado evitar. Si bien esta realidad no tiene por qué derivar obligatoriamente en confrontación entre pandilleros y civiles, el diario vivir de todos los residentes está condicionado, para bien o para mal, por las reglas que dicta la pandilla. Los líderes se han comprometido de forma expresa a “la pacificación de El Salvador”, aseveran en su comunicado conjunto, pero –incluso suponiendo honestidad en esas palabras, que ya es mucho suponer– es un objetivo a largo plazo, y está condicionado a que el Estado y la sociedad hagan concesiones. Es evidente que la tregua vigente beneficia a las familias de policías, soldados y custodios, pero no supone la renuncia a cobrar la renta –algunas voces señalan incluso que se han aumentado las cantidades exigidas– ni tampoco a las reglas no escritas de convivencia, esas que, por ejemplo, vuelven una temeridad inscribir a los hijos en escuelas ubicadas en colonias controladas por la pandilla contraria.

11. ¿Hasta dónde el Estado ha dado potestades de actuar y decidir a Fabio Colindres y Raúl Mijango? ¿Hasta dónde es responsabilidad de ellos lo que ocurra?

Luego de que el 20 de marzo Fabio Colindres y Raúl Mijango se presentaran como los mediadores de un pacto entre las pandillas, el discurso gubernamental cambió y se ajustó en torno a esta versión. Munguía Payés y luego el presidente Funes aseguraron que el gobierno fungió como simple “facilitador” de lo que Colindres y Mijango habían logrado, y que no podían saber qué tan duradero sería esto, pues los funcionarios no se habían visto envueltos en las conversaciones. Munguía Payés fue más allá. Cuando el 27 de marzo se le preguntó si el pacto solo incluía la baja de homicidios y no la baja de extorsiones, el ministro respondió que “vendrán otras fases que ellos (la Iglesia católica) están desarrollando, en las cuales van a ir desmontando en el transcurso del tiempo otro tipo de delitos”. Funes, aunque se le preguntó dos veces en la conferencia de prensa que ofreció el 29 de marzo, evitó contestar si asumía la responsabilidad de las consecuencias que este pacto traiga, aunque dejó ver que el Estado será activo a la hora de generar un “acuerdo nacional” que permita que esta situación sea duradera. Parece clara la determinación del gobierno de no estar dispuesto a asumir responsabilidades si esto termina en un escenario negativo. Colindres, por su parte, ha repetido que la Iglesia solo medió por una “actitud humanitaria”, pero que no puede garantizar la durabilidad de esto porque no es el gobierno de El Salvador. Siguiendo la literalidad de los discursos, hoy por hoy, nadie es responsable del pacto, y solo las pandillas pueden responder sobre su estabilidad.

12. ¿Ha evaluado el gobierno los posibles escenarios que desataría una ruptura del pacto?

Hasta el momento, el Ejecutivo insiste en desmarcarse de la negociación y por tanto no asume responsabilidad alguna por los escenarios futuros. Solo el ministro Munguía Payés ha dicho en público que acepta su responsabilidad, pero la limita al efecto de los traslados. Aunque oficialmente no habla en nombre del gobierno, Raúl Mijango ha afirmado que si este proceso de diálogo fracasa se va a generar “un nivel de frustración” de consecuencias impredecibles. En realidad, la negativa del gobierno y de los líderes de las pandillas a hacer público el contenido completo de sus conversaciones complica hablar del futuro. ¿Qué plazo de acción van a dar las pandillas al Estado y la sociedad en su conjunto, para que respondan a su “gesto de buena voluntad”, como lo llama Mijango, y les abra oportunidades de inserción en la legalidad y empleo? ¿Qué consecuencias tendría la decisión unilateral de una pandilla de romper la tregua? ¿Volvería la otra al enfrentamiento abierto, por efecto dominó? ¿La acción gubernamental haría una diferencia entre ellas si una rompiera la tregua y la otra intentara ser fiel al pacto? ¿El fracaso en el proceso derivaría en la muerte de los actuales líderes de ambas pandillas y el entronamiento de líderes más jóvenes, que según las autoridades son más violentos? Si el proceso fracasa, ¿habrán aprovechado las pandillas la tregua para hacerse más fuertes? ¿El debate en la sociedad alrededor del fenómeno de las pandillas se radicalizará y dificultará aun más dar soluciones políticas a los problemas de hacinamiento carcelario, debilidades en la prevención y falta de estrategias de reinserción de presos, sean estos miembros de pandillas o no? Y por último, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar el Ejecutivo, la empresa privada, la sociedad en general, para evitar que la tregua se rompa?

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