Opinión /
Negociación con pandillas: Efectividad vs. Estado de Derecho

Fecha inválida
Claudia Umaña

Ante la sorprendente noticia que se logró un acuerdo entre las dos principales pandillas de El Salvador y una reducción inimaginable de asesinatos en el país, me surgen una cantidad de inquietudes, pero la primordial es ¿se tuvo que poner de lado el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador ante el gran flagelo de la delincuencia? 

Reconozco que la inseguridad ciudadana ha estado afectando directamente la confianza en las instituciones y el respeto a las leyes ya que los ciudadanos buscamos la efectividad. Tan es así, que en el Informe de Cultura Política de Democracia en El Salvador de LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt para el año 2010, se encontró que solo el 47% de los ciudadanos estima que los funcionarios deben respetar siempre la ley para combatir la inseguridad. Este tema debe estar siempre en nuestras mentes puesto que el deterioro en el apoyo al Estado de Derecho es un camino resbaloso para la democracia en nuestro país. 

En materia de seguridad ciudadana, comparto el enfoque de aquellos que piensan que esta debe ser en forma integral; es decir, que nos debemos enfocar en la prevención, combate a la delincuencia y cumplimiento de penas y reinserción. Para lograrlo, se requiere no solo de un enfoque sistémico, sino de instituciones fuertes, responsables y que rindan cuentas por sus acciones. 

En los últimos días he podido leer noticias que como mínimo plantean declaraciones que pueden resultar contradictorias y que vislumbran soluciones que no siguieron los pasos institucionales que tiene el sistema salvadoreño. La intervención desde la Iglesia Católica y la existencia de alguna negociación entre el gobierno y las pandillas de acuerdo a la noticia revelada por este periódico digital, deben ser ampliamente discutidas y analizadas por sus repercusiones.

En general apoyo todo lo que sea a favor de la preservación de la vida de un ser humano. Pero estoy en desacuerdo en dejar al lado la institucionalidad del país, ya que estas soluciones ciertamente suelen ser efectivas pero temporales y luego se revierten los resultados; al final el resultado es deslegitimizar la institucionalidad. Para este caso reitero, que el fin no justifica los medios y que la efectividad por sí sola no es suficiente. 

¿Entonces qué ha faltado? Pues yo diría que predictibilidad y transparencia. Considero que de una manera constante se tiene que estar dando información sobre la política nacional de seguridad pública que implemente este y cualquier gobierno futuro. Estos informes además deben estar acompañados de estadísticas confiables y públicas; seguimos a la espera de la creación de un observatorio de seguridad ciudadana que sirva de veeduría de la sociedad civil sobre la efectividad de los planes de seguridad. 

Reconozco que estamos ante un fenómeno multicausal, y que por ello se requiere de gran coordinación interinstitucional. Hasta ahora los actores estatales: PNC, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Publico, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, el Instituto de Medicina Legal, Municipalidades y Juzgados, no han logrado articularse de una manera efectiva. Sin embargo, de súbitamente sale una solución “milagrosa” y esto me hace preguntar ¿Qué piensa el Presidente de la República de lo acontecido? ¿Las acomodaciones a ciertos pandilleros adentro de las cárceles son parte de una política integral? ¿Es esto el inicio de una serie de peticiones por parte de las pandillas para preservar los índices de homicidios actuales? 

En otro orden de ideas, no me cansaré de señalar que El Salvador cuenta con importantes instrumentos internacionales que deben de mantenerse en la agenda pública para asegurar su implementación, y estos son: la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo y la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Esta normativa es muy importante para el combate al crimen organizado y lavado patrimonial. Pero no se sabe información alguna en cuanto a los esfuerzos nacionales por una implementación efectiva de esta normativa. 

Si las pandillas han sido vinculadas en El Salvador con el crimen organizado, no solo se debe combatir sus actividades delictivas al hacer trabajo operativo, sino que también se deben impulsar políticas públicas que ataquen de raíz la operación económica del crimen en el país. 

En conclusión, como salvadoreña, puedo agradecer la reducción de la cadena de muerte y sangre que destruye el tejido social de nuestro país cada día. Y si la Iglesia Católica ha contribuido en esa situación, en hora buena. Pero si han existido negociaciones en las que han estado involucrados el gobierno y las pandillas, esta situación no solo será dañina para la institucionalidad y la transparencia, sino que acabará socavando con más desconfianza la actividad del estado en la lucha contra el crimen. A la larga, todos perderemos y quienes saldrán con ganancia de lo anterior, serán las mentes criminales que tienen doblegado a nuestro amado país. 

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