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Acuerdos de paz

Roberto Cañas
El Faro / Publicado el 10 de Enero de 2012

La negociación en El Salvador llegó a su mayoría de edad el 4 de abril de 1990 cuando firmamos el Acuerdo de Ginebra. El propósito del proceso de negociación quedó claramente definido: terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.

El propósito primero de terminar el conflicto armado por la vía política se logró plenamente. No fue en tan corto plazo, pero el 16 de enero de 1992 estábamos firmando los Acuerdos de Paz.

Un primer impulso en términos de democratización del país se estableció en los Acuerdos de México y en Chapultepec por el cambio constitucional que propició el inicio de una reforma política con el Tribunal Supremo Electoral como la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en lo electoral. 20 años han pasado y el desafío hoy es continuar las tareas de la construcción democrática con la despartidización de los organismos electorales, la separación de funciones del TSE, Ley de Partidos Políticos para el control del financiamiento a los partidos políticos y candidatos especialmente estableciendo límites y controles a las aportaciones y al gasto de las campañas, garantizar el voto de los residentes en el exterior utilizando el pasaporte como medio de identificación; garantizar la representación plural en los concejos municipales.

En la garantía del irrestricto respeto a los derechos humanos lo que falta por hacer es inmenso. En el ámbito institucional dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se le deben ampliar sus atribuciones y por supuesto es necesario lograr que las recomendaciones de la procuraduría tengan un carácter de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos.

Reunificar a la sociedad salvadoreña es una de las grandes tareas pendientes de los Acuerdos de Paz. El Salvador no es viable si no logra que los ciudadanos y ciudadanas del país estén unidos alrededor de un proyecto de nación donde se establezcan los consensos básicos que garantizarán la estabilidad política y la gobernabilidad de la nación en los próximos veinte años.

El  problema no es que existan intereses diferentes entre los distintos sectores de la sociedad; el problema es que no se asume por todos que el logro del bien común está por encima de los intereses particulares y que, en la medida en que no se logre que toda persona tenga derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, la propiedad y posesión y a ser protegido en la conservación de los mismos, en la medida en que los habitantes de la república no tengan dignidad y no gocen de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, habrá malestar social que puede llevar a la ingobernabilidad. 

Pero la asignatura pendiente, lo que más le hace falta al país además de la superación de la pobreza, de las desigualdades y de la exclusión social, es la superación de la impunidad. Ni en el pasado ni en la actualidad se ha castigado a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos ni a los culpables de los 4,354 homicidios de 2011.

Ya es tiempo de que la ciudadanía se involucre para que los delitos no se queden en la impunidad. Los ciudadanos necesitan ver que se resuelven los casos que se denuncian. No puede ser que en el país haya casos de los cuales no se sabe nada, pues nunca se determinó la culpabilidad de quienes en algún momento cometieron delitos.

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tiene el Estado de investigar las violaciones a la ley y adoptar las medidas de castigo para los autores y hacer justicia de tal manera que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas, y garantizarle a las víctimas la reparación moral y material por la victimización sufrida, garantizar el derecho inalienable del pueblo salvadoreño a conocer la verdad y tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Con motivo del XX Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno del presidente Mauricio Funes se alista para conmemorar esta fecha histórica con una serie de actividades. El lunes 16 de enero por la mañana, en El Mozote tiene organizado un evento público en el que el presidente hará “importantes anuncios en materia de derechos humanos”. No conozco cuáles serán los anuncios, pero sí tengo claro que no alcanza, que no será suficiente que el presidente vuelva a pedir perdón y que anuncie la reparación material de las víctimas de El Mozote mediante programas sociales que ya tiene en marcha el gobierno. 

A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, si el gobierno de Mauricio Funes va hablar de reparación de las víctimas en El Mozote debe reconocer la dignidad de las víctimas y asumir el concepto de reparación integral que contempla el establecimiento de la verdad y la justicia, la reparación moral y material de las víctimas y garantía de no repetición.

Un anuncio importante en materia de derechos humanos sería que el presidente anunciara que va a formar una comisión encargada de la recuperación de la dignidad de las víctimas que tenga como objetivos: Organizar procesos de petición de perdón individual a las víctimas por parte de sus victimarios. Esa comisión debería de trabajar en la ubicación de cementerios clandestinos, exhumaciones, y entierro como debe de ser de las personas encontradas en fosas comunes.

En necesario proponer un plan de acción para la difusión nacional del informe de la Comisión de la Verdad, como un ejercicio de conocimiento y educación para la ciudadanía. Proponer la inclusión en los planes de estudio de educación primaria y secundaria de los Acuerdos de Paz a fin de cultivar y preservar la memoria entre la niñez y la juventud.

Es importante establecer un marco legal que permita dignificar a las víctimas, que genere las condiciones para reivindicar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; y sirva para que el Estado cumpla su mandato constitucional de hacer de la persona humana el origen y el fin de su actividad. El gobierno de El Salvador debe cumplir obligaciones legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha señalado en repetidas ocasiones que la aplicación de leyes de amnistía obstaculiza y hace ineficaz el impartir justicia en casos de serias violaciones de derechos humanos. Al Estado salvadoreño, la CIDH ha recomendado adecuar “su legislación interna a los preceptos de la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley conocida como de Amnistía General”.

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