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Por qué la Iglesia pudo destruir el mosaico de la Catedral

Gabriel Labrador Aragón
El Faro / Publicado el 16 de Enero de 2012
Tres meses antes de la destrucción del mosaico, colaboradores de Fernado Llort habían sustituido algunos azulejos deteriorados. La Secretaría de Cultura aseguró que el mural estaba en proceso de ser declarado bien patrimonial, pero no era cierto. La Secretaría de Cultura, la Alcaldía capitalina y la Iglesia incumplieron la ley, y unos 60 templos coloniales siguen en manos de una institución con antecedentes de destrucción.

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Foto El Faro

Al llegar al atrio de la Catedral Metropolitana, el arquitecto Gustavo Milán escuchó que había misa. Eran más de las 5 de la tarde y había pequeños montículos de ripio en todo el graderío. Casi todos los azulejos que componían la fachada del templo estaban en el suelo hechos añicos: “No hay nada que hacer”, pensó. Milán, jefe de inspecciones y licencias de la Secretaría de Cultura, estaba en su primer día de vacaciones, y una llamada en su teléfono celular una hora antes lo había sacado de su descanso. “Están demoliendo en la entrada de Catedral”, le advirtió un conocido, y salió disparado hacia San Salvador.

Milán dirige la oficina encargada de que ningún bien cultural declarado patrimonio sea modificado sin autorización y estaba vacacionando con su familia a unos kilómetros de Suchitoto. Alertado sobre la demolición, se despidió de su familia, subió a su carro y se dirigió al corazón de San Salvador pensando que, de nuevo, alguna empresa constructora estaría aprovechándose de los días en que las ciudades se rinden a las vacaciones. Condujo durante una hora y en su cabeza daba vueltas la idea de que era reiterado que los daños al patrimonio ocurran en un día feriado. Solo tenía una pregunta: ¿Quién se atrevía a tocar Catedral?

Pasadas las 5, Milán iba entrando al Centro Histórico sobre la Avenida España. Vio las cúpulas de la Catedral con su singular zigzag amarillo y azul y pensó que a lo mejor los daños aún no eran muchos. Cuando detuvo la marcha, escuchó el sonido de algunas herramientas, y percibió que la jornada ya iba terminando. Milán sabía que si no portaba su identificación de empleado de la Secretaría de Cultura de nada serviría ordenar que detuvieran los trabajos. “Pero además, no había nadie con quién hablar, uno necesita un interlocutor oficial pero el padre estaba dando misa”. Por si fuera poco, Milán también necesitaba imprimir un documento sin el cual toda orden de detención de obra es inútil.

Fue hasta las 9:30 de la mañana del día siguiente, viernes 30 de diciembre, cuando Milán llevó el documento del “paro de obra” a Catedral. Antes, había pasado por las oficinas de la Secultura a unas 15 cuadras de distancia para imprimirlo. Hasta entonces pudo entrevistarse con el párroco Williams Recinos, cuando de plano ya no había nada que hacer por el mural “La armonía de mi pueblo”, de Fernando Llort: había desaparecido. Hasta hoy, ni Milán ni nadie en la Secretaría de Cultura tienen claro cuándo se comenzó a remover el mosaico de la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Reportes periodísticos detallan que inició el lunes 26 y la Iglesia solo ha dicho que los trabajos duraron apenas dos días sin sus noches.

¿Por qué una obra artística a la vista de todo mundo, instalada en un inmueble a la vista de todo mundo, puede ser destruida a la vista de todo mundo? Por un lado, porque la principal institución obligada a conservar el patrimonio cultural padece de ceguera y sordera. Por otro, porque el sistema de protección ya ha sido puesto a prueba muchas veces y no funciona. Y por último, porque una gran cantidad de bienes culturales están en manos de otra institución -la Iglesia Católica- con antecedentes de irrespeto a los bienes culturales o violaciones a la Ley especial de protección al patrimonio cultural. Esto último incluye que el arzobispo, monseñor José Luis Escobar Alas, ya estuvo involucrado hace un tiempo en los daños a otro bien protegido.

El ripio en el que se convirtieron los 2,700 azulejos del mosaico inaugurado en 1997 fue el resultado del incumplimiento de cuatro leyes de la República y varias normativas secundarias por parte de la Iglesia Católica, la alcaldía de San Salvador y la Secretaría de Cultura. En el caso de la Secultura, además, se puede decir que no era cierto lo que dijo en su primer pronunciamiento público del 30 de diciembre, cuando aseguró que el mosaico, como obra artística específica, estaba en trámite de protección. La Secretaría de Cultura nunca inició el trámite que establece el manual correspondiente de la institución.

La Secretaría anunció la creación de un cuerpo policial de 10 personas para cuidar el patrimonio tangible, pero la pregunta es si eso bastará para que esta institución con 16 millones de dólares en presupuesto pueda detener la abundante depredación del patrimonio cultural: 700 casos de daños al patrimonio nacional han sido registrados en dos años.

Milán dice que en solo un centenar de casos en el mismo período han logrado actuar de oficio y evitar daños o destrucción de bienes culturales. El resto de veces, dice Milán, la Secretaría interviene porque alguien alerta con una llamada o un aviso, o bien porque la ciudadanía toma la iniciativa y se presenta a la institución para iniciar un proyecto de construcción. En pocas palabras, en el 85% de las veces, Secultura no se entera de qué es lo que está pasando con los bienes culturales y su acción depende de la voluntad ciudadana de denunciar el hecho. Pero, ¿y si nadie avisa? ¿Y si yo no sé que soy propietario de un bien cultural?

La Secultura tiene deficiencias en la vista, lo que muchas veces le impide detectar -a tiempo- los atropellos al patrimonio. Eso se evidencia en la destrucción del mural de Catedral. Pero a eso hay que agregarle problemas de sordera. En Panchimalco, sede de la emblemática iglesia colonial Santa Cruz de Roma, es conocido el caso del párroco que en los años 90 se cansó de tanto implorar a Concultura -como se llamaba la institución antes de convertirse en Secretaría en 2009- la reparación de una gotera en el techo. La solución improvisada fue colocar una lámina de metal para desviar el agua.

Por ley, la Secretaría es la institución que debe canalizar todos los esfuerzos de protección al patrimonio cultural. Pero según admiten sus autoridades, le faltan también manos. El secretario, Héctor Samour, y dos jefes de departamento aseguran que los recursos con los que cuentan son insuficientes para cumplir las obligaciones que les da la Ley especial de protección al patrimonio.

A veces, cuando los ojos miran y los oídos oyen oportunamente, la falla está en la intervención institucional. Es escasa o lenta, tanto así que algunas veces los propios templos deben conseguir sus propios recursos. Después de los terremotos de enero y febrero de 2001, parroquias como la de Santiago Apóstol, en Apastepeque, San Vicente, o la de San Miguel Arcángel, en Huizúcar, La Libertad, emprendieron un sinfín de actividades para recaudar fondos y poder complementar la ayuda brindada por Concultura para echar a andar reparaciones.

Tres funcionarios de Secultura y un restaurador de bienes culturales coinciden en señalar las faltas de las autoridades eclesiásticas y de la empresa a la que la Iglesia encargó la destrucción del mural. "Hasta un estudiante de primer año de arquitectura conoce las reglas que rigen el patrimonio y las construcciones del Centro Histórico. Que no me venga una arquitecta o ingeniera a decir que no sabía (que el mural estaba protegido) porque entonces me hace dudar muchísimo de su capacidad profesional”, dijo Samour en conferencia del 5 de enero.

Ástrid Bahamond, directora de Artes de Secultura, dice que en algún momento impartió una cátedra de historia del arte salvadoreño al arzobispo Escobar Alas, cuando este era profesor en el seminario San José de la Montaña, por lo que le resulta menos comprensible su actuación. Bahamond y otros funcionarios de Secultura han participado en conferencias, incluso virtuales, con los protectores del patrimonio del Vaticano. “Yo creo que el arzobispo pecó de ingenuo y creyó que la decisión que estaba tomando era inocua”, dice. Escobar Alas no respondió a las peticiones de entrevista que le hizo El Faro a través de su secretaria quien manifestó que para atender a los medios está la conferencia de los domingos.  

El prelado alegó originalmente que no sabía que el mosaico estaba protegido. Como parte de la Catedral Metropolitana, nadie podía tocar sin autorización la fachada del templo, porque un decreto legislativo de 2008 declaró bajo protección el centro histórico de San Salvador, y eso era lo que ignoraba Escobar Alas.

Discurso vs. realidad

En la conferencia de prensa brindada el 8 de enero, Escobar Alas dijo que había sido suya la orden de remover el mosaico después de escuchar a sus asesores. No consultó ni a la Secretaría de Cultura ni a la municipalidad de San Salvador como establecen la Ley especial de protección al patrimonio cultural, su Reglamento, el Código Municipal, leyes de ordenamiento territorial y las ordenanzas a las que estas dan vida y gracias a las cuales ningún dueño de un inmueble puede modificarlo sin obtener el permiso de la alcaldía.

Escobar Alas tomó como verdad la opinión de la empresa Ingenieros y Arquitectos Inmobiliarios Molina. Dice que la compañía, el 20 de diciembre de 2011, había concluido: “El 70% de las piezas que conformaban el mural ya no presentaban adherencia”. El Faro intentó contactar a dicha empresa o a personal de la firma, pero la búsqueda resultó infructuosa. 

Monseñor Escobar Alas, desde su primera declaración pública tras la destrucción del mural, argumentó el deterioro de la obra de Llort. En su conferencia de prensa del 1 de enero abundó sobre la razón principal para haber mandado quitarla: el deterioro progresivo después de casi 15 años de haber sido colocada, y la imposibilidad de repararla o restaurarla. "Por su naturaleza, las piezas de cerámica no pueden sustituirse, por el color", dijo ese domingo. Lo curioso es que en 2001, por ejemplo, el taller "El Árbol de Dios" reparó algunos azulejos dañados por los terremotos. Y hace apenas tres meses, en septiembre, uno de los colaboradores más cercanos de Llort, el arquitecto José Roberto Suárez y su empresa, había dado mantenimiento al mosaico: había sustituido sin mayor problema algunos de los 2,700 azulejos. Los mismos creadores del mural refutaron esa primera  explicación que esgrimiera el arzobispo.

El jerarca católico se justificó diciendo que nunca nadie le notificó que el mural era un bien considerado patrimonio cultural. Pero aunque ese fuera el caso, la ignorancia del arzobispo en cuanto al valor cultural de la obra lo llevó a incumplir el artículo 11 de la Ley especial de protección de patrimonio cultural que establece: "Todo dueño de un posible bien cultural tiene la obligación de notificarlo a la autoridad (…) para legalizar su inscripción dentro de un plazo no mayor a un año desde que tuviesen conocimiento”.

Además, como señala el restaurador de bienes culturales Joaquín Aguilar, nadie puede alegar ignorancia de la ley. El arzobispo insistió en el tema de la notificación. “La ley (de protección al patrimonio cultural) tiene un reglamento interno y, para que tenga efecto la declaración de una propiedad como patrimonio cultural, ese reglamento manda que cada uno de los poseedores o tenedores debe ser notificado oficialmente. No existe esa notificación en nuestro archivo”.

El artículo 40 de la Ley de protección del patrimonio cultural establece que toda producción de arte pública o privada tiene, presumiblemente, valor cultural hasta que lo ratifique la autoridad en la materia y que, por tanto, deberá protegerse mientras tanto. La Iglesia en El Salvador tiene bajo su responsabilidad la administración de una enorme cantidad de esos bienes que según la misma ley forman el "tesoro cultural". Solo los templos coloniales son cerca de 60 en El Salvador, según detalló la Secultura a La Prensa Gráfica en septiembre de 2010. 

¿Están protegidas aunque sea en los papeles de la ley? Difícilmente, si no están siquiera inventariados. El secretario de Cultura, Héctor Samour, cree que es fundamental que se elabore un registro de los bienes en manos de la Iglesia. Mientras tanto, los reportes de robos de imágenes, cruces, altares, coronas y objetos antiguos o hechos de metales preciosos en poder de la Iglesia seguirán ocurriendo como hasta ahora, dice Samour.

La Catedral Metropolitana no está inventariada como un bien inmueble protegido por su valor cultural, no al menos en el  mapa elaborado en esta administración de monumentos y zonas protegidas. Sin embargo, la protección en papel a la Catedral la da el decreto legislativo 680 de 2008 en el que están incluidas unas 225 cuadras del centro de San Salvador, y que fue fruto de un esfuerzo del Viceministerio de Vivienda, que se inició para determinar cuál era el potencial habitacional del centro capitalino.

La Catedral está dentro del centro. Lo protegido es todo –todo—lo que hay dentro. El artículo 70 del reglamento de protección al patrimonio cultural explica qué es lo que comprenden los bienes culturales: "Todos los objetos que estén unidos de una manera fija o estable, como componentes de los alcances de la afectación cultural declarada”.

Cuando estalló el escándalo público por la destrucción del mural, la Secretaría de Cultura emitió un primer comunicado el mismo día cuando el arquitecto Milán tuvo que interrumpir su descanso para acudir a observar la destrucción. En su cuenta en Facebook, la Secultura publicó ese jueves 29 que iniciaría los trámites para indagar en qué proceso de declaratoria de bien protegido se encontraba el mural de Fernando Llort.

Al siguiente día, el viernes 30 de diciembre, y cuando las redes sociales hervían denunciando la destrucción de la obra conocida popularmente como "la toallona", hizo una afirmación que no era cierta por medio de un segundo comunicado publicado también en su cuenta en Facebook. La Secultura informaba que el mosaico aún no había sido declarado bien patrimonial, pero que ya estaba en proceso esa declaratoria. "Si bien es cierto el mural de la Catedral de San Salvador no había sido declarado como bien patrimonial, este ya contaba con un proceso de declaratoria, proceso que, una vez iniciado, le da la salvaguarda para que NO sea intervenido bajo ningún criterio, salvo por la autorización previa de la Secretaría de Cultura de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, dirección que NO recibió ninguna solicitud de intervención en el inmueble", señaló la institución.

En una entrevista concedida a El Faro, el martes 10, tres funcionarios de la Secretaría, incluyendo el director de Patrimonio Cultural, Ramón Rivas, desmintieron lo dicho en el comunicado del 30: no había proceso abierto para declarar como bien patrimonial el mural como obra específca. La única protección venía dada por la declaratoria de Centro Histórico en 2008 por parte de la Asamblea.

Sin embargo, por algún tiempo la Secultura insistió erróneamente en que una carta fechada 23 de agosto de 2011 y suscrita por la directora de Artes de la Secretaría, Ástrid Bahamond, constituía el inicio del trámite para declarar bien patrimonial el mosaico. El comunicado del 30 y una entrevista concedida por Bahamond el jueves 5 ratificaban dicha versión. La carta lo que dice es que la obra Llortiana, diseminada por todo el país en diversos formatos, es reconocido como "patrimonio nacional". No obstante, incumplía con los requisitos establecidos en un manual interno en el que se detalla paso a paso el proceso que debe seguirse para que una obra artística sea declarada oficialmente bien patromonial protegido.

Ese manual –propuesto en 2008 por la Corte de Cuentas para el funcionamiento de la institución— establece que el priimer paso es una inspección por parte de la dirección de Patrimonio Cultural del bien cultural. Luego, debe haber un intercambio de expedientes, fichas y resoluciones entre el departamento jurídico y Patrimonio Cultural, que es la instancia que presenta finalmente a la Asamblea Legislativa un documento para darle iniciativa de ley.

La carta de Bahamond nunca inició ningún proceso. En ella, la funcionaria notificaba a la Fiscalía sobre las necesidades de protección del inmueble. Consultada sobre el sentido del documento, explicó a El Faro que ella escribió esa carta a la Dirección de Patrimonio Cultural, a pedido de esta, y que fue esta la que, luego, la calzó con su firma y la remitió a la Fiscalía. Pero ese paso no constituye ninguno de los que manda el manual.

Esa carta reconocía en general el valor artístico de la obra de Llort. Rivas y Bahamond tienen posturas encontradas sobre el origen de la misiva. Rivas dice que Bahamond fue la de la iniciativa mientras que la directora de Artes dice que solo obedeció la solicitud que le hiciera la oficina que dirige su colega. Ambos dicen desconocer los fines con los cuales esa carta se imprimió con la firma de Bahamond pero con sello del Departamento de Patrimonio Cultural.

“No sé para qué fines fue (que se hizo la carta). Pero es oficial de esta secretaría”, dijo Rivas. Bahamond se pronunció en similares términos: “No sé si esa carta ya tenía poder para proteger la obra de cualquier daño”.

Una ex funcionaria de la desaparecida Concultura cree que esa carta no era útil para lograr ninguna protección especial al mosaico de Llort. “Más parece que esa carta del 23 de agosto solo iba dirigida para proteger el mural del Árbol de Dios de la colonia Maquilishuat y no para el mural de Catedral”, dice Yanira Soundy, abogada y jefa del departamento jurídico de Concultura durante 13 años, hasta 2009. La carta pudo existir o no y la condición del mural de la fachada de Catedral habría sido la misma: protegida solo como parte de un inmueble en un Centro Histórico.

Es que la carta de Bahamond surgió a raíz de un accidente, por motivo de la demolición del restaurante “El Árbol de Dios” que estaba ubicado en la intersección del final de la calle La Mascota y la avenida Masferrer Sur (Jerusalén), en San Salvador. El año pasado, la familia Llort vendió el local y cuando la empresa constructora estaba en el proceso de demolición se percató de que en el lugar había murales de Llort. La constructora al parecer observó la parte de la ley de protección al patrimonio (artículo 40) en la que establece que todos los bienes de naturaleza artística se presumirán de valor cultural hasta que se realice su reconocimiento de ley.

La familia Llort se enteró de que los murales del artista iban a quedar intactos por ser un bien protegido. Sorprendida, una de las hijas de Fernando Llort llamó a la Secretaría de Cultura para averiguar si era cierto. Le confirmaron la noticia y lo que pidió fue una constancia por escrito. La Dirección de Patrimonio Cultural entonces pidió a Bahamond que elaborara el documento. Y así fue. Cuando estaban destruyendo el mural, el jueves 29 esta misma hija llamó a Ástrid para preguntarle qué era lo que estaba sucediendo.

Al secretario de Cultura, Héctor Samour, se le consultó el jueves 5 si no le parecía grave que de no ser por el hallazgo en la demolición de lo que fuera El Árbol de Dios nunca se hubiera emitido una carta con la que se pretendía probar la protección que gozaba el mosaico de Llort. Samour ya esbozaba que no había una declaratoria de patrimonio cultural. “Sí, es evidente que la obra de un artista es siempre un patrimonio. Creo que aunque no haya una declaración formal, es claro que la obra de Llort tiene un gran valor cultural y artístico, y que tiene una gran tradición en el país desde los años 70. Creo que antes de destruir una obra de arte, cualquiera debe pensarlo dos veces.”

“Sirva esta de constancia institucional y profesional de mi persona como historiadora, curadora y evaluadora de obras de arte ante la Fiscalía”, decía la carta de Bahamond, que en realidad no tenía nada que ver con la intención de declarar un bien patrimonial específico el mosaico, sino solo hablar genéricamente de la obra de Llort. “Yo como perita la redacté, como cooperante de una coordinación a otra se la entregué a la instancia que me la pidió, que fue Patrimonio Cultural, y fueron ellos quienes agregaron que la carta iba dirigida a la Fiscalía. No sé si tenía efecto para evitar que se destruyera la obra de Llort”, dice Bahamond.

La carta se envió a la Fiscalía para que esta diera seguimiento y protección a “la obra” en general de Fernando Llort. Sin embargo, para la debida protección de ley, el procedimiento de reconocimiento como patrimonio cultural protegido es otro, y no basta una carta dirigida a la Fiscalía.

Y aun así, si la carta hubiera sido el banderillazo de salida para declararlo patrimonio cultural, la Secretaría no podía pasar 45 días desde el primer trámite para declararlo oficialmente como tal. Es decir, desde el 23 de agosto tenían el proceso abierto. Más de cuatro meses después la resolución final sigue pendiente. El artículo 6 del Reglamento de la Ley especial de protección al patrimonio cultural establece que de necesitarse más de 45 días debe haber una notificación a los interesados, incluidos el propietario del inmueble. Escobar Alas ya ha dicho que él nunca se enteró de ningún proceso ni de nada.  

El antecedente de la iglesia del Pilar

La destrucción del patrimonio se ha dado incluso en casos en los que los bienes están inventariados. Es el caso de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en San Vicente. Es un templo que data de mediados del siglo XVIII y que fue declarado patrimonio cultural el 19 de febrero de 1953 mediante Decreto Legislativo 968. Escobar Alas ha tenido una estrecha relación con dicho templo y ha estado muy de cerca cuando la obra tuvo demoliciones. 

En 1999, el actual arzobispo metropolitano era párroco de El Pilar. Ese año ocurrió un enjambre sísmico, y la orden de demolición fue dada por el superior de Escobar Alas, el obispo José Óscar Barahona, sin los permisos respectivos de Concultura, según reseñaron los periódicos en aquellos días. Los trabajos comenzaron pero la institución intervino para detenerlas. Las columnas de la iglesia fueron las que se perdieron, reseñó El Diario de Hoy. Escobar Alas, a pesar de haber atestiguado el suceso como párroco y como vicario general de la diócesis de San Vicente, no denunció nada.

La Ley de protección al patrimonio cultural (artículo 6) establece que el Estado, las alcaldías y las personas naturales deben velar por la protección del patrimonio. Más explícito es el Reglamento, vigente desde 1996: “Toda persona al tener conocimiento de que un Bien Cultural está en peligro de sufrir destrucción, deterioro o daño deberá notificarlo (a la Dirección de Patrimonio Cultural) y la Municipalidad respectiva dentro de las 24 horas siguientes”.

Dos años después, en 2001, después de los terremotos de enero y febrero, se vivió un suceso similar en El Pilar. Algunas bóvedas a los lados de la sacristía y el arco ubicado entre la nave central y el presbiterio resultaron severamente dañados por lo que el obispo Barahona de nuevo ordenó la demolición. En este caso, la entonces directora de patrimonio cultural de Concultura, María Isaura Arauz, autorizó la demolición parcial amparada en un estudio previo.

“Cada vez que tiembla sale polvo de la cúpula”, había dicho monseñor Escobar Alas para esos días, a un periodista.

Escobar Alas fue nombrado obispo auxiliar en San Vicente en 2002, y ese año se puso al frente de la reparación y renovación de El Pilar. Este pasaje de su vida le valió incluso recordarlo en una conferencia hace una semana: “Siempre he estado empeñado en proteger los bienes culturales; en San Vicente, cuando era sacerdote, estuve al frente de la restauración de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar; y después, como obispo, colaboré en la reconstrucción de la Catedral. Aquí en San Salvador hemos embellecido la cripta; pero esta vez, este servidor se vio obligado a tal acción.”

El discurso del arzobispo contradice la versión de los autores del mosaico, que plantearon en su momento su convicción de que la resina epóxica utilizada para pegar los azulejos a la pared hacían increíble el diagnóstico de la empresa Molina en cuanto a que estaban desprendiéndose debido al paso del tiempo. También parece contradecir el discurso oficial de la misma Catedral Metropolitana, como institución. Esta, en su sitio en internet, habla de un plan de remodelaciones en el interior del templo que pasa por preservar el mural. "Está previsto utilizar en la cripta decoraciones en cerámica que enlacen con el mural de la fachada", dice el sitio catedralsansalvador.org.

La misma página llama al mosaico de Llort "la referencia más significativa del arte salvadoreño actual".

Además, la destrucción del mosaico en la Catedral y la destrucción de elementos de la iglesia del Pilar no son hechos aislados. En 2008, por ejemplo, el párroco de una iglesia colonia de Nahulingo, una estructura de más de 300 años de antigüedad, mandó demolerla sin autorización del Concultura. La iglesia de Santiago Apóstol tenía daños, pero los administradores decidieron botar el templo. En aquella ocasión, la institución precursora de la Secultura también llegó tarde.

Aparte de la Secretaría de Cultura, también la alcaldía de San Salvador tenía la obligación de proteger el mosaico. La única vez que la municipalidad se pronunció sobre la destrucción del mural fue para echar toda la responsabilidad a la Secultura. La Ley especial de protección al patrimonio cultural establece en el artículo 6 que las municipalidades están obligadas a velar por la protección de los bienes culturales. 

Hasta el cierre de esta nota, la alcaldía no había respondido un cuestionario enviado en el cual se le consultaba al alcalde Norman Quijano y a la concejal responsable del área cultural Paulina de Hernández qué tipo de comunicaciones y coordinaciones tiene la municipalidad con la Secretaría de la Cultura para proteger el patrimonio del Centro Histórico.

También se consultó si el arzobispado de San Salvador había remitido a ellos alguna solicitud de trabajos en la Catedral. Escobar Alas ya explicó que no emitió ninguna solicitud para los trabajos en su parroquia, pero en todo caso, hay una serie de normativas que son de estricto cumplimiento para los propietarios de inmuebles en la jurisdicción de cada municipalidad y, por tanto, de observancia para la misma alcaldía.

Las alcaldías deben respetar la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador, el Código Municipal, que establecen que cada municipalidad establecerá planes de desarrollo y de construcción en sus jurisdicciones.

En el caso de San Salvador, la alcaldía ocupó estas dos leyes para crear varias ordenanzas que también deben observarse cada vez que el propietario de un inmueble en el municipio desee efectuar una modificación: la ordenanza de tasas por servicios prestados por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, la ordenanza de control del desarrollo urbano y de la construcción en el municipio de San Salvador, la ordenanza para iniciativa, creación, aprobación e implementación de los planes de ordenamiento territorial, la ordenanza reguladora de la oficina de restauración y desarrollo del Centro Histórico de la ciudad de San Salvador.

Otra consulta para el consejo capitalino era el rol que juega el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) que permanece en el Centro Histórico para proteger el patrimonio cultural, y más en tiempos de vacación. “Mantenemos comunicación con los distritos de la municipalidad pero siempre en los feriados se dificulta la comunicación con los distritos”, dijo Ramón Rivas, director de patrimonio cultural.

Los trabajos de remoción del mosaico se produjeron cuando el sector público ya estaba en vacaciones de fin de año. La abogada Soundy cree que cuando haya feriados siempre debe haber personal de turno para inspeccionar posibles vulneraciones al patrimonio. A ella, dice, cuando estuvo al frente del departamento jurídico de Concultura, le tocó revisar muchos casos de destrucciones que habían ocurrido en la noche de un domingo o cuando era vacación. “Esa es la lección, una vez más”.

Se supone que para que haya lección también debe haber consecuencias para los infractores. La Ley de protección del patrimonio cultural ordena que se sancione a quienes destruyan bienes patrimoniales, pero la Secretaría de Cultura pasó de un discurso inicial de imposición de sanciones a uno en el que hablaba de dialogar con la Iglesia para encontrar la mejor salida para todos.

“Es un fenómeno común: los daños al patrimonio se dan en períodos de feriados”, admite el arquitecto Milán, quien recuerda la demolición de una casa centenaria sobre la calle Arce en mayo y que ocurrió durante un fin de semana. Seis días después, el diario CoLatino  publicó una nota en la que Ramón Rivas, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura admitía cierta culpa, aunque para él, la única razón por la que ocurrían ese tipo de atropellos era que su institución no contaba con un cuerpo de vigilancia de los inmuebles culturales.

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