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El viernes 20 de enero, frente a un centenar de hombres y mujeres uniformados, que montaban guardia sobre un suelo engramado del cuartel de entrenamiento de Los Cobras, el  grupo élite de la policía hondureña, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se paró frente al podio, felicitó a los policías por el 130o. aniversario de la institución y luego pronunció unas palabras que aguaron la fiesta.

“Está demostrado que atravesamos la peor crisis de la institución policial en toda su historia”, dijo. Luego lo repitió, como para que no quedaran dudas en la cúpula policial ni en los suboficiales que hacían guardia cargando estandartes  bajo el inclemente sol del mediodía en Tegucigalpa, la capital del país. “Esta es la peor crisis en la historia de la policía hondureña, pero tenemos que saber afrontarla y estoy seguro que saldremos adelante”.

Una semana después, Pompeyo Bonilla, ahora desde otro estrado, se dirigió al país entero, pero sobre todo a los diputados del Congreso hondureño, para pedirles que analicen una propuesta que ha causado revuelo, que genera esperanzas para sus promotores y muchas dudas para sus detractores. El jueves 26 de enero, el Congreso hondureño recibió de manos de Bonilla la propuesta de creación de la Comisión de Reforma de Seguridad Pública, una entidad que ambiciona ser autónoma, posicionarse por encima de la auditoría interna policial y ser capaz de investigar la data de los oficiales de la Policía hondureña hasta en su cuarto grado de consanguinidad, para garantizar la probidad y rectitud de una institución cuya imagen, hoy por hoy, está por los suelos.

La propuesta recoge por escrito el reconocimiento de un secreto a voces que ha corrido por el país en los últimos años: la Policía hondureña está corrompida. En sus considerandos, la propuesta señala que “los actos delincuenciales y especialmente la muerte violenta de compatriotas, en los que se ha visto involucrada la institución policial del Estado, legitima la demanda de la sociedad en cuanto a la depuración inmediata y reforma profunda de la misma”.

Además, reconoce que el gobierno hondureño actual ha sido incapaz para frenar esa corrupción, y que las medidas adoptadas “han sido insuficientes para detener la escalada Contra la seguridad pública, lo que obliga al Estado a Emprender un proceso de reforma institucional de la Seguridad pública, el que debe ser conducido por una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública”.

En su versión original, el anteproyecto intenta acercar esta nueva entidad al de una Comisión Internacional Investigadora contra el Crimen, como la de Guatemala -que tiene la facultad para investigar y presentar casos concluidos al ministerio Público para que este judicialice-, pero deja abierta la posibilidad a convertirse en una entidad que solo “propone” políticas de depuración o que solo vigila el trabajo de las unidades de auditoría creadas con anterioridad. 

“Se corre el riesgo que el resto de legisladores disminuyan su potencial, pero esta es una buena oportunidad para hoy sí, de verdad, intentar depurar a nuestra policía”, dice el diputado del partido Innovación y Unidad, German Leitzelar. Como vicepresidente de la comisión de Seguridad, Leitzelar es el cerebro técnico detrás de la propuesta, impulsada por la sociedad civil y por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

Esta no es la primera vez que Leitzelar “intenta” promover una depuración en la Policía. Entre 1990 y 1994, este abogado fue miembro de una comisión de reforma policial, liderada, entre otros, por el cardenal Romeo Maradiaga. Esta comisión fue la artífice de que logró sacar de los cuárteles militares a la Policía, de crear una institución independiente, pero que no fue capaz de lograr una depuración de todos aquellos oficiales –que pasaron de ser policías militares a policías de carrera- acusados de violaciones a derechos humanos o de tener nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿La razón? Las resistencias. Los casos denunciados y las depuraciones giradas fueron canceladas por los tribunales hondureños. El mandanto de la comisión concluyó cuando Honduras creó, en 1994, la Secretaría de Seguridad.

“La Policía que tenemos hoy, así de monstruo, así de corrupta, es el resultado director de la falta de depuración de ese pasado de Honduras que pudo ser histórico. Hoy estamos de nuevo ante la posibilidad de corregir ese error. ¿Qué se logrará? Está por verse. Yo confío en que sí. Si no sucede, al menos tenemos que intentarlo de nuevo”, dice.

Una auditoría sobre las auditorías

Una de las principales funciones de la comisión, según la propuesta, será “vigilar, dar seguimiento y supervisar que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial cumpla con sus funciones”. Además, la Comisión podría “investigar dentro de la policía, en toda su estructura y desde la cúpula hasta su base, los actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, delitos de distinto tipo, modos de operar en la ejecución de acciones delictivas, abusos policiales en los distintos municipios donde operan y estructuras delincuenciales existentes dentro de la policía, así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delincuencial”.

En diciembre pasado, el congreso hondureño eliminó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y en su lugar creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, una entidad compuesta por dos directores –un titular y un adjunto- y que nació –y continúa- sin recursos y sin personal. Ahora, esta dirección, según la nueva apuesta, será supervisada por un ente superior, integrado por cinco expertos en materia de seguridad (tres hondureños  y dos miembros internacionales altamente calificados en “temas de seguridad democrática y reforma policial”).

La propuesta plantea además que la comisión podrá “investigar la procedencia del patrimonio de los policías, estableciendo sus ingresos y comparándolos con sus posesiones y propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus conyugues o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos diez años”.

La crítica de los detractores de la medida, en los que se autoincluye el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, plantea que esta propuesta solo dilataría aun más procesos que pueden realizarse por instancias ya creadas. 

“En Honduras lo que necesitamos es que se respete la ley, no que se creen nuevas leyes. La ley orgánica de la carrera policial ya definía una instancia de auditoría que investiga a los malos policías, pero lo reformaron y crearon una nueva unidad. También la ley establece que hay una Consejo Nacional de Seguridad Pública que recomienda, supervisa y exige al gobierno respuestas para acabar con los malos elementos”, dice el comisionado y representante ante el Consejo de Seguridad Interior (Conasin).

“Si entre la policía y el ministerio de Seguridad está el Conasin para exigir que se tomen decisiones, ¿adónde quedará esta nueva instancia?”. “Mejor exijamos que las autoridades respeten la ley, la cumplan, y no ocupen estos escaparates para dilatar procesos que urgen iniciarse como el de una verdadera depuración. Lo que se necesita es verdadera voluntad y no más leyes”, añade.

El Conasin es una instancia integrada por representantes del sistema de justicia, de organismos de derechos humanos y la empresa privada. Entre sus facultades, por ejemplo, está la de revisar los expedientes de los oficiales que el gobierno designe como aspirantes a conducir la Policía Nacional de Honduras. Si estos oficiales tienen algún expediente abierto en su contra, el Conasin puede vetar la designación del gobierno.

Sobre los miembros de la actual cúpula de la Policía pesan acusaciones en su contra, pero el ministro Pompeyo Bonilla se pasó por alto la venia del Conasin. Sobre todo en la designación del actual director de la corporación, Ricardo Ramírez del Cid, sobre el cual pesan denuncias que las autoridades no quieren hacer públicas. "Mire, por el mismo trabajo de ellos, el trabajo policial, hay denuncias. Siempre habrá. Estoy seguro que todos los policías tendrán denuncias", dice el ministro Bonilla, cuando se le pide que confirme si la actual cúpula está libre de señalamientos.

A Bonilla, en Honduras, se le critica por pregonar la depuración y dar saltos equívocos para conseguirla. Bonilla tiene como viceministra de Seguridad a la ex directora policial Coralia Rivera, acusada en 2002 de interferir y participar en la destrucción de seis fusiles ak-47 con las cuales la unidad de auditoría interna -entonces dirigida por la comisionado María Luis Borjas-, incriminaría a un grupo de oficiales ligados a una estructura de exterminio de supuestos delincuentes y supuestos pandilleros en San Pedro Sula, la ciudad industrial del país.

A las armas se les borró el número de registro, el deterioro fue atestiguado por Borjas, pero la entonces directora Rivera y otro grupo de oficiales policiales fueron absueltos por los tribunales. A finales de 2002, Borja fue destituida por el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, mientras culminaba otra investigación en contra de un grupo de policías ligados al asesinato de los secuestradores de un empresario hondureño. Uno de esos oficiales era Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, a quien Óscar Álvarez mantuvo como jefe de tres departamentos del norte de Honduras que hacen frontera con Guatemala y El Salvador, y en donde existen denuncias por ser una de las zonas por donde la droga se despide de Honduras para seguir su camino hacia México y Estados Unidos.

Borjas, quien participó del Conasin como representante de organismos de la sociedad civil antes de la llegada de Bonilla, y quien se sometió al concurso para dirigir la nueva unidad de auditoría de la policía, a finales del 2011, fue descartada por el ministro Bonilla.“Dudo mucho que de verdad quieran depurar a la Policía. Sino explíqueme cómo es que dicen eso y la señal que mandan es poner de viceministra  a una persona que representa al encubrimiento de ilícitos”, dice Borjas en alusión a la viceministra Rivera.

Una propuesta de reforma en medio de escándalos

En los últimos cinco meses, la seguridad en Honduras ha sido un tira y encoge con saldos negativos para el país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo (88 por cada 100 mil habitantes).

En septiembre de 2011, el ex ministro de seguridad, Óscar Álvarez, anunció que depuraría a la policía y denunció una supuesta lista de 20 oficiales policiales ligados al narcotráfico. Según Álvarez, estos oficiales servían de controladores aéreos para las narcoavionetas en las zonas menos controladas del país.

Tras la denuncia, el único depurado fue Álvarez, quien fue destituido por el presidente Porfirio Lobo. En su lugar llegó Pompeyo Bonilla, quien sacó de escena a la cúpula policial dejada por Álvarez y rotó los mandos en la Policía. Mes y medio después, el recién estrenado director de la Policía, José Luis Muñoz Licona y su segundo, Marco Tulio Palma Rivera, fueron destituidos en medio del escándalo que propició la reforma que ahora impulsa el gobierno hondureño.

Según Bonilla, otros 51 policías más fueron depurados a inicios de enero, y aunque en Honduras todos piden esa lista y le reclaman por no denunciar aquellos casos en los que se hayan detectado irregularidades en las actuaciones de los policías, el ministro declara que “cuando el fiscal general me envíe un escrito formal solicitando esa información yo con gusto se la enviaré”.

Según Bonilla, un ex coronel retirado, ex diputado y confeso amigo del presidente Porfirio Lobo, “el 2012 será el año de Seguridad y de cambios para Honduras”. Con el respaldo a esta medida, por el momento, ha sabido aprovechar la oportunidad de estar a favor y no en contra de la principal figura pública de Honduras que presiona por los cambios en la Policía: la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. 

De hecho, el jueves 26, Castellanos estuvo de pie en el Congreso, junto al resto de propulsores de la medida, mientras Bonilla hacía pública la propuesta.

Castellanos es, hoy por hoy, la cabeza detrás de una denuncia que por años fue planteada por otros pero que hasta hoy se materializa en una discusión que ya produjo una anteproyeco de ley.

"¿Cómo se acaba con la corrupción policial? Por fin cortándola de raíz, haciendo mover a la clase política, al poder, para que ya no permitan que a esa institución le sigan creciendo más cabezas”, dice Castellanos. “Hay que cortar la corrupción desde la raíz, porque de lo contrario volverá a crecer”, añade.

Castellanos tiene por qué criticar tanto a la Policía. El pasado 22 de octubre de 2011, agentes policiales asesinaron a dos jóvenes universitarios. Uno de los jóvenes era su hijo. Para el país que tiene la tasa de homicidios más alta del continente, que hayan asesinado a dos jóvenes hubiera significado un caso más; que los autores del crimen hayan sido policías probablemente hubiera propiciado un caso más en el legajo de denuncias  de abusos sistemáticos de autoridad cometidos por la Policía Nacional que manejan los organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. Pero este no fue el caso.

Rafael Vargas Castellanos, hijo de Julieta Castellanos, la rectora de la UNAH,  una académica respetada por izquierda y derecha en un país tremendamente polarizado desde el golpe de Estado de 2009, y que dirige desde 2009 un observatorio de violencia, fue baleado y luego ajusticiado junto a uno de sus mejores amigos. Luego, los cuerpos de ambos fueron aventados a un predio baldío en las afueras de la ciudad. 

En las semanas que procedieron al crimen, Castellanos y la UNAH exigieron una investigación a fondo, y lo que se descubrió es que la entonces cúpula policial encubrió a los autores materiales del crimen, dando paso a la segunda rotación de cabezas en menos de dos meses. Luego los medios hicieron eco a las denuncias de Castellanos y otras muchas más denuncias y denunciaron más hechos, más denuncias y más casos contra delegaciones policiales enteras. Desde el crimen, no ha habido un día  en el que no se escriba en los principales diarios del país sobre la corrupción de la Policía hondureña y sobre la propuesta que hoy está por discutirse. 

¿Honduras depurará por fin a su policía? La impulsora de la medida cree que sí.  “La policía va a cambiar. Eso es seguro. Ahora es el momento. No por mí, sino por todos los hondureñoos que han sufirdo lo mismo que estoy sufriendo yo”, cierra Castellanos.