Opinión /

No importa la democracia, ni el Estado de Derecho


Martes, 6 de diciembre de 2011
Roberto Cañas

Hace unos años, más específicamente en 2004 Naciones Unidas presentó el Informe sobre el Desarrollo Democrático en América Latina. Uno de los indicadores que presentó el informe fue el Índice de Apoyo Ciudadano a la Democracia (IAD) al aplicar este índice en una encuesta resultó que el  48.1% de los encuestados que manifestaron que preferían la democracia respecto a cualquier otro régimen, también señalaron que preferían el desarrollo económico a la democracia. Y casi 45% de ellos (44.9%) manifestó que estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario si éste  resolvía los problemas económicos de su país.

En El Salvador recientemente en 2009 casi la mitad de sus habitantes manifestaron que  están dispuestos a respaldar que los militares depongan un gobierno democrático si eso contribuye a resolver sus problemas. Este es uno de los hallazgos de la encuesta a nivel nacional de Analítika Research & Marketing / elfaro.net, publicada el 2 de Febrero de 2011. La investigación, evidencia una amplia disposición de los salvadoreños de 15 años o más a considerar la posibilidad de respaldar gobiernos autoritarios si no ven resueltos sus problemas de seguridad pública y económicos. Incluso manifiestan estar dispuestos a dar su apoyo a que los militares sustituyan a un gobierno elegido democráticamente.

En 2010 se presentaron los resultados del estudio “Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010” de FUNDAUNGO y la UCA y uno de los resultados más preocupantes de la investigación es que un poco más de la mitad de los salvadoreños aprobarían que las autoridades de seguridad pública pasaran por alto la ley con tal de combatir la delincuencia. Estas opiniones, las cuales constituyen un indicador de rechazo al Estado de derecho, han alcanzado su nivel más alto en 2010, en comparación con años anteriores.De hecho, el apoyo salvadoreño por el respeto al Estado de derecho es el más bajo en las Américas en 2010, al mismo nivel de Perú y Ecuador. Más preocupante aún es el hallazgo que muestra que el apoyo al respeto al Estado de derecho es particularmente bajo entre los más jóvenes.

Por eso no es extraño que la mayoría de la población esté apoyando la militarización de la seguridad pública y que no importe si hay menos democracia, o si se pasan por alto las leyes con tal de combatir la delincuencia. Gran parte de la población apoya las políticas represivas de seguridad ciudadana y está de acuerdo con el debilitamiento del Estado de derecho si se disminuye la delincuencia con la creencia equivocada que militarizar la seguridad va a ponerle fin a la delincuencia.

Esto es grave porque el Estado de derecho es un componente fundamental para la democracia pues un régimen democrático no solo depende de la celebración periódica y constante de elecciones transparentes, sino también de la observancia y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos que son parte de la comunidad política. 

Está documentado que problemas como el crimen y la violencia afectan a la democracia. Más aún, la violencia criminal erosiona el apoyo ciudadano a las instituciones democráticas. De acuerdo a una variedad de estudios, las personas que son víctimas de la violencia o de la inseguridad pública tienden a mostrar menos apoyo a la democracia, suelen buscar medidas autoritarias con más frecuencia y están más dispuestas a apoyar hasta golpes de Estado.

No nos engañemos. Bajo situaciones de incremento de la delincuencia los ciudadanos están más dispuestos a respaldar liderazgos militares y autoritarios que prometen disminuir la delincuencia y si se acepta que la realidad se construye socialmente la situación salvadoreña se ha agravado porque los ciudadanos han sido culturizados desde hace mucho tiempo en la idea de que la solución represiva es el único medio capaz de defenderse ante estos peligros para la seguridad. 

Para los adultos mayores el General Maximiliano Hernández Martínez es el paladín de la seguridad pues en la época de Martínez no había ladrones: el General se aseguraba de que les cortaran las manos. Martínez no solamente les cortó las manos a los ladrones, también hizo fusilar a varios de sus detractores y quedó en la historia como el autor de una masacre de más de 30 mil víctimas.

Las personas que hoy tienen entre 40 y 50 años consideran que en tiempos del conflicto armado “estaban mejor porque había menos delincuencia” y casi llegan a expresar su añoranza por la época del conflicto armado se les olvida por momentos que en la guerra murieron 75 mil personas y que de ninguna manera se puede, desear volver al conflicto armado, solo porque hay una creencia equivocada que no había tanta delincuencia en la época de la guerra.  

Que quede claro: La aspiración legítima de vivir con seguridad no puede obtenerse a costa de pasar por alto las leyes, o incumplir el ordenamiento Constitucional. En ningún caso se puede justificar violar los derechos humanos para conseguir la paz social. 

Es obvio que debemos prevenir y perseguir la delincuencia en esto no creo que alguien esté en contra. El problema está en ver si estamos dispuestos a trabajar por ello, y más aún, a transformar ese deseo en una verdadera política de estado con todas sus implicaciones, pues requiere de la participación de todos los  sectores, tanto públicos como privados. 

La disminución del delito implica el desarrollo de políticas y programas que permitan una mayor distribución de la riqueza, más adecuados programas de asistencia social, el fortalecimiento de la educación en todos los niveles como una prioridad, oportunidad de trabajo, en fin mejores oportunidades de vida en todos los sentidos y para todos.

Debemos quitarnos de la cabeza que soldados pueden cumplir adecuadamente  funciones policiales, El personal militar está entrenado para emplear la fuerza letal para combatir y ganar guerras no para cumplir funciones de seguridad pública. 

Las fuerzas armadas son incapaces de llevar adelante las funciones habituales de la policía. No tienen las competencias necesarias para llevar a cabo para el caso investigaciones (que implican, por ejemplo, averiguar la identidad de los criminales mediante interrogatorios a testigos, llevar adelante investigaciones encubiertas, utilizar tecnología forense y otras tareas similares). No pueden investigar el lavado de dinero que está detrás de gran parte de las actividades del crimen organizado. Su punto fuerte reside en su capacidad de disuadir la violencia en las calles mediante la demostración de su poder de fuego es pura intimidación por presencia muy relativa por cierto.

Tenemos que insistir' debe mantenerse la separación de las funciones de la policía de las de los militares. Se debe garantizar el control civil de las fuerzas armadas.

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