Los Acuerdos de Paz salvadoreños, finalizados en 1992, constituyeron un ejercicio político ejemplar de pacificación y abrieron el camino a la democratización de El Salvador. Este proceso todavía está en vías de consolidación.
Contrario a lo que podría pensarse, en estos acuerdos se trazaron pocos objetivos, aunque absolutamente estratégicos. El propósito central estaba puesto en cesar el conflicto armado, estableciendo una renovada arquitectura institucional y dando paso a una reforma política integral (la cual, en varios sentidos, aún es una asignatura pendiente).
Dentro de la configuración del novedoso andamiaje institucional, una de las cuestiones medulares era la referida a la seguridad. Entre otros asuntos clave, existía un interés por evitar la concentración del poder en pocas manos a fin de prevenir los abusos del pasado, en virtud de lo cual se diseñaron ordenamientos institucionales fragmentados, con la lógica de construir los suficientes contrapesos.
De ese modo, se tomó la decisión, entre otras, de crear la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) de forma separada, con mandos distintos. Se decidió eso a pesar de que era una división bastante atípica. A la fecha, solo dos cuerpos policiales en el mundo no cuentan con su propia Academia al interior de sus estructuras orgánicas. Dos. Y uno de esos dos casos es el nuestro.
Dado el antecedente de los cuerpos de seguridad previos –muy militarizados–, los argumentos de fondo para justificar esta escisión eran dos: 1) El Director General de la PNC no podía ostentar demasiado poder, así que había que reducir las jurisdicciones institucionales bajo su control, y 2) Los nuevos policías civiles no debían ser formados, ni única ni principalmente, desde una óptica que privilegiara en sentido estricto lo policial.
En aquel momento histórico la resolución fue inteligente, prudente y atinada; sin embargo, con el tiempo ha ido mostrando inconveniencias y problemas prácticos para la formación del personal policiaco. Con los años, la PNC y la ANSP han tenido numerosos y relevantes desencuentros a este respecto.
Por ejemplo, la PNC arguye que la ANSP no prepara al personal policial que la realidad demanda, que recibe personas poco capacitadas y que es la misma Policía la que se ve obligada a terminar de formar a los efectivos policiales. En contraposición, la ANSP aduce que la PNC no transfiere con claridad el perfil que, a su juicio, deben poseer los miembros de la Policía, que no traslada con exactitud qué clase de personal necesita contratar y que, en esas circunstancias, es muy complicado satisfacer los requerimientos de su cliente exclusivo. Parecería que la PNC y la ANSP están reproduciendo las desconexiones clásicas que se identifican entre el “ámbito laboral” y el “ámbito educativo”.
Este es uno de los casos que, con serenidad, debe invitar a reflexionar y revisar lo planteado en los Acuerdos de Paz. En última instancia, se trata de acuerdos que se situaron y respondieron a una coyuntura particular, pero que nunca deberían tomarse como discusiones cerradas. Por el contrario, deben estar abiertos a responder a las transformaciones de la realidad, siendo flexibles, ajustables y susceptibles de adaptación. Cualquier modificación a los Acuerdos de Paz no puede ser considerada, necesariamente, como un retroceso. Hacer esta lectura tendría a su base la noción de que la sociedad salvadoreña de ahora es la misma que la de hace 20 años.
En este momento, hay dos problemas fundamentales en la relación entre la PNC y la ANSP: 1) Dificultades para concretar un diseño curricular integral, y 2) Complicaciones logísticas para contar con personal idóneo de planta para impartir clases.
En cuanto al primer problema, se sabe que las figuras decisorias (Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Directores Generales –de la PNC y de la ANSP– y jefaturas policiales que fungen como prescriptores) no han podido elaborar una visión consensuada sobre la educación policial que requiere el país. Esto hace que no exista claridad sobre la doctrina (ideario y filosofía educativa), los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas, los criterios de selección de aspirantes y de contratación de personal, entre otros aspectos.
En lo tocante al segundo punto, la ANSP brinda educación a sus alumnos y alumnas en tres áreas: 1) Humanística, 2) Jurídica, y 3) Policial. Las primeras dos son cubiertas con relativo éxito por la planta de docentes que tiene la Academia. Por esa razón, la formación de la ANSP ha avanzado en materias como las de ética policial y derechos humanos. No obstante, la capacitación técnico-policial evidencia deficiencias. Dos de las actividades que con frecuencia presentan debilidades formativas son las de inteligencia policial e investigación del delito complejo. Por lo general, estas áreas son impartidas por personal policial, el cual suele ser “prestado” de las filas de la PNC o proveniente de la cooperación policial internacional.
Sin embargo, los “préstamos” de empleados de la PNC no siempre son fáciles. Están en función del trabajo y los tiempos de la PNC, no de la ANSP. Y cuando se trata de contribuciones de la cooperación internacional, éstas están sujetas a la disponibilidad de los cooperantes. En ese sentido, la ANSP depende por completo de personal externo para impartir la formación en áreas especializadas, puesto que no dispone de un equipo de planta capacitado para ello. Esto no permite consolidar el enfoque y los métodos para conducir la educación policial en la ANSP y, en consecuencia, la operatividad policial de la PNC está siendo afectada.
Según cifras oficiales, desde su fundación hasta la última promoción, graduada en octubre de este año, de la Academia ha egresado un total de 30,662 personas. Muchas veces se han acelerado los procesos de graduación debido a la necesidad de desplegar más policías en el territorio, en detrimento de la calidad de la capacitación y el adiestramiento. Con la finalidad de mejorar la oferta educativa de la ANSP, es preciso que ésta pase a formar parte orgánica de la PNC, con miras a que en la formación se capitalice fluida y constantemente la propia experiencia acumulada por el mismo personal policiaco nacional.
La otra posibilidad es que la ANSP sea reconocida por el Ministerio de Educación como un instituto de enseñanza especializada. Con ello, la ANSP se podrá encargar de la formación básica en materia de seguridad ciudadana (tanto para aspirantes como para no aspirantes a ser policías), mientras que la PNC podría hacerse cargo de la instrucción en áreas especializadas. Así, la ANSP continuaría funcionando fuera de la PNC, lo que no quita que ésta debe asumir la formación, al menos en parte, de los futuros miembros de la corporación. Está claro que la Policía necesita su propia Academia. Hasta que eso no ocurra, los problemas en la profesionalización policial persistirán.
Hacer esto no es sencillo. Supone, entre otras cosas, una reingeniería institucional, lo que redunde en una revisión y un perfeccionamiento del diseño curricular de la educación policial en todas sus modalidades: inicial, ascensos, actualización y especialización. Eso implica sacudirse los fantasmas del pasado, abandonar las resistencias al cambio y pensar fuera de la caja.
Con todo, cabe la pregunta: ¿Es capaz la PNC, en su estado de funcionamiento actual, de asumir la formación policial?
