Raúl García Prieto, el expresidente del Banco de Fomento Agropecuario, acusado de defraudación a la economía pública y condenado a siete años de prisión –hace siete años- fue capturado la tarde de este martes en un restaurante de comida rápida del Paseo General Escalón de esta capital.
A las 3 de la tarde, investigadores adscritos a la Subdirección de Áreas Especializadas de la Policía Nacional Civil detuvieron al exfuncionario, quien hace nueve años enfrentó cargos por delitos relativos a la corrupción tras favorecer con la venta del Ingenio El Carmen a los empresarios Héctor Cristiani y Enrique Rais.
García Prieto, quien huyó de la justicia minutos antes de que se concretara un fallo en su contra en el Juzgado Sexto de Sentencia, el 15 de febrero de 2004, fue capturado, según la Policía, gracias a investigaciones confirmadas desde hace 30 días.
“Desde hace algún tiempo se venía tratando de tener su ubicación. Es así como desde hace 30 días se le vino dando seguimiento y procedimos a capturarlo”, dijo el subdirector de Áreas Especializadas, Roberto Villalobos.
“En los últimos tiempos supimos que estuvo en el país. Investigamos dónde podía estar, hasta que hoy se confirmó que era él y entones se procedió a la detención”, añadió.
Según Carlos Ascencio, director de la Policía, todavía no se explican cómo es que García Prieto se movilizaba dentro del territorio salvadoreño si se presumía que se había refugiado en el vecino país de Guatemala.
Una mayor sorpresa, según Ascencio, fue decomisarle hoy un documento único de identidad emitido el año pasado, señal de que ha estado en el país. Pero no solo eso. De ser un documento auténtico, significaría que el ex funcionario tuvo ayuda de empleados en el Registro Nacional de las Personas Naturales quienes impidieron se encendieran las alarmas cuando se emitió su dui. Esa institución realiza una coordinación directa con la Policía Nacional Civil y solo así podría explicarse que aún teniendo orden internacional de captura en la Interpol desde hace siete años su documento haya sido emitido sin encender ninguna alarma.
“Seguimos con las investigaciones pero lo importante es que ya está capturado”, dijo el comisionado Villabos, quien agregó que llamó la atención que García Prieto se movilizaba en un vehículo “sumamente polarizado”.
Al exfuncioinario la Fiscalía lo acusó en 2002 por autorizar créditos sin respaldo y de manera irregular por el equivalente a 3 millones 68 mil 925 dólares en la venta del ingenio El Carmen. El extitular del banco fue condenado junto al exgerente general del BFA Juan Antonio Martínez, por las irregularidades en la compra-venta entre el BFA y varias empresas de Héctor Cristiani y Enrique Rais.
En mayo de este año El Faro publicó que mientras García Prieto seguía siendo perseguido por las autoridades, una serie de anomalías en la Corte de Cuentas también impidieron que se castigara a todos los funcionarios responsables de este caso.
En un examen especial que realizó la Corte de Cuentas, Martínez y García Prieto estaban en la lista de 15 funcionarios que violaron disposiciones de la Ley de Bancos y de un Manual Interno porque concedieron préstamos de dudosa recuperación a las empresas Procesadora San Michelle (PROCEMI), PISCIS, Los Patos y Swiss Biochemical.
En todas esas empresas Enrique Rais aparece como representante legal, o administrador, o directivo. El examen especial de 1997-1998 dice que fue una negligencia de los funcionarios conceder préstamos a empresas relacionadas porque se ponía en riesgo la recuperación de los fondos. Y esa advertencia se concretó un año después: en diciembre de 1999, las empresas tenían una mora con el banco de 608 mil 748 dólares.
Las empresas de Rais, además, recibieron sobregiros (préstamos instantáneos) que no tienen respaldo documental. En diciembre de 1998, por ejemplo, Piscis recibió 68 mil dólares, pero del pagaré de respaldo solo existían fotocopias. Procemi recibió otros 65 mil dólares, pero no se encontró respaldo. Los fondos fueron entregados por la agencia del BFA en Sonsonate, algo que violó el Manual Interno de Operaciones del banco porque los proyectos que se financiaban estaban fuera del área de la sucursal: en San Salvador.
El examen al presupuesto del BFA no profundiza en cómo las empresas de Rais manejaron el dinero. Sin embargo, en la acusación por defraudación a la economía pública, la Fiscalía sostiene que Rais utilizó los préstamos de esas empresas para pagar la prima por la compra del Ingenio El Carmen. Rais es directivo de la empresa MIDES, que dispone de los desechos sólidos de San Salvador y otros municipios. En la pasada campaña presidencial terminó respaldando en actos públicos al entonces candidato y actual presidente del país, Mauricio Funes, luego de que el Partido de Conciliación Nacional (PCN) hasta la considerara como un potencial candidato a la vicepresidencia de la República.
Rais también está relacionado con Swiss Biochemical, empresa que el 20 de marzo de 1998 recibió un crédito por 38 mil dólares. En ese caso, dicen los auditores, el BFA incumplió una de las condiciones especiales: antes del desembolso debían asegurar un inmueble como garantía. El banco entregó el dinero sin tener asegurada la propiedad, algo que “incrementó el riesgo de recuperación del dinero entregado”.
En diciembre de 2002, el empresario Enrique Rais y otros seis implicados en el caso del ingenio El Carmen fueron sobreseídos por el juez quinto de instrucción, Sidney Blanco (hoy magistrado de la Sala de lo Constitucional) porque la Fiscalía no presentó elementos de prueba contundentes para sostener su acusación contra los imputados. Contra García Prieto, sin embargo, la causa prosiguió hasta el juzgado de sentencia que determinó su culpa y la de otros funcionarios en febrero de 2004.
El proceso en la Corte de Cuentas, siguió su cauce hacia el fracaso. Los 15 funcionarios del BFA involucrados, según esa auditoría, fueron informados del proceso el 12 de diciembre de 2002, cuando la Corte de Cuentas dio lectura al borrador del informe. El documento final, empero, estuvo listo hasta un año después, el 21 de enero de 2004. Tres días más tarde, el jefe de la dirección de auditoría social y de medio ambiente, Luis Amílcar Varela Urbina, envió el documento a la unidad de recepción y distribución de informes de auditoría.
La siguiente etapa del proceso era abrir un juicio de cuentas contra los responsables. El expediente llegó a la Cámara Quinta de Primera Instancia, pero esa instancia consideró que ya había expirado el plazo para procesar a la administración García Prieto. Las facultades para expedirlo caducaban el día 1 de enero de 2004. Varela Urbina, sin embargo, lo mandó con 20 días de atraso, “cuando las facultades de la mencionada Corte ya habían caducado”.
“Hui porque soy inocente”
Raúl García Prieto fue presentado a las 5 de la tarde en la delegación del sistema 911 en la Colonia Monserrat, de San Salvador. Habló sereno y hasta tuvo tiempo de agradecer a la Policía por el 'trato respetuoso' que le dieron en el momento de su captura, en el restaurante Biggest ubicado sobre el Paseo Escalón. Captura, que según él, fue más bien una entrega de su parte y no el producto de una persecución policial, como lo afirman las autoridades policiales.
“Con mis abogados decidimos que lo procedente es que me entregara. Me entregué para suplicarle a la Corte Suprema de Justicia que me resuelva de una vez por todas', dijo, mientras los investigadores que lo custodiaban -y que participaron del operativo de su captura- se reían cuando él insistía en que se había entregado.
'Esto se ha hecho bastante más largo de lo que debió haber sido. Definimos una estrategia de regresar al país y entregarme con la intención de solucionar el problema”, prosiguió.
García Prieto se negó a decir en qué lugar había estado escondido. Cuando se le preguntó las razones de su huida en febrero de 2004, el ex funcionario dijo: “Porque soy inocente. Soy inocente”.
Según García Prieto los cargos que se le imputan son falsos, dice que no hubo defraudación a la economía pública, que no tuvo enriquecimiento ilícito y tampoco le han detectado cuentas fuera de orden. Sobre uno de los principales involucrados en el caso, dijo: “Enrique Rais pagó sus créditos mientras yo fui presidente del Banco. Estaba al día. Dos años después él tuvo problemas como cualquier empresario puede tener problemas, pero yo ya había dejado la presidencia cuando él tuvo esos problemas. No hay defraudación a la economía pública porque no hay distracción, apropiación. Soy inocente”, insistió.
Luego, un periodista de televisión le preguntó si consideraba que su caso es una venganza, un cobro de algna factura política, pero el ex funcionario dijo que no se metería a 'politizar su caso'. 'No tengo ánimos de venganza con nadie ni de acusar a nadie ni de salir enfrentando a nadie. Lo que quisiera es que me devuelvan mi vida', dijo.
A la presentación acudió, además de los jefes de la Policía, el ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, quien dijo que García Prieto será puesto a las órdenes de los tribunales.
