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Corte Suprema decide obligar a jueces a transparentar su patrimonio
En una decisión enmarcada en el debate sobre la corrupción judicial y la supuesta protección que algunos jueces tienen en la Corte Suprema, ocho de los 15 magistrados acordaron que la sección de Probidad podrá obligar a jueces y otros funcionarios judiciales a declarar su patrimonio. Uno de los magistrados que no acudieron a la sesión, Ulices del Dios Guzmán, alegó que desconocía la agenda de la reunión.

Fecha inválida
Sergio Arauz

Con la votación mínima para tomar decisiones, ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron este martes que su Sección de Probidad obligue a magistrados de segunda instancia, jueces, secretarios y oficiales mayores a presentar declaración patrimonial para examinar las cuentas y buscar indicios de enriquecimiento ilícito.

La sesión de Corte plena sustentó su decisión en el artículo 240 de la Constitución, que dice en su ordinal tercero, que la Corte tiene facultades para exigir la presentación de la declaración y adoptar las medidas necesarias para comprobar la veracidad de la información que presentan los funcionarios públicos obligados a rendirla. El máximo tribunal se encuentra bajo presión debido al aparecimiento frecuente de casos en los que algunos jueces resuelven con dudoso respaldo técnico y, a veces, con abierto desafío a la ley. La Fiscalía General ha demandado a varios de ellos, y la Corte Suprema de Justicia tiene unas 700 denuncias acumuladas desde hace años, de las cuales unas 30 tienen que ver con corrupción.

La reunión, por presidida por Florentín Meléndez, en sustitución del presidente Belarmino Jaime, quien se encuentra fuera del país, tuvo los votos de Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco, Mirna Perla, Marcel Orestes Posada, María Luz Regalado, Roxana Núñez y Miguel Ángel Cardoza. El resto de magistrados no estuvo presente en la sesión, entre ellos Ulices del Dios Guzmán, quien hace menos de un mes fue señalado por Florentín Meléndez como el magistrado que bloquea los intentos de la Corte por depurar los expedientes de los jueces denunciados. Tampoco participó de la reunión el magistrado Néstor Castaneda, quien ha sido con frecuencia la voz que desentona en la Sala de lo Constitucional, donde los otros cuatro jueces han hecho coro en varias de las sentencias de inconstitucionalidad más importantes de los últimos dos años. 

Meléndez explicó que existen entre 90 y 92 casos de jueces y otros funcionarios del Órgano Judicial que no han presentado declaración patrimonial, porque consideran que no están obligados. Con la decisión de este martes, no podrán abstenerse de mostrar sus bienes y posesiones.

Sobre la ausencia de sus colegas que no votaron ni asistieron a Corte plena aseguró que no dieron a conocer razones para no estar en la reunión. 'No dieron ninguna excusa para no presentarse, no tenían que dar explicaciones por su ausencia, pero todos conocían la agenda'.

Meléndez había acusado el pasado 15 de septiembre a su colega Ulices del Dios Guzmán de ser el principal opositor a la depuración de jueces corruptos. 'Cada vez que el presidente agenda casos de jueces denunciados por ciudadanos viene una batería, una oposición de un pequeño grupo de magistrados, liderado por Ulices del Dios Guzmán, que se oponen a que se toque cualquier juez, y cualquier abogado y notario de este país. Eso es insostenible y la ciudadanía está esperando con todo derecho que se sanee el Órgano Judicial', se quejó Meléndez.

Dentro de Corte plena, Ulices de Dios Guzmán, es apoyado por casi siempre en este bloque que denuncia el magistrado Florentín, por Mario Valdivieso y Miguel Trejo. El magistrado Rodolfo González coincidió con los señalamientos de Meléndez hace tres semanas. 'Siempre se oponen cuando se trata este tipo de temas, ayer votaron en contra de la suspensión del juez Tejada Solito', declaró a Diario El Mundo el 21 de septiembre pasado, cuando con 9 votos, la Corte suspendió por 60 días al juez de instrucción de Ahuachapán, Óscar Tejada Solito, quien tiene en su expediente acusaciones de prevaricato, acto que consiste en dictar resoluciones contrarias al derecho.

El Faro consultó vía telefónica al magistrado Guzmán y este descalificó los señalamientos de su colega: 'Es un señalamiento errático', dijo, luego de explicar que muchos magistrados faltan, incluso con más frecuencia que él, y que no se había enterado de la agenda. 'Hay un grupo de magistrados cuando piden que se lea proyecto de investigación se oponen a leer el proyecto, se pide descarga completa de pruebas, pero es como cuento chino, no presentan pruebas', dijo Guzmán, quien asegura que junto a sus colegas, Trejo y Valdivieso, ha propuesto que los debates sean públicos para evitar que la ciudadanía se tenga que enterar de lo que sucede en las sesiones por medio de interpretaciones interesadas.

Los magistrados también consideraron en su resolución el artículo 5 ordinal 24 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que también menciona la posibilidad de que la Corte Suprema requiera por medio de la Sección de Probidad la declaración patrimonial de funcionarios del Órgano Judicial. Ahora ya no será una posibilidad, sino una obligación.

La Ley de Enriquecimiento Ilícito data de 1959 y las sanciones más graves que contempla son multas que los funcionarios prefieren pagar en lugar de rendir informe de su patrimonio. Ningún funcionario ha sido nunca encontrado culpable de enriquecimiento ilícito a la luz de esta ley.

El último intento serio de investigación de enriquecimiento ilícito ocurrió en 2005, cuando el entonces jefe de la sección de Probidad pidió a los bancos información sobre las cuentas del ex presidente Francisco Flores y varios funcionarios de su gabinete señalados por 'irregularidades'.

En ese entonces El Faro publicó un reportaje titulado 'Ex presidente Flores y funcionarios de su gabinete señalados por 'irregularidades' en enriquecimiento', en el que narró cómo los magistrados de la Corte, presidida por Agustín García Calderón, accedieron a una petición de los bancos Salvadoreño, Agrícola y Cuscatlán de quitar a la Sección de Probidad la facultad de pedir informes bancarios sobre ex funcionarios.

La entonces presidenta del Banco Salvadoreña, María Eugenia Brizuela de Ávila, había sido canciller de la República durante el gobierno de Flores, y era una de las personas sobre las cuales Probidad había encontrado irregularidades, según el informe. La investigación había llegado al punto de requerir a los bancos información sobre Juan José Daboub, Carlos Mauricio Duque, Miguel Ernesto Lacayo, Edgar Mendoza, Ruy César Miranda, Enrique Molins, Aldo Vinicio Parducci, Carlos Quintanilla Schmidt, Mauricio Ramos Falla, Guillermo Sol Bang y Flavio Villacorta.

La Corte, presidida por Agustín García Calderón, le quitó a Probidad la facultad de solicitar esos informes y se los otorgó a sí misma, pero nunca dio un paso en las indagaciones.

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