Mientras el mundo conmemora diez años de los atentados que derribaron las torres gemelas de Nueva York, en Guatemala habrá una elección muy importante para el rumbo de Centroamérica. El resultado de ese proceso es conocido: el general Otto Pérez, entusiasta de la mano dura como estrategia de combate a la inseguridad y el narcotráfico, ganará la elección presidencial. La pregunta es si los votos le alcanzarán para evitar una segunda vuelta y consolidar su poder.
Guatemala vive hoy una situación crítica, con todos los poderes del Estado permeados por el crimen organizado. El presidente Colom, que llegó al poder hace cuatro años representando la esperanza de un cambio estructural que recortara la desigualdad y aumentara la inversión social, derrotó a Otto Pérez con un programa que tenía mucho más énfasis en la prevención que el modelo represivo de su contrincante. Pero el gobierno de Colom incumplió sus promesas y fue incapaz de detener la erosión de un Estado que está hoy mucho más cerca de convertirse en el primer narcoestado de América Latina, si no lo es ya.
Los carteles mexicanos de la droga controlan hoy grandes territorios en los que el Estado no ejerce poder, y los aparatos de seguridad y de administración de justicia, así como gobiernos locales y los tres poderes del Estado, mantienen niveles de infiltración que le permiten al crimen organizado crecer e incidir directamente en la toma de decisiones importantes.
La CICIG, una comisión nombrada por Naciones Unidas a solicitud del gobierno guatemalteco para 'apoyar' al poder judicial en investigaciones clave y presentarse como litigante adjunto en estos casos, ha develado la penetración del crimen organizado, pero parece cada vez más incapaz de incidir en la urgente transformación del sistema judicial guatemalteco, dado su aislamiento y la debilidad de quienes desean apoyar sus esfuerzos.
La sentencia de la Corte Suprema autorizando la extradición del presidente Portillo arroja alguna esperanza de que aún pueda reconstruirse las instituciones en ese país, pero Guatemala ha entrado ya a un camino de descomposición del que, aún si se revirtiera hoy el proceso, tomará mucho tiempo reponerse.
La elección no promete tampoco modificar esta situación. Otto Pérez es un general del Ejército guatemalteco, otra institución permeada por el narcotráfco, que ha perdido control sobre territorio y desde cuyos cuarteles salen armas y elementos preparados en operaciones especiales hacia los violentos carteles que avanzan en ese país y los demás del istmo. El general ha prometido limpiar el ejécito, pero habida cuenta de las tradiciones militares centroamericanas se asemeja difícil que vaya contra sus propios compañeros de armas, con los que combatió contra la población campesina en los años ochentas y que aún ejercen desde los cuarteles mucho poder político, bajo la mirada complaciente del sector privado que es el que de verdad concentra el poder con mayor miopia y avaricia que la ya tradicional del empresariado centroamericano, y que ha sido hoy también permeado por el crimen organizado.
Difícilmente el cambio de gobierno mejorará la actual situación en Gautemala y, por ende, en la región. Las políticas de combate violento que promete Pérez se asemejan a las mexicanas, cuyos resultados conocemos ya en el mundo entero. Es necesario abordar el problema desde una perspectiva regional, y abrir el debate público sobre la legalización de las drogas.
