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Asamblea devuelve a Sala Constitucional la potestad de sentenciar por mayoría

Patricia Carías
El Faro / Publicado el 27 de Julio de 2011

La derogación del decreto 743 que pretendía obligar a la Sala de lo Constitucional a sentenciar por unanimidad llegó a su fin este miércoles cuando los diputados de FMLN y Arena lograron un acuerdo para emitir otras reformas a la Ley Orgánica Judicial que en la práctica retornan a la situación previa al 2 de junio.

Los partidos FMLN y Arena se pusieron de acuerdo este miércoles para derogar esta tarde el decreto 743, retornando el régimen de decisiones en la Sala de lo Constitucional prácticamente a la situación anterior al 2 de junio, cuando los partidos de derecha aprobaron las reformas a la Ley Orgánica Judicial para atar a los magistrados, y fueron sancionadas expeditamente por el presidente Mauricio Funes.

El acuerdo surgió a partir de una propuesta que hiciera el FMLN a inicios de semana, pero que incluía mantener la obligación de la unanimidad en las resoluciones de la Sala cuando esta declarar la inaplicabilidad de una ley. Arena había dicho que apoyaría la propuesta del partido de izquierdas si se eliminaba esta última condición, y al final así ocurrió.

La moción de los efemelenistas proponía restaurar la forma de votación por mayoría en la Sala de lo constitucional en el caso de sentencias de inconstitucionalidad, amparos y hábeas corpus. Sin embargo para las resoluciones de inaplicabilidad de alguna normativa, la propuesta continuaba atando a la Sala a una votación unánime, es decir una votación en la que los cinco magistrados de la Sala estuvieran a favor.

Según la diputada efemelenista Margarita Velado, miembro de la comisión de legislación de la Asamblea, la propuesta de limitar la votación unánime a los casos de inaplicabilidad se debe a que esta es una de las tareas "extraordinarias” de la Sala que no estaba regida en la Ley Orgánica Judicial. “Pensamos que las demandas de inconstitucionalidad al igual que los amparos y los hábeas corpus son parte de la naturaleza de la Sala (de tratar asuntos constitucionales), no como las inaplicabilidades, que son asuntos extraordinarios”, dijo este miércoles, cuando aún defendía la redacción original de su partido.

El decreto 743 produjo una tensión entre el Órgano Judicial y los otros dos poderes, pues tanto el Legislativo como el Ejecutivo exigían a la Sala que lo acatara, pero los cuatro magistrados cuestionados por los partidos políticos declararon inaplicable la disposición.

Hasta las 2 de la tarde de este jueves, FMLN y Arena, únicos partidos que decían estar en favor de revertir los efectos del 743, seguían sin consensuar una solución. Fue hasta una hora y media más que la Comisión de Legislación de la Asamblea, después de ser convocada a sesionar extraordinariamente, llegó a una solución.

Arena apoyó la propuesta del FMLN después de acordar que a la Sala tampoco se le exigiría unanimidad para declarar la inaplicabilidad de las leyes por motivos de inconstitucionalidad. La reversión del 743 tenía, además, otro beneficio, pues por un error, lo discutido en la Asamblea Legislativa aquel 2 de junio, y lo sancionado por el presidente Funes, era distinto. El decreto firmado por el gobernante suprimía accidentalmente el mecanismo de suplencias en todas las salas de la Corte Suprema de Justicia y en las Cámaras de Segunda Instancia.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el diputado efemelenista Jaime Valdez pidió que la solicitud de su partido de reformar la Ley Orgánica Judicial se discutiera de inmediato y se dispensara los trámites normales para que se sometiera a votación.

Guillermo Ávila Qüehl, diputado de Arena, quien desde la aprobación del decreto 743 estuvo en desacuerdo con el intento de maniatar a la Sala, solicitó la palabra para revelar las bases del consenso. “Llegamos al final en este tema, creo que hay temas más importantes, temas que están agobiando a la ciudadanía como la delincuencia, el alto costo de la vida y el desempleo”.

Roberto Lorenzana, diputado y encargado de comunicaciones del FMLN, secundó a Ávila Qüehl. “El FMLN presentó la propuesta con el propósito de contribuir al proceso de diálogo que estaba en marcha entre la Asamblea y el Órgano Judicial", dijo. “Esperamos que reine la independencia de poderes y la independencia judicial. Esperamos que las competencias y facultades de la Asamblea sean respetadas por los demás órganos del gobierno”, refiriéndose a los argumentos que en algún momento expresaron miembros de su partido respecto al tipo de decisiones que estaba tomando la Sala.

Las disposiciones legislativas contra la Sala fueron objetadas intensamente por decenas de organizaciones cívicas salvadoreñas de todo signo ideológico, y también a nivel internacional. La relatora de Naciones Unidas para la independencia de los jueces advirtió que el 743 atentaba contra la separación de poderes. Asimismo, el organismo internacional de derechos humanos CEJIL dijo que el decreto constituía una "presión indebida" hacia los máximos jueces del país.

Sigfrido Reyes, diputado del FMLN y presidente de la Asamblea, también aclaró que la iniciativa de su partido era un gesto de buena voluntad hacia la Corte. “Es importante que las partes den señales de madurez y buena voluntad. Es necesario que el proceso se acelere y que este episodio sea superado”. Antes de llamar a la votación, Reyes recordó a sus compañeros de pleno que era necesario realizar las reformas a la Ley Orgánica Judicial lo antes posible a fin de poder solventar los vacíos que había generado el 743.

A la iniciativa del FMLN y Arena se sumaron el PDC, con sus dos diputados, y el legislador independiente Orlando Arévalo, a quien este miércoles el Tribunal Supremo Electoral le informó que le inscribía su Partido Popular (PP). La derogatoria se hizo oficial con los 57 votos a favor y un voto en contra del diputado de Gana Guillermo Gallegos. Los partidos PCN y Gana no participaron en la votación, pues no votaron ni en contra, ni en favor, y tampoco presionaron el botón de "abstención" en sus escritorios.

La decisión pasa ahora a manos del presidente Funes, quien podría sancionar, vetar u observar el decreto. Dado que este miércoles hubo 57 votos en favor de derogar el 743, la Asamblea tiene el potencial de superar un posible veto del gobernante, quien este martes hizo un llamado a los legisladores a meditar bien antes de eliminar el decreto 743.

El presidente seguía insistiendo en la relevancia de obligar a los magistrados a decidir por unanimidad, pero al final el parlamento lo desoyó. "Yo soy de la opinión que el 743 tiene que derogarse si y solo si garantizamos que se eleve la calidad del consenso que se requieren las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional", dijo Funes.

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