Son las 9 de la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando el coronel Benavides le dice: 'Camilo, andá a darle la orden al Batallón Atlacatl'. Casi 22 años después, el teniente coronel Camilo Hernández asegura que se negó a dar esa orden, pero no a entregar el rifle que terminó con la vida de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y su hija, en la UCA. Casi 22 años después, él y otros 19 militares salvadoreños enfrentan una orden internacional de captura dictada por el máximo tribunal de España.