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FMLN censura decreto 743 pero calla sobre Funes

Ricardo Vaquerano
El Faro / Publicado el 5 de Junio de 2011
La dirección del FMLN critica a los partidos de derecha que aprobaron el decreto para inmovilizar a la Sala de lo Constitucional, pero calla que dos de sus diputadas lo suscribieron para enviarlo de inmediato al presidente Funes, y que este lo sancionó tan pronto lo recibió, con lo que garantizó que la maniobra sorpresiva tuviera éxito.

Manifestación de unas 500 personas contra el decreto 743 del domingo 5 de junio en el monumento a El Salvador del Mundo de San Salvador. Foto Frederick Meza

Manifestación de unas 500 personas contra el decreto 743 del domingo 5 de junio en el monumento a El Salvador del Mundo de San Salvador. Foto Frederick Meza

El partido FMLN emitió el sábado un pronunciamiento criticando a los partidos de derecha que aprobaron el decreto que ata de manos a la Sala de lo Constitucional, pero evitó mencionar al presidente de la República, Mauricio Funes, quien participó en la operación relámpago para que las reformas a la Ley Orgánica Judicial se convirtieran en ley en cuestión de pocas horas y sin discusión de por medio.

La posición del partido de izquierdas que llevó a Funes a la Presidencia menciona que los partidos Arena, Gana, PCN y PDC aprobaron el jueves el decreto 743, que obliga a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a emitir sentencias de inconstitucioinalidad por unanimidad, a diferencia de los cuatro votos que han bastado hasta ahora.

En ningún párrafo el FMLN menciona a Funes por su nombre y solamente alude a la Presidencia de la República cuando invita a los dirigentes de los tres Órganos del Estado a conversar para resolver el choque institucional que se produjo desde cuando los diputados tomaron como afrenta una sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2010.

Funes y su partido tuvieron desencuentros públicos prácticamente desde el inicio del quinquenio en junio de 2009, e incluso antes, cuando algún dirigente efemelenista fue obligado a callar al comentar la posibilidad de que el gobierno revisara sus compromisos financieros con organismos internacionales.

"Los diputados y diputadas de nuestro partido FMLN no votaron por esa reforma y dejaron sentada la posición de considerarla una intromisión en la independencia de la Corte Suprema de Justicia", dice el pronunciamiento.

Luego dice que rechaza el decreto porque viola las normas elementales de derecho, pero nunca llega a mencionar a lo largo de los siete párrafos que las reformas a la Ley Orgánica Judicial no serían posibles sin el visto bueno de Funes. El presidente no solo sancionó las enmiendas, sino que participó en la maniobra al darle su aval inmediatamente después de que la Asamblea las produjo, a sabiendas de que no se había discutido, y apartando el espacio necesario en el Diario Oficial para que el decreto fuera publicado el 2 de junio.

La publicación en el Diario Oficial del 2 de junio permitió que las reformas se convirtieran en ley justo un día antes de que los magistrados de la Sala estudiaran una demanda contra el sistema electoral de residuos y cocientes que ha venido permitiendo grandes réditos electorales a partidos con relativamente poco apoyo ciudadano. En 2009, mientras al FMLN y a Arena la obtención de algunos de sus escaños legislativos les costaron más de 35,000 votos, el PCN obtuvo diputaciones con menos de 8,000 sufragios.

El sistema de residuos permitió al PCN obtener 11 escaños en 2009, todos ellos por residuos. El decreto del jueves, promovido por el PCN, inmovilizó a los magistrados justo a tiempo para evitar que resolvieran la demanda de inconstitucionalidad contra el sistema de residuos.

El FMLN tampoco alude en su pronunciamiento al hecho de que dos de sus diputadas, miembros de la directiva de la Asamblea, se prestaran a ser parte de la jugada firmando el decreto con la rapidez necesaria para que el mismo jueves llegara a Casa Presidencial y el presidente también lo suscribiera.

Lorena Peña y Lourdes Palacios suscribieron el decreto, a pesar de que la Constitución otorga ocho días hábiles al parlamento para recoger las firmas necesarias que permitan remitirlo al presidente.

El viernes pasado, el diputado efemelenista Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, calificó el decreto y la posterior sanción presidencial, como "una tragedia para la democracia".

Hasta este domingo, Funes y su equipo de gobierno han optado por guardar silencio sobre la participación del gobernante en la inmovilización de los magistrados. Estos, que asumieron sus cargos en julio de 2009, en las sentencias más importantes han estado votando sin el apoyo del quinto magistrado, Néstor Castaneda.

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